*Las actuaciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, muestran su cercanía con la presidenta Xiomara Castro.
***Entrevistados coinciden que este alineamiento de las Fuerzas Armadas al poder Ejecutivo es un riesgo a la democracia.
**La cooptación política de las instituciones respondería a una estrategia del oficialismo por perpetuarse en el poder.
Sharon Ardon / Expediente Público
Las actuaciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, han sembrado dudas. Su reiterado respaldo a los proyectos del partido de gobierno ha encendido las alarmas de una posible politización de la institución castrense, un punto sensible en medio de las elecciones que se avecinan.
Analistas consultados por Expediente Público advierten que la conducta del general Hernández podría ser signo de una estrategia desplegada por el oficialista Libertad y Refundación (Libre) para cooptar instituciones del Estado con el fin de perpetuarse en el poder.
Parte de esas maniobras serían los próximos ascensos de las Fuerzas Armadas. Además, el nombramiento de un familiar de Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara Castro, en la cúpula militar; así como la reciente designación de viáticos a favor de los uniformados.
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De su parte, el general Hernández no solo ha hecho declaraciones políticas y homenajeado a la candidata presidencial del oficialismo, Rixi Moncada. También ha tendido puentes con Venezuela y Nicaragua, regímenes aliados a la presidenta Castro.
“Dentro de ese lobby que se está generando en el país, las Fuerzas Armadas son un actor relevante e importante, para lograr cumplir esos lineamientos o esos factores necesarios para perpetuarse en el poder”, señaló Nelson Castañeda, experto en seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
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Lineamiento de la cúpula militar
Las señales de acercamiento entre la cúpula militar y el oficialismo ya se advirtieron desde la transición del alto mando, en diciembre del 2023.
Ese mes, terminó la gestión del vicealmirante José Jorge Fortín como jefe del Estado Mayor Conjunto (2021-2023). La presidenta Castro lo designó como subsecretario de Defensa, meses después, y ahora funge como secretario del sistema de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
Con la salida del alto mando, Castro nombró a un pariente y un amigo al frente de las Fuerzas Armadas. Fue el caso del comandante de la Fuerza Aérea, Guillermo Augusto Rosales, cuñado de Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya.
Otra designación que generó suspicacias fue la de Austacil Tomé, hermano de uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, Rasel Tomé, como comandante de la Fuerza Naval.
La sucesión del jefe del Estado Mayor Conjunto fue ocupada por el general Hernández. Todas estas designaciones finalizarán en diciembre próximo.
“(Hernández) en reiteradas ocasiones ha dejado entrever el nivel de cercanía y disposición a las instrucciones que se emanan desde el poder ejecutivo.”, percibió el experto de la ASJ a Expediente Público.
De su lado, el general en condición de retiro Luis Maldonado explicó que, aunque no considera que toda la institución esté cooptada, sí observa politización en los niveles más altos del mando, incluyendo la junta de comandantes y el Estado Mayor Conjunto.
“Podemos decir que hay una especie de lineamiento político militar tanto por acciones desde el gobierno central como de quien dirige a las Fuerzas Armadas debido a la reiterada manifestación de expresiones que tienen connotación política”, resaltó Maldonado a Expediente Público.
Declaraciones con tinte político
El general Hernández ha emitido declaraciones con tono político en toda su gestión, respaldando los proyectos del partido de gobierno.
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Hernández apoyó la iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria impulsada por Libre, que se encuentra en discusión en el Congreso Nacional, y que busca eliminar las exoneraciones de impuestos a grandes empresas.
El mes pasado, Hernández alentó las exoneraciones fiscales que, según él, benefician a “un grupo reducido de diez familias” y catalogó a la oligarquía como la enemiga de la democracia.
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Respaldo a la Constituyente
El mismo mes, también protagonizó una controversia al declararse a favor de una Asamblea Nacional Constituyente, uno de los proyectos más recalcitrantes del oficialismo que no ha podido concretarse por falta de apoyo popular.
Al respecto, afirmó; “Todo lo que sea para salvaguardar la vida de los ciudadanos hondureños y sus bienes, y que tenga ese ambiente de prosperidad”.
Para el general en retiro Luis Maldonado, la confianza en la institución castrense se erosiona “por esa inclinación de adhesión a un proyecto político partidario”.
Añadió que ese proyecto de Libre pone en riesgo a la democracia porque busca “refundar una nueva entidad del Estado con orientación socialista”, modelos que caracterizan a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Riesgos para la democracia
Maldonado recordó que la Constituyente en Nicaragua derivó en la reelección indefinida. Si el jefe de las Fuerzas Armadas respalda esas pretensiones, “el riesgo de la democracia es altísimo”, manifestó.
Evan Ellis, profesor de estudios latinoamericanos del Instituto de Estudios Estratégicos (SSI) del Army War College de Estados Unidos, coincidió con ese criterio.
Afirmó a Expediente Público que, cuando las Fuerzas Armadas están politizadas y funcionan como una plataforma a favor de un partido político u gobierno, y no del país, esto representa “un problema de fondo para la democracia”.
Fuerzas Armadas, un instrumento político
En junio del 2025, el general Hernández declaró que la institución castrense “es un instrumento de poder”.
Argumentó que “es el poder político el que comanda a las FF. AA y las decisiones que ellos tomen emplearán esta institución para los fines políticos que ellos tengan”.
Citó al artículo 272 de la Carta Magna que establece que las Fuerzas Armadas son una institución subordinada, obediente y no deliberante.
Sin embargo, no deliberante implica que no pueden emitir opiniones políticas, participar en debates públicos sobre temas de gobierno ni tomar decisiones fuera de sus funciones operativas.
Lazos con Venezuela y Nicaragua
Las controversias del general Hernández no se limitan al ámbito interno.
Su visita a Venezuela, en agosto de 2024, junto con el entonces ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, desató críticas de la Embajada de Estados Unidos, que calificó como “sorprendente” ver al jefe militar hondureño reunido con Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, ambos acusados por Washington de narcotráfico.
Al respeto, el comisionado en condición de retiro César Somoza señaló a Expediente Público que la organización política de la presidenta Xiomara Castro se define como de “socialismo democrático” y que, sin embargo, tiene afinidad con “democracias autocráticas” como las de Nicaragua y Venezuela.
Y agregó: “si la presidenta le dice (al general Hernández) que vaya a una reunión en representación del Estado de Honduras a Rusia, Venezuela, China tiene que ir, porque le están dando una orden que está contemplada dentro de las responsabilidades y los deberes que él tiene”.
Tres meses después, en octubre del 2024, Hernández fue condecorado por el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, un militar sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por su rol en la represión del régimen Ortega-Murillo.
A juicio de Somoza, esos actos, como las visitas o reconocimientos, no constituyen una violación a sus deberes legales. “Recibir una condecoración es un mérito personal, no institucional”, subrayó.
Además, aseveró que cualquier funcionario que pretenda politizar una institución está infringiendo leyes, lo cual acarrea responsabilidad. “El que se atreve a hacer eso no creo que le vaya bien”, acotó Somoza.
Reconocimiento militar a Rixi Moncada
El general Hernández entregó, en mayo pasado, un reconocimiento militar a la entonces ministra de la Secretaría de Defensa, Rixi Moncada –y a su vez candidata presidencial por el oficialismo – en el que destacaba su “lealtad a la patria”.
Un mes después, el 28 de junio, durante la conmemoración del golpe de Estado de 2009, el canal oficial de las Fuerzas Armadas por primera vez le dio transmisión a la marcha organizada por el partido Libre, brindando una amplia cobertura a un evento de carácter político-partidario.
Creación de viáticos para militares
Por otro lado, el gobierno reglamentó en julio de 2025 el pago de viáticos para los miembros de las Fuerzas Armadas, un beneficio que no existía, con montos que van desde 4 mil lempiras (US$ 151) para tropas y suboficiales hasta 33 mil lempiras (US$ 1,249) para los altos mandos.
La disposición también contempla que los montos podrán ser ajustados periódicamente conforme a la devaluación del lempira y las condiciones económicas del país.
Cercanía con Luis Redondo
La relación entre las Fuerzas Armadas y el Poder Legislativo también ha evidenciado gestos de cercanía institucional.
En al menos tres ocasiones, el general Hernández, en representación de la institución castrense, ha entregado al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reconocimientos que incluyen un busto del general Francisco Morazán entregado el 12 de octubre del 2024 durante una ceremonia de ascensos.
El 13 de enero pasado, la Junta de comandantes de las FF. AA entregó un retrato en pintura enmarcado de Redondo.
Y hace un mes, el 10 de octubre, en el marco del Día de las Fuerzas Armadas, el general Hernández le otorgó a Redondo un pergamino de reconocimiento, en el que destaca su compromiso y responsabilidad al frente del Legislativo.
Ascensos políticos a la vista
Otro tema de preocupación es el conflicto interno en el Congreso Nacional. Redondo estableció una Comisión Permanente, mientras diputados de la oposición celebran sesiones extraordinarias fuera del hemiciclo legislativo, en una iglesia evangélica de Tegucigalpa.
Para algunos analistas, es probable que esa Comisión apruebe ascensos de las Fuerzas Armadas antes de la fecha reglamentaria, el próximo 21 de diciembre, para pagar favores políticos.
No obstante, tanto el artículo 205 de la Carta Magna como el artículo 226 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas establecen que los ascensos deben ser otorgados por el Congreso Nacional, a propuesta de la presidenta Castro.
Es decir que la Comisión Permanente no tiene atribuciones legales para realizar los ascensos. De hecho, el artículo 208 de la Constitución, que establece sus funciones, no incluye esa potestad.
El general en condición de retiro Isaías Barahona advirtió a Expediente Público que un ascenso en las Fuerzas Armadas es un acto “meramente profesional”, pero cuando “su otorgamiento está contaminado de otros factores, como amistades, o política en este caso, el ascenso ya deja de ser profesional y más bien es dañino, causando una afectación a la calidad del liderazgo militar”.
“Aprobarlos causará, en caso de hacerlo, una afectación a la disciplina, al liderazgo y al profesionalismo de la institución”, señaló.
