* El consorcio de Observadores Electorales por Honduras demanda a autoridades hacer cumplir la ley y garantizar las elecciones generales.
** En su informe preelectoral, la organización dimensiona las amenazas y riesgos del proceso electoral, y propone estándares mínimos de integridad.
*** El respeto a la fecha electoral, la garantía del voto libre y la no interferencia judicial están entre las exigencias no negociables.
Sharon Ardon / Expediente Público
A vísperas de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras, se percibe un ambiente cargado de incertidumbre, desconfianza institucional y narrativas de fraude y conspiración que buscan minar la participación ciudadana.
Sin embargo, frente a este panorama “con bastantes tropiezos” como lo definió Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados a Expediente Público, sectores de la sociedad civil coinciden en que solo la participación masiva de la ciudadanía puede proteger la democracia y transformar la incertidumbre en una “fiesta cívica”.
Representantes de la sociedad civil, con apoyo de organismos internacionales, se reunieron ayer (11 de noviembre) en Tegucigalpa para hacer el lanzamiento del consorcio de Observadores Electorales por Honduras (OEH25).
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Esta organización presentó un informe preelectoral en el que identifican las menazas y riesgos que rodean los próximos comicios, entre ellos, las presiones sobre los organismos electorales, los rezagos técnicos y administrativos, y el debilitamiento del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), entre otros.
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Riesgos y amenazas
El informe de la OEH25 fue presentado apenas unas horas después de que el Ministerio Público emitiera un requerimiento fiscal contra dos magistrados del TJE, acción que, según el consorcio, “constituye una amenaza a la integridad y credibilidad de las elecciones”.
Se trata de los magistrados Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona acusados de cometer el delito de prevaricato judicial, “al emitir resoluciones contrarias a la ley y ordenar la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados”.
Al respecto, Solórzano señaló a Expediente Público que el Ministerio Público “debería gozar de la confianza de todos, pero ante el panorama y el uso que se le está dando pareciera más bien herramienta de instrumentalización partidaria”.
Conflicto en ascenso
Para el politólogo Dany Díaz, la conflictividad política ha incrementado y esto se refleja en la forma en que los actores han dejado de comunicarse con la ciudadanía.
“Cuando un conflicto está en ascenso, la confianza baja, la comunicación se deteriora y ya las discusiones no se centran en el problema, sino que se centran en el atacar al otro”, manifestó a Expediente Público.
Díaz añadió que la polarización que vive el país se manifiesta cuando se percibe al adversario político como un enemigo, lo que eleva los riesgos de violencia.
“Me preocupa el potencial de violencia política y lo que más me interesa es que desactivemos los factores de riesgo que nos pueden llevar a la violencia política”, puntualizó el politólogo.
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Incertidumbre
Expertos consultados por Expediente Público advirtieron que esa polarización y las narrativas de fraude, amplificadas desde las mismas autoridades partidarias, buscan sembrar desconfianza y temor entre la población para desincentivar la participación.
“Ha habido muchos discursos que ponen en duda el proceso. Eso no es sano. No sé con qué intención, pero se están generado mensajes de incertidumbre, de temor”, lamentó Wilfredo Cervantes, director ejecutivo de Cáritas de Honduras.
A pesar de ello, Cervantes considera que “las elecciones siguen siendo una esperanza para el pueblo”. “Tenemos todavía tiempo para reconstruir el proceso. La participación ciudadana es vital y debemos convertir esta incertidumbre en una fiesta cívica”, añadió.
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La importancia del voto
“Todo lo que está pasando es combustible para que la población salga a votar el 30 de noviembre”, coincidió Solórzano, recordando que quien salvó el proceso electoral primario del 9 de marzo pasado fue la ciudadanía saliendo a votar masivamente.
Los especialistas consideran imperativa la participación ciudadana para contrarrestar escenarios negativos.
El informe de OEH25 alerta que el fracaso de los comicios podría “llevar a Honduras a enfrentar una crisis electoral similar a la de 2017”, cuando se denunció fraude electoral, lo cual desató protestas masivas y represión militar.
“El escenario más probable es que haya un partido que no reconozca el triunfo y que genere violencia. ¿Cómo vamos a contrarrestar esto? Aquí lo más importante es el voto”, dijo a Expediente Público Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Para el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, el pastor Gerardo Díaz, el escenario más temible es que se violente la Constitución si un partido intentara quedarse con el poder por la fuerza.
“El pueblo está confiado en Dios, pero también debe salir masivamente a votar y cuidar su voto”, expresó Díaz a Expediente Público.
Pidió a los hondureños “elegir con sabiduría, sin fanatismos partidarios”, y exhortó a los líderes políticos a ser prudentes y evitar narrativas que infundan temor o lleven a la confrontación.
Transición democrática
El OEH25 remarcó en su reporte que es responsabilidad de los organismos electorales, así como del sistema institucional, garantizar la celebración de los comicios.
“No existe otra vía legítima para asegurar la sucesión constitucional del poder”, señala el informe.
La Secretaría General de la Organizaciones de los Estados Americanos (OEA) emitió ayer (11 de noviembre) un comunicado en el que, además de expresar su preocupación por la situación electoral en Honduras, exhortó a las autoridades a realizar su labor técnica de conformidad con la ley.
“La Secretaría General llama a todos los actores a respetar el marco institucional y contribuir a la celebración de las elecciones generales en la fecha establecida y en las mejores condiciones posibles”, resaltó la declaración la OEA.
Mario Palma, coordinador de investigaciones económicas del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), también instó a las instituciones “a hacer valer la ley y desarrollar un proceso democrático que el pueblo merece y necesita”.
“El llamado que se hace a la clase política del país es para que logren acuerdos, para que hagan valer, prevalecer el imperio de la ley, en lo que corresponde al proceso democrático”, subrayó Palma.
Líneas rojas innegociables
El informe del OEH25 además propuso estándares mínimos o “líneas rojas innegociables” para preservar los comicios.
El respeto a la fecha electoral, la garantía del voto libre, la no interferencia judicial, la resolución imparcial de controversias y la transparencia en cada etapa son los estándares mínimos solicitados por el consorcio.
Eduardo Núñez, director del Instituto Nacional Demócrata (NDI) en Guatemala, observó a Expediente Público que todavía existe la capacidad para desescalar tensiones y garantizar que la jornada electoral se desarrolle en tiempo y forma.
Asimismo, el experto del NDI ve con buenos ojos la conformación del consorcio de observadores.
“Ese tipo de planteamiento representativo de distintas visiones de la sociedad civil le da una legitimidad muy grande porque implica un esfuerzo de diálogo que siempre ayuda en contextos de polarización”, expresó Núñez.
Propósito de la OEH25
El OEH25 realizará observación electoral con base en la metodología validada a nivel internacional denominada Verificación de Procesos y Resultados para la Transparencia (PRVT, por sus siglas en ingles).
Ese ejercicio permitirá una verificación independiente y basada en evidencia de las condiciones objetivas y del grado de certeza del proceso electoral.
Carlos Hernández explicó que “es un proceso técnico y objetivo que se ha realizado en más de 150 procesos electorales en más de 30 países a nivel global y mediante una metodología científica. Esto permite este dar resultados confiables”
Para lograrlo, el OEH25 desplegará más de 10 mil observadores electorales no partidistas e independientes de manera aleatoria en todo el país.
