* La fiscal general Consuelo Porras se postuló para magistrada de la Corte Constitucional, pero le quedan otras posibilidades para no perder su inmunidad.
* Puede acudir a la Corte Suprema de Justicia para insistir en su candidatura. Otros caminos son postularse para contralora o buscar la reelección como fiscal general.
* Organismos insternacionales la han señalado de socavar la lucha anticorrupción y la democracia, y la han involucrado con adopciones irregulares de niños.
Expediente Público
La postulación de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, para magistrada de la Corte de Constitucionalidad desató cuestionamientos a nivel nacional e internacional, pues ocurrió a pocos meses de perder su cargo y, con él, su inmunidad frente a procesos penales.
Las críticas apuntaron a que era una estrategia para mantener ese blindaje, pues Porras enfrenta sanciones internacionales por socavar la lucha anticorrupción y la democracia, así como una acusación de expertos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por presuntas adopciones irregulares de niños en los años ochenta.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
Aunque la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), uno de los cuerpos designadores de jueces constitucionales, desechó la candidatura de Porras este lunes, ella aún tiene tres caminos para extender su inmunidad.
El primero es insistir en su candidatura a magistrada constitucional, pero esta vez ante la Corte Suprema de Justicia. El segundo es optar por el cargo de Contralora General de Cuentas. El úlitmo es buscar la reelección al frente del Ministerio Público.
La Corte Suprema, la puerta ancha
Analistas consultados por Expediente Público señalan que acudir a la Corte Suprema para insistir en su postulación como nueva magistrada constitucional esa la vía más factible para Porras, pues construyó redes de respaldo dentro del sistema de justicia durante su gestión, lo cual podría traducirse ahora en apoyos internos si su candidatura llegara a discutirse en esa instancia.
No obstante, advierten que cualquier decisión en ese sentido también generaría alto costo reputacional y nuevo escrutinio público, sobre todo por el posible conflicto de interés.
Deslice para más información
De su interés: Un 2026 crucial para Guatemala por las elecciones de magistrados y fiscal general
El Ministerio Público, la puerta angosta
Otro camino para que Porras mantenga su inmunidad es una eventual postulación a otro periodo al frente del Ministerio Público. Aunque la fiscal no se ha pronunciado al respecto, analistas consideran que esta posibilidad es poco acertada, sobre todo porque será el presidente Bernardo Arévalo, enemigo acérrimo de Porras, quien decida quién tendrá las riendas de esa institución.
Si Porras se decanta por esta opción, buscaría su tercer mandato al frente del Ministerio Público, pues se inauguró en este cargo en 2018 y logró la reelección en 2022.
El constitucionalista Pablo Hurtado y el politólogo Mario Domínguez coinciden en que, mientras existan espacios de designación a través de comisionados sin participación de la ciudadanía, habrá incentivos para que actores con poder busquen continuidad en cargos protegidos.
También: Ya suenan cuatro nombres para nuevo Fiscal General de Guatemala
La Contraloría General de Cuentas, la otra puerta
La última opción de Porras sería buscar el cargo de contralora general, una posición clave dentro del sistema de control del Estado.
La Contraloría General de Cuentas es el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos en Guatemala. El titular de esa institución tiene la responsabilidad de auditar ministerios, municipalidades, entidades descentralizadas y cualquier institución que administre fondos del Estado.
Se trata de un cargo estratégico porque puede ordenar auditorías, establecer reparos, imponer sanciones administrativas, determinar responsabilidades civiles y trasladar hallazgos al Ministerio Público cuando detecta posibles delitos.
El concurso para este cargo aún no ha iniciado. Se espera que la convocatoria se abran a mediados de año para que las postulaciones pasen al Congreso Nacional y el nuevo contralor comience sus funciones en octubre.
Las sanciones contra Porras
La gestión de la fiscal ha sido objeto de sanciones y medidas restrictivas por parte de gobiernos y bloques internacionales que la acusan de socavar la lucha anticorrupción y afectar la institucionalidad democrática.
El Departamento de Estado de EE.UU. incluyó en 2021 a Porras en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, por obstaculizar constantemente la justicia guatemalteca y participar en hechos de corrupción.
En febrero de 2024, el Consejo de la Unión Europea (UE) acordó medidas restrictivas contra funcionarios que “socavan la democracia, el Estado de derecho y el traspaso pacífico de poderes en Guatemala”, entre ellos, Porras.
La fiscal ha rechazado esos señalamientos y sostiene que todas sus actuaciones se basan en denuncias y en la ley.
Además: OEA pide freno al acoso judicial en Guatemala contra Bernardo Arévalo
Las adopciones irregulares de niños
Los señalamientos internacionales vinieron de varios relatores y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes expresaron su preocupación por al menos 80 casos de adopciones ilegales de niños indígenas ocurridas entre 1968 y 1996, en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala.
Según los especialistas, los menores habrían sido víctimas de desaparición forzada y posteriormente trasladados al Hogar Temporal Elisa Martínez, desde donde fueron dados en adopción a familias en el extranjero.
En el pronunciamiento, los expertos vincularon a Porras en estos hechos, al señalar que fue directora de ese hogar y tutora legal de los menores en 1982. El comunicado fue emitido desde Ginebra el lunes, el mismo día en que Porras no logró el respaldo necesario en la USAC para ser electa como magistrada de la Corte de Constitucionalidad.
Porras rechazó públicamente las acusaciones y las calificó como “falsas y políticamente instrumentalizadas”. En una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, solicitó una revisión y aclaración del contenido difundido por el grupo de expertos.
El pronunciamiento fue firmado, entre otros, por la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, así como por integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Los cálculos para Porras
La postulación de Porras a la Corte de Constitucionalidad se produjo en un punto clave del calendario institucional. Su periodo como fiscal general concluirá el 15 de mayo, con lo cual perderá el derecho a “antejuicio automático”, una figura legal que obliga a que cualquier investigación penal contra un alto funcionario pase primero por un procedimiento especial de autorización, ya sea del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia.
De ser electa magistrada constitucional, Porras recuperaría esa inmunidad procesal por cinco años más. Por ello, distintos sectores interpretaron la decisión como una jugada preventiva ante posibles acciones legales futuras derivadas de su gestión.
Porras respondió públicamente que su aspiración respondía a su trayectoria profesional y a su derecho de participar en el proceso. Sin embargo, el debate público se centró menos en los requisitos formales y más en el contexto político que rodea su figura.
Una candidatura que encendió alarmas
Expertos coincide en que la sola postulación de Porras a magistrada constitucional desató efectos políticos relevantes, pues evidenció la tensión entre legalidad y legitimidad en la selección de magistrados.
El constitucionalista Pablo Hurtado explicó a Expediente Público que la Corte de Constitucionalidad es un actor decisivo en el equilibrio de poderes, por lo que cada candidatura debe analizarse también desde su impacto político.
Según su lectura, cuando un funcionario altamente cuestionado busca un cargo con inmunidad, es inevitable que surjan dudas sobre la motivación real. Señaló que, más que una simple continuidad profesional, la movida parecía orientada a preservar margen de maniobra e influencia.
En contexto: Bernardo Arévalo enfrenta 13 procesos penales en Guatemala
En la misma línea, el politólogo Mario Domínguez señaló a Expediente Público que los procesos de elección de altas cortes se han convertido en escenarios de disputa estratégica.
A su juicio, estas postulaciones reflejan cómo ciertos actores intentan reubicarse dentro del aparato institucional cuando se acerca el fin de sus mandatos.
Domínguez sostiene que, aunque la inscripción de Porras fue legal, el problema fue la percepción ciudadana. Si los cargos constitucionales se ven como refugio, se debilita la confianza en el sistema, aseguró.
Debate jurídico: inmunidad no es impunidad
Desde el ámbito del derecho constitucional, la discusión ha sido más matizada. El abogado Mynor Ortiz afirmó a Expediente Público que la inmunidad no bloquea de forma absoluta las investigaciones, sino que establece un procedimiento especial para autorizarlas.
Explicó que ese proceso es complejo y requiere mayorías calificadas en el Congreso y voluntad política. Por ello, aunque jurídicamente no equivale a impunidad, en términos prácticos sí representa una barrera relevante frente a acciones penales rápidas, aseguró el experto.
Para Ortiz, el foco debería estar en fortalecer los filtros de idoneidad y transparencia en la selección de magistrados, para evitar que la discusión se concentre únicamente en la protección que ofrece el cargo.
Le interesa: CIDH advierte de “grandes retrocesos” en derechos humanos en Centroamérica
Estándares de trayectoria ética
La analista jurídica Carmen Aída Ibarra afirmó a Expediente Público que los procesos de selección de magistrados deberían incorporar estándares reforzados de trayectoria ética y compromiso con la independencia judicial.
Señaló que, cuando existen cuestionamientos nacionales e internacionales serios, los órganos designadores deberían aplicar un escrutinio más riguroso.
Para ella, la decisión de la USAC de desechar la candidatura de la fiscal evitó un mayor deterioro de la credibilidad de la Corte de Constitucionalidad y redujo el riesgo de conflicto de confianza.
