*La CNBS y el Ministerio Público quedaron desnudos al estallar escándalo de Koriun.
**Gobierno de Xiomara Castro instruyó utilizar fondos públicos para cubrir las pérdidas que generó la estafa piramidal de Koriun.
Sharon Ardon / Expediente Público
En Honduras, montar una empresa que prometa ganancias exorbitantes sin ninguna autorización financiera y operando al margen de la ley, no solo es posible, sino que puede pasar desapercibido durante años.
Koriun Inversiones develó la falta de supervisión bancaria, la pasividad de los entes reguladores y la fragilidad del sistema judicial que permite que el país sea terreno fértil para el lavado de activos y la impunidad.
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La manera en la que se está desarrollando este caso de tal magnitud puede tener implicaciones graves para el país, incluyendo una evaluación negativa de Honduras por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), advirtió a Expediente Público Nancy Ochoa, especialista en Banca y Finanzas y docente universitaria.
Lo anterior golpearía aún más la ya frágil seguridad jurídica del país ante la comunidad internacional lo que es perjudicial para las economías de gobiernos que demandan fondos de organismos financieros internacionales.
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Sin regulación financiera
La empresa Koriun se anunciaba desde 2019 a través de las redes sociales prometiendo éxito financiero fácil, ofrecía a sus inversionistas un 5% de retorno semanal y la duplicación del capital en menos de un año lo que sedujo más de 35,000 personas en al menos siete departamentos de Honduras.
No fue sino hasta inicios del 2025 cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un informe en donde alertaba sobre movimientos sospechosos.
Ante esto, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) confirmó que Koriun no estaba autorizada a captar fondos públicos y que no figuraba en el registro de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
Únicamente, dicha empresa contaba con un permiso de operaciones que le dio el 24 de febrero de 2025 Gustavo Mejía, alcalde por el Partido Libertad y Refundación (Libre) de Choloma, Cortes, lugar donde además se encontraban las oficinas principales de Koriun.
El 23 de abril, el Ministerio Público junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en apoyo con la Policía Militar allanaron esas oficinas decomisando más de 358 millones de lempiras (13.8 millones de dólares) en efectivo encontrados en cajas y bolsas.
Acciones cuestionadas
Pese a los hallazgos no se dio orden de captura contra nadie, tampoco se congeló el dinero decomisado por el Ministerio Público, más bien se lo devolvieron al personal de Koriun para que entregara personalmente el dinero a los afectados, el 13 de mayo.
El comisionado de la CNBS, Marco Sierra, recordó a los medios locales que, en el 2017, el Partido Nacional derogó del Código Procesal Penal la captación irregular de fondos como delito tipificándolo como falta administrativa.
Siendo ese el motivo por el que no se capturó de inmediato al gerente de la estructura, Iván Velásquez sino hasta el 14 de mayo con el propósito de “salvaguardar su vida y proteger el dinero de los aportantes” según el Ministerio Público.
Sin embargo, su captura causó caos y el revuelo de los estafados de Koriun quienes salieron a protestar para exigir su liberación.
Wilfredo Rubio, abogado penalista explicó a Expediente Público que lo que pasó en el caso de Koriun fue un efecto similar de las burbujas de Wall Street en Estados Unidos cuando revientan las especulativas generando un caos en la población.
“La acción primero se investiga y después se acusa, y en este caso hemos visto que primero se interviene como si se hubiera ya evidenciado y por eso genera este caos”, explicó el abogado.
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Sin figura de regulador
German Leitzelar abogado analista, criticó el impropio funcionamiento de las instituciones que desconocen la legalidad y falta de profundidad en el análisis de estos esquemas.
Agregó a Expediente Público que hay tantas actividades ilicitas que se realizaron de manera normal por parte de Koriun que “no puede ser que no haya ninguna figura que pueda regularizar esta situación”.
El experto dijo que lo grave sería que no es que no sepan a qué figura delictiva deben adherirse, “sino que prefieran hacerse de la vista gorda y decir que no hay regulaciones adecuadas para poder actuar, porque en el fondo lo que están haciendo es proteger a personas muy importantes”.
“Cabezas grandes detrás de Koriun”
Para la criminóloga, Zeyda Gonzáles, la magnitud de cómo operaba esta estructura de Koriun apunta a la posible existencia de una red criminal más amplia.
Asimismo, Gonzáles cuestionó a Expediente Público la permisividad institucional porque mientras comerciantes comunes son perseguidos por irregularidades mínimas, Koriun operaba a la luz pública sin una investigación formal.
“Aquí tienen que haber cabezas más grandes detrás (…) el señor Velázquez no creo que sea el principal responsable de esto, como en los crímenes más grandes, siempre hay un actor material”, advirtió.
La experta también alertó que este tipo de casos perjudica la seguridad jurídica legal del país, las inversiones normales y afecta la credibilidad en las instituciones.
Repercusiones internacionales
En esa misma línea, la especialista en Banca y Finanzas y docente universitaria Nancy Ochoa, advirtió que este caso puede tener repercusiones negativas para Honduras ante organismos internacionales como el GAFI.
El GAFI es una instancia que pertenece al Banco Mundial, el cual se encarga de evaluar el cumplimiento de los países en la lucha contra el lavado de activos.
Honduras se adscribió desde el 2012 y fue evaluada por última vez en 2015 cuando le emitieron 40 recomendaciones para fortalecer su marco legal, en ese mismo periodo se aprobó la ley de lavado de activos en el país.
Ellos manejan la categoría de lista gris donde agregan a los países mal evaluados, si bien Honduras actualmente no figura en la lista, pero este caso “podría tener algunas implicaciones”, subrayó Ochoa.
Operadores de justicia
La académica mencionó que uno de los puntos que evalúa el ente es la efectividad de los operadores de justicia y reguladores, en ese caso al CNBS.
“Honduras tiene un sistema financiero no regulado fuerte y es un desafío para la CNBS tratar de controlar lo que ocurre en ese mundo”, explicó.
Sin embargo, el caso todavía está en investigación, por lo que se debe esperar los avances de los operadores de justicia que indicaran si se evita figurar en la lista gris de una entidad de gran relevancia.
Esta investigación también recae sobre el Ministerio Público, quien hasta el momento ha capturado a Velásquez y su esposa Kefi Gavarrette por los delitos de lavado de activos.
Fondos públicos para reparar estafa
Por otro lado, el comisionado de la CNBS anunció el 15 de abril que, como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, la presidenta ordenó preparar un proyecto de ley para apoyar a los afectados de la empresa usando fondos de las arcas del Estado.
Para el abogado penalista, Abel Orellana “es muy delicado que el dinero del gobierno se pretenda coludir con dinero que no se sabe el origen”.
Orellana dijo a Expediente Público que con lo anterior se pretende desconfigurar y apañar una figura delictiva como el lavado de activos. Por lo que, de hacerlo, lo servidores públicos se vuelven cómplices del mismo.
“La fiscalía tiene que dilucidar el origen de esos dineros, cómo llegó ese dinero ahí, de dónde los obtuvieron y una vez que se sepa ahí sí el gobierno si les quiere ayudar a estas personas puede hacerlo”, remarcó el abogado.
