* Reed Brody, del GHREN-ONU, busca llevar al régimen Ortega-Murillo ante la Corte Internacional de Justicia por usar la desnacionalización como represión política.
Expediente Público
Reed Brody, el abogado de derechos humanos que ha sentado en el banquillo de los tribunales a dictadores como Augusto Pinochet, tiene un nuevo objetivo: que se juzgue al dictador de Nicaragua Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad.
Algunas de las pruebas legales recolectadas por Brody para concretar ese objetivo las ha dado el mismo régimen al desnacionalizar y dejar apátridas a miles de personas.
Desde enero de 2025, el llamado “cazador de dictadores” integra al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GRHEN), la entidad de Naciones Unidas que investiga las graves violaciones a los derechos humanos del régimen de Ortega y su codictadora y esposa, Rosario Murillo.
Brody reveló en entrevista con Expediente Público que busca que el régimen Ortega- Murillo rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por violación a las convenciones Sobre la Reducción de la Apatridia de 1961 y sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
“(Estamos) instando a los Estados, que un Estado, un grupo de Estados, lleve a Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia por violación de ese tratado, al utilizar de forma sistemática y como forma de represión política la desnacionalización”, afirmó Brody.
Reed Brody: Nicaragua comete los peores crímenes
El abogado Brody es reconocido por su arduo trabajo investigativo en casos en los que se ha logrado poner a dictadores como el chileno Augusto Pinochet y el chadiano Hissène Habré ante la justicia.
“La cuestión de apatridia, y de apatridia de facto, es el tema más actual y sobre el cual estamos trabajando más en este momento. No hay ningún país en el mundo que utilice la privación arbitraria por razones políticas de la nacionalidad como lo hace el Gobierno de Nicaragua. Ninguno”, denunció el abogado de la ONU.
Deslice para más información
“Hay otros países que expulsan a centenares de miles, pero no hay otro país que diga: ‘A vos, vos opositor, candidato presidencial, exjefe guerrillero sandinista, exvicepresidente, escritor, líder campesino, te quitamos la nacionalidad’. No, no hay ningún otro país. Y eso viola abiertamente la convención de Naciones Unidas sobre la apatridia. No se puede hacer”, apuntó Brody.
Nicaragua, un Estado de apatridas
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya, en Países Bajos, y, a diferencia de la Corte Penal Internacional (CPI), que procesa crímenes de guerra o de lesa humanidad, aborda casos relacionados con violaciones jurídicas internacionales.
También: Nicaragua convertida en fábrica de desterrados
La ONU apunta que, si se determina una violación jurídica, se puede exigir el cese de la conducta ilícita, el reparo del daño causado y garantías de no repetición.
Una demanda ante la CIJ debe ser planteada formalmente por una delegación o delegaciones de Estados, incluir alegatos y fundamentos jurídicos, así como documentos que demuestren dichas violaciones. Esto implica la realización de audiencias públicas hasta que finalmente se dé una sentencia definitiva.
Nicaragua adoptó, desde 2013, la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, según el Decreto Legislativo 11-2013. Un año después, siempre bajo el régimen de Daniel Ortega, se unió también a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
Más de 400 nicaragüenses declarados apátridas
Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, en febrero de 2023 —diez años después de sumarse a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961— ordenaron el despojo de nacionalidad de un primer grupo de nicaragüenses. Un total de 222 excarcelados políticos, a quienes mantuvieron presos durante varios meses en diferentes cárceles de Nicaragua, fueron expulsados del país en un vuelo directo a Estados Unidos y convertidos oficialmente en apátridas.
También: Dictadura Ortega-Murillo ordena reforzar espionaje ciudadano en Nicaragua
En ese mismo mes, la dictadura sandinista también ordenó el despojo de nacionalidad de otros 94 nicaragüenses, muchos de ellos activistas, defensores de derechos humanos, opositores y periodistas que ya estaban en el exilio por la persecución que sufrían en Nicaragua.
El régimen declaró a estos primeros grupos como traidores a la patria y ordenó confiscar sus bienes, utilizando leyes represivas como la Ley 1055 (Ley de Defensa a la Soberanía), y la Ley 1145 (Ley Especial de Pérdida de Nacionalidad), aprobadas en 2020.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), tras conocerse esas primeras desnacionalizaciones, apuntó que las reformas legislativas permiten “privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía”, contraviniendo las “obligaciones que tiene el país en el marco del derecho internacional y regional”.
Además, le recordó al Estado de Nicaragua que es parte de ambas convenciones y lo instó desde entonces a “cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar el disfrute del derecho a la nacionalidad y tomar medidas para la prevención y erradicación de la apatridia”.
De interés: La historia de 135 nicaragüenses desterrados y desnacionalizados
Pese al exhorto de la ACNUR, en septiembre de 2024, nuevamente la dictadura Ortega-Murillo expulsó —esta vez a Guatemala— a otro grupo de nicaragüenses: 135 prisioneros que también mantuvieron encarcelados por motivos políticos. Todos estos también fueron despojados de su nacionalidad.
Apatridia de facto
El abogado Reed Brody señaló que, adicional a la apatridia, en estos años de investigación del GHREN, han identificado que el régimen Ortega-Murillo también ha impuesto la apatridia de facto a los nicaragüenses, resaltando que esta es quizás “más nefasta aún”.
Lea: Cómo la dictadura Ortega-Murillo usa la Dirección de Migración para reprimir
“En el último informe hemos dicho —creo que son 259 casos en los últimos años documentados por nosotros— que los nicaragüenses han sido rechazados en la frontera, o antes de subir a un avión, o estando en Costa Rica o en España. Yo vivo en España y conozco mucha gente que ha tenido problemas en obtener o renovar su pasaporte, renovar sus documentos. Y lo nefasto en esto es que no hay ningún decreto que diga ‘vos ya no sos nicaragüense’”, denunció Brody.
El experto aseguró que, aunque estos casos “no cuadran dentro de la definición internacional de apatridia, aunque tienen todas las características”, para los defensores de derechos humanos esto “es equiparable a una persona apátrida”.
En el informe “Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018”, presentado en abril pasado por el GHREN ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se reveló que el régimen sandinista restringió el ingreso a su país a 259 nicaragüenses entre 2021 y marzo de 2025.
Apátridas requieren apoyo de los Estados
Brody afirmó que, ante estas masivas y sistemáticas desnacionalizaciones ordenadas por el régimen de Ortega y Murillo, los Estados receptores —donde las víctimas buscan refugio o se quedan varadas ante la imposibilidad de volver a su país de origen— deberían, primeramente, “entender la situación”.
“No se le va a pedir a la persona su documento porque se sabe que la persona no tiene acceso a su documento. Habría que concientizar”, resaltó.
El experto del GHREN afirmó que, en el caso de Costa Rica, donde han tenido oportunidad de conversar con los encargados de la Unidad de Refugio, conocen que a los nicaragüenses “que no tienen sus documentos o ningún documento, pueden hacer una declaración jurada para explicar su situación”.
“Creo que ese tipo de comprensión es muy importante, y es un trabajo de concientización”, remarcó.
Explicó que, aunque se sale un poco del mandato que tienen como Grupo de Expertos, entre sus recomendaciones incluyeron justamente algunas para los Estados. Entre esas, la petición de que se “flexibilicen sus procedimientos de conceder el asilo u otros permisos, que sean permisos de trabajo, homologar títulos, dar acceso a las necesidades”.
Además: Represión financiera bajo la orden del régimen Ortega-Murillo
“Sabemos que algunas personas se encuentran en desnacionalización de facto. Es imposible, en nuestro mundo, vivir sin documento, que es lo que abre la posibilidad a la salud, educación, seguridad social”, apuntó Brody.
Entre 2023 y 2024, el Gobierno de España —luego de conocerse públicamente las desnacionalizaciones masivas de la dictadura sandinista— ha otorgado la nacionalidad española a más de un centenar de esas víctimas mediante la figura de Carta de Naturaleza, que permite acceder a la nacionalidad española por razones humanitarias, y es aprobada especialmente para quienes enfrentan situaciones de apatridia o apatridia de facto.
El Gobierno de Costa Rica, en estos siete años de crisis sociopolítica de Nicaragua, también ha sido fundamental en la recepción de nicaragüenses que huyen de la persecución de la dictadura sandinista.
La ACNUR contabilizaba que Costa Rica había recibido más de 222,000 solicitudes de refugio de nicaragüenses desde 2018 hasta marzo de 2025. Sin embargo, solo 9,216 de los solicitantes han sido oficialmente reconocidos como refugiados.
ONU eleva escrutinio del régimen Ortega-Murillo
El abogado Brody aseguró que, aunque el régimen sandinista aparentemente valora que “lo mejor es atrincherarse” y decir “no nos importa lo que piensa” la comunidad internacional frente a las denuncias por graves violaciones a derechos humanos, cada vez hay más respaldo de diferentes Estados del Consejo de Derechos Humanos para renovar el mandato del GHREN y elevar la denuncia internacional.
El marginamiento por el que ha optado el orteguismo en el sistema de Naciones Unidas, en los últimos años, para no enfrentar las denuncias que hay en su contra e intentar negar lo que los expertos han comprobado, también ha incluido su salida de organismos asociados a la ONU, entre estos, la ACNUR, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También: Destierro de Nicaragua
El sandinismo también retiró su colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) y con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El abogado Brody asegura que, pese a la actitud del régimen frente a las denuncias internacionales relacionadas con las violaciones a derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos “ha decidido elevar el escrutinio, y ahora vamos a presentar el informe en septiembre, octubre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la otra liga”.
“Nicaragua se puede retirar del Consejo de Derechos Humanos, pero no se va a retirar de la Asamblea General de Naciones Unidas”, sentenció Brody. Aunque, señaló, el régimen sandinista puede que, cuando se haga dicha presentación, deje vacía la silla reservada para Nicaragua en el pleno de la Asamblea.
Brody aseguró que le duele ver la situación que está pasando Nicaragua, pues es un país que lleva en su corazón desde hace 40 años, cuando viajó a territorio nicaragüense para registrar la contrarrevolución de los años ochenta.
“Llevo a Nicaragua desde hace 40 años en mi corazón. Pero este corazón está dolido de ver lo que está pasando”, afirmó. Además, resaltó que lamenta “ver que una persona como Daniel Ortega, que se alzó en armas para derrocar a una dictadura familiar, ha terminado creando la suya”.
