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A 30 años de su desmovilización: La guerra contra los exmiembros de la Resistencia Nicaragüense continúa

  • Más de 20 excombatientes han sido asesinados entre 2011 y 2016

“Aquí desde los 90, la guerra para nosotros ha continuado”, expresó Luis Gadea, exmiembro de la Resistencia Nicaragüense del departamento de Nueva Segovia, en el noroeste de Nicaragua. Él y otros exguerrilleros conversaron recientemente con Expediente Público sobre la situación de asedio e inseguridad que viven en el campo. Por razones de seguridad pidieron que sus nombres reales permanezcan en el anonimato, aunque sí autorizaron a usar ficticios o sus alias en la guerra. 

Los exmiembros de la Resistencia Nicaragüense con quienes conversó Expediente Público son originarios de los municipios de Ciudad Antigua, Dipilto, Murra, San Fernando, Wiwilí, Jalapa, Mozonte, Quilalí y Santa María, del mencionado departamento. En estos lugares se desarrolló intensamente la guerra civil nicaragüense entre el Ejército Sandinista y el ejército campesino contrarrevolucionario en los años 80.

Un campesino, a quien llamaremos Saturnino Hernández, afirmó: «contra soy y seguiré siendo contra hasta el día en que me muera». Esta reafirmación de pertenencia a esta agrupación armada de los 80, a veces ha representado una sentencia de muerte para estos excombatientes. 

Los exrebeldes se identificaron como una fuerza opositora al Gobierno sandinista: “Sí, soy contra, porque estoy contra las injusticias de este Gobierno”, subrayó Juan López, del municipio de Murra, un poblado de más de 12 mil habitantes, localizado a 296 kilómetros al norte de Managua. Y recalcó: “A Daniel Ortega no le agrada nada de lo que se le oponga.” 

“La persecución siempre ha estado, los asesinatos siempre se han dado”, aseguró Celestino Edgardo González, quien también formó parte de la Resistencia Nicaragüense. 

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Según una investigación publicada el 28 de octubre de 2018 por Expediente Público, se verificó la muerte de 22 campesinos armados entre los años 2011 y 2016, todos torturados y baleados. En algunos casos la policía y el ejército los mataron aduciendo que pertenecían a bandas de delincuentes armados. Muchos de estos asesinatos han quedado engavetados, sin que se les dé seguimiento judicial.

Según Expediente Público, después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1991, remanentes de contras y del ejército y la policía sandinista tomaron de nuevo los fusiles para reivindicar su inserción a la vida civil. Sin embargo, esta situación se controló hasta el 2003. Con el ascenso nuevamente del sandinismo, en el 2007, han aparecido grupos de rearmados en los mismos escenarios geográficos que combatieron durante la guerra civil de los años ochenta, quienes han sido calificados por el gobierno como delincuentes ligados al narcotráfico. 

En Nicaragua, el Código Penal establece, en el artículo 420, hasta 8 años de prisión a las personas que se alcen en armas para sustituir a un presidente o gabinete de Gobierno, y este artículo pudiera aplicarse a los rearmados campesinos con fines políticos.

Además, en el informe del Ejército Nacional, el Libro Blanco, Incidencia de Elementos Delincuenciales en Nicaragua, publicado en enero de 2018, aparecen algunos nombres de excontras catalogados como “delincuentes de alta peligrosidad”.

Recuerdan a José Naum, torturado y fusilado

Un excontra del municipio de Ciudad Antigua, a 250 kilómetros de Managua, recordó que al rearmado José Naum Mendoza la policía y el ejército lo asedió constantemente antes de morir torturado y fusilado en 2016, en una comunidad llamada Magdalena, del citado municipio. Los familiares de la víctima presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en diciembre de ese mismo año contra esas instituciones estatales, pero no fue recibida ni mucho menos procesada.

Los llamados excontras hablaron de la existencia de una “lista negra” con nombres de exmiembros de la Resistencia a ser asesinados. Según ellos, son expedientes inventados, con información falsa sobre crímenes que presuntamente ellos han cometido, para justificar que luego sean perseguidos por la policía o el ejército. Sin embargo, la existencia de dicho listado no pudo ser verificada por Expediente Público. 

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Una guerra silenciosa

Para un exguerrillero del municipio de Murra, él y muchos de sus compañeros están viviendo una guerra no declarada: «La guerra ha continuado, es más visible ahora (tras los sucesos de abril 2018) que la situación está destapada». 

Y agregó: «Hemos estado viviendo una guerra silenciosa, con una planificación perfecta, con una dirección del montaje que se efectuará». Y como prueba de ello mencionó los casos de los jóvenes José Taurino Cálix Hernández, José Ramón Matey y Cristian Hernández, de Ciudad Antigua, Nueva Segovia, a quienes las autoridades acusaron sin ninguna prueba de quemar dos motocicletas, el 15 de septiembre del 2012. 

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«En 2003 me torturaron en Murra únicamente por protestar y exigir al Consejo Supremo Electoral que se garantizara la cédula a los jóvenes. Nos mantenían presionados y nos echaron los antimotines. Yo me agarré con dos de ellos, me eché dos al suelo… y luego se me lanzaron cuatro y los cuatro me pudieron domar, me enchacharon (esposaron) y me dijeron, decí quién te paga, quién te financia«, relató el excontra Juan Francisco Toruño.

La vida es difícil para muchos exrebeldes, según lo expresaron ellos mismos durante las entrevistas realizadas. La policía tiene control de cada paso que dan, aseguraron. Recientemente, en una reunión celebrada en el municipio de Ocotal, a 222 Km al norte de Managua, las tropas especiales rodearon el área donde se encontraban, como una manera de acosarlos y vigilarlos.


Ese acecho gubernamental lo viven continuamente los excontras: «Nos han rodeado la casa, así como a nosotros, nos han perseguido, también a nuestras familias, sólo por el hecho de ser contras”, afirmó indignado Pablo Juárez López. 

Ante esas situaciones de acoso, los exrebeldes han recurrido a las autoridades, pero no les han dado respuesta.

«Nosotros no podemos reclamar, si uno cae preso, ¿adónde vamos a poner la denuncia?, no tenemos garantías en este país, no se respetan nuestros derechos», añadió Juárez. 

Los responsables de asesinatos a excontras y rearmados desde el 90 a la fecha han sido cada uno de los generales que desde los tiempos de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) han dirigido los destinos del Ejército, insistieron algunos de los entrevistados, sin mostrar prueba alguna.

Malas negociaciones

Los exguerrilleros han sufrido por las malas decisiones tomadas por sus líderes o representantes políticos, respecto a ellos, dijo el excontra Ernesto Medina Vallecillo, del municipio de Dipilto, a 239 kilómetros al norte de Managua. 

“Tenemos un montón de lisiados de guerra que no tienen ayuda, tenemos un montón de gente que se nos está muriendo en el campo y nosotros en la misma situación de pobreza y acoso estatal. Añadió que «por unas cuantas monedas, las malas negociaciones nos han llevado al fracaso».

La cifra de lisiados de guerra en Nicaragua ronda los 10,000, según algunas estimaciones. En tanto, y aunque es difícil determinar el número exacto de muertos en el conflicto de los 80 y en los levantamientos armados que surgieron tras la firma de la paz, se calcula que fueron entre 30,000 y 50,000.

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Los exguerrilleros se quejaron de que en los años 90 fueron obligados a desarmarse, producto de los acuerdos de paz, a cambiar el arma por el machete y dedicarse a las siembras, mientras que los sandinistas quedaron armados y con cargos en el ejército y la policía. 

Un desmovilizado recibe de la CIAV-OEA sus 50 córdobas oro. Foto Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica

Los entrevistados resintieron que el Partido Resistencia Nicaragüense, que pretendió representarlos, no ha sido ni fue lo esperado.

«Nunca me he sentido representado por partidos de derecha, incluyendo nuestro partido, cuando se formó como la Resistencia supuestamente defendería nuestros intereses. Le digo: es lamentable, el partido fue muy bueno, pero las personas que lo echaron a andar fueron muy malas, ambiciosas. Eso lo venimos viendo desde la guerra, nosotros sabíamos que Benito Bravo, el comandante Max, era un infiltrado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), lo que pasa es que nadie tuvo los pantalones para decirlo públicamente”, expresó Rodolfo Laguna Matey. 

Los excontras también reflexionaron que el comportamiento del presidente Daniel Ortega siempre ha sido el mismo: incumplir los acuerdos. 

«Daniel está acostumbrado a firmar convenios y no cumplirlos», afirmó Luis Adolfo Membreño.

En abril de 2009, directivos del Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), conformado por excontras, hicieron un llamado público al Gobierno de Ortega a cumplir con los acuerdos de 2006. Este año preelectoral Ortega prometió a los exguerrilleros que jamás habría guerra, servicio militar obligatorio e injerencia extranjera que promueva la guerra. También el mandatario les prometió integrarlos en programas sociales asistencialistas, lo que no cumplió porque solo benefició mayormente a grupos afines al FSLN.

Los hijos de los excontras

Uno de los entrevistados contó que al desarmarse y reintegrarse a la vida civil enfrentó el reto de reconstruir su familia. Ahora, acotó, ni él ni sus compañeros de lucha son ya los adolescentes que se armaron en las montañas, y ahora el amor por sus hijos es un freno para tomar las armas de nuevo y al mismo tiempo una motivación. 

«Yo tengo una familia que debo cuidar», aseguró Juan López, quien intervino por segunda vez en esta especie de mesa redonda.

Los hijos de los excontras también han sufrido asedio y represalias, específicamente por los obstáculos que deben sortear para obtener sus documentos de identidad. En 2011, año electoral, iniciaron una serie de protestas en Nueva Segovia para que a sus hijos les fueran entregados dichos documentos. 

«Nos vimos obligados a darles a los jóvenes acompañamiento (en la gestión del documento y en las protestas), porque no querían darles la cédula a nuestros hijos. Era un acompañamiento, no era un pleito», aclaró Celestino Edgardo González.

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Algunos exrebeldes se han visto obligados a mandar a sus hijos fuera del país, porque, según ellos, a raíz del levantamiento civil contra el régimen de Ortega, en abril de 2018, los jóvenes han recibido mayor presión del Gobierno. No ha sido fácil exiliarlos, porque los jóvenes campesinos no cuentan con visa estadounidense, y no se las otorgan fácilmente por su humildad y pobreza. 

No quieren otra guerra

Los excontras han delegado todas sus esperanzas en sus descendientes, en cuanto a la continuidad de la lucha, como lo expresó Juan Francisco Toruño: «Voy a ser contra siempre, por esto si me muero, tengo doce hijos y ellos van hacia adelante a seguir luchando por Nicaragua y el municipio».

Los excombatientes de la Resistencia Nicaragüense aseguraron que, puestos a escoger, obviamente prefieren que el país no regrese a la guerra, sin embargo, sostuvieron que el Gobierno de Ortega podría estar llevando al país a un conflicto armado.

«¿Queremos que vuelva a haber guerra en Nicaragua? No queremos, pero si a vos te llevan allí, ¿qué se puede esperar?”, expresó Saturnino Hernández Pérez.

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