* El veto de ingreso a Nicaragua condena a centenares de nicaragüenses a un limbo legal que violenta sus derechos.
** La represión transfronteriza de la dictadura sandinista sobrecarga a estados receptores a asumir la protección de las víctimas.
*** Costa Rica dice que no lleva estadísticas de nicaragüenses impedidos de reingresar a su país desde sus fronteras, pero reconocen que tienen muchas anulaciones de salidas por esta situación.
Expediente Público
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del entramado institucional con el que veta la entrada de nicaragüenses a quienes considera una amenaza convirtió a Nicaragua en una fábrica de desnacionalizados.
A juicio de defensores de derechos humanos y expertos en Derecho Internacional, el régimen también ha creado una crisis de desterrados y desprotección consular, que además obliga a los estados receptores a ofrecer protección a esas víctimas.
Las víctimas de estas restricciones de ingreso a Nicaragua sufren apatridia de facto o una violación a su personería jurídica, explicó a Expediente Público la abogada uruguaya Ariela Peralta, especialista en Derecho Internacional Humanitario e integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN).
Se convierte en apátrida ya que “no podés accionar, no tenés un recurso efectivo de cómo accionar y entender cuál es el razonamiento, el motivo, las formas en que podés revertir esa situación”.
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Señaló que las personas nicaragüenses que sufrieron este tipo de represión, tomando en cuenta los testimonios que recogieron para la elaboración de la actualización del informe que presentaron en abril de este 2025, deben “comenzar una nueva vida”.
“No tienen documentos que, valga la redundancia, documenten su vida anterior, que la identifiquen: registros universitarios, de bienes, laborales (…) o sea, pierden toda la protección social que un Estado da a sus ciudadanos”, afirmó Peralta.
Apatridia y destierro en Nicaragua
El abogado nicaragüense Salvador Marenco, máster en Derecho Público y Procesal Constitucional y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunció que el régimen sandinista “no solo ha violentado nuestro marco jurídico nacional, sino también el marco jurídico internacional, causando la responsabilidad del Estado y estableciendo un sistema de apatridia de facto que afecta a centenares de nicaragüenses”.
El letrado explicó que la apatridia “es un crimen de lesa humanidad, ya que está caracterizada, en algunos casos, por el traslado o destierro forzoso —también considerados crímenes de lesa humanidad— o por la persecución por motivos políticos o religiosos”.
Marenco, quien también tuvo que exiliarse de manera forzada por la persecución de la dictadura Ortega-Murillo, resaltó que los nicaragüenses tampoco disponen de protección consular, pues ha desaparecido por orden del sandinismo.
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“Los consulados también se han convertido en focos de represión, en los cuales te niegan los documentos. Incluso, algunos han servido como centros de vigilancia, como se ha denunciado en Costa Rica”, denunció Marenco.
«Han funcionado más como entes de control para las personas en el exilio. Ha pasado de ser una protección consular para quienes estamos fuera, a una represión y persecución”, agregó.
Por otro lado, las sedes diplomáticas también se han reducido, incluso en ciudades con una alta migración nicaragüense como Los Ángeles, Nuevo Orleans y Houston en Estados Unidos.
Dictadura sandinista: una amenaza para el hemisferio
Carolina Jiménez, experta en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, y presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), criticó al régimen sandinista por esta doctrina represiva.
“Al negarles la entrada, como al obligar la salida forzosa y dejar a personas en situación de apatridia”, actúa en contra de “los estándares internacionales establecidos como parte de los derechos humanos”, dijo Jiménez a Expediente Público.
“El caso de Nicaragua es, tal vez, uno —si no el más— cerrado y represivo de autoritarismo en la región latinoamericana. Razón por la que algunos politólogos ya se refieren a Nicaragua como un caso de autoritarismo sultánico”, criticó.
FSLN igual a Ortega-Murillo
“La relación partido-familia-Estado es ininterrumpida en este momento, y de control absoluto en todos los órganos públicos. Lo que terminamos viendo es que gobiernos de un talante tan autoritario y represivo, al final del día, representan una amenaza para todo el hemisferio”, afirmó Jiménez.
Agregó que “cuando un país expulsa de esa manera a sus ciudadanos y los somete a la necesidad de buscar asilo y protección en otras tierras, estamos hablando de un país, de un Gobierno, que amenaza los valores hemisféricos de democracia y respeto a los derechos fundamentales”.
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El Grupo de Expertos de la ONU confirmó que, en los últimos años, los nicaragüenses que han sido víctimas de prohibiciones de entrada a Nicaragua quedaron varados en países como Argentina, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, México, Panamá y Portugal.
La abogada uruguaya resaltó que efectivamente requieren atención de los estados en los que quedan varados y “en este momento, en el mundo actual, no existe ni un país —ninguno donde el Estado de Derecho se haya quebrantado— que haya desnacionalizado a más de 400 personas”, como ha ocurrido en Nicaragua.
Costa Rica confirma restricciones
En este contexto, la situación que ocurre en Costa Rica con los casos de nicaragüenses a los que no se les permite volver a Nicaragua ilustra claramente las dificultades adicionales que sufren los nicaragüenses que quedan varados producto de la represión transfronteriza del régimen sandinista.
Ada Porras, de la Unidad de Planificación Institucional de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, confirmó a Expediente Público que “hay muchas razones de solicitud de anulación en el sistema y hay dos fronteras con Nicaragua (Peñas Blancas y Las Tablillas)”.
Sin embargo, “no se lleva una estadística” específica en relación con nicaragüenses que no hayan sido admitidos en su propio país.
La Dirección General de Migración y Extranjería, explicó la funcionaria, realiza anulaciones de sello de salida a quienes no son admitidos para ingresar a Nicaragua, aunque esto únicamente lo hacen con “los costarricenses a quienes Nicaragua no les permite el ingreso”.
“A los nicaragüenses que las autoridades nicaragüenses no dejan ingresar no se les anula el sello; (pero) ellos suelen buscar otras vías para entrar a su país. En el caso de otras nacionalidades —excluyendo a costarricenses y nicaragüenses—, se les anula el sello y quedan con la vigencia del turismo que tenían al momento del ingreso”, reconoció.
“Si ya no tienen turismo vigente, se les cita a la Unidad de Asesoría Legal por encontrarse en situación migratoria irregular”, detalló Porras.
Víctimas urgen protección en países receptores
La situación confirmada por las autoridades de Costa Rica, que refleja las dificultades de los nicaragüenses para acceder a formas regulares para atender el limbo legal en el que los deja el mecanismo represivo transfronterizo que aplica el régimen sandinista, pone en evidencia la urgencia de que los estados amplíen los mecanismos de atención para esas víctimas.
La experta del GHREN resaltó que, ante este método represivo sistemático y estructurado de tal forma que participan toda una red interinstitucional bajo la orden del régimen Ortega-Murillo en contra los nacionales, recomendaron a la comunidad internacional que los Estados “busquen maneras creativas de proveer identidad a estas personas”.
“Nosotros les decimos a los Estados: esta es una situación de una enorme cantidad de personas con ninguna posibilidad de reconstruir su vida o tener un proyecto de vida en otro país si no se les colabora con identificación que les permita trabajar, estudiar, generar dinero, seguridad social, salud”, agregó.
“Entonces, les decimos: bueno, que sean lo más ingeniosos posible para que puedan hacer excepciones y dar documentación a estas personas”, explicó Peralta.
La presidenta de WOLA además remarcó que es responsabilidad de los Estados receptores de estas víctimas de prohibiciones de ingreso, destierros forzados o exilio, “otorgar medidas de protección internacional, asilo político, la condición de refugiado, que es lo que corresponde en la mayoría de los casos”.
