** Estudio de Expediente Abierto evidencia que el modelo económico nicaragüense asegura la concentración de riqueza y la desigualdad.
*** El régimen nicaragüense no ha podido independizar su economía de Estados Unidos, su principal socio comercial y su mayor proveedor de hidrocarburos.
Expediente Público
Una investigación realizada por el centro de pensamiento Expediente Abierto sobre los capitales en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, revela que, a pesar de la hostilidad pública hacia líderes empresariales, el modelo de privilegios al sector privado se mantiene.
La investigación, que se publicará próximamente, explica cómo, tras las protestas de 2018, el régimen obligó al sector privado a despolitizarse a cambio de mantener el status quo económico.
Esto vino acompañado, según la investigación, de una cierta presión fiscal, un incremento del control e incluso la persecución individual a representantes del sector privado, por ejemplo, a la influyente familia Baltodano.
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Los Baltodano llegaron a controlar más de la mitad de las exportaciones de café y la geotermia, con presencia además en la industria de alimentos, la zona franca y las finanzas.
El capitalismo a lo Ortega Murillo
Las cifras oficiales muestran que el crecimiento económico se mantiene también por el desinterés político ante la crisis de derechos humanos interna por parte de las multinacionales en las zonas francas y las mineras, detalla la investigación de Expediente Abierto.
A pesar de los esfuerzos, el régimen de Nicaragua no ha podido independizar su economía de Estados Unidos, su principal socio comercial, destino del 38.7% del total de exportaciones de bienes en 2024, y su mayor proveedor de hidrocarburos.
Las exportaciones brutas de zonas francas llegaron a US$3,524.2 en 2024, pero ni las empresas ni el Gobierno detallan qué porcentaje se envió a Estados Unidos, aunque fuentes empresariales calculan que podría ser más de la mitad.
La mayor parte de esta producción en 2024, como en años anteriores, es textil, con un monto de US$2,012 millones, que equivale al 57% del total exportado por este rubro, dividido en 73 fábricas.
Por su parte, cinco fábricas de arneses exportaron US$799 millones, equivalentes al 22% del total. El tercer producto es tabaco, con US$421.8 millones equivalentes al 12%, dividido en 39 empresas.
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La industria tabacalera también se ha convertido en los últimos años en el principal proveedor de Estados Unidos de puros premium, lo cual se ha desarrollado en la zona norte, particularmente en el departamento de Estelí, donde hay seis zonas francas exclusivas para este rubro como son Parque Industrial del Norte, Tambor, Grupo Plasencia, García & García, García Family y AJ Fernández.
Concentración de riqueza y desigualdad
El modelo económico orteguista es altamente extractivista. Multinacionales, empresas de capital nacional y aliados del régimen, así como la propia familia Ortega, concentran la mayor parte de la riqueza del país, detalla la investigación de Expediente Abierto.
A 2024, tres bancos controlaban el 77% de activos del país, seis mataderos formaban el cartel de la exportación de carne y dos multinacionales se llevaban el 62% del oro, mientras dos agencias dominaban las exportaciones de café.
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El análisis de Expediente Abierto señala que, pese al declarado crecimiento económico, el beneficio real se concentra en el sector privado, una gran parte de la población sobrevive bajo la exportación de mano de obra, es decir, la migración.
Para suplir sus necesidades, las familias nicaragüenses han logrado a través de la migración o el exilio convertir las remesas en la segunda fuente de ingresos del país (US$5,243 millones), solo por debajo de la cartera bancaria (US$5,738 millones) y por encima de las exportaciones de bienes (US$4,192 millones) y de zonas francas (US$3,524 millones), según datos oficiales de 2024.
Los capitales tradicionales, aliados del régimen
Lejos de representar un contrapeso al poder de Daniel Ortega, los capitales tradicionales de Nicaragua -banqueros, agroexportadores e industriales- han demostrado ser los principales interesados en evitar cualquier sanción económica que afecte el status quo, detalla el estudio de Expediente Abierto.
Estos grupos, integrados por conglomerados como Banpro Promerica, Lafise, BAC Credomatic y el Grupo Pellas, dominan el sistema financiero y buena parte de las exportaciones del país, y han expandido sus operaciones a nivel regional para blindar sus activos fuera de Nicaragua.
Expediente Abierto concluye que, aunque públicamente se presentan como ajenos al poder sandinista, sus intereses empresariales están íntimamente ligados al mantenimiento del actual modelo económico, que les permite operar sin inestabilidad política ni presión tributaria real.
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Grupos de empresarios contra sanciones a dictadura
Esos sectores son los más activos en oponerse a las sanciones impulsadas por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, en inglés). Esta dependencia publicó un informe el 20 de octubre pasado, en el cual evidencia las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y sugiere sanciones económicas, entre ellas, la suspensión del tratado de libre comercio y la imposición de un arancel de 100% a ciertos sectores claves.
Al publicar su informe, la USTR habilitó una página web para recoger los comentarios de organizaciones civiles. En seguida, el sector empresarial se opuso a las sanciones alegando que tales medidas “afectarían a los trabajadores”, cuando en realidad busca proteger sus propios márgenes de ganancia y su red de negocios trasnacionales, apuntó Expediente Abierto.
El argumento de los empresarios de que las sanciones económicas no afectarían al régimen, sino a la población, se contradice con el hecho que la familia Ortega Murillo tiene control casi absoluto del Estado y de la dirección de la economía, argumenta la investigación de Expediente Abierto.
Aparte, este centro de pensamiento señala que Ortega tienen la capacidad de premiar y castigar a socios y detractores, particularmente al controlar más de mil millones de dólares en fondos de inversión pública. Solo en 2024, el régimen destinó USD 1,384 millones al programa de inversión estatal.
Capitales blindados
Los grandes capitales nicaragüense tienen una red de inversiones mutuas a lo largo del istmo, como se demostró con la asociación entre el Banpro (Grupo Promerica), de la familia Ortiz Gurdián, y el Grupo Motta de Panamá, propietaria mayoritaria del Banco de Finanzas (BDF) en Nicaragua, en 2024.
A través de esta asociación, se creó la Tenedora Banpro que se convirtió en la propietaria de ambos bancos.
Para estos capitales, Nicaragua es sólo una parte de sus intereses, aunque han creado una interdependencia y megaestructura regional casi de nivel paraestatal, revela el estudio de Expediente Abierto.
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Lobby de empresarios en EE. UU.
Los empresarios ya han apostado por evadir cualquier medida agresiva que desestabilice sus negocios en Nicaragua. Lo hicieron con la contratación de un equipo de lobby para intentar bloquear en el Congreso de Estados Unidos y el Departamento de Estado, entre otras oficinas, la Ley NICA (Nicaraguan Investment and Conditionality Act) que finalmente se aprobó en 2018.
La Ley NICA fue la respuesta de legisladores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos ante la reelección de Ortega en 2016, junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Con esta medida, la Cámara esperaba condicionar los préstamos de organismos multilaterales en los que Washington tiene influencia para presionar por elecciones libres y transparentes en Nicaragua.
La firma Carmen Group tuvo entre sus clientes a la Cámara de Comercio de Nicaragua (Amcham), la cual aportó en 2017 y 2018 un total de US$167,000 y US$233,000, respectivamente, para evitar la aprobación de dicha legislación, según el sitio Open Secrets.
El empresario del sector bancario y financiero Roberto Argüello, radicado en Estados Unidos, también contrató en 2017 a Arturo Estopiñán para evitar la aprobación de la Ley NICA.
