* Ha sido diputado en tres periodos legislativos y fue gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
** El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señaló que durante su gestión en la ENP se cometieron irregularidades en contrataciones, por US$ 828 mil.
*** Su constructora Prodecon obtuvo millonarios contratos durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro.
Expediente Público
El Parlamento Centroamericano (Parlacen) se ha convertido en uno de los refugios más frecuentes para políticos hondureños acusados por presuntos actos ilícitos. A esta lista podría sumarse el nacionalista José Gámez Panchamé, quien por años ha guardado silencio frente a las denuncias de supuesta corrupción en su contra.
A sus 70 años, José Gámez pertenece a la vieja guardia del Partido Nacional. Originario de El Progreso, departamento de Yoro, inició su carrera legislativa en 2002 como diputado suplente de Melvin Ferraro Laínez, un médico cirujano que, en las pasadas elecciones primarias, participó como designado presidencial en la fórmula del precandidato nacionalista Roberto Martínez Lozano.
En 2006, Gámez Panchamé asumió como diputado propietario en un periodo legislativo que quedaría marcado por el golpe de Estado de 2009. Desde el hemiciclo, fue uno de los 83 congresistas (de un total de 128) que votaron a favor de destituir al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.
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Cuatro años después, se desempeñó como subcoordinador regional de Cortés de la campaña del expresidente Porfirio Lobo Sosa, asegurando además su reelección como diputado. Durante ese período fue acompañado por su suplente, Maynor Pinto Valle, quien, tras ocupar la gerencia de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) entre 2010 y 2011, fue condenado en 2020 a cuatro años de prisión por delitos de corrupción.
En su tercer periodo en el Congreso también lo acompañó su hermano, Roberto Gámez Panchamé, diputado propietario por el departamento de Yoro, quien llevaba como suplente a Roberto Hawit Medrano, hermano de Emil Hawit. Este último, reconocido empresario y exdirector de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), autorizó en 2014 seis contratos fotovoltaicos a empresas supuestamente ligadas al cartel de «Los Cachiros», según investigaciones periodísticas.
Su paso por el ENP
En 2012, tras varias denuncias por corrupción, el presidente Porfirio Lobo Sosa destituyó de su cargo al diputado Maynor Pinto (suplente de Gámez Panchamé en el Congreso) de la gerencia del ENP. En su lugar, nombró precisamente a Gámez Panchamé, quien ocupó el puesto entre 2012 y 2014.
Como gerente del ENP, Gámez Panchamé debía garantizar el funcionamiento de los puertos y reforzar la seguridad en sus operaciones, históricamente afectadas por actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico.
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Durante su gestión, marcada por la privatización de los servicios portuarios, su nombre apareció en investigaciones periodísticas que lo vincularon con la aprobación presuntamente irregular de más de 120 millones de lempiras (US$ 4,8 millones) en pagos por horas extras dentro de las planillas de la institución. Estas acusaciones no fueron investigadas por la Fiscalía.
En 2014, volvió a aparecer en los medios, vinculado a una presunta trama de corrupción por la contratación irregular de obras en cuatro puertos del país. Según investigaciones periodísticas, durante su gestión desembolsó 20,7 millones de lempiras (US$ 828 mil) en procesos aparentemente marcados por múltiples anomalías.
Cinco años más tarde, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una organización civil, concluyó que su administración incurrió en «una serie de irregularidades en los procesos de contratación para el desarrollo de proyectos menores, en desobediencia a los procedimientos que establece la Ley de Contratación del Estado».
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Beneficiado por los Hernández y los Zelaya
A pesar de los señalamientos, Gámez Panchamé nunca fue citado por el Ministerio Público. Sin embargo, en 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó a la fiscalía hondureña información que lo comprometía.
El requerimiento era sobre empresas y contratos vinculados a Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández.
«Tony» fue arrestado en 2018 y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2021, por sus vínculos con el narcotráfico. Mientras que el exmandatario fue sentenciado en ese mismo país a 45 años de prisión también por narcotráfico, en 2024.
Entre los datos solicitados por el Departamento de Justicia se encontraba información de una empresa mencionada en los teléfonos incautados a «Tony». Se trataba de Profesionales de la Construcción S.A. de C.V. (Prodecon), cuyo propietario y gerente ha sido José Gámez. La compañía fue fundada por su familia en 1979.
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Durante la gestión del expresidente Hernández (2014-2022), Prodecon obtuvo 21 contratos para la construcción de obras viales, por un total de 812 millones de lempiras (US$ 33 millones) en esos siete años. Tras la salida de Hernández, continuó recibiendo contratos estatales.
Durante los primeros tres años del gobierno de Xiomara Castro, Prodecon recibió 400 millones de lempiras (US$ 16 millones) para reparar y construir carreteras. Incluso durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), había firmado un contrato por 295 millones de lempiras (US$ 12 millones).
La investigación solicitada por Estados Unidos nunca avanzó y la empresa sigue siendo uno de los principales proveedores del Estado hondureño.
De los señalamientos al Parlacen
Como miembro del Partido Nacional, Gámez Panchamé formó parte de las corrientes de Miguel Pastor, exalcalde del Distrito Central (2002-2006) y extitular de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) entre 2010 y 2014, acusado en el caso «Narcopolítica» por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Gámez Panchamé también está relacionado con el empresario Gerardo Arcángel Meraz, con quien constituyó en 2012 la empresa Terminales de Latinoamérica (Terlatin). Meraz era una figura cercana a la familia del exmandatario Hernández.
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Según investigaciones del medio argentino Infobae, Meraz habría sido uno de los principales testaferros de la familia presidencial. Socio de Gámez Panchamé en la compañía Terlatin, fundó en 2004 una empresa de seguridad con Amílcar Hernández (hermano mayor de Juan Orlando Hernández), procesado actualmente en Honduras por los delitos de lavados de activos y desfalco.
La defensora ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, también denunció que la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA), de la que Gámez Panchamé es socio principal, se había beneficiado de actos de corrupción para obtener permisos de operación en territorios indígenas protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A pesar de estos señalamientos, Gámez Panchamé podría recalar en el Parlacen, donde gozaría de una inmunidad parlamentaria, protegiéndolo frente a procesos penales, civiles y administrativos relacionados con su gestión política.
