* Una investigación de Expediente Abierto analiza como Daniel Ortega comenzó a deformar el sistema de seguridad estatal nicaragüense desde el 2007.
** Reformas legales, cooptación militar y policial, legalización de fuerzas paramilitares y la fusión partido-Estado sentaron las bases de la maquinaria represiva.
*** El régimen creó “La Paralela”, encargada del espionaje, el chantaje y el control político de los ciudadanos.
Expediente Público
En Nicaragua, la presencia policial y militar ya no es sinónimo de seguridad, sino de control, persecución o castigo. Desde 2007 —aunque se hizo más evidente tras la represión a las protestas sociales de 2018—, la seguridad estatal nicaragüense comenzó a ser deformada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se dedicó a sentar las bases de lo que es hoy su maquinaria represiva.
La investigación “La transformación de la seguridad estatal en Nicaragua: Refinamiento de la maquinaria represiva”, elaborada por el centro de pensamiento Expediente Abierto, explica cómo estos cambios han sido “un proceso prolongado, deliberado y estructural, mediante el cual el régimen de Daniel Ortega consolidó una superestructura de control político y social”.
Estos cambios no surgieron de manera repentina tras la crisis sociopolítica de 2018, sino que empezaron a tomar forma desde 2007, cuando Ortega volvió al poder, refiere el análisis de Expediente Abierto. Este incluye una revisión documental y hemerográfica, así como entrevistas a militares y policías que alcanzaron importantes rangos y cargos hasta 2024.
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“Perversa relación” entre Ortega, militares y policías
Javier Meléndez, experto en seguridad y defensa, y director de Expediente Abierto, explicó a Expediente Público que lo ocurrido en Nicaragua en el sector seguridad inició después de que el propio Ortega —tras volver al poder— advirtiera que “iba a regresar a la Policía y al Ejército a lo que habían sido antes: un Ejército y una Policía sandinista”.
El experto recordó que, en esos años, desde el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), del cual fue uno de los fundadores, comenzaron a advertir sobre la “relación muy perversa entre Daniel Ortega y los militares en Nicaragua, también con la Policía”, pero se prestó poca atención. “Ahora estamos pagando las consecuencias”, subrayó Meléndez.
Además resaltó que lo único que sostiene a la dictadura Ortega-Murillo son las Fuerzas Armadas, la Policía y los servicios de seguridad. “Es una gran estructura paramilitar que, como enfatizamos en nuestra investigación, ya es parte de la estructura estatal de seguridad”, señaló Meléndez.
La lógica totalitaria de la dictadura Ortega-Murillo
La investigación de Expediente Abierto señala que Ortega inicialmente mostró una tendencia autoritaria, que concentraba el poder político, limitaba las libertades civiles y restringía el pluralismo, pero todavía sin una intervención absoluta en otras esferas.
Sin embargo, luego de las protestas de 2018, se institucionalizó un modelo claramente totalitario, que incluyó la represión sistemática de la disidencia, la eliminación de contrapesos institucionales y la subordinación de los poderes del Estado, así como de las Fuerzas Armadas y de seguridad, sostiene el estudio de Expediente Abierto.
“El totalitarismo difiere del autoritarismo en el alcance del control que ejerce. (…) El autoritarismo limita el pluralismo político, mientras que el totalitarismo moviliza activamente a la población y reprime cualquier disidencia; es decir, extiende su dominio para el control absoluto de toda la vida nacional: política, económica y social”, explica la investigación.
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Además, el documento de Expediente Abierto señala que el totalitarismo ejercido por la dictadura Ortega-Murillo ha dejado en evidencia que “busca homogeneizar a los individuos con el propósito de configurar una fusión entre el Estado y la sociedad en la forma de un ‘pueblo-Uno’”.
La figura ideológica del “pueblo-Uno”, según la investigación, es utilizada por los regímenes para presentarse ante la sociedad como una sola voz o forma de pensar, en la que no se acepta la disidencia. Quienes disienten dejan de ser vistos como parte del pueblo y pasan a ser una amenaza, que deja de pertenecer y debe ser excluida.
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“De ahí la expulsión de los indeseables (opositores) del país y la integración de sus simpatizantes en actividades de seguridad del Estado, tanto informantes como elementos activos dentro de la Policía Voluntaria”, refiere Expediente Abierto en su investigación.
Dictadura encarcela y expulsa a la disidencia
En los últimos años, la dictadura Ortega-Murillo ha ejecutado acciones represivas contra cualquier forma de disidencia u oposición, incluyendo detenciones arbitrarias, destierros y desnacionalizaciones.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en su más reciente informe de septiembre pasado, registró que unas 452 personas han sido privadas de la nacionalidad nicaragüense desde 2023. También denunció que más de 300 mil pinoleros, desde 2018, han tenido que salir de Nicaragua como consecuencia de la crisis sociopolítica provocada por la represión orteguista.
Expediente Abierto sostiene que la “dinámica actual en Nicaragua se ajusta a esa misma lógica de concentración absoluta del poder”, la cual ha consistido en la supresión de la capacidad de acción de individuos e instituciones ajenas al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), controlado por los dictadores Ortega y Murillo.
El documento de Expediente Abierto subraya que “no puede existir un poder totalitario sin la cooptación y el posterior apoyo de los militares y de los órganos de seguridad interna”.
“El control de estas instituciones permite no solo neutralizar cualquier desafío interno, sino también proyectar la idea de un orden único e incuestionable”, agrega.
Reformas legales cimentaron la maquinaria represiva
Ortega, entre 2014 y 2015, se autoasignó el mando directo de la Policía y el Ejército de Nicaragua, eliminando como intermediario al Ministerio de Gobernación; extendió los mandatos del director general de la Policía —cargo que hasta ahora ocupa su consuegro, Francisco Díaz— y del jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés; y ordenó la militarización de la contrainteligencia.
Estos cambios se concretaron mediante una serie de reformas a la Ley 290 (Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo), a la Ley 919 (Ley de Seguridad Soberana) y a la Constitución Política de Nicaragua.
Una vez instaladas dichas bases legales, en abril de 2018, tras desatarse masivas protestas sociales, la maquinaria represiva fue echada a andar y se fue puliendo en el camino.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la represión estatal de las protestas sociales implicó graves violaciones de derechos humanos que incluyeron: fuerza letal, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, criminalización de manifestantes, ataques a periodistas, obstrucción a la atención médica, violencia por parte de grupos parapoliciales con tolerancia del Estado y más de 300 muertes.
Todo el poder en Ortega-Murillo
La Comisión documentó que la represión en 2018 evolucionó en fases que incluyeron la ejecución de la orden de “operación limpieza”, perpetrada por paramilitares que derribaron barricadas y aumentaron la cantidad de muertos durante las protestas, así como la persecución selectiva, la criminalización y la restricción de derechos civiles y políticos.
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Entre 2024 y principios de 2025, detalla el documento de Expediente Abierto, se profundizó esta concentración de “autoridad” a la que continúan siendo sometidos los nicaragüenses, al anularse la independencia de los poderes del Estado.
En ese período, detalla la investigación, hubo reformas constitucionales para elevar la reserva militar. El régimen también cambió la Ley 872 (Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad de la Policía Nacional), estableciendo dos jefes para la Policía Nacional, que deben ser nombrados por la Presidencia cada 26 de diciembre.
Legalización de estructuras paraestatales
La investigación de Expediente Abierto también documenta la legalización progresiva de estructuras paraestatales, como un componente clave del engranaje represivo, a las que se bautizó como “Policías Voluntarios”.
Álvaro Mendoza, coronel en retiro, citado en la investigación de Expediente Abierto, advirtió que este proceso no responde a una lógica de seguridad ciudadana, sino a una estrategia de autoprotección del orteguismo.
“Legalizar fuerzas irregulares busca la protección de algunos cuadros de enjuiciamientos futuros por crímenes que cometieron”, explicó Mendoza.
José Arocha, experto en seguridad nacional y relaciones cívico-militares, y teniente coronel retirado del Ejército Venezolano, afirmó a Expediente Público que, cuando los regímenes “no pueden utilizar lo militar, aunque pareciera que sí, comienzan a utilizar organismos paramilitares, utilizar colectivos armados, elementos al margen de la ley, para entrar en una zona gris donde utilizan lo policial y no policial como un organismo represor”.
Este tipo de prácticas, subraya el análisis de Expediente Abierto, no es nuevo dentro del sandinismo. De hecho, apunta, tiene similitudes con decisiones tomadas antes de la salida del poder en 1990, cuando se reorganizó el aparato de Inteligencia para garantizar impunidad y control de información sensible, durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
La “policía secreta” y la reubicación de cuadros de la DGSE
El documento recuerda que, antes de la entrega del poder en 1990, el FSLN trasladó a los principales jefes de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) al Ejército de Nicaragua “para protegerlos de posibles acusaciones por delitos de lesa humanidad y asegurar que asumieran el manejo de la información”.
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Ese patrón —señala Expediente Abierto— fue retomado y perfeccionado tras el retorno de Ortega al poder, mediante una reconfiguración encubierta de los mecanismos de inteligencia dentro de las instituciones formales del Estado.
La DID como eje del sistema represivo de seguridad
En este nuevo esquema, explica la investigación, la Dirección de Información para la Defensa (DID) se convirtió en el centro neurálgico del sistema de inteligencia.
Mario Solórzano, coronel en retiro, citado en la investigación de Expediente Abierto, explica que “funcionalmente, allí converge la información que recopilan la Policía, la Procuraduría, Migración, Aduanas y otras instituciones. Es un sistema que opera como un embudo y cuya información final llega al presidente”.
Esta centralización, añade el estudio, permitió reconstruir un modelo de control total de la información estratégica, eliminando contrapesos y garantizando que las decisiones clave pasen exclusivamente por Ortega y Murillo.
El flujo de información a través de este sistema de seguridad inicia —según el análisis de Expediente Abierto— con la Presidencia, que a su vez se nutre al Ejército.
La Policía Nacional, la Policía Voluntaria o Paramilitares y las estructuras del FSLN, que incluyen a la Secretaría Nacional de Organización Territorial (SNOT), los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), las Unidades de Victorias Electorales (UVE), las Juventud Sandinista (JS) y secretarios políticos de barrios y municipios, juegan un rol clave en el sistema de seguridad represivo del orteguismo.
«El problema en nuestras sociedades es que lo militar se ha visto como que no existiera, sino que simplemente, es para reprimir o para generar algún tipo de conducta en contra de la gente», señala Arocha.
Reconstrucción operativa de una “nueva DGSE”
Expediente Abierto concluye que el régimen logró reinstaurar, en los hechos, su antiguo sistema de Seguridad del Estado. “En esencia, dichas reformas permitieron a Ortega reinstaurar funcionalmente su antiguo sistema de Seguridad del Estado, o Policía Secreta, aunque ahora opera de forma encubierta dentro de la Policía Nacional y el Ejército”, señala el documento.
Este rediseño —advierte la investigación— no solo reactivó prácticas del pasado, sino que las integró de manera orgánica al aparato institucional contemporáneo, dificultando su identificación y fiscalización.
“La Paralela”: la estructura clandestina del FSLN
Dentro de este entramado —resalta el trabajo de Expediente Abierto— opera una estructura clandestina conocida como “La Paralela”, cuya existencia, según la investigación, se remonta a 2007.
Está integrada por exmilitares y expolicías que trabajan para la Secretaría General del FSLN, detalla el informe.
Esta red, según Expediente Abierto, cumple funciones de espionaje, chantaje y control político, y se alimenta de información sensible obtenida desde las propias instituciones del Estado.
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«Cuando eso sucede y viene un aparato político que ve a una organización que tiene las armas, que tiene el entrenamiento y que está dedicado al poder más que al Estado, entonces lo utilizan y la sociedad queda por completo desarticulada», sostiene Arocha.
La SNOT juega un papel central en este esquema, ya que, según el trabajo investigativo de Expediente Abierto, maneja “expedientes de oficiales investigados por corrupción o delitos, quienes al pasar a retiro son presionados para integrarse a la estructura bajo amenaza de procesos judiciales”.
La coordinación de “La Paralela” responde directamente al círculo de poder del régimen, según Expediente Abierto. Daniel Ortega actúa como coordinador general; Lenín Cerna es coordinador ejecutivo y jefe de ‘La Paralela’; mientras que Shukov Serrano dirige la inteligencia exterior y la contrainteligencia interna, precisa la investigación.
70 mil paramilitares integrados a las fuerzas policiales
El último eslabón de esta megaestructura fue la incorporación formal de los grupos paramilitares, responsables de la represión de 2018 y juramentados a inicios de este año, cuando oficialmente fueron denominados como “Policía Voluntaria”.
Con esta decisión, la Policía Nacional pasó de contar en 2024 con 17,299 agentes a más de 95 mil.
La integración de esa estructura paraestatal al sistema formal de seguridad, concluye Expediente Abierto, marca la consolidación definitiva del modelo totalitario impulsado por la dictadura Ortega-Murillo.
Meléndez advierte que los riesgos recaen principalmente sobre la población civil, pues no solo se trata de peligros concretos, sino de una amenaza constante a cualquier opinión o sentimiento crítico hacia el régimen Ortega-Murillo.
“Todo este aparato se construye para controlar, vigilar y castigar. (…) Es la forma en que controlan la vida cotidiana de la gente y aseguran que cualquier disidencia sea neutralizada antes de que crezca”, señaló.
La seguridad del Estado no protege a los ciudadanos
En Nicaragua, según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, los actores estatales, incluyendo Policía y Ejército, cumplen un papel fundamental en el crimen organizado, facilitando actividades ilícitas que van desde corrupción, venta ilegal de productos, contrabando, delitos ambientales, tráfico de drogas, armas o trata de personas.
El Índice es una iniciativa global contra el crimen organizado transnacional, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y la Interpol. Evalúa a 193 países en una escala de 0 a 10 puntos, donde 10 es el peor escenario.
En dicha evaluación, Nicaragua ocupa el puesto 69 con una puntuación de 5.7, lo cual revela que en el país hay criminalidad estructurada, con diversos mercados ilícitos, respuestas institucionales débiles o insuficientes para combatir los delitos y tolerancia estatal para sostener esas redes criminales.
