* La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, impulsa 13 solicitudes de antejuicio contra el presidente Arévalo.
** El Ejecutivo desdeña esas acusaciones afirmando que son “una estrategia de distracción”.
*** Porras no impulsó procesos contra el expresidente Alejandro Giammattei. Esto abrió el debate sobre el uso de la justicia como herramienta política.
Marysabel Aldana / Expediente Público
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, atraviesa uno de los momentos más críticos desde que asumió el poder. El Ministerio Público (MP) ha planteado trece solicitudes de antejuicio en su contra, desde agosto de 2023 hasta la fecha. Los señalamientos van desde supuestos delitos electorales hasta presunto abuso de autoridad.
La relación entre el MP y Arévalo ha sido tensa desde antes de su posesión. La confrontación escaló el año pasado cuando el mandatario anunció su intención de destituir a Porras, argumentando falta de independencia. La jefa del MP se amparó en resoluciones judiciales y el apoyo de sectores conservadores para mantener el cargo.
Por el momento, todas las solicitudes de antejuicio contra Arévalo se encuentran en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados aún no han resuelto si dar paso a los procesos. De ser así, el Congreso Nacional deberá debatir si se retira la inmunidad al mandatario.
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Enfrentamiento Porras y Arévalo
La respuesta del Ejecutivo ha sido mesurada. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, aseguró a Expediente Público que el mandatario “no se va a estar prestando a juegos de dimes y diretes”, en referencia a las denuncias.
“Estamos hablando de una estrategia de distracción que busca frenar los avances en materia de transparencia y de fortalecimiento instituciona. El presidente seguirá enfocado en gobernar”, añadió Palomo.
De su parte, el MP ha defendido su actuación, argumentando que responde estrictamente a su mandato constitucional de investigar posibles hechos delictivos sin importar el cargo o la figura involucrada. Sostiene que su labor no es política, sino legal.
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Los 13 procesos contra Arévalo
Los expedientes abarcan temas de distinta índole. Estas son las solicitudes de antejuicio contra el mandatario.
El MP hizo su primera solicitud de antejuicio en agosto de 2023 por supuestas firmas ilegales en la creación del partido Movimiento Semilla.
Ese mismo mes, hizo una segunda solicitud por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral.
En octubre de 2023, llegó la tercera acusación. El Ministerio Público lo señaló de haber motivado los bloqueos nacionales, que duraron más de 30 días, donde los pueblos indígenas pedían que se respetarán los resultados de los comicios.
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En enero de 2024, el Ministerio Público planteó la cuarta solicitud por presunta ilegalidad en la toma de posesión.
Destrucción del partido Semilla
Un mes después, la Fiscalía presentó la quinta por supuesto lavado de dinero relacionado con recursos de Semilla.
En marzo de 2024, se dio la sexta solicitud por la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en 2022, que le sirvió a Arévalo como “trampolín político” para promover su candidatura.
Un mes después, el Ministerio Público planteó la séptima solicitud por presunto abuso de autoridad, pues Arévalo había mencionado que se debería sancionar al juez Freddy Orellana por sus resoluciones con el caso Semilla.
En junio del mismo año, el MP reaccionó con una nueva acusación, pues Arévalo había enviado una carta al Congreso para destituir a la fiscal general.
En agosto, el MP vinculó al mandatorio en el caso “Mecanismos de Corrupción Micivi”, por contratos del gobierno supuestamente otorgados a financistas de Semilla.
En junio de 2025, llegó la décima solicitud que señaló a Arévalo por el mal estado de las carreteras del país.
Y en octubre, la Fiscalía impulsó tres más por la fuga de 20 reos, el robo de armas en un destacamento militar y por el caso “UNOPS”, por la compra de medicamentos, en el cual también está involucrado un hermano del Presidente.
Aunque varias de estas denuncias han sido promovidas por particulares y no todas han sido admitidas por los tribunales, el cúmulo de señalamientos ha generado preocupación entre analistas y sectores políticos sobre la estabilidad institucional del país.
Contraste con gobiernos anteriores
En contraste, durante la administración de Alejandro Giammattei (2020–2024), el MP no impulsó ninguna solicitud de antejuicio en su contra.
En cambio, el expresidente Jimmy Morales (2016–2020) enfrentó investigaciones por financiamiento electoral ilícito del partido FCN-Nación, además de casos que involucraron a familiares y allegados.
Estos procesos fueron promovidos por la entonces fiscal general Thelma Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por Iván Velásquez, actualmente ministro de Defensa de Colombia.
Esto ha reavivado el debate sobre la independencia de las instituciones de justicia y el uso político del antejuicio como herramienta de presión.
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El papel del Ministerio Público
El MP ha reiterado que las solicitudes de antejuicio contra Arévalo forman parte de un proceso jurídico ordinario y no de una ofensiva política. La institución asegura que cada requerimiento se sustenta en indicios recopilados por distintas fiscalías, las cuales, según su versión, actuaron de manera independiente y conforme a la ley.
Para el MP, permitir que los jueces analicen estos casos es esencial para garantizar la transparencia y el control de la función pública, incluso cuando se trata del jefe de Estado.
El penalista Julio Orellana apuntó que la Fiscalía “parece más activa cuando se trata de actores políticos que cuestionan su legitimidad”.
“Durante el gobierno de Giammattei, hubo denuncias de corrupción documentadas por medios y organizaciones civiles, pero pocas acciones del MP. En cambio, con Arévalo, se presentan múltiples solicitudes en meses. Esa disparidad levanta sospechas”, señaló.
Gobierno: “El presidente no se distraerá”
La situación plantea un dilema para el gobierno: defenderse judicialmente sin que el tema consuma su gestión.
La Casa Presidencial insiste en que el presidente no responderá con confrontación, y que su gabinete se mantendrá enfocado en los temas económicos y sociales.
“El presidente no se va a prestar a un espectáculo político. Tiene claro que hay intereses que buscan distraerlo, pero su enfoque sigue siendo cumplir con su mandato constitucional”, afirmó el secretario Santiago Polomo.
Insistió en que el Ejecutivo mantendrá una postura de respeto hacia los procesos judiciales, pero también exigirá objetividad y transparencia.
“Lo importante es que las instituciones actúen con apego a la ley, no por presiones o cálculos políticos”, añadió.
Impacto político inevitable
Carlos Menéndez, analista político y profesor universitario, considera que el volumen de denuncias genera un “efecto de desgaste inevitable” para el gobierno.
“Aunque la mayoría de estos antejuicios carezcan de sustento sólido, la percepción pública es clave. Un presidente que aparece constantemente vinculado a denuncias enfrenta una erosión de confianza, incluso si las causas no prosperan (…) Arévalo deberá demostrar que su liderazgo no depende de la percepción, sino de los resultados”, afirmó a Expediente Público.
Por su parte, la abogada constitucionalista Marta Rodríguez subrayó que el antejuicio es una figura constitucional válida, pero su abuso puede debilitar la institucionalidad.
“El antejuicio no fue diseñado para perseguir políticamente a funcionarios electos, sino para garantizar que no haya impunidad. Cuando se utiliza de forma reiterada y con motivaciones políticas, se corre el riesgo de convertirlo en un instrumento de acoso”, manifestó a Expediente Público.
El investigador en temas de transparencia, Luis Paredes, coincidió en que el Ministerio Público debe justificar cada acción con evidencia verificable.
“La ciudadanía no necesita más ruido político; necesita claridad. Si hay delitos, deben probarse. Si no, el MP debería rendir cuentas sobre el uso de su tiempo y recursos en causas que no tienen sustento”, comentó a Expediente Público.
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Un pulso entre justicia y política
Para la politóloga Andrea Castillo, los antejuicios contra Arévalo se enmarcan en una disputa más amplia por el control institucional.
“Este no es solo un caso judicial. Es una batalla por el poder. El MP y el Ejecutivo representan visiones enfrentadas del país: una que busca mantener el statu quo (la del MP) y otra que promueve reformas (la del Ejecutivo). Esa tensión explica la cantidad de denuncias”, aseguró a Expediente Público.
Castillo advirtió que el presidente debe responder con serenidad, pero también con estrategia política: “Si Arévalo se limita a negar los señalamientos, perderá la iniciativa. Debe explicar a la población qué hay detrás de cada caso y cómo su gobierno se diferencia de las prácticas del pasado”.
De su parte, el jurista Ricardo Estrada, afirmó a Expediente Público que la acumulación de antejuicios no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también diplomáticas.
“A nivel internacional, Guatemala proyecta la imagen de un Estado en pugna interna. Eso afecta la cooperación, las inversiones y la confianza de los organismos multilaterales. Si el presidente logra enfrentar este proceso con transparencia, podría revertir el daño”, opinó.
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Perspectivas y posibles escenarios
Los expertos consultados coinciden en que el desenlace dependerá del tratamiento que los tribunales den a las solicitudes de antejuicio. Si los jueces encuentran mérito en alguna de ellas, el Congreso deberá decidir si se le retira la inmunidad al mandatario, un proceso que podría tensionar aún más el ambiente político.
“El Congreso, dominado por fuerzas tradicionales, podría usar esa prerrogativa como arma política. La gobernabilidad de Arévalo depende, en buena medida, de su capacidad para construir alianzas institucionales”, explicó la politóloga Castillo.
Otros analistas, en cambio, creen que los procesos no pasarán del ruido mediático.
“Históricamente, las solicitudes de antejuicio contra presidentes en Guatemala rara vez prosperan. Lo que sí generan es desgaste. En este caso, la estrategia del gobierno de no responder con ataques podría ser la más inteligente”, señaló Estrada.
