* Expediente Abierto participa en el seminario internacional “Relaciones Civiles-Militares y Democracia en América Latina: homenaje a pioneros”.
** En la región, los militares han absorbido funciones civiles como seguridad pública, control fronterizo, combate al delito transnacional, entre otras.
*** Nuevos debates han aflorado sobre la conducción civil de la defensa, la transparencia militar, los protocolos de uso de la fuerza y la protección de derechos humanos.
Expediente Público
Más de 50 analistas, investigadores y practicantes de 15 países participan este 21 y 22 de enero de 2026 en el seminario internacional “Relaciones Civiles-Militares y Democracia en América Latina: homenaje a pioneros”. Es una jornada virtual de acceso libre que busca revisar los cambios recientes en defensa y seguridad y, al mismo tiempo, reconocer a quienes abrieron camino en el estudio académico del vínculo entre fuerzas armadas, poder civil y democracia en la región.
El encuentro, convocado por instituciones como El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), la Universidad para la Paz de Naciones Unidas (UPEACE), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Expediente Abierto, entre otras, se ha planteado como un espacio de reflexión que articula teoría, práctica institucional y experiencias nacionales.
Su objetivo es analizar transformaciones recientes en la relación entre fuerzas armadas, autoridades civiles y procesos democráticos, con énfasis en los controles democráticos, la profesionalización militar y los nuevos dilemas de seguridad que atraviesan a América Latina.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
La discusión se inserta en un contexto regional marcado por el avance del crimen organizado, la presión social por respuestas a la inseguridad y una tendencia creciente a ampliar funciones militares hacia terrenos históricamente civiles: seguridad pública, control fronterizo, combate al delito transnacional, gestión de desastres naturales e incluso apoyo logístico en crisis sanitarias, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19.
Esa expansión, coinciden varios expositores, reabre preguntas de fondo sobre límites constitucionales, rendición de cuentas, transparencia y garantías de derechos humanos.
Deslice para más información
Seguridad, protestas y crimen organizado
En la apertura, el rector de UPEACE, Francisco Rojas Aravena, advirtió que, en varios países de la región, frente a episodios de conflictividad social, los gobiernos recurrieron a las Fuerzas Armadas para contener disturbios y aprobaron leyes especiales para su participación. El problema, agregó, es que en muchos casos las reglas del uso de la fuerza no están plenamente establecidas, un punto pendiente clave para definir marcos claros de actuación militar en situaciones de emergencia derivadas de protestas, y su vínculo con la protección de los derechos humanos.
Rojas Aravena ubicó el mayor desafío de seguridad del hemisferio en el incremento del crimen organizado, que ya no se limita al narcotráfico, sino que incluye trata de personas, extorsiones, lavado de activos, contrabando de armas, entre otros delitos.
Le interesa: Dictadura Ortega-Murillo usa la seguridad para espiar y castigar a ciudadanos
También señaló un cambio de patrón, pues el poder de las redes criminales se ejerce cada vez más mediante la violencia, lo que se expresa en el aumento de homicidios dolosos. Frente a eso, sostuvo que la respuesta exige coordinación nacional y regional, políticas de Estado y una perspectiva incluyente que involucre a congresos, gobiernos, sociedad civil, sector privado, universidades, centros de pensamiento y expertos.
En esa línea, planteó que la participación militar en tareas no tradicionales, como se vio durante la pandemia, evidenció la necesidad de fortalecer marcos legales y procedimientos. Además, consideró central combatir el comercio ilícito y el contrabando, fuentes de recursos para la corrupción, como puerta de entrada del crimen organizado.
De las dictaduras militares a los dilemas actuales
Louis W. Goodman, decano emérito de la School of International Service de American University, recordó que el campo de estudios sobre relaciones civiles-militares cobró fuerza en América Latina en los años 80, en una región que salía de dictaduras militares y atravesaba la llamada “década perdida”. En ese contexto, dijo, existía temor a que la crisis económica y política empujara a las Fuerzas Armadas a regresar al poder.
Goodman destacó que, en aquel entonces, además de las violaciones a derechos humanos, predominaba un problema estructural: el bajo conocimiento civil sobre las instituciones militares, lo que dificultaba construir controles democráticos efectivos.
En contexto: ¿Libre logró cooptar las Fuerzas Armadas de Honduras para las elecciones?
Desde esa experiencia, enfatizó el valor de la colaboración y las redes académicas para producir conocimiento aplicado, tender puentes y formar nuevas generaciones capaces de analizar con rigor el papel militar en democracias frágiles.
Su intervención vinculó esa historia con el escenario contemporáneo, donde conviven nuevas amenazas y actores globales. “Hay cambios muy importantes en estos días”, señaló, aludiendo tanto a la complejidad del sistema internacional como a la influencia creciente de actores no estatales con gran poder económico.
Una agenda ampliada: transparencia y usos internos
El director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Alejandro Chanona, ubicó el seminario en un marco regional de largo plazo. Aseguró que, a décadas de las transiciones democráticas, las democracias latinoamericanas enfrentan erosión institucional, riesgos de regresión autoritaria y presiones sociales por bienestar y seguridad.
Chanona sostuvo que el debate civil-militar ya no se limita a los temas clásicos como la subordinación, reconversión militar, carácter no deliberante, sino que incorpora la ampliación de roles y misiones, las actividades no convencionales, el empleo militar frente a amenazas nuevas y persistentes, y la redefinición de políticas de defensa.
En ese nuevo escenario, dijo, adquieren centralidad la conducción civil de la defensa, la transparencia, la rendición de cuentas, los protocolos de uso de la fuerza y la protección de derechos humanos.
Además: Estados Unidos redefine su estrategia militar para América Latina
El académico también advirtió dos riesgos políticos: por un lado, que en democracias frágiles e instituciones civiles limitadas se recurra a los militares para un “sinfín de actividades”, abriendo espacio a mayor autonomía y prerrogativas; por otro, la politización o instrumentalización de fuerzas armadas por liderazgos políticos.
Al mismo tiempo, subrayó que las organizaciones criminales muestran una alta capacidad de adaptación y reinvención en la era digital, lo que complejiza aún más las respuestas estatales.
Un homenaje con sentido político: los pioneros
Uno de los ejes distintivos del seminario es el homenaje a los pioneros del campo, ya fallecidos, cuya obra ayudó a construir un marco analítico clave para entender el vínculo entre fuerzas armadas, poder civil y democracia.
La referencia no es solo conmemorativa, sino que responde a un argumento de fondo. En América Latina, el estudio sistemático de las relaciones civiles-militares se fortaleció en un período crítico, cuando los países salían de regímenes autoritarios y enfrentaban el desafío de consolidar instituciones democráticas, reparar violaciones a derechos humanos y evitar retrocesos.
En ese escenario, una generación de académicos impulsó investigaciones comparadas, abrió redes de intercambio, formó estudiantes y produjo insumos que impactaron tanto en el debate público como en la construcción de políticas e instituciones.
Lea también: La militarización de la educación silencia los reclamos en El Salvador
Durante el evento se rindió homenaje, de manera especial, a siete figuras centrales: Gabriel Aguilera Peralta (Guatemala), Jaime Castro Contreras (Perú), Margaret Daly Hayes (Estados Unidos), Jaime Garreta (Argentina), Francisco Leal Buitrago (Colombia), José Luis Piñeiro (México) y Juan Rial Roade (Uruguay).
Sus trabajos, desde distintas realidades nacionales, contribuyeron a instalar discusiones que hoy vuelven con fuerza: límites del empleo militar en asuntos internos, control civil democrático, transparencia, profesionalización y derechos humanos.
En esa misma línea, Goodman recordó que el objetivo de aquellos esfuerzos era ampliar el conocimiento civil sobre las Fuerzas Armadas y crear condiciones para relaciones más transparentes entre instituciones armadas y sociedad.
Chanona, por su parte, sostuvo que la vigencia de los pioneros se explica porque los dilemas actuales, aunque atravesados por nuevas amenazas, vuelven a colocar en el centro los controles democráticos y el riesgo de que la institucionalidad se erosione mientras tanto.
Discutir el presente con memoria y rigor
La jornada virtual busca generar un diálogo estratégico en un momento en que el mapa de amenazas se diversifica, mientras el Estado responde con instrumentos que a menudo tensionan fronteras institucionales.
En ese terreno, el seminario propone un punto de encuentro entre investigación y práctica: comprender cómo se transforman las relaciones civiles-militares y qué condiciones hacen posible que el despliegue militar en contextos complejos no debilite, sino que fortalezca, la gobernabilidad democrática.
