* Representantes de la sociedad civil de Honduras alertan en Washington que, de consumarse las amenazas contra las elecciones del domingo, sus efectos tendrían repercusiones más allá del país centroamericano.
** La fragilidad institucional, el riesgo de interferencia militar, la infiltración del crimen organizado en las campañas y los intentos del oficialismo de forzar los resultados socavan la confianza.
** El resultado del proceso electoral hondureño tendría implicaciones en la seguridad, la migración, la estabilidad regional y la influencia geopolítica.
Expediente Público / WASHINGTON
El resultado de las elecciones generales de Honduras del próximo domingo, 30 de noviembre, definirá el futuro político del país centroamericano y marcará un punto de inflexión para los intereses estratégicos de Estados Unidos en Centroamérica, según advierten representantes de la sociedad civil que arreciaron una campaña de llamada de atención en Washington.
A escasos diez días de las elecciones para Presidente de la República, Congreso Nacional y concejos municipales, representantes de organizaciones hondureñas visitaron Washington y alertaron sobre la fragilidad que empaña el cierre del proceso electoral.
Advirtieron que los comicios están plagados de irregularidades y un ambiente polarizado, así como de tentativas de las Fuerzas Armadas por interferir en el escrutinio electoral.
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Asimismo, señalaron que hay intentos de desestabilización a través de causas judiciales y amenazas a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Incluso la candidata oficialista, Rixi Moncada, advirtió que se declararía triunfadora al mediodía de la jornada electoral, antes de la publicación oficial de resultados.
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Voltear a ver elecciones en Honduras
Algunos representantes de sociedad civil expresaron a Expediente Público que aún es tiempo de que Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional preste más atención a Honduras, dada la trascendencia de las elecciones.
La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Vilma Morales, explicó que la presencia de la delegación en la capital estadounidense respondía a un ejercicio de “diplomacia preventiva”.
Agregó que las rondas de reuniones se enfocaron en llamar la atención de los actores clave que puedan influir en la preservación del Estado de derecho en Honduras.
“Estar en Washington es un poco trasladar el conocimiento de la situación real que vive el país. Sabemos que el mundo está complicado, pero Honduras merece atención”, apuntó la exmagistrada.
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Coincidió con sus colegas en que se necesita del acompañamiento internacional para garantizar un proceso electoral pacífico, transparente y libre de injerencias.
Crimen organizado, tema latente
Honduras llama la atención en titulares de la prensa internacional por las migraciones forzadas, la violencia, la pobreza y por la penetración del crimen organizado en el Estado.
El Banco Mundial, en Washington, considera que, pese a un modesto crecimiento económico, persisten disparidades de género y geográficas, además de desafíos en gobernanza, estado de derecho y combate a la pobreza en ese país, de acuerdo con su informe del panorama del país publicado el mes pasado.
El informe 2025 del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Honduras y el clima de inversión destacó que el país “mantiene varias ventajas competitivas que la harían atractiva para una mayor inversión privada nacional e internacional”, pero que la ahuyentan la corrupción y el crimen organizado.
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Unas 200 empresas estadounidenses están afincadas en ese país centroamericano, entre estas, compañías del sector automotriz que ven potable ampliar inversiones.
La inquietante accionar militar
Juan Carlos Aguilar, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) explicó a Expediente Público que, sumado al ambiente ya tenso de polarización en el país, en los últimos días aumentó la incertidumbre ante los inquietantes movimientos de las Fuerzas Armadas por involucrarse en el proceso electoral.
Esto no había ocurrido en muchos años. En las elecciones más recientes se habían acoplado a su rol constitucional, de apoyar sólo de manera logística al CNE.
La institución castrense jugó un rol clave en 2009 durante el derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya. Después, su participación política se atenuó, pero estos días el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Roosevelt Hernández, ha dado declaraciones públicas que inquietan a la ciudadanía, afirmó Aguilar.
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“Han solicitado en algún momento copia de las actas, algo que ya se extralimita a las funciones constitucionales que se establecen. (Esto es) un distanciamiento, pero a la vez, un enfrentamiento directo con la autoridad electoral, no haciendo consonancia a lo que establece la Constitución”, explicó Aguilar.
Las acciones más recientes de la Fuerza Armada contra el proceso electoral se concretaron justo cuando la comitiva de las organizaciones civiles estaba en la capital estadounidense. Los militares rechazaron “prestar una de las bases militares para estacionar los vehículos que servirán para la movilización del material electoral”, alertó Aguilar.
EE.UU. observante
El papel de los militares en el proceso despertó suspicacias en el Congreso de Estados Unidos, que celebró una audiencia especial el 20 de noviembre para revisar la situación de Honduras en el marco de las elecciones.
La congresista María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental en la Cámara Baja, hizo un llamado contundente a las Fuerzas Armadas y otras instituciones involucradas en las elecciones y dijo que Estados Unidos estará siguiendo al detalle el proceso.
“Este comité está enviando un mensaje contundente y claro a las Fuerzas Armadas, respaldado por el Departamento de Estado y por la administración del presidente Donald Trump, que Honduras tiene que celebrar elecciones libres, justas y transparentes (…) EE. UU. tiene puestos sus ojos este 30 de noviembre en Honduras”, dijo.
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¿Influencia debilitada?
El analista Enrique Roig, de Human Rights First, con amplia experiencia diplomática en Centroamérica, comentó a Expediente Público que Estados Unidos “pudo haber hecho más” para vigilar el proceso electoral en Honduras, por lo que las acciones de última hora parecen tardías.
Explicó que, en momentos como estos, es cuando se puede medir el impacto del desmantelamiento de instituciones como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para seguir de cerca estos procesos y hacer incidencia desde adentro.
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Además, según Roig, el gobierno de Honduras tiene claro que Estados Unidos hoy por hoy está concentrado más en el tema migratorio, y que los otros asuntos de la región están rezagados a un segundo plano.
“El gobierno de la presidenta Xiomara Castro sabe que los intereses de la administración del presidente Donald Trump son básicamente en el tema de migración. Ellos están dispuestos a aceptar muchos vuelos con deportados”, apuntó.
Un contexto político y social polarizado
Para la exfiscal de derechos humanos, Sandra Ponce, Honduras no ha logrado recuperarse de la crisis institucional desde 2009. Afirmó a Expediente Púbico que el problema es que en el país “se arreglan las cosas, pero no se solucionan los problemas”.
Agregó que a eso se suman las sucesivas violaciones constitucionales, como la cuestionada legalidad de la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico.
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Los problemas no quedaron ahí. La exmagistrada Morales afirmó que la presidenta Castro perdió legitimidad por incumplimientos de promesas clave, como el combate a la corrupción con la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y con reformas al sistema judicial.
Además, el Congreso Nacional está paralizado desde agosto de 2025. Para el analista Juan Carlos Aguilar, este es uno de los factores más graves del actual proceso electoral, pues abrió una disyuntiva.
Paralización y violencia política
En Honduras están sesionando, a la par, una autoconvocada asamblea de 70 diputados y una cuestionada Comisión Permanente conformada por nueve diputados, que pretenden asumir las funciones que le corresponden única y exclusivamente al Pleno, lo que ha creado un vacío legal que podría ser explotado, incluso para interferir en la declaratoria formal de los resultados electorales, alertó Aguilar.
Añadió que en el último año se registrado más de 440 incidentes de violencia política. Señaló que los discursos de odio, la desinformación y la confrontación partidaria han deteriorado aún más el ambiente electoral, dificultando el debate de propuestas.
En estos comicios también ha tomado fuerza la violencia de género, que dio pie a un llamado de atención de Naciones Unidas. La organización emitió un pliego de recomendaciones para el proceso electoral hondureño, el 11 de noviembre pasado.
La exfiscal Ponce apuntó a que la violencia se ha dirigido especialmente contra funcionarias, candidatas y periodistas.
A contracorriente
Las organizaciones de la sociedad civil explican que, ante un panorama tan complejo, su capacidad de acción se ve limitada.
Melissa Elvir, directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) afirmó a Expediente Público que han tenido que autocensurarse, en parte, por la carencia de recursos para operar de manera técnica y ofrecer mejor soporte a la ciudadanía.
La exfiscal Ponce enfatizó que, pese a las limitantes, las organizaciones tratan de ofrecer ayuda y coordinar esfuerzos, como la visita a Washington.
“Nos preocupa que se vea más débil la institucionalidad pública, desde diferentes puntos de vista, lo que genera de repente espacios de mayor corrupción, mayor impunidad en nuestro país”, advirtió Elvir.
Llamado y esperanza
Los representantes de organizaciones cifran sus esperanzas en que sea la ciudadanía la que salve el proceso electoral con participación democrática, vigilante de los resultados.
Destacaron que, en las primarias de marzo de este año, fueron los ciudadanos los que dieron certeza al proceso con votos.
La exmagistrada Morales señaló que se necesita “que haya un tsunami de votos” para demostrar a cualquiera que quiera manipular los resultados que la ciudadanía ha hablado con contundencia y que eso frenaría las tentaciones.
Además, las organizaciones se han sumado a la observación electoral para garantizar la transparencia.
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Aguilar apuntó que la AJS va a desplegar una misión nacional de 7.000 observadores y una misión internacional de 40, quienes van a estar en campo, en los 18 departamentos del país, en 258 de los 298 municipios de Honduras.
Honduras llega a estas elecciones con instituciones frágiles, un clima político caldeado y una ciudadanía cansada; también, con una sociedad civil resiliente que lucha por preservar la democracia.
La atención internacional, particularmente desde Washington, podría ser determinante para evitar que el país entre en una nueva fase de inestabilidad o autoritarismo.
