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Al margen de la realidad: el régimen de Nicaragua y su política contra la violencia hacia las mujeres


Nicaragua. – A inicios de 2016 el régimen de Nicaragua anunció el cierre por razones presupuestarias de las Comisarías de la Mujer y la Niñez adscritas a la Policía Nacional y traspasó sus funciones a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la misma institución. 

Había comisarías en los 153 municipios del país y los siete distritos de Managua y con esta medida se terminaba un esfuerzo de 23 años desde que se inauguró la primera comisaría en 1993 en el distrito V de la capital. Con los años, el modelo llegó a reproducirse para llegar a 162 delegaciones especializadas en violencia de género en todo el país. Irónicamente, la mayoría de estas instancias fueron levantadas por el régimen de Daniel Ortega desde que volvió al poder en 2007, pues en 2006 solo había 27 comisarías, según datos de la Policía Nacional. 

Cuatro años después el régimen volvió la vista atrás después de siete femicidios cometidos en enero de 2020, particularmente por la conmoción nacional que produjo el crimen contra una adolescente que tomó un taxi para ir a clases en Chichigalpa, municipio al noroeste del país, y fue atacada por el conductor del vehículo que había tomado. 

En un clima de represión desmedida y prohibición de manifestaciones opositoras, la población de Chichigalpa salió en febrero de 2020 a las calles para exigir justicia por la adolescente. 

Pese al considerable monto del presupuesto a la policía en 2020 de 3,800 millones de córdobas y en 2021 de 3,760 millones de córdobas, unos US$110 millones por año, no hay registro de las asignaciones a estas Comisarías de la Mujer y Niñez. 

La primera Comisaría de la Mujer y la Niñez en reabrir fue en el distrito V de Managua, donde había empezado todo 27 años antes. Al 22 de octubre de 2020 había 38 comisarías reactivadas. 

Maricé Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, afirmó a Expediente Público que la reapertura de las comisarías es “una cortina de humo y una mentira porque las mujeres están diciendo que no les están tomando la denuncia, no hay entes especializados, estamos frente a funcionarios con mucho desconocimiento de género, retrógrados y que no están priorizando el tema”. 

“Están tratando de subsanar la responsabilidad de haberlas cerrado porque estaban funcionado bien, en 2016 hubo menos femicidios (49)”. 

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Las comisarías no fueron un éxito del gobierno, sino, “un esfuerzo de las organizaciones de mujeres y la presión con marchas, propuestas en políticas públicas y tener una entidad especializada”, sostiene Mejía. 

La falta de estrategia estatal contra la violencia de género se refleja, además, en instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, que muchas veces opta por enviar a las víctimas a mediación o consejerías familiares, afirma Mejía. 

Martha Flores, miembro de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), en entrevista a Expediente Público sostuvo que las comisarías funcionaron muy bien entre 2012 y 2014, pero posteriormente “no logramos que cumplieran con lo programado en cuanto acceso a la justicia y trabajar con la sociedad civil”. 

Para Flores de CDD pese a la reactivación de las comisarías es solo de infraestructura, pero no en el cumplimiento de la ley, falta un consenso nacional para construir estrategias, sobre todo, porque las mujeres han perdido la confianza en las autoridades. 

“Hay mujeres que después de salir del hospital víctimas de un femicidio frustrado, cuyas familias no quieren denunciar. Los hombres se van libres y se van a otro departamento, este año se capturó en Chinandega a un hombre que estuvo 15 años libre después de un femicidio”, precisa Flores. 

“Las comisarías son la estructura, pero no da la atención especializada que se requiere, demandamos calidad de atención, donde no tengás que mandar a mediar con el agresor, porque no están en la misma condición de igualdad”, sostiene.  

Las reformas y reglamentaciones a Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer han sido para beneficiar a los hombres, señala Flores, una de las reformas más polémicas es la introducción de la mediación, donde muchas víctimas tienen que enfrentar a sus agresores antes de levantar un proceso judicial por violencia.  

Una abogada penalista que prefiere la anonimidad por seguridad explica que “la Ley 779 entró en vigencia en julio de 2012 y fue un gran avance para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero hubo diferentes reformas erróneas, la ley tenia como una de sus mayores restricciones la mediación en delitos de violencia de género, pero en 2013 se eliminó poniendo a las mujeres en un relación desigual y pudiendo tramitarse de modo distinto a través de otros principios de oportunidades que pudieran dar mayores garantías procesales para la mujer e incluso para el hombre en su reinserción”. 

“El principio de oportunidad más idóneo en delitos de violencia de género se llama suspensión de la persecución penal, con el cual el acusado debe declararse culpable e ir a un régimen de prueba, este pudiese ser más efectivo si existiese una comisión interinstitucional que tuviera un régimen de seguimiento y vigilancia, pero no funciona en la práctica”, asegura la penalista. 

INCREMENTA VIOLENCIA 

La vicepresidenta Murillo implementó desde febrero 2020 la campaña “Mujeres por la Vida, Mujeres, Paz y Bien”. Solo entre el 5 y el 11 de octubre, un total de 587 denuncias fueron recibidas a nivel nacional, de las cuales, 312 fueron por delitos y 275 por faltas menores como incumplimiento del pago por pensión alimenticia, así lo reportó a medios afines al gobierno la comisionada Martha Irías, jefa de las Comisarías de la Mujer.  

Los hechos más denunciados por incumplimientos por derechos alimenticios (faltas), asedios, amenazas y abusos sexuales. De esas denuncias, 455 acciones se dieron en las casas de habitación 

En una semana de campaña, las comisarías de la policía dieron persecución a agresores y capturaron a 124 hombres, la mayoría de los departamentos (92), dijo Irías, en uno de los últimos reportes públicos dados solo a medios afines al régimen. 

Por otra parte, en lo que va del 2020 el régimen ha liberado por medio de indultos o medidas cautelares a más de 500 agresores de mujeres entre femicidas, violadores, pedófilos y otros abusadores. 

Pese a la campaña estatal y la reactivación de las comisarías, las muertes violentas de mujeres han aumentado en relación a 2019 que cerró con 63 casos, mientras en lo que va de 2020 ya se superó la cifra y hay 69 femicidios, informó el colectivo Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). 

Mejía sostiene que el Gobierno oculta muchos datos sobre el tema, por ejemplo, solo registra 12 femicidios por la reglamentación de la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres a este crimen como algo en el ámbito de las relaciones de pareja. 

Otras formas de violencia como las agresiones físicas y delitos sexuales no son reveladas, desde 2016 el Ministerio Público no publica más estos informes. 

También los femicidios frustrados o intentos de femicidios han aumentado, hay cien reportes em lo que va del 2020, mientras el año pasado concluyó con 62, precisó Martha Flores, miembro de CDD. 

El número de niños huérfanos por femicidios supera los 85 en lo que va del 2020 advierte la Red de Mujeres. 

MINISTERIO DECORATIVO 

El Ministerio de la Mujer (Minim) nunca se ha pronunciado contra la violencia que se está cometiendo contra las mujeres, advirtieron por igual Flores y Mejía. 

“Desconozco las estrategias de trabajo del ;Minim, lo poco que pude encontrar fue un programa para incorporar a las mujeres en labores productivas, está completamente politizada, tienen que reforzar el adoctrinamiento de rendir honor al partido antes de restituir derechos a las mujeres, desconocemos el papel que tienen para prevenir la violencia contra las mujeres y el femicidio”, expresa Mejía. 

Lea: Subsistir y arriesgarse: Mujeres que se enfrentan a la pandemia en Nicaragua

En su página de Facebook el Minim tiene una campaña #mujeresporlavida, en uno de los videos aparecen las integrantes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP). 

Por otra parte, el Gobierno también destinó 30.2 millones de córdobas en 2021 (870 mil dólares) para el Ministerio de la Mujer, unos dos millones de córdobas más que en 2020. Esta es la institución que desarrolla los programas de género del Estado que recibieron de este monto total 13.3 millones de córdobas: Formación para la equidad de género, institucionalización de las prácticas de género y promoción de derechos y protagonismos de la mujer.  

El presupuesto del Ministerio de la Mujer es el más bajos de las instituciones públicas. Partiendo de ese presupuesto la inversión por mujer es de nueve córdobas al año. 

Mejia reitera el alto nivel de politización de las instituciones y que las mujeres no pueden acceder a programas sin un aval político y partidario, particularmente cuando la ministra de la Mujer, Jessica Padilla, es un cuadro formado en la Juventud Sandinista,  

Las pocas actividades que hace el Estado para incorporar a las mujeres a las dinámicas económicas son acciones asistencialistas “que no cuestionan los roles y estereotipos de géneros, porque siempre le están dando a las mujeres cocinas, panadería, salones de belleza, cursos de tejido y manualidades, Eso es romantizar la pobreza porque aquí muchas mujeres con todas estas crisis con costo comen una o dos veces al día con sus hijos”, replica Mejía, 

REPRESIÓN Y MÚLTIPLES CRISIS 

En 2018 el régimen cerró nueve organizaciones civiles dedicadas a la lucha por los derechos humanos, entre ellas, al menos, cinco eran dirigidas por mujeres. 

El acoso a las organizaciones feministas viene desde antes de 2018, tal como revela un reportaje especial de Expediente Público. 

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A raíz de las protestas sociales de 2018 la situación es más grave para las organizaciones civiles, Mejía señala las leyes predispuestas por el régimen para el accionar ciudadano como la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Lavado y Antiterrorismo, así como la discusión de la cadena perpetua por crímenes de odio que se inició tras la muerte violenta de dos niñas en Mulukukú en el norte del país, ocurrido en septiembre de 2020. 

“La cadena perpetua no es la solución para este tipo de casos de crímenes de odio, en 2017 se incrementaron las penas para delitos contra las mujeres y agravantes para los femicidios, pero la solución está en la prevención, el seguimiento de medidas cautelares y el seguimiento de principio de oportunidades”, explica la abogada penalista consultada por Expediente Público. 

Muchas defensoras están en el exilio y otras se apartaron por miedo a ser encarceladas o buscadas por el gobierno. 

Además, la crisis económica afecta el trabajo organizacional, muchos donantes se fueron y hubo organizaciones que cerraron por falta de recursos. 

Finalmente, la pandemia por el COVID-19 afecta el trabajo rutinario de las organizaciones, todas estas crisis han llevado a cerrar a siete de los 13 refugios que tenían las diferentes organizaciones. 

Los seis albergues restantes también han incrementado el número de atenciones en un 30%, pero igual por la pandemia hay una reducción de los días de atención, pero también por el incremento notable de casos porque los hombres están más tiempo en casa ya sea porque regresaron del exterior al perder sus trabajos, porque quedaron desempleados en Nicaragua o porque deben estar en casa más tiempo, reveló Mejía. 

CAMBIOS 

“Hemos sentido la persecución no solo en control y asedio policial, que se incrementó ahora en septiembre de 2020 que anduvieron buscando a muchas organizaciones como el Movimiento Marianela Cuadra y el Movimiento de Mujeres de Chinandega”, expone la representante de la Red de Mujeres Contra la Violencia. 

“Falta que dentro de los espacios públicos exista más democracia y participación de las mujeres, falta libertad de poder proponer acciones de parte de la sociedad civil y que nos unamos. Las organizaciones de mujeres tenemos tres años de no marchar”, reitera Mejía. 

Para mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y niñas hay que empezar a restituir derechos perdidos como la libertad de expresión y organización. A partir de eso se pueden asignar recursos, establecer políticas públicas de educación y prevención no solo en la casa, sino, en casas, comunidades y barrios -considera Mejía-, también que el Estado cree un mecanismo de reparaciones, encargarse de las víctimas que padecen traumas por la violencia machista. 

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