* El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminó las huellas visibles de las protestas de 2018 con cambios arquitectónicos en Managua, Masaya y Carazo.
* Espacios emblemáticos fueron demolidos, confiscados o transformados, mientras la dictadura mantiene el control político y policial en esas zonas.
* Más de 350 personas fueron asesinadas en Nicaragua en las protestas sociales de 2018, según la CIDH.
Expediente Público
Ocho años después de la Rebelión de Abril, los principales lugares donde miles de nicaragüenses se manifestaron en Managua, Masaya y Carazo han sufrido cambios profundos, en su mayoría ordenados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Algunos de estos sitios fueron demolidos; otros, confiscados, transformados o intervenidos para borrar todo rastro de lo ocurrido. En varios, la vida cotidiana transcurre sin señales visibles de la brutal represión que dejó más de 350 personas asesinadas durante las manifestaciones de 2018.
La ciudad de Managua es una de las que más proyectan esa normalidad. Bajo esa superficie —esas máscaras de luces, pintura y metal, conocidas como “árboles de la vida”, que fueron instaladas en estos espacios— persiste el mismo control que obligó a miles a salir a las calles hace ocho años.
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Demolición de la rotonda Rubén Darío
La emblemática rotonda Rubén Darío, también conocida como Metrocentro, en Managua, es uno de esos lugares. En su centro había una fuente luminosa. Ahí, decenas de manifestantes se subían para alzar la bandera azul y blanco o usaban sus muros para escribir consignas contra el régimen: “justicia para los asesinados” y “fuera Daniel Ortega” eran algunos de los mensajes que podían leerse en ese lugar.
Ahora, ahí no queda ni rastro. Cada ladrillo donde se exigió justicia, democracia o la salida de Ortega fue demolido. La dictadura ordenó su desaparición como parte del proyecto de ampliación de la Pista Héroes y Mártires de la Insurrección.
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La demolición inició la segunda semana de marzo pasado y, hasta ahora, en el lugar permanece maquinaria pesada de la empresa MECO, que avanza en el segundo tramo de la obra.
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Esta fase cubre dos kilómetros desde la rotonda Cristo Rey hasta la rotonda Rubén Darío. Las autoridades decidieron que justo sobre estas se alzarán dos pasos a desnivel. El plan establece que se conservará solo una de las esculturas, la de Cristo Rey.
Confiscación de la Universidad Centroamericana
A un kilómetro al oeste de donde estaba la rotonda Rubén Darío, otro de los puntos de resistencia cívica y pacífica fue arrasado por el orteguismo.
En la propiedad donde hasta agosto de 2023 funcionó la Universidad Centroamericana (UCA), confiscada por el régimen a la Compañía de Jesús bajo acusaciones de supuesto “terrorismo”, ahora opera la Universidad Nacional Casimiro Sotelo.
El cambio en ese lugar no es solo de nombre. La dictadura Ortega-Murillo designó al frente a la orteguista Dania Hernández Pinell, quien funge como rectora. En estos ya más de dos años, el recinto ha sido transformado en una extensión más del partido orteguista: ondea la bandera del FSLN, los edificios han sido rebautizados con nombres de figuras afines a la dictadura y se imparten cátedras que exaltan a Ortega y a Murillo.
Antes de esa transformación, la UCA fue un bastión de resistencia ciudadana que sigue en la memoria de miles de nicaragüenses. Desde los primeros días de abril de 2018, con el impulso de estudiantes que no cedieron a las presiones del régimen, el campus universitario se convirtió en uno de los principales puntos de concentración, protestas y plantones, donde se exigía justicia para los asesinados, democracia y la salida de Ortega.
La noche del 18 de abril de 2018, el primer día de protestas, ese espacio fue uno de los primeros en ser marcado por la violencia del régimen, a través de la Juventud Sandinista, apañada por la Policía Nacional.
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Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los manifestantes que llegaron entre las 18:00 y las 19:00 al sector de la UCA fueron brutalmente agredidos y obligados a resguardarse dentro del recinto. Desde afuera, grupos paraestatales lanzaron piedras, dañaron la fachada e intentaron continuar las agresiones contra quienes buscaban refugio.
El GIEI documentó que “la apertura violenta del portón principal de la UCA, el ingreso de un contramanifestante al recinto y la destrucción de los vidrios de las garitas de control fueron percibidos como una vulneración a la autonomía universitaria”.
Esa violencia, según el análisis del GIEI, aunque en ese momento no fue letal, terminó siendo un detonante: las protestas crecieron, se volvieron más masivas y se extendieron a distintos puntos del país.
Otro de los primeros lugares de concentración de manifestantes aquel 18 de abril de 2018 fue la Plaza Comercial Camino de Oriente, ubicada en el kilómetro 6 de la carretera a Masaya, a pocas cuadras de la rotonda Centroamérica, en Managua.
Primeras agresiones contra manifestantes en Camino de Oriente
Hoy, el lugar sigue siendo muy concurrido. El comercio sigue activo y la vía principal conserva los mismos negocios, entre ellos, el restaurante Buffalo Wings. A simple vista, no hay señales de lo que ocurrió ahí. Hace ocho años, manifestantes que intentaron resguardarse en ese lugar fueron atacados por fuerzas afines al régimen.
La activista y feminista Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), fue una de las primeras personas agredidas en ese sector por grupos paraestatales. Meses después, en noviembre de 2018, fue deportada a Costa Rica y despojada de su nacionalidad nicaragüense.
Su imagen, golpeada y con el rostro ensangrentado, se convirtió en una de las más difundidas en esos días. También fue ampliamente compartida la foto del periodista Alfredo René Zúñiga, quien —de acuerdo con el registro del informe del GIEI— fue golpeado y robado mientras documentaba cómo integrantes de la Juventud Sandinista despojaron a un joven en esa misma zona.
Ese 18 de abril, el grupo de manifestantes que se había concentrado en Camino de Oriente intentó marchar hacia la rotonda Centroamérica. Pero cerca de las 18:00, la movilización fue contenida. De acuerdo con el GIEI, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas contra quienes protestaban de forma pacífica.
Ese mismo día, la represión también alcanzó a la prensa independiente. En ese mismo sector, al menos cinco periodistas fueron agredidos o despojados de su equipo: Julio César López, de Onda Local, fue golpeado en la cabeza cerca del restaurante Buffalo Wings; René Cuadra y Leticia Gaitán, de 100% Noticias, también fueron atacados y asaltados; el reportero Néstor Arce, de Confidencial, sufrió golpes y el robo del lente de su cámara; y Emiliano Chamorro, de La Prensa, también denunció agresiones.
Ataque a la UNAN-Managua
Otro de los puntos clave de manifestación, en el sur de Managua, fue la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), que hoy permanece bajo control total del régimen orteguista.
En el campus, la presencia oficialista se ha fortalecido a través de la dirigencia de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), que promueve abiertamente la afinidad partidaria: ondea la bandera del FSLN, convoca a actividades políticas e incluso condiciona beneficios, como las becas.
En julio de 2018, la UNAN fue escenario de semanas de resistencia estudiantil. Desde ahí, los jóvenes exigían autonomía universitaria, la salida de Ortega y justicia para las asesinados en las protestas. Esas manifestaciones terminaron tras un desalojo ejecutado con la fuerza de las armas controladas por la dictadura.
Entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de julio, fuerzas combinadas de la Policía y grupos parapoliciales efectuaron —según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes— una operación coordinada y desproporcionada para retomar el recinto y expulsar a los estudiantes que lo mantenían tomado como forma de protesta.
Ante el avance armado, decenas de estudiantes se replegaron hacia la iglesia Divina Misericordia, ubicada en el costado sureste de la UNAN-Managua. Ahí se refugiaron junto con heridos, médicos y sacerdotes. Sin embargo, el templo fue sitiado y atacado durante unas 12 a 15 horas con disparos de fusiles de alto calibre, pese a tratarse de civiles desarmados.
Según el GIEI, al menos dos estudiantes murieron por impactos de bala y varios más resultaron heridos, sin posibilidad inmediata de evacuación. El asedio se prolongó hasta que, tras intensas gestiones de la Iglesia católica —incluida la mediación del cardenal Leopoldo Brenes—, los jóvenes fueron evacuados en autobuses bajo un acuerdo que permitió su salida con vida.
Rastros de la represión eliminados de la Iglesia Divina Misericordia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó que los manifestantes asesinados en la iglesia Divina Misericordia fueron Gerald Vásquez y Francisco Flores, ambos por “heridas de armas de fuego” que, según denuncias de sus familiares y testigos, fueron “disparadas por el contingente policial y parapolicial que participó en el ataque”.
Hasta inicios de 2025, las paredes de ese recinto religioso aún conservaban las marcas de las balas que impactaron en el costado sureste del templo. Sin embargo, en julio del año pasado, el lugar fue restaurado —sin que se haya esclarecido si fue por decisión de la Arquidiócesis de Managua o por presiones del régimen— y se borraron los rastros visibles del ataque.
La iglesia Divina Misericordia ahora está custodiada por guardas de seguridad que se mantienen junto a un quiosco de servicios municipales de la Alcaldía de Managua, ubicado estratégicamente frente al templo por orden del orteguismo. Sus paredes lucen pulcras, limpias, finamente retocadas en color blanco, sin ninguna marca de las balas que quedaron de ese asalto de las fuerzas orteguistas.
Rotondas de Managua plagadas de “arbolatas”
A pocos kilómetros de esa parroquia, otros puntos de concentración de manifestantes, como las rotondas Jean Paul Genie y la de Ticuantepe, también fueron transformadas. La primera permanece custodiada por un guarda de seguridad y al menos dos agentes de la Dirección de Auxilio Judicial con sus respectivos fusiles de reglamento en mano.
En 2018, en la rotonda Jean Paul Genie, los manifestantes colocaron cruces en memoria de los asesinados, mientras que en la rotonda Ticuantepe se instaló una especie de peña con la Virgen María. Todo fue retirado posteriormente por orden de la dictadura.
Hoy, esos espacios están ocupados por estructuras metálicas de colores amarillo y rojo, iluminadas por decenas de bombillos, llamadas “árboles de la vida” y promovidas por la dictadora Rosario Murillo.
Durante las protestas, muchas de estas estructuras de metal, que miden más de 15 metros de alto, fueron derribadas por manifestantes, que las bautizaron como “chayopalos” o “arbolatas”.
Hasta la fecha, según registros de medios oficialistas, el régimen ha ordenado la instalación de más de 200 de estas estructuras en rotondas, avenidas, cerros y carreteras del país. La “siembra” de esos “árboles de la vida” fue retomada por la dictadura especialmente en Managua, pero también se ha extendido a otros municipios.
Transformación de calles de Masaya
La rotonda de San Jerónimo, en la ciudad de Masaya, ubicada a unos 15 kilómetros de la rotonda Ticuantepe, luce —hasta ahora— casi igual que hace ocho años. En el centro permanece la imagen del santo, que no ha sido desplazada por las “arbolatas”. Pero más allá de ese punto, la urbe es otra: ha sido transformada y se mantiene bajo vigilancia constante de la Policía y de operadores políticos del orteguismo.
Ese cambio se percibe desde la entrada. Las calles ya no son las mismas. Los adoquines fueron reemplazados por asfalto o concreto hidráulico, tras intervenciones impulsadas por la Alcaldía en los últimos tres años.
En 2018, esos adoquines fueron clave. Los manifestantes los arrancaban para levantar barricadas, cerrar vías y protegerse de los ataques armados de grupos paramilitares, que posteriormente tomaron la ciudad por la fuerza.
Vigilancia permanente en Monimbó
La vía principal que conecta la rotonda San Jerónimo con el Parque Central es completamente de asfalto. Más al sur, en dirección a la placita de Monimbó, el cambio resalta: la superficie es la misma, continua, sin rastros de los adoquines que antes podían removerse.
La placita de Monimbó suele permanecer casi vacía, incluso en fines de semana. El orteguismo intervino el lugar bajo el argumento de mejorar la infraestructura para el comercio y la recreación. Se instalaron banderas del Frente Sandinista y mobiliario metálico.
Sin embargo, la actividad es mínima. Sobre todo, al final de la tarde, pocos comerciantes llegan a vender elotes, atol, tortillas, queso, moronga, tamales, cabeza de chancho o frijolitos blancos.
Los expendedores se ubican en las mesas instaladas bajo el techo de tejas del tiangue que la dictadura Ortega-Murillo instaló en julio de 2018, tras tomar Masaya con la fuerza de las armas. Y, aunque el discurso oficial insiste en proyectar normalidad, basta permanecer media hora en el lugar para notar otra constante: el paso frecuente de patrullas policiales.
Ataque al pueblo indígena de Monimbó
Al transitar por el centro de Monimbó, incluso con sus calles recién asfaltadas, la tensión se percibe en el ambiente. Hay personas que evitan conversar, que se inquietan al sentirse grabadas o fotografiadas y que desconfían incluso de quienes coinciden en una parada de buses esperando el transporte público.
En la Avenida Real de Monimbó, que conecta la placita con la rotonda del Parque de Ferias, la vigilancia es constante. Camionetas con banderas del FSLN circulan de un lado a otro; patrullas policiales pasan cada cierto tiempo. A eso se suma la presencia de los Consejos de Poder Ciudadano, los famosos CPC, estructuras de control territorial que el régimen mantiene en los barrios para vigilar a la población.
Esas son las mismas calles que en 2018 fueron tomadas por los pobladores, que levantaron amplias barricadas con adoquines y desafiaron el poder del orteguismo. Las mismas que fueron testigos de cómo la dictadura vapuleó al aguerrido pueblo indígena de Monimbó con todo lo que tenía.
Tras dos días de intentos, el orteguismo perpetró el ataque a Monimbó el 17 de julio de 2018, con la mal llamada “Operación Limpieza”. La ejecución urgía al régimen, pues faltaban dos días para el 19 de julio, fecha de la conmemoración anual de la Revolución Sandinista.
La CIDH investigó la “Operación Limpieza” y concluyó que la ciudad de Masaya fue víctima de una segunda fase de represión perpetrada por la dictadura. Fue blanco —al igual que la UNAN-Managua y la ciudad de Jinotepe, en Carazo— de un “operativo desplegado sistemáticamente por el Estado de Nicaragua con el fin de desmontar tranques y barricadas en diferentes ciudades del país”, señaló el organismo en su informe.
El documento refiere que, durante esos operativos, la actuación de la Policía se dio en coordinación con grupos paramilitares. La CIDH reportó que, como parte de esos operativos armados en Masaya, UNAN-Managua y Carazo, “unas 90 personas habrían fallecido y muchas más habrían resultado heridas”.
“Arbolata” instalada en Monimbó
A pesar de toda esa sangre derramada y las exigencias de decenas de madres que siguen clamando justicia aún desde el exilio, en la ciudad de Masaya se vive una aparente normalidad sostenida por el orteguismo.
Algunos de los cambios más notorios en Monimbó se observan en la propiedad donde antes funcionó el llamado “Comandito de Monimbó”, un símbolo de resistencia de la urbe, que fue escenario de una rebelión contra el dictador Anastasio Somoza en la década de los setenta del siglo pasado.
En ese mismo sitio, el orteguismo repitió la represión contra los ciudadanos en 2018. Cuatro años después, en 2022, el régimen levantó ahí lo que denomina “Museo de la Revolución”. En fines de semana, el lugar se muestra cerrado, aparentemente sin actividad, pero con grandes banderas del Frente Sandinista ondeando en su acceso principal.
Al salir de Monimbó, aparece otra de las estructuras metálicas de color amarillo, instalada por el orteguismo. Está ubicada al final de la Avenida Real, justo en la rotonda del Parque de Ferias, que lleva el mismo nombre de ese pueblo indígena que en 2018 no dudó en hacerle frente a la dictadura.
Confiscaciones y vigilancia en Jinotepe
Con esa determinación de Monimbó, que no temió a la fuerza de las armas del orteguismo, también resistió el pueblo de Jinotepe. Sus habitantes paralizaron la Carretera Panamericana que cruza la ciudad, deteniendo incluso el tránsito de carga pesada como forma de protesta contra el régimen.
En Jinotepe, el pueblo sigue vigilado en medio de esa normalidad aparente proyectada por la dictadura. A simple vista, la ciudad mantiene su ritmo: el comercio está activo. Abundan las tiendas de ropa, de calzado y de electrodomésticos, así como los puestos de comidas rápidas y de frutas.
Incluso, en la zona se han instalado tiendas de artículos varios de empresarios chinos. Los tradicionales comercios de helados jinotepinos continúan siendo concurridos en estos días de intenso calor en Nicaragua.
Sin embargo, como en otros puntos del país, esa cotidianidad convive con señales más sutiles de control y con las huellas —menos visibles— de uno de los episodios más violentos de la represión de 2018.
Jinotepe también sufrió la embestida de la llamada “Operación Limpieza” en julio de 2018, mediante la cual el orteguismo logró desmontar los tranques levantados por los manifestantes.
La iglesia Santiago Apóstol se mantiene como uno de esos puntos marcados por la memoria y la vigilancia. Aunque muestra un evidente deterioro en su pintura por el paso de los años y las misas continúan realizándose, el templo permanece bajo observación constante.
Guardas de seguridad de la Alcaldía de Jinotepe, ubicada a un costado del templo, se mantienen frente a la entrada principal. A esto se suma la presencia de camionetas con banderas del FSLN estacionadas en los alrededores.
Visitar el parque contiguo a la iglesia también resulta incómodo para quienes no son del lugar. Tomar una fotografía, en un espacio que debería ser de libre recreación, implica atraer miradas vigilantes que siguen cada movimiento hasta que uno decide retirarse.
En julio de 2018, la iglesia Santiago Apóstol fue saqueada por turbas afines al régimen tras la intervención paramilitar en la ciudad. Sacaron bancas y diversos materiales bajo el argumento de que habían sido robados por los manifestantes. En realidad, esos insumos —gasas, alcohol, soluciones salinas— eran utilizados para atender a las personas heridas durante los ataques.
En ese mismo municipio, el orteguismo también ordenó la confiscación, en agosto del año pasado, del Colegio San José, con más de 40 años de trayectoria y administrado por la congregación de las Hermanas Josefinas. El centro pasó a manos del Ministerio de Educación (Mined), bajo el argumento —según declaraciones de Rosario Murillo— de que durante las protestas de 2018 funcionó como un supuesto “centro donde se torturó y se asesinó”.
El lugar fue rebautizado como Centro Escolar Bismarck Martínez, en honor a un simpatizante del régimen que supuestamente fue asesinado durante las protestas. Sin embargo, según versiones de opositores, se trataba de un paramilitar.
Sus restos, de acuerdo con la versión oficial, fueron encontrados cerca de ese colegio que está al lado la Carretera Panamericana donde se levantaron tranques durante las manifestaciones de 2018.
En Managua, Masaya y Jinotepe, la vida sigue. Ya no quedan pintas ni adoquines sueltos ni marcas de bala en las paredes. En su lugar, hay asfalto, pintura y estructuras metálicas nuevos, recién colocados.
Sin embargo, lo que la dictadura no ha podido desaparecer es la memoria. Esa que se conserva en miles de nicaragüenses que, dentro del país, callan por temor, pero que desde fuera gritan el doble en cada aniversario de la Rebelión de Abril.
Tal como seguro lo harán este próximo fin de semana, cuando vuelvan a convocarse —esta vez por el octavo aniversario— en distintas ciudades del mundo para seguir exigiendo justicia para los más de 350 asesinados durante las protestas sociales de 2018, libertad para quienes continúan presos o bajo medidas cautelares por motivos políticos, y respeto a los derechos humanos y la democracia.
