* En Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala los salarios apenas cubren la canasta básica.
** En la región centroamericana la mayoría de los trabajadores están en el sector informal.
Yarely Madrid / Marysabel Aldana / Eric Lemus / Sharon Ardon
El trabajo en Centroamérica se caracteriza por la informalidad, el debilitamiento de los sindicatos independientes y un aumento a la precariedad del empleo formal.
Los países del istmo enfrentan desafíos comunes: salarios mínimos que no cubren el costo de la vida, inflación persistente, y una institucionalidad laboral frágil, muchas veces subordinada a intereses políticos o económicos que marginan a los trabajadores.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
Nicaragua, contexto laboral bajo un régimen represivo
Los trabajadores en Nicaragua están atravesando un periodo muy crítico.
La cooptación de los sindicatos, el abuso político de las instituciones laborales y la pobreza creciente de la clase trabajadora crean una situación que tanto expertos como organismos internacionales consideran “preocupante”.
De acuerdo con datos estadísticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 70% de quienes laboran en Nicaragua están en el sector informal.
Lea, además: Plazo crucial en investigación comercial contra Nicaragua
Aunque las cifras oficiales muestran que el desempleo registrado es de aproximadamente 5.4%, la poca creación de empleos que ofrecen beneficios, protección social y estabilidad laboral impacta a una gran parte de la población.
El ambientalista y defensor de derechos humanos Amaru Ruíz Alemán afirmó a Expediente Público que “en Nicaragua hemos tenido un retroceso en los derechos laborales que no solo incluye a los trabajadores y empleadores, también a pueblos indígenas y afrodescendientes”.
En este mismo sentido, el abogado y exlegislador Eliseo Núñez concuerda con Expediente Público que, al margen de que la Constitución nicaragüense habla formalmente de derechos básicos como un salario justo, paridad en el pago y condiciones laborales aceptables, en la realidad, muchos de estos no son cumplidos.
Sindicalismo aniquilado
La OIT ha registrado una caída significativa en la creación de sindicatos independientes desde 2018, cuando empezó la represión del régimen que desembocó en el exilio de trabajadores o encarcelamiento de opositores.
Núñez considera que la represión política y la falta de autonomía en los sindicatos han debilitado a los trabajadores, dificultando su capacidad para defender sus intereses.
“Los sindicatos han sido cooptados por el régimen, y cualquier intento de organización independiente es reprimido”, afirmó Núñez.
Puede interesarle: Aumentan las cifras de presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela
Nicaragua: Pérdida de capacidad de compra
La condición económica empeora la inestabilidad en el trabajo. De acuerdo con datos del Banco Central y organizaciones externas, el salario mínimo en Nicaragua no es suficiente para cubrir el costo de la canasta básica.
“Los salarios mínimos no alcanzan la canasta básica… eso te dice mucho sobre el deterioro de la defensa laboral en Nicaragua”, destacó Ruíz.
El documento “Violaciones a los derechos laborales en Nicaragua elaborado y difundido por el tanque de pensamiento Expediente Abierto indica que el salario mínimo promedio solo cubre entre el 35% y el 45% de lo que cuesta la canasta básica familiar, dependiendo del sector económico.
Investigación por violación a derechos
En enero de 2025, Estados Unidos informó que comenzaría una investigación sobre el incumplimiento de los derechos laborales en Nicaragua, bajo el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).
Esta acción fue impulsada por quejas acerca de la represión de los sindicatos, despidos injustificados y la falta de libertad para asociarse.
Núñez mostró preocupación por las posibles consecuencias a nivel internacional que podrían impactar en acuerdos comerciales importantes para la economía nacional.
“Es fundamental que se restablezca el respeto a los derechos laborales y se garantice la libertad sindical para que los trabajadores puedan negociar colectivamente y mejorar sus condiciones de vida”, concluyó Núñez.
Honduras: altas cifras de informalidad
El mercado laboral en Honduras está marcado por la precariedad donde siete de cada diez hondureños se encuentran atrapados en la informalidad, sin acceso a derechos laborales básicos.
Roldy Hernández forma parte de ese 77%. Cada día, desde las seis de la mañana recorre las calles de un sector de la capital de Tegucigalpa vendiendo pan, exponiéndose a la delincuencia y las inclemencias del clima para llevar el sustento a su familia.
Hernández relató que con su ingreso apenas le alcanza para cubrir lo necesario, es decir, comprar los alimentos, pero no para lujos.
Por su parte, Alejandro Navarro decidió dejar la empresa privada por los bajos salarios y la falta de oportunidades de crecimiento para emprender como conductor de Uber. Aunque conlleva más sacrificios porque “aquí tengo que hacerme mi sueldo”, explicó.
Sin embargo, el trabajo formal tampoco es sinónimo de estabilidad ni derechos garantizados.
Una hondureña que pidió mantener el anonimato contó a Expediente Público que pese a ser empleada de una empresa privada, su salario base está por debajo del mínimo (que ronda los 12,500 lempiras equivalentes a 480 dólares) y el resto de los ingresos dependen de comisiones.
Puede leer: El 1 de mayo en Honduras, las promesas de campaña de Xiomara Castro se estrellan con la realidad
Además, desde hace ocho años perdió el derecho a la cobertura del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) debido a una deuda de la empresa.
Tanto su testimonio como el de Hernández y Navarro reflejan la precariedad laboral que persiste en Honduras con una canasta básica (L12,345) ya casi superan el salario mínimo en el país, según datos oficiales.
El Salvador: Aumento del salario, pero con despidos
El país más pequeño de Centroamérica conmemorará el día del trabajo en una situación particularmente contradictoria porque mientras el presidente Nayib Bukele propuso aumentar el salario mínimo al 12% a partir de junio, una parte del aparato burócrata público resiente el impacto por 14,000 despidos.
El mandatario dijo que el incremento debería aplicarse en los sectores de maquila, industria, agricultura y servicios, que tienen salarios diferenciados.
Pero hasta marzo de este 2025, las principales organizaciones de trabajadores denuncian el despido de 450 dirigente sindicales en diversas carteras del Estado, de tal manera que los burócratas no cuentan con ninguna organización que los respalde ante los recortes laborales.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) informó a Expediente Público que un 70% de los despedidos tenía un pago mensual de hasta US$300. Sin embargo, paradójicamente, el gobierno efectuó 10,526 nuevas contrataciones donde el ingreso salarial de los escogidos no es menor a US$2,000.
En contexto: El Salvador: Recortes marcan el presupuesto 2025
Por su parte, el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) anunció que, este jueves 1 de mayo, alrededor de 80 organizaciones sociales fueron convocadas para recorrer las calles de San Salvador en protesta.
A las marchas también se incorporarán víctimas del régimen de excepción, ambientalistas, empleados despedidos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que reclaman en contra del uso del régimen de excepción, que El Salvador vive desde hace tres años, como una herramienta de persecución política.
Idalia Zúñiga, secretaria del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), informó a Expediente Público que las organizaciones consensuarán las voces para demandar el respeto al debido proceso y el cese de la persecución contra los dirigentes sociales.
Guatemala: informalidad y desafíos laborales
Guatemala se encuentra en una encrucijada laboral, donde la informalidad, la escasez de talento calificado y las limitadas oportunidades para los jóvenes son desafíos persistentes.
«A pesar de contar con una población mayoritariamente en edad productiva, el país lucha por generar empleos formales y de calidad», comentó, Benjamín Aguilar, representante de la Red de Trabajo Guatemalteco.
Informalidad laboral: una realidad predominante
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2024, aproximadamente el 70% de la población ocupada en Guatemala trabaja en el sector informal, careciendo de beneficios laborales como seguridad social y vacaciones pagadas. Esta situación es más aguda en áreas rurales, donde la informalidad alcanza el 80% en hombres y el 90% en mujeres.
Te puede interesar: Nayib Bukele acepta recibir criminales deportados en las cárceles de El Salvador
Jóvenes y el reto de la inserción laboral
Cada año, miles de jóvenes guatemaltecos se gradúan del nivel diversificado, enfrentando un mercado laboral que ofrece pocas oportunidades formales. La falta de experiencia y las altas expectativas salariales son barreras comunes para su inserción laboral, aseguró Alejandro Estrada, de la Organización Trabajadores Unidos.
Perspectivas
Luis Linares, analista laboral, señala que “la falta de políticas públicas efectivas para fomentar el empleo formal y la capacitación técnica limita las oportunidades para los jóvenes y perpetúa la informalidad”.
Te puede interesar: Cien días de Trump, el viro a Latinoamérica en plena competencia con China
Iniciativas gubernamentales y empresariales
El gobierno ha implementado programas como el Servicio Nacional de Empleo (SNE) para promover la generación de empleo digno y la formalización laboral. Sin embargo, expertos coinciden en que se requiere una mayor inversión en infraestructura, educación y capacitación para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda laboral.
Guatemala enfrenta desafíos significativos en su mercado laboral, pero también tiene la oportunidad de aprovechar su bono demográfico mediante políticas integrales que fomenten la formalización, la capacitación y la innovación.
«La colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil será clave para construir un futuro laboral más inclusivo y sostenible», mencionó Linares.
