* El régimen de Delcy Rodríguez debe implementar cambios estructurales en lo político, económico y legal para alcanzar una producción óptima.
** Urge una auditoría al personal de Petróleos de Venezuela (PDVSA), pues el 82% de la nómina fue contratada con criterios políticos.
*** Las reformas necesarias no serán posibles con el oficialismo en el poder, advierte el exprocurador José Ignacio Hernández.
Expediente Público
El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, que pinta un escenario donde numerosas transnacionales petroleras pujan por volver a Venezuela, fue recibido con ilusión por los empleados que hacen posible la existencia de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Y también con muchas dudas sobre la posibilidad de concretar tantas buenas intenciones.
“Todos los trabajadores están esperanzados”, manifestó a Expediente Público el secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), Iván Freites Chirino.
Desde su exilio en Colombia, Freites Chirino pudo apreciar la imagen del mandatario estadounidense reunido con los máximos representantes de las transnacionales que alguna vez ocuparon importantes espacios en la principal industria de Venezuela. Y se llenó de optimismo.
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La extracción y comercialización del crudo ha sido uno de los principales factores que han impulsado la evolución del país suramericano, desde que la Caribbean Petroleum reportó en 1914 el hallazgo del pozo Zumaque 1, ubicado en Mene Grande, departamento de Zulia.
Ahora, una vez que Nicolás Maduro fue extraído del país junto a su esposa Cilia Flores, para afrontar en EE. UU. un juicio por tráfico de drogas y apoyo al terrorismo, se abre una nueva etapa para la industria petrolera, y para la política venezolana.
“Ahora, se vislumbra un cambio (…) Queremos participar en la reconstrucción de la industria”, expresó.
La caída de la producción
Las estadísticas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), basadas en datos que le aporta el régimen venezolano, indican que en diciembre se produjeron 1,12 millones de barriles diarios de crudo, pero esta cifra puede ser engañosa.
La propia institución incorpora en sus reportes mensuales otro cuadro, basado en “fuentes secundarias”, que ubica la producción en 896 mil barriles. Freites le da mayor peso a la segunda información.
Como quiera que sea, estos totales apenas representan un tercio de la producción petrolera venezolana para 1999, año en que Hugo Chávez llegó al poder.
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La industria que aporta cerca del 80% de los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado venezolano ha tenido un retroceso dramático.
PDVSA, el botín político del chavismo
Uno de los factores que explican esta merma es la utilización de PDVSA para fines ajenos al sector hidrocarburo.
Uno de los líderes de la multitudinaria manifestación que ocasionó la salida del poder de Chávez, en abril de 2002 fue el entonces presidente de la estatal petrolera, el general del Ejército Guaicaipuro Lameda. A finales de ese mismo año, con Chávez atornillado en Miraflores, la industria petrolera fue a un paro indefinido, con el respaldo de un sector de la Fuerza Armada.
A partir de allí, Chávez emprendió una recomposición de la nómina de PDVSA. Según Freites, se rompieron los criterios de excelencia en las contrataciones, y se le dio preferencia a la militancia en el partido del régimen.
En 2007, el entonces zar del petróleo venezolano, Rafael Ramírez, proclamó que la estatal era “roja, rojita”, haciendo alusión al color que identifica al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La merma en la producción petrolera del país tiene buena parte de su explicación en este proceso. Para Freites, si se desea levantar la producción, será necesario llevar a cabo una auditoría a todo el personal.
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Según este líder gremial, la estatal tiene 84,915 trabajadores. De ellos, unos 70 mil reciben pagos de la principal empresa nacional, sin trabajar en la extracción, el procesamiento o la comercialización de los hidrocarburos. Es el 82,4% de la nómina.

“Son militantes del PSUV, locutores, propagandistas…Con esa carga laboral, en PDVSA no se puede llevar a cabo el trabajo”, advirtió.
El nido de la corrupción
Durante la era Chávez-Maduro, la industria petrolera fue usada para cuestiones tan disímiles como el patrocinio al conductor de Fórmula 1 Pastor Maldonado que en cinco años sólo ganó una carrera, el financiamiento al turismo externo, la construcción de viviendas, la importación de tractores iraníes, la compra de repuestos para los sistemas de armas y una larga lista.
Esto hizo que los recursos de la empresa estuviesen involucrados en casos de corrupción, sobornos y malversación. Según la organización civil Transparencia Venezuela, la estatal y sus principales figuras, con Rafael Ramírez a la cabeza, están implicados en expedientes penales en 32 países.
El economista y consultor Asdrúbal Oliveros afirmó a Expediente Público que la estatal venezolana “es una empresa en default, con poca o nula capacidad de respuesta, atacada por la corrupción”.
Indicó que el colapso ha sido de tal magnitud que, desde el 15 de diciembre de 2025, la estatal no aporta un solo dólar a la economía venezolana, ni siquiera en la forma de criptoactivos, como venía haciéndolo.
Esto explica el comportamiento errático de la cotización de la divisa estadounidense en el mercado venezolano. Algo vital para la determinación de los precios finales de todos los bienes y servicios del país.
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La opacidad de los negocios
Otro problema es la opacidad en las finanzas de PDVSA. Oliveros explicó que el 70% de la producción diaria de crudo tenía su destino final en China. Sin embargo, esto no se lleva a cabo siguiendo protocolos transparentes.
“A veces, este crudo era colocado a través de países como Malasia y Cuba. Cuba era una especie de hub, donde confluían intermediarios de todo tipo. Pero todo ese crudo terminaba en China”, afirmó.
Para eludir las sanciones estadounidenses, el crudo era trasladado por intermediarios que utilizan tanqueros de empresas iraníes, turcas, chinas, rusas y de otras nacionalidades. Al salir de aguas venezolanas, estos buques suelen apagar los transpondedores o sistemas de ubicación satelital, por lo que se le denomina “flota fantasma”.

En diciembre, el Tesoro estadounidense anunció sanciones a 41 entidades relacionadas a la “flota fantasma” y a la República Islámica de Irán, un viejo aliado del régimen madurista. Además, las autoridades estadounidenses han confiscado seis buques en altamar desde diciembre, presuntamente por trasladar crudo hacia destinos prohibidos.
El propósito de estas acciones, explicado por el secretario de Estado, Marco Rubio, no solo es obligar al régimen de Caracas para que acate las sanciones, sino también cortar el suministro de petróleo a la dictadura cubana, algo que parece haberse concretado desde la extracción de Nicolás Maduro del poder.
Cambio económico y político
Luego de la extracción de Nicolás Maduro, el canciller estadounidense anunció un plan para la reconstrucción de Venezuela, que pasa por tres fases. La primera es la llamada “estabilización”.
Dada la dependencia de la economía venezolana de la industria petrolera, es necesario implantar los cambios que aseguren una producción mínima para el mantenimiento del Estado. Según Oliveros, la marca estaría entre 1,3 y 1,5 millones de barriles por día.
El experto indicó que esta cifra es alcanzable si se concreta el escenario delineado por Trump, que implica una inversión de aproximadamente de cien millardos de dólares a lo largo de una década.
En este caso, el crecimiento de la producción se sustentaría en inversiones privadas, a la manera de empréstitos, que se cobrarían mediante la comercialización del crudo a precios de mercado internacional, sin los intermediarios que los colocaban en China.
Es un esquema similar al que se aplica actualmente con Chevron, pero ampliado para que abarque a otras corporaciones, tanto de EE. UU. como de Italia, España y Francia.
Transformaciones legales
En cambio, para recuperar la producción hasta la marca de tres millones de barriles diarios, tendrían que llevarse a cabo cambios más profundos, que llegan incluso hasta el marco regulatorio de la actividad petrolera.
Según el docente de derecho administrativo y constitucional José Ignacio Hernández, se requerirían “reformas institucionales”, tanto en la industria petrolera como en el resto del Estado. Una de ellas tiene que ver con la derogatoria de la llamada Ley Constitucional contra el Bloqueo.
Esa norma, aprobada en octubre de 2020 por la extinta Constituyente — dominada por el oficialismo — tiende un manto de secreto en torno a todas las contrataciones que el Estado chavista consideraba estratégicas, e incluso prevé sanciones de cárcel para quienes divulguen los términos de tales contratos.
“La Ley Antibloqueo es antiamericana, contraria a los valores occidentales, es una ley que se parece mucho al secretismo de actores como China e Irán. La intención de EE. UU. es alejar a Venezuela de esos actores internacionales. Eso pasa no solo por llevar la producción petrolera hacia EE. UU., sino hacer que esta producción refleje valores occidentales”, afirmó Hernández a Expediente Público.
Un adiós al chavismo
Otro problema es que la estabilización de la industria petrolera sirva al mismo tiempo para solidificar al régimen encabezado por Delcy Rodríguez. Este temor fue reflejado tanto por Hernández como por Oliveros.
La pregunta que se hacen los expertos es cómo garantizar la continuidad de este plan si permanecen al frente del Ejecutivo venezolano los mismos actores que alguna vez respaldaron las expropiaciones a las transnacionales, o si en Washington se produce un cambio que lleve al poder a políticos que criticaron las decisiones de Trump en cuanto al caso venezolano.
En las fases explicadas por Rubio para el caso venezolano, luego de la estabilización ocurría la “recuperación”, en la que se garantizaría que las empresas estadounidenses y del resto de la comunidad internacional puedan acceder al mercado de crudo venezolano “de forma justa”, al tiempo que se desarrolle una “reconciliación” entre los distintos factores políticos venezolanos.
Solo entonces, se daría paso a una tercera fase, que sería la transición propiamente dicha.
El oficialismo venezolano ya ha manifestado su intención de permanecer en el poder a toda costa. Para el grupo de Diosdado Cabello, la élite militar encabezada por Vladimir Padrino y los funcionarios implicados en crímenes de lesa humanidad, un cambio político puede ser cuestión de vida o muerte.
El chavismo se aferra
El fin de semana previo a la publicación de este trabajo, las calles de Caracas fueron inundadas de vallas donde aparecen Maduro y su esposa, abrazados y sonrientes. A un lado de esta foto, una leyenda que pretende convertirse en hashtag de las redes sociales: “Los queremos de vuelta”.
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Otra valla tiene una enigmática leyenda: “Venceremos”. Este mansaje ha sido atribuido a la Guardia Nacional, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (dominado por el hermano de Diosdado Cabello, José David) y el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (presidido por Luis Granko Arteaga, hermano del coronel Alexander Granko Arteaga, hombre fuerte de la Contrainteligencia Militar).
Todo esto apunta a una contraofensiva, que impactará en la capacidad de PDVSA para cumplir con sus compromisos, con una conflictividad creciente que alejará aún más a los inversionistas que Trump pretende convencer.
China negocia
Luego de la extracción de Maduro, Donald Trump anunció que el petróleo venezolano sería comercializado a través de empresas estadounidenses, “a precios de mercado”.
Esta decisión afectará principalmente a los chinos. Según Oliveros, los asiáticos llegaron a ser destinatarios de la totalidad de las exportaciones de crudo venezolano, en la primera mitad de 2025. Y en general recibieron el 70% de los hidrocarburos que salieron del país en los últimos años, aun cuando Chevron estuvo en actividades.
Ahora, la situación parecería cambiar. Mientras que los buques que trasladan hidrocarburos venezolanos al gigante asiático son interceptados o disuadidos de llegar a costas suramericanas, Chevron anunció que enviaría 11 buques para recolectar el crudo almacenado en este país.
Oliveros recordó que estas exportaciones constituyen un pago a los empréstitos hechos desde Pekín, en la ejecución de los programas del Fondo de Cooperación Chino Venezolano. La deuda del país suramericano llegó a ser 68 millardos de dólares. En la actualidad, gracias a los cobros en especias, sería de aproximadamente 20 millardos de dólares, de acuerdo con un reporte de Bloomberg.
Esta agencia informó que los chinos han estado en conversaciones con las autoridades de Washington y Caracas para lograr un acuerdo que les permita resarcir los pasivos restantes. Según Oliveros, es probable que la Casa Blanca atienda a esta solicitud en términos positivos, pues se trata de un compromiso adquirido mucho antes de que Maduro llegara al poder.