* La dictadura Ortega-Murillo concedió a empresas chinas la explotación minera de miles de hectáreas en zonas fronterizas, que afectan a reservas naturales y territorios indígenas.
* La Ley 1258, Ley de Territorio Fronterizo, amplía la zona fronteriza controlada por el Estado de Nicaragua, de 5 a 15 kilómetros.
Expediente Público
Las mineras chinas se consolidan en Nicaragua gracias a la nueva Ley de Territorio Fronterizo, la Ley 1258, aprobada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con la norma, 20.000 kilómetros cuadrados pasaron al control del Estado, pues se amplió la zona especial de seguridad en las fronteras, de 5 a 15 kilómetros.
En ese territorio, muy apetecido por su riqueza mineral, habitan 140 comunidades indígenas, que se oponen a la actividad extractiva. Sin embargo, varias mineras chinas ya han recibido concesiones en esas zonas por parte de las autoridades nicaragüenses.
Defensores de los derechos humanos y ambientalistas denuncian que, con la nueva Ley en vigor, el futuro de esas comunidades dependería de la connivencia entre los regímenes de Managua y de Pekín.
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La Ley se aprobó el 5 de agosto de 2025, un día después de que la empresa nicaragüense de capital chino Thomas Metal S.A., representada por el empresario chino Xiangming Gu, recibiera su tercera concesión minera cerca de la frontera con Costa Rica.
Tres concesiones mineras en menos de una semana
Thomas Metal S.A. se constituyó el 27 de septiembre de 2023. Es la filial nicaragüense de la china Brother Metal (HK) Limited, de acuerdo con información publicada por la Universidad de Estudios Internacionales de Xi’an. La misma fuente señala que Brother Metal, creada en 2017, también tiene inversiones mineras en la República Democrática del Congo.
Las tres concesiones mineras otorgadas Thomas Metal están en la frontera de Nicaragua con Costa Rica, en los municipios de El Castillo, Bluefields y San Juan de Nicaragua.
Thomas Metal recibió su primera concesión minera el 29 de julio de este año. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó, a través del acuerdo ministerial 037-SBT-M-035-2025, la concesión del lote La Mónica, con una extensión de 47.410 hectáreas.
Tres días después, el 1 de agosto, a través del acuerdo ministerial 039-SBT-M-037-2025, la misma empresa recibió autorización para el lote La Guinea, con una superficie de 21,882 hectáreas.
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Y el 4 de agosto, el MEM divulgó el acuerdo ministerial 040-SBT-M-038-2025, mediante el cual le otorgó permiso para el lote El Castillo, con una superficie de 39,172 hectáreas.
En conjunto, las tres concesiones cubren un total de 108,467 hectáreas. Esto equivale a unos 63,800 campos de fútbol.
El municipio de El Castillo tiene una extensión de 165,481 hectáreas, según el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom). Es decir que las tres concesiones mineras de Thomas Metal equivalen al 65% de ese territorio.
Más de 700 mil hectáreas mineras a empresas chinas
La dictadura Ortega-Murillo comenzó a otorgar concesiones mineras a empresas chinas tras retomar las relaciones con ese país en 2021.
Entre las beneficiarias están: Brother Metal S.A., representada por la empresaria china Xianocun Bao; Zhong Fu Development S.A., representada por el empresario chino Feiwu Bian; y Linze Excelente Minería S.A. y Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, ambas representadas por la empresaria china Lijun Dong.
Dos de estas empresas también tienen concesiones en departamentos fronterizos con Honduras. Linze Excelente Minería S.A. ha recibido concesiones en Nueva Segovia. Mientras que Brother Metal S.A. tiene derechos en Madriz, Chinandega y Caribe Norte.
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Una investigación en marcha de Expediente Abierto y Fundación del Río, facilitada en su versión preliminar a Expediente Público, revela que, hasta agosto de 2024, la dictadura orteguista había otorgado un total de 32 lotes de minería a ocho empresas industriales de origen chino en Nicaragua. Además, mantenía hasta esa fecha un total de tres lotes en proceso de solicitud.
Los lotes otorgados a empresas chinas hasta esa fecha, revela el documento, suman 511,179 hectáreas, mientras que los que se mantenían en solicitud sumaban 35,817 hectáreas.
Si a esa cantidad se suman las 233,297 hectáreas otorgadas entre enero y agosto de 2025 a Thomas Metal, Brother Metal y Xinxin Linze Minería Group, en total, la dictadura Ortega-Murillo ha concedido 744,476 hectáreas (7,445 kilómetros cuadrados) a empresas chinas para la extracción minera.
Esta extensión es equiparable al tamaño de departamentos medianos de Nicaragua, como Matagalpa o Chontales.
En 2010, una década antes que la dictadura Ortega-Murillo afianzara su relación con China, el régimen intentó establecer por primera vez un límite fronterizo de 15 kilómetros como propiedad del Estado nicaragüense.
Sin embargo, por presiones del sector privado en aquel entonces, se determinó que quedaría en solo 5 kilómetros, incluso bajo normas específicas que garantizaban la protección de los derechos de propiedad.
Maniobra china para “formalizar sus actividades”
El abogado ecuatoriano Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en entrevista con Expediente Público, señaló que la nueva Ley Fronteriza de Nicaragua es confiscatoria, atenta contra la propiedad y responde a los intereses de China.
Para Alarcón, esa Ley es “una barbaridad”, ya que las zonas donde operan las mineras chinas “pasan a ser como territorios soberanos chinos, bajo el régimen chino, derechos chinos, incluso con prácticas esclavistas chinas”.
Y agregó: “La puesta en vigencia de una ley como esta puede responder a presiones directas de China para que todo se formalice, se legalice. Esto ya lo hemos visto antes en Ecuador y en otros países de la región. China condiciona, manda, cierra contratos y convenios, estableciendo lo que el Estado debe hacer”, afirmó Alarcón.
Esas prácticas, agregó, incluyen “reformar el marco normativo, aprobar nueva legislación o incluso llegar hasta reformas constitucionales, de ser el caso”.
Concesiones mineras en zonas protegidas
El ambientalista y biólogo Amaru Ruiz, de la Fundación del Río —una de las primeras organizaciones canceladas por la dictadura Ortega-Murillo en 2018—, en entrevista con Expediente Público, denunció que la nueva zona fronteriza se superpone con áreas protegidas.
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Según Ruiz, las áreas protegidas afectadas son: la Reserva Natural de Bosawás, la Reserva Indio Maíz, los Refugios de Vida Silvestre Río San Juan y Los Guatuzos, y la Reserva de la Serranía de Dipilto y Jalapa.
Ruiz afirmó que la actividad minera en esas zonas pondrá en riesgo la conectividad ecológica de Mesoamérica. Explicó que esas reservas funcionan como “corredores naturales de fauna”, que permiten a las especies moverse entre el norte y el sur de la región, manteniendo el intercambio genético, lo cual es indispensable para estabilidad de las poblaciones.
Posible desplazamiento forzado
Por otro lado, el ambientalista señaló que en esas zonas protegidas habitan comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que dependen de la pesca, la agricultura de subsistencia y la recolección de recursos forestales.
Estas poblaciones ya han expresado su preocupación por el impacto de la nueva normativa, pues podría afectar su acceso a tierras y recursos naturales, así como a la conservación de los ecosistemas, lo cual podría causar su desplazamiento forzado.
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Ruiz agregó que la actividad minera en esas zonas también podría afectar a la economía nacional, pues ahí hay alta producción de café, maíz, sorgo, naranja y camarones. Además, hay playas que generan afluencia turística.
Presencia china a la vista
La Fundación Prilaka, una organización comunitaria que defiende derechos de comunidades del Caribe nicaragüense, señaló a Expediente Público que, entre las 140 comunidades afectadas, están los Wis Wis, Inipuwas, Wayawas, Mukuwas, Kilisnak, Aniwas y Kisu Bila.
Los defensores indicaron que, en los últimos meses, han recibido varios reportes de habitantes de comunidades ubicadas a lo largo del río Coco, en el noreste de Nicaragua, cerca de la frontera con Honduras.
Ellos han observado la presencia de personas de nacionalidad china, que afirman tener permisos para realizar exploración minera, aunque no han mostrado documentación oficial ni han estado acompañadas por autoridades del Estado de Nicaragua.
