* El centro de pensamiento Expediente Abierto publicó un informe con los patrones de violencia en las elecciones hondureñas.
** El estudio muestra que las autoridades no tienen coordinación ni protocolos adecuados para combatir la violencia política.
*** En estos comicios se registraron tres asesinatos de dos precandidatos y un candidato, y un atentado contra un candidato.
Marysabel Aldana / Expediente Público
La violencia electoral volvió a irrumpir en Honduras, confirmando que candidatizarse para un cargo público sigue siendo una actividad de alto riesgo en ese país. Al respecto, el centro de pensamiento Expediente Abierto publicó el informe “Competir bajo amenaza: violencia electoral y riesgo político en Honduras (2025)” este jueves, 27 de noviembre.
El estudio muestra que el proceso electoral 2024–2025 reprodujo el mismo patrón de asesinatos, atentados e intimidación que caracterizó los tres ciclos anteriores, especialmente a nivel municipal.
Ni las reformas institucionales ni la presencia de nuevos actores políticos ni los discursos de refundación lograron solucionar el problema, señala el reporte.
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Los asesinatos de los precandidatos Iván Zambrano y Óscar Gerardo Montoya, y del candidato Óscar Bustillo Oseguera, junto con el atentado contra el candidato Nelson Bueso, son la evidencia más reciente de que la violencia sigue atravesando la competencia política hondureña.
Estos hechos no son aislados. El informe evidencia que responden a la convergencia entre el crimen organizado, las disputas territoriales entre narcotraficantes, la existencia de economías ilícitas, la polarización partidaria y la fragilidad institucional.
La incidencia del crimen organizado
El informe de Expediente Abierto señala que la violencia electoral hondureña no es coyuntural, sino estructural. Forma parte de la gobernanza local, donde la coerción funciona como mecanismo de regulación política.
Según el estudio, esa violencia está sostenida en tres elementos: el control de economías ilícitas, la captura político-criminal de instituciones locales y el uso de la violencia para dirimir disputas.
“A pesar de su persistencia, la violencia electoral sigue siendo un fenómeno poco abordado o marginal en la discusión sobre la competencia electoral y la democracia en Honduras”, comentó César Santos, investigador de Expediente Abierto, durante la presentación del informe.
Desde 2013, cada ciclo electoral registró entre 40 y 50 asesinatos de actores políticos. Y en esta contienda, los hechos violentos no cesaron.
Entre septiembre de 2024 y julio de 2025, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, documentó 430 incidentes de conflictividad política y 113 hechos violentos, muchos de ellos vinculados directamente a disputas electorales.
Tres departamentos con mayor violencia
Los ataques se concentraron en los departamentos de Yoro, Atlántida y Santa Bárbara, al igual que en procesos anteriores. Son regiones atravesadas por rutas del narcotráfico, las economías extractivas y las redes criminales históricas.
“Hay candidatos abiertamente vinculados con grupos narcotraficantes y eso contamina todo el proceso electoral”, comentó el periodista y escritor Óscar Estrada, quien también participó en la presentación del informe.
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Autoridades sin protocolos
El estudio de Expediente Abierto encontró que el Estado hondureño respondió a los ataques políticos con protocolos ordinarios, como si fueran delitos comunes. Ningún organismo reconoció oficialmente que se trataba de violencia electoral, resaltó.
“No existen mecanismos especializados para atender esta clase de violencia, no solo en judicialización, sino también en emisión de alertas y protección para candidatos, especialmente a nivel municipal”, agregó Santos en la presentación del informe.
El estudio concluye que las investigaciones judiciales se abren con hipótesis que descartan motivación política desde el inicio. Además, las indagaciones carecen de coordinación entre el Ministerio Público, Policía y Consejo Nacional Electoral, provocando que la mayoría de los casos permanezca sin avances, sin capturas y sin informes públicos. Por último, sostiene el reporte, no existe un mecanismo de protección para candidatos.
“Hoy por hoy, no solo es la falta de presencia de instituciones estatales, sino cómo la institucionalidad convive con las organizaciones ilícitas por los mercados ilegales”, comentó, Lester Ramírez, académico e investigador, durante la presentación del informe.
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Los casos que marcaron las elecciones 2025
Sujetos armados interceptaron al precandidato nacionalista a alcalde de Esparta (Atlántida) Óscar Gerardo Montoya, el 11 de febrero pasado. Lo acribillaron y se llevaron el vehículo que él conducía. De inmediato, voceros policiales calificaron el hecho como “un asalto común”.
Montoya trabajaba en el sector transporte, una actividad golpeada por la extorsión y disputada por estructuras criminales que ven en los transportistas fuentes de ingresos y logística para mover dinero o droga.
El informe de Expediente Abierto señala que el transporte es uno de los sectores con mayor exposición a la violencia y que muchos atentados ocurren en territorios dominados por pandillas o grupos del narcotráfico.
Hasta la fecha, la investigación no reporta detenidos ni avances significativos.
Cinco días después del crimen de Montoya, el 16 de febrero, el precandidato nacionalista a alcalde de Morazán (Yoro) Iván Zambrano fue asesinado mientras realizaba actividades proselitistas.
Zambrano era aliado político de Ana García de Hernández, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández.
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Yoro es considerado un corredor estratégico del narcotráfico controlado por el clan Urbina Soto. El estudio de Expediente Abierto señala que el líder de la organización, Arnaldo Urbina Soto, coordinó la campaña presidencial de Hernández en 2013 y que financió al Partido Nacional para ganar impunidad.
El reporte concluye que no hay informes oficiales sobre la investigación del asesinato de Zambrano, pese a que el caso generó fuerte conmoción mediática y política.
El 26 de agosto de 2025, el candidato liberal a la Alcaldía de Azacualpa (Santa Bárbara) Nelson Bueso fue atacado a balazos al salir de un hotel en una localidad aledaña. Recibió un disparo en el hombro y sobrevivió.
Bueso señaló como responsable a una hija de la vicealcaldesa del municipio, militante de Libre, y aseguró que el atentado fue político. “Somos los favoritos para ganar la alcaldía de Azacualpa”, dijo.
La Policía negó esa versión y redujo el hecho a “diferencias personales”. No hubo medidas de protección, pese a que el candidato continuó denunciando amenazas.
El informe de Expediente Abierto muestra que este tipo de minimización es frecuente. Despolitizar los ataques evita que el Estado tenga que asumir que existe violencia electoral sistemática, subraya.
El asesinato de Óscar Bustillo, candidato a diputado por Yoro por Libre, fue el más emblemático. El 10 de septiembre, sicarios lo esperaron ocultos en una vivienda abandonada y lo atacaron cuando salía de una reunión política. Murió camino al hospital.
Ingeniero forestal y líder gremial, Bustillo era reconocido por su trabajo en temas ambientales, un campo atravesado por conflictos territoriales, tráfico de madera, cultivos de coca, y redes empresariales y criminales que operan en el norte hondureño.
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Este crimen sí recibió respuesta estatal. La Secretaría de Seguridad ofreció una recompensa. Hubo allanamientos y se filtraron versiones que vinculaban el hecho con estructuras criminales.
El informe de Expediente Abierto señala que la atención estatal fue mayor porque Bustillo era parte del partido gobernante. Los asesinatos de Montoya y Zambrano, en cambio, quedaron en manos de unidades locales sin recursos.
