* El Departamento de Estado publicó el Informe sobre el Clima de Inversión 2025, donde analiza la situación de Honduras.
** El reporte concluye que la inversión extranjera no aterriza en el país centroamericano principalmente por la corrupción y el crimen organizado.
*** El documento agrega que la incertidumbre y polarización por las elecciones de 2025 han intensificado la desconfianza de los inversionistas.
Yarely Madrid / Expediente Público
El Informe sobre el Clima de Inversión 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado este mes, vuelve a colocar a Honduras bajo la lupa internacional. El informe describe dos males crónicos que minan la confianza de inversionistas y, al mismo tiempo, marcan el pulso de la campaña electoral: la corrupción sistémica y el crimen organizado.
De acuerdo con el informe, estos problemas continúan siendo los obstáculos más importantes para el desarrollo económico del país. El Departamento de Estado ve un potencial progreso solamente en la manufactura, la agroindustria y las energías limpias.
A esto se suma la incertidumbre económica que generan los procesos electorales. El país irá a las urnas el 30 de noviembre para elegir presidente, alcaldes y diputados. En el clima priman la polarización, con partidos políticos que lanzan acusaciones mutuas, y las demandas ciudadanas que exigen rendición de cuentas.
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Corrupción en el sistema judicial
El informe de EE. UU. advierte que la corrupción sigue siendo un problema arraigado en diversas instituciones del gobierno hondureño, incluyendo el poder judicial.
“Hay frecuentes informes de corrupción dentro del poder judicial, tanto en los tribunales locales como en la ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros”, se lee en el documento.
“La presidenta de la Corte Suprema (Rebeca Lizette Ráquel Obando) tiene vínculos familiares con la presidenta de Honduras. Comentaristas y ONG han comentado que tales vínculos conducen a preguntas sobre la independencia del tribunal”, enfatiza el informe.
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Crimen organizado y violencia
El informe destaca que, si bien la tasa de homicidios se ha reducido, esta sigue siendo bastante alta. Para el 2022, la cifra llegó a 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El año pasado, la cifra bajó a 25, convirtiendo a Honduras en el cuarto país latinoamericano más peligroso, según Insight Crime.
La extorsión, los secuestros y la violencia son problemas comunes, especialmente en las zonas urbanas afectadas por las pandillas, destaca el reporte del Departamento de Estado.
Y agrega que el país sigue siendo un importante punto de tránsito para el narcotráfico, cuyos fondos ilícitos se inyectan en los procesos judiciales para distorsionar la justicia.
Inestabilidad política
El informe destaca la inestabilidad política como un factor clave que afecta la toma de decisiones de los inversionistas.
El Departamento de Estado señala que la incertidumbre política, especialmente en el contexto de las elecciones generales de noviembre de 2025, ha ralentizado el proceso de inversión.
Esta situación se ve agravada por la percepción de debilidad institucional, corrupción y falta de transparencia en la gestión pública, lo que genera desconfianza entre los potenciales inversionistas, señala el reporte.
Además, menciona que la inestabilidad política se refleja en la falta de continuidad en las políticas públicas, lo que dificulta la planificación a largo plazo para las empresas.
Esta situación se ve exacerbada por la polarización política y la presencia de grupos de presión que influyen en las decisiones gubernamentales, creando un entorno impredecible para los negocios.
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El reporte recoge, además, las denuncias de inversores estadounidenses que se enfrentan a la solicitud de sobornos o a una excesiva “tramitología” para obtener aprobaciones, especialmente a nivel municipal y dentro de ciertos ministerios.
Regulación poco efectiva
El informe señala que la incertidumbre sobre las políticas gubernamentales ha generado reticencia entre los inversionistas para expandir sus operaciones en el país.
Esta situación se ve reflejada en la reciente declaración de inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Estas zonas, diseñadas para atraer inversión extranjera mediante la oferta de bajos impuestos y regulaciones mínimas, han sido objeto de controversia política.
Las autoridades hondureñas derogaron de la ley de las ZEDEs en 2022 y, posteriormente, la ZEDE Próspera demandó al Estado por US$10.7 mil millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Para el Departamento de Estado, estos hechos evidencian un entorno legal volátil que puede disuadir a futuros inversionistas.
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Infraestructura energética
El informe explica que, en el ámbito energético, Honduras enfrenta varios retos. A pesar de contar con recursos renovables como la energía solar, eólica e hidroeléctrica, el país depende en gran medida de los combustibles fósiles, que representan aproximadamente el 45% de la generación eléctrica.
Además, la infraestructura eléctrica nacional presenta deficiencias significativas. La red eléctrica sufre de frecuentes apagones y fluctuaciones de voltaje debido al envejecimiento de la infraestructura, mantenimiento insuficiente y dificultades financieras de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Estas fallas afectan la confiabilidad del servicio y aumentan los costos operativos para las empresas, subraya el informe.
En cuanto a la infraestructura vial, el Departamento de Estado destaca que el Banco Mundial aprobó un proyecto de $100 millones para la rehabilitación y mejora de la carretera CA-13, un corredor estratégico en el norte del país.
Este proyecto busca mejorar la seguridad vial y la resiliencia climática, beneficiando a más de 600,000 personas, incluidas comunidades indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, la necesidad de inversiones adicionales en infraestructura sigue siendo una prioridad para mejorar la competitividad del país.
Corrupción: un fantasma antiguo
Honduras ocupa el puesto 154 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, lo que lo coloca entre los más corruptos de América Latina.
Actualmente, existen casos emblemáticos, como el presunto uso indebido de fondos públicos del Fondo de Administración Solidaria de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) dirigidos a estructuras políticas del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
Además, una investigación periodística reveló que narcotraficantes habrían financiado la campaña presidencial del Partido Libre en 2013, a través de supuestos sobornos entregados a Carlos Zelaya, cuñado de la actual presidenta, Xiomara Castro. Este tema ha generado tensiones diplomáticas con Estados Unidos.
