* El crimen organizado instrumentaliza la migración para ampliar su poder en América Latina, advierten expertos en foro hemisférico de seguridad.
** El Tren de Aragua opera como red criminal transnacional, aprovechando flujos migratorios y vacíos estatales en varios países de la región.
Natalia López / Cobertura Especial
Expediente Público
“Lo que estamos viendo con el Tren de Aragua es la manifestación de una cuarta ola del crimen organizado en América Latina”, advirtió Douglas Farah, asesor sénior en crimen transnacional de la Fundación Taeda.
Farah describió al grupo venezolano como una organización de tipo franquicia, que opera sin jerarquías rígidas, pero con una capacidad brutal de adaptación, violencia y expansión territorial.
Las declaraciones del experto se dieron en un panel que reunió a académicos y expertos en seguridad dentro de la Conferencia de Seguridad Hemisférica 2025, organizada por la Universidad Internacional de Florida (FIU) en Miami, Estados Unidos.
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Instrumentalización de migraciones
Desde su origen en cárceles venezolanas hasta su presencia en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y República Dominicana, el Tren de Aragua transformó los flujos migratorios irregulares en rutas de control criminal.
Farah denunció que su expansión responde tanto a la permisividad del régimen de Nicolás Maduro como a la fragilidad institucional en los países de acogida.
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“Este grupo surge de un contexto carcelario en Venezuela, cuando el régimen de Nicolás Maduro liberó prisioneros estratégicamente”, explicó.
“No es que el régimen controle directamente al Tren de Aragua, sino que le permite operar cuando le conviene.”
El panel también contó con la participación de Pablo Zeballos, asesor sénior de Fundación Taeda, quien remarcó que este grupo criminal es “un hijo de este tiempo”.
Ceballos destacó que la organización no responde a modelos mafiosos tradicionales, sino a dinámicas sociales específicas donde el Estado está ausente.
“El Tren de Aragua impone una gobernanza criminal paralela en comunidades migrantes donde el Estado no llega o es débil”, afirmó.
Del narco a las extorsiones y las redes sociales
Ceballos alertó sobre el carácter simbólico del nombre de la banda, que funciona como marca y genera subestructuras violentas como “Los Gallegos” en Chile. La extorsión, explicó, se ha convertido en su principal fuente de ingreso, institucionalizada como si fuera una nómina criminal.
Myah Havertong, candidata doctoral en Crimen y Justicia Internacional en FIU, aportó una visión más sociológica y mediática.
“Es fascinante cómo el Tren de Aragua utiliza plataformas como TikTok, Instagram y Twitter para promover su estilo de vida mafioso y reclutar miembros”, destacó, y agregó que cada facción del grupo se adapta a su entorno local, lo que complica su persecución.
En países como Perú, explicó que, por ejemplo, la violencia alcanza niveles de tortura pocas veces vistos.
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El académico Eduardo A. Gamarra, director asociado del Instituto Jack D. Gordon de FIU, habló de adoptar una estrategia regional más amplia: “Debemos fortalecer nuestro sistema judicial y aprovechar las herramientas legales para perseguir a estos criminales con eficacia”.
Advirtió que designar al Tren de Aragua como organización terrorista internacional podría resultar contraproducente, dándole mayor visibilidad y atractivo entre jóvenes vulnerables.
Gamarra sugirió incluso la creación de un tribunal internacional para juzgar a los miembros de estas estructuras delictivas. “Es hora de pensar en un enfoque regional más robusto, similar al Tribunal de Nuremberg”, propuso.
Crimen transnacional y soberanía criminal
En el panel sobre crimen transnacional, los expertos discutieron cómo las organizaciones criminales aprovechan debilidades institucionales, avances tecnológicos y vacíos legales para operar con total impunidad.
Pablo Ceballos abrió el debate enfatizando que la economía del crimen organizado ya no gira exclusivamente en torno al narcotráfico.
“En Perú, por ejemplo, las ganancias de la economía ilícita del oro ilegal ya han desplazado al narcotráfico”, señaló.
Ceballos describió una estructura de crimen en capas: una visible y violenta, dominada por pandillas como el Tren de Aragua, y otra más sofisticada, que se infiltra en la economía formal sin disparar un solo tiro.
Para él, la solución no está solo en la represión: “Una criminalidad en red solo se puede combatir en red. Pensar que un país puede enfrentarla solo es un error. Las soluciones deben ser en bloque, articulando políticas públicas que incluyan tanto la represión como la prevención”.
Complicidad del Estado
Desde una perspectiva geopolítica, Félix Maradiaga, presidente de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y académico nicaragüense, denunció la conversión de Estados como Nicaragua y Venezuela en verdaderas mafias transnacionales.
“Ortega ha utilizado al Estado como una plataforma mafiosa desde 2007”, afirmó. Acusó al régimen sandinista de usar la migración como arma política, emitir pasaportes a grupos terroristas y lavar dinero venezolano a través de la banca privada.
Maradiaga también instó a reformular el concepto de soberanía: “No estamos ante gobiernos: son organizaciones criminales que usan la soberanía como escudo para actuar fuera de la ley internacional”.
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Gamarra complementó este enfoque al señalar el papel de Bolivia como primer país gobernado por un presidente con nexos directos al narcotráfico, refiriéndose al expresidente Evo Morales.
También advirtió sobre la exportación de modelos autoritarios de seguridad que pueden socavar la democracia, como ocurre con el modelo salvadoreño de Nayib Bukele.
Finalmente, Wolf Pamphile, director ejecutivo de Casa de Políticas sobre Haití, describió la situación en su país como una “captura total del Estado” por redes criminales.
“Las bandas deciden qué se transporta, quién vive y quién muere. No solo controlan territorios, también infraestructura crítica como puertos y aduanas”, denunció. Agregó que las bandas utilizan redes sociales para construir un control simbólico a través del miedo.
El futuro de la seguridad hemisférica dependerá de una estrategia compartida, que integre a gobiernos, fuerzas de seguridad, sector privado y sociedad civil, para contrarrestar de manera efectiva estas redes criminales que operan con impunidad, no solo en el hemisferio, sino también en los mercados más lejanos del planeta.
Este panorama exige un enfoque que no solo se base en la represión, sino en una comprensión profunda de las dinámicas sociales y económicas que permiten la expansión del crimen. Solo así parece que es posible garantizar un futuro más seguro y justo para América Latina y el resto del mundo, concluyó el panelista.
