Funcionarios usan cuentas oficiales para la campaña de Rixi Moncada

Funcionarios usan cuentas oficiales para la campaña de Rixi Moncada 

* Un monitoreo de Expediente Público revela que diez secretarios de Estado usan las cuentas oficiales de redes sociales para promover a la candidata oficialista, Rixi Moncada. 

** Estos funcionarios coordinan sus mensajes con supuestos medios de comunicación digitales, que amplifican la propaganda el partido oficialista. 

*** Analistas electorales dimensionan los riesgos de campañas de odio en un ambiente electoral polarizado.


Sharon Ardon / Expediente Público 

Desde su llegada al poder, el gabinete de la presidenta Xiomara Castro se ha caracterizado por la confrontación en las redes sociales. En las elecciones, esta práctica se ha agudizado. Funcionarios del gobierno usan las cuentas oficiales como herramienta de propaganda proselitista, práctica prohibida por la Ley Electoral de Honduras.  

Un monitoreo de Expediente Público revela que la mayoría de los ministros de Castro utilizan tanto las cuentas institucionales como los perfiles donde se identifican como titulares de secretarías de Estado para compartir propaganda de Rixi Moncada, candidata presidencial del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).  

Esos altos funcionarios también usan esas cuentas para atacar a líderes de la oposición, especialmente a Salvador Nasralla, presidenciable del Partido Liberal.  

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El análisis de Expediente Público también identificó campañas de desprestigio contra opositores coordinadas por supuestos medios de comunicación que amplifican las narrativas direccionadas por el partido oficialista. 

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Ministros hacen proselitismo

Expediente Público monitoreó las cuentas de los 19 titulares de las secretarías del Estado y concluyó en que al menos 10 mantienen actividad constante promoviendo la campaña oficialista, ya sea a través de publicaciones propias o mediante reposteos de publicaciones provenientes de cuentas afines al Partido Libre, como Político HN o Irreversible HN.  

El monitoreo reveló que estos son los funcionarios que más propaganda hacen desde sus cuentas oficiales: el vicecanciller Gerardo Torres; el ministro de Aduanas, Fausto Calix; el secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado; el de Finanzas, Cristian Duarte; y el de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina.  

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La mayoría de las publicaciones monitoreadas consisten en reposteos de videos, afiches y comunicados donde se exalta la figura de Moncada o se promueven sus movilizaciones políticas.  

“¿Y cómo están los ánimos para la marea roja mañana (en alusión a una concentración de Rixi Moncada)? Rixi Moncada es la próxima presidenta de Honduras”, posteó el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, el 29 de agosto.  

El director del Instituto de Migración, Wilson Paz, publicó el 30 de agosto: “Saluden a la próxima presidenta de Honduras. Rixi Ramona Moncada será la segunda mujer presidenta de la república”.  

“Con los y las compas, junto al pueblo, desde las calles y sin miedo, vamos a garantizar que haya elecciones sin trampas, de amenazas o boicots. Queremos democracia y queremos a Rixi de presidenta”. Este posteo del primero de septiembre es uno de los tantos mensajes proselitistas en la cuenta del vicecanciller Gerardo Torres.  

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La Ley prohíbe estas prácticas 

El artículo 233 de la Ley Electoral del 2021 establece que está prohibido para los funcionarios públicos “utilizar la autoridad, medios e influencias de sus cargos para favorecer a partidos políticos o candidatos”.  

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“Hay normativa vigente, pero lo que falta es institucionalidad que la aplique”, señaló el analista político Lester Ramírez a Expediente Público.  

La Ley establece que “los que contravengan las disposiciones están sujetas al pago de una multa equivalente a dos veces el salario mensual y en caso de reincidencia, con el doble de esta”. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) son las entidades encargadas de hacer cumplir esta normativa, pero hasta el momento ninguna ha sancionado públicamente a funcionarios por hacer proselitismo desde sus cuentas. 

Debilidad institucional 

Para Ramírez, la debilidad y la cooptación de las instituciones encargadas de impartir justicia hacen que estos comportamientos pasen desapercibidos o no se sancionen.  

“Estamos en una situación donde hay debilidad institucional producida por los mismos partidos políticos y cuando se quiere regular este tipo de comportamientos, la institucionalidad es muy inestable para poder aplicar la ley”, aseveró.  

De su lado, Denis Gómez, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, ahora CNE, manifestó a Expediente Público que estas prácticas en donde desde el oficialismo “se manejan campañas de desinformación y de odio son producto de la polarización que el país tiene”.  

Campaña de desprestigio 

El monitoreo de Expediente Público identificó una campaña de ataques coordinados desde supuestos medios de comunicación como La Pauta (LP), Espacio Consciente Honduras y Minota, los cuales tienen una línea que favorece al partido de gobierno y ataca a la oposición.  

Estas páginas, junto con cuentas de funcionarios públicos, mantienen una constante desacreditación y hostigamiento digital contra figuras de la oposición, especialmente el candidato presidencial Salvador Nasralla y el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien busca la reelección con el Partido Liberal.  

Al respecto, Nasralla declaró a Expediente Público que los ataques en su contra y “el uso ilegal de cuentas institucionales” para desprestigiarlo responden, según él, a la “enorme diferencia de votos” que asegura tener sobre los demás partidos, lo que lo convierte, aseguró, en el principal rival de Libre.  

Las cuentas que promueven la campaña oficialista publicaron un video de Nasralla junto a una niña, el cual fue sacado de contexto y viralizado, generando una ola de comentarios ofensivos.  

La situación escaló cuando el viceministro Gerardo Torres comparó públicamente al candidato hondureño con Jeffrey Epstein, el empresario estadounidense condenado por tráfico sexual de menores.  

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Pero esta práctica no solo se ve en el Poder Ejecutivo. En las últimas semanas, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha incrementado la cantidad de cadenas nacionales -financiadas también con recursos públicos- utilizadas no solo para justificar su gestión, sino para culpar y atacar a diputados de la oposición y resaltar los logros del gobierno de Castro.  

El impacto en las redes sociales 

El centro de pensamiento Expediente Abierto monitoreó la campaña electoral de Honduras en redes sociales entre 1 de agosto al 21 de septiembre y detectó que Rixi Moncada, fue la que más concentró menciones en X, con el 44% de los mensajes analizados.   

Entre las publicaciones que mencionaron a Moncada, el 78% reflejó opiniones favorables; mientras que el 15%, una postura neutral y solo el 7%, rechazo.   

Según el análisis de Expediente Abierto, este elevado nivel de aprobación estaría influenciado por la presencia de cuentas dedicadas a la propaganda, es decir, trolls.   

A esa campaña propagandística se suman las cuentas institucionales de los actuales ministros y demás funcionarios del gobierno. 

Riesgos de discursos de odio 

El analista Ramírez consideró que esta dinámica refleja la radicalización del oficialismo. “No se puede tener un debate donde haya un intercambio de ideas porque la realidad de ellos es la única que existe”, afirmó. 

“Cuando una persona está radicalizada todo es a la defensiva, pero no miden sus reacciones. Podemos ver en este momento que son discusiones en redes sociales, pero fácilmente esta discusión se puede trasladar a agresiones físicas, violencia en la calle, incluso a muertes”, advirtió Ramírez.  

En el caso de la niña del video viralizado, su madre contó a varios medios que la exposición provocó que su hija no quisiera salir ni para asistir a la escuela. Ella misma también fue atacada y desprestigiada por cuentas afines al partido de gobierno.  

Erosión de la confianza 

Este tipo de ataques no ocurre de manera aislada, advierten expertos. El periodista y fundador de Honduras Verifica, Mario Cerna, explicó a Expediente Público que el uso político de las redes sociales y la desinformación es un problema sistémico arraigado desde hace más de una década y sostenido desde el poder político. 

Según Cerna, existe una coordinación planificada para manipular la opinión pública mediante campañas digitales de descrédito, en las que se utilizan recursos estatales para financiar redes dedicadas a atacar a periodistas, opositores y organismos internacionales. 

Estas estrategias, de acuerdo con Cerna, son amplificadas con el uso de bots, trolls e inteligencia artificial, y tienen como objetivo erosionar la confianza pública, fomentar la autocensura y polarizar a la ciudadanía. 

“Hay una coordinación estratégica, planificada, de cara al próximo proceso electoral que, según mi apreciación, lo que se busca es generar el caos”, advirtió el periodista. 

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Intervenir moralmente 

En consecuencia, Cerna considera que los medios, la academia y la sociedad civil deberían dedicarse a identificar a quienes están detrás de las redes de desinformación y a medir el impacto en la población.  

De su lado, el exmagistrado Gómez sostuvo que el CNE debería intervenir al menos moralmente, con llamados de atención o sanciones públicas que desalienten este tipo de comportamientos.

“La impunidad ocasiones violaciones, todo esto deriva en violencia política”, puntualizó.