* La Iglesia católica y las congregaciones evangélicas muestran su capacidad de presión política de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Honduras.
** Los partidos que lideran las encuestas presidenciales usan la religión para promover a sus candidaturas.
*** La educación sexual no es parte del currículo oficial en Honduras, mientras la tasa de embarazo adolescente casi duplica la media regional.
Expediente Público
En la recta final de un proceso electoral marcado por la polarización y la desconfianza, la Iglesia católica y las congregaciones evangélicas organizaron de manera conjunta una Caminata de Oración «Por la paz y la democracia», que rápidamente encendió la disputa política.
Los cálculos basados en imágenes aéreas y reportes ciudadanos estimaron entre 80 mil y 100 mil asistentes en Tegucigalpa, unos 40 mil en San Pedro Sula y miles más en Choluteca, Comayagua y La Ceiba. En total, cerca de 200 mil personas en todo el país. Una cifra importante considerando que hay 6,3 millones de electores empadronados para las presidenciales de noviembre.
La marcha fue convocada para llamar a la reflexión, la unidad y el respeto democrático en medio de los conflictos entre los representantes de los tres partidos políticos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se discuten las reglas para los próximos comicios.
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Aunque los organizadores pidieron a los candidatos presidenciales no sumarse, la procesión terminó agitando el polvorín electoral. El Partido Nacional y el Partido Liberal se unieron sin reservas, mientras que el oficialista Libertad y Refundación (Libre) la rechazó, acusándola de injerencia política.
En su rechazo, la presidenta Xiomara Castro afirmó que la fe «no se demuestra gritando en las calles ni levantando pancartas, sino en las acciones cotidianas». Su comisionado presidencial, Miguel Briceño, incluso pidió cancelar la personería jurídica de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y advirtió –sin que llegara a suceder– que las fuerzas de choque de Libre, los llamados «colectivos», podrían intervenir en la marcha.
Un pulso por la calle
Para la socióloga Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la reacción oficialista reflejó su temor de perder el monopolio de la movilización social. «El gran bastión de Libre es la calle porque han sido los únicos capaces de movilizar multitudes. Entonces, la caminata fue vista como una amenaza», dijo a Expediente Público.
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La preocupación no era para menos. La CEH, convocante de la caminata, asegura reunir a unas 14 mil congregaciones.
Frente a esta “amenaza”, según Castellanos, la estrategia de Libre pasó por tres fases: descalificar, desafiar e intimidar a los líderes convocantes. «Fue un error porque la gente lo percibió como una pérdida de libertades y del espacio cívico» resumió la experta.
El analista político Filadelfo Martínez coincide con la exrectora. «Mientras nacionalistas y liberales se sumaron con inteligencia, Libre confrontó de forma torpe un llamado eclesial a elecciones libres, transparentes y sin violencia», comentó a Expediente Público.
Las iglesias evitaron responder a los ataques y se ampararon en sus derechos constitucionales a la libertad de expresión (art. 72), culto (art. 77) y manifestación pacífica (art. 78).
No obstante, el influyente pastor evangélico Evelio Reyes admitió que la caminata era política, pero no partidaria. «La iglesia tiene que dar mucho de qué hablar y alborotar la sociedad», sentenció públicamente.
La marcha, aunque no alcanzó la concurrencia que esperaban sus organizadores, confirmó que las iglesias todavía conservan músculo social y capacidad de incidencia política. La duda es si esa fuerza religiosa puede representar una fuerza electoral.
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Del púlpito a la urna
Desde su fundación en 1821, Honduras ha sido un país religioso. Según la encuesta Latinbarómetro 2024, el 19% de su población no profesa ninguna religión, mientras que el resto se declara evangélica (43%) o católica (36%).
Como en toda Centroamérica, Honduras atraviesa una transformación religiosa profunda, donde el catolicismo pierde terreno, pasando del 76% de la población en 1995 al 36% en 2024, la caída más acentuada en toda la región. En contraste, los evangélicos pasaron del 5% al 43% en ese mismo período.
Según los analistas consultados por Expediente Público, el auge evangélico se explica porque no tienen una estructura centralizada como la orden católica. A pesar de sus diferencias, ambas religiones coinciden en su afán por cristianizar la política, debilitar la condición secular del Estado, y defender la familia tradicional, la libertad religiosa y el derecho a la vida.
Transformar la influencia religiosa en capital electoral ha sido posible en países como Costa Rica, donde el predicador evangélico Fabricio Alvarado estuvo a punto de ganar la presidencia en 2018 con el Partido Restauración Nacional. En Honduras, ese salto es más complejo, por el momento, impensable.
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El artículo 77 de la Constitución prohíbe a ministros de cultos aspirar a cargos públicos o hacer propaganda política en nombre de la religión. Por esta razón, el Consejo Nacional Electoral (CNE) revisa en cada proceso electoral que no se incluyan sacerdotes o pastores activos en las planillas de candidatos.
Además, explica Filadelfo Martínez a Expediente Público, «las iglesias entienden que el costo de competir con el tradicionalismo político es alto y arriesgado, ya que podrían ser absorbidas por sus partidos».
Presidenciables pescan el voto religioso
Seis de cada diez hondureños rechazan que miembros de las iglesias participen en política, de acuerdo con una encuesta Una encuesta del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) publicada en marzo de este año.
Aun así, es común ver que los partidos intenten seducir a las iglesias y a sus feligreses. El candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, promete gobernar «poniendo a Dios en el centro» y crear un Ministerio de la Fe y los Valores, pero no da detalles de las funciones que esta institución cumpliría.
Mientras que el nacionalista Nasry Asfura firmó compromisos con la CEH contra el aborto y el matrimonio igualitario. En esa ocasión, el candidato señaló: «Respeto la creación de Dios, la vida, las familias, y la sagrada institución del matrimonio como Dios manda, y estoy firme para que trabajemos juntos en este acuerdo».
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Libre también busca guiños religiosos, aunque se reivindica como partido de izquierda. Su coordinador, el expresidente Manuel Zelaya Rosales suele declarar que está «protegido por la sangre de Cristo», mientras su esposa, la mandataria Xiomara Castro, ha cedido a favor de las iglesias en temas sensibles para el movimiento feminista, como mantener el veto al aborto.
Castro recibió, antes de su investidura en 2022, la «bendición de Dios» en la iglesia católica, la misma institución que había respaldado el golpe de Estado trece años antes, cuando su esposo fue derrocado.
Entre la moral y la política
El Partido Nacional presume de haber defendido los valores cristianos y la influencia de las Iglesias en la sociedad, especialmente en la educación. Uno de sus diputados, por ejemplo, promovió en 2018 el estudio de la Biblia en las escuelas públicas «como un mecanismo de salvación de las almas y prevención de la violencia».
El gobierno de Castro no se queda atrás, cediendo ante las presiones de las iglesias en su prometida agenda de género. La mandataria mantiene estancado el proyecto de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y otras propuestas legislativas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, las cuales buscan implementar programas para prevenir el embarazo adolescente.
La tasa de embarazos en adolescentes hondureñas de 15 a 19 años fue de 97 por cada mil, en 2023, superando ampliamente el promedio regional de América Latina y el Caribe, que fue de 51 por cada mil, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Educación sexual
Para desvanecer cualquier esperanza feminista, el ministro de Educación, Daniel Sponda, rompió en un foro de televisión la Guía de Inclusión de Género que se pretendía impartir en los centros educativos para erradicar la discriminación y los estereotipos de género.
«Es un papel muerto, nosotros no vamos a promover valores que no son parte de nuestra sociedad”, remarcó en junio de 2023.
Antes, Sponda había destituido al director general de Modalidades Educativas, Ilich Valladares, por autorizar un oficio que prohibía la invocación a Dios y actos religiosos en los centros educativos. «No permitiré que nadie de la Secretaría de Educación tome decisiones unilaterales que no representan las políticas ni la filosofía de nuestro gobierno”, argumentó el ministro.
En el sistema primario y medio de Honduras, no existe un currículo oficial de educación sexual, aunque algunos centros privados han tomado la iniciativa de impartirla.
La excepción de la mandataria Castro fue restaurar el acceso a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en marzo de 2023, pese a la oposición de su exministro de Salud, José Manuel Matheu, simpatizante del Opus Dei, una de las denominaciones católicas más conservadoras.
Atrapada en ese doble discurso su partido, la aspirante presidencial de Libre, Rixi Moncada, criticó la caminata de las iglesias, pero aclaró que es una «mujer de fe y tradición católica», cuidándose de no confrontar abiertamente con las iglesias.
Enfrentamientos
Los desencuentros retóricos entre Libre y las organizaciones religiosas abren la pregunta sobre el impacto que estas fricciones podrían tener en la votación del próximo 30 de noviembre.
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Más allá de los comicios, Honduras seguirá atrapada en su contradicción, con un Estado formalmente laico, pero donde la religión todavía conserva un peso político y un rol decisivo en la formación de valores colectivos. En este país centroamericano, las Fuerzas Armadas aún mantienen a la Virgen de Suyapa como su Capitana General y Patrona, y con frecuencia, los líderes religiosos son llamados a integrar comisiones gubernamentales de alto nivel.
Las iglesias confirmaron en su caminata que tienen alcance social, capacidad de presión política y un papel legitimador que los políticos, de todos los colores, siguen buscando. A cambio, los religiosos esperan conservar su influencia tradicional en la formulación y aprobación de políticas públicas, sobre todo en el ámbito de la Salud y la Educación.
Como diría el ministro Sponda, para los partidos políticos y las iglesias el laicismo constitucional no es más que un «papel muerto».
