* Una investigación de Expediente Abierto detalla cómo los regímenes de Cuba, Rusia y Venezuela fortalecen la maquinaria represiva en Nicaragua.
** La legalización de miles de paramilitares, ahora conocidos como “policías voluntarios”, incrementó la fuerza pública en un 640%.
*** Las Reservas Patrióticas del Ejército de Nicaragua fueron activadas para estar subordinadas a la dictadura Ortega-Murillo.
Expediente Público
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo logró consolidar un sistema de seguridad totalitario operado por paramilitares, la Policía, el Ejército y miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Ellos vigilan y reprimen a la población para garantizar la permanencia del régimen nicaragüense.
Esa maquinaria de represión se expandió sobre todo en los últimos siete años, tras la crisis sociopolítica de abril de 2018. Desde entonces, se ha registrado un crecimiento exponencial de miembros de la Policía y el Ejército de Nicaragua.
La investigación “La transformación de la seguridad estatal en Nicaragua: Refinamiento de la maquinaria represiva”, elaborada por Expediente Abierto, evidencia cómo la cantidad de agentes de la Policía Nacional tuvo, desde 2018 hasta 2025, un crecimiento del 640%, que no tiene precedentes ni en Nicaragua ni en toda Centroamérica.
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Daniel Ortega reforzó su aparato de represión
“La Policía Nacional contaba en 2018 con una fuerza de 14,946 agentes y, para 2025, aumentó aproximadamente a 110,000 miembros, incluidos los 78,000 paramilitares que fueron integrados luego de juramentarse como policías voluntarios durante los primeros cuatro meses de 2025”, señala la investigación de EA.
Javier Meléndez, experto en seguridad y defensa, y director de Expediente Abierto, apuntó que dicho crecimiento no responde a una necesidad de seguridad ciudadana, sino a una estrategia deliberada de control político.
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“El incremento del gasto en defensa no se da para que el Ejército cumpla su misión primordial de defender de amenazas externas al país. Ese incremento se da para ejercer más coerción, para ejercer más presión a los ciudadanos e incrementar los niveles de control ciudadano en términos generales”, explicó Meléndez a Expediente Público.
La investigación revela que la Policía Nacional incluso pasó de recibir un presupuesto de 3,681.6 millones de córdobas (más de US$ 100 millones) en 2018 a uno de 5,048.7 millones de córdobas (más de US$ 137 millones) en 2025.
Es decir que, en siete años, la Policía consiguió un 37% de aumento de su presupuesto anual. Y, para 2026, dicha institución proyecta percibir más dinero, unos 5,622.3 millones de córdobas (alrededor de US$ 153 millones).
Integración de miles de paramilitares
Los paramilitares que fueron legalizados desde enero del año pasado en masivas juramentaciones encabezadas por el primer comisionado general Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional y consuegro de Ortega.
Se los nombró oficialmente policías voluntarios y ahora suman más gastos a la institución. Entre abril y julio de 2018, ellos fueron quienes reprimieron de forma brutal a manifestantes que protestaban contra la dictadura Ortega-Murillo.
Estos ataques causaron más de 300 muertes, según los registros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Paramilitares y el modelo de Venezuela
José Arocha, experto en seguridad nacional y relaciones cívico-militares afirmó a Expediente Público que la incorporación de estructuras paramilitares al aparato estatal es una señal clara de degradación institucional.
Señaló que es el mismo modelo incorporado en Venezuela, durante el régimen de Nicolás Maduro. Al ser “un país inicialmente petrolero y actualmente de mucha economía ilícita, tanto el narcotráfico como la minería ilegal y el negocio moderno como el tráfico de personas, ese dinero va para muchos lados, y uno de esos lados es la compra de conciencias”, precisamente para las fuerzas de choque.
“Utilizan organismos paramilitares, colectivos armados, elementos al margen de la ley para tener una negación plausible: ‘fueron los criminales, pueblo contra pueblo’”, señaló Arocha.
Según el especialista, este tipo de estructuras “no están diseñadas para proteger ciudadanos, sino para proteger al poder”.
Más militares
El Ejército de Nicaragua también incrementó el número de efectivos. En enero de 2025, la dictadura Ortega-Murillo realizó una reforma constitucional para que la Reserva Militar Patriótica —miembros que ya han completado su servicio activo y solo están listos para ser llamados en caso de necesidad— pasaran a formar parte orgánica de la institución castrense.
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La expansión militar se dio a la par de la injerencia rusa en materia de defensa. La investigación de Expediente Abierto resalta que Nicaragua ha enviado “oficiales y soldados a Rusia para entrenar”.
“De acuerdo con los decretos que autorizan las salidas de contingentes de militares al exterior, unos 500 han sido enviados a Rusia a recibir entrenamiento durante el período 2015-2019”, detalla el documento.
Además, entre 2014 y 2025, ingresaron a Nicaragua más de 4,000 militares rusos, que ofrecían entrenamientos a miembros del Ejército, los cuales se realizan en las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales (COE) de la institución castrense.
Meléndez advirtió que este tipo de cooperación no es neutral ni técnica, sino profundamente política entre los regímenes.
Rusia y Cuba, el sostén internacional de la dictadura Ortega-Murillo
La investigación de EA documenta que Rusia también ha intervenido en Nicaragua a través del Centro de Capacitación del Ministerio del Interior ruso, que opera en Managua desde 2017. Este “se ha convertido en el principal vehículo para entrenar a mandos policiales nicaragüenses y de otros países de la región”, señala el informe.
De acuerdo con la investigación, en Nicaragua, unos 1,900 policías habrían recibido formación en temas “como el combate al narcotráfico y técnicas de investigación contra el lavado de dinero”.
La composición de esos contingentes no es menor y ocupan cargos importantes dentro de la institución. Expediente Abierto resalta que, “según las características de los oficiales nicaragüenses graduados, un 90 por ciento de ellos ocupa cargos de jefatura y dirección”, lo cual evidencia un impacto directo en los niveles de mando de la Policía Nacional.
La investigación señala además que “el régimen de Vladimir Putin ha utilizado al país como ‘punta de lanza’ para ampliar su influencia militar en Centroamérica”, consolidando a Nicaragua como un enclave estratégico para Moscú en la región.
Espionaje electrónico y digital
El respaldo militar ruso al orteguismo, advierte Expediente Abierto, también se canaliza a través del Sistema para Actividades de Investigación Operativa (SORM-3), una plataforma de espionaje electrónico de alto alcance.
“En Nicaragua opera el Sistema para Actividades de Investigación Operativa (SORM-3), que permite a sus operadores monitorear transacciones de tarjetas de crédito, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales”, detalla el informe.
Agrega que “también opera un sistema de radiolocalización que permite interceptar las comunicaciones diplomáticas, las de las embajadas y las redes internas del propio régimen”.
Expediente Abierto subraya que “este sistema de radiolocalización y espionaje de comunicaciones es similar, en funciones, al gran centro de espionaje que los rusos construyeron en 1962 en Lourdes, Cuba”.
Réplica del modelo cubano de inteligencia y control social
El informe documenta que Cuba ha sido otro pilar fundamental en la configuración del modelo de seguridad nicaragüense. “Cuba ha sostenido su cooperación en materia de inteligencia y contrainteligencia, aportando asesores que operan en el terreno en Nicaragua”, señala la investigación.
“Históricamente, Cuba ha apoyado al FSLN, casi desde los inicios de la lucha revolucionaria”, recuerda el documento. Durante la década de 1980, detalla la investigación, “el general Arnaldo Ochoa ejerció una fuerte influencia en la composición militar nicaragüense”, en un contexto en el que “los cubanos eran omnipresentes en toda la estructura del gobierno revolucionario”.
La investigación destaca que “la presencia cubana en Nicaragua se fortaleció tras el retorno de Daniel Ortega al poder en 2007 y se extendió a todas las esferas institucionales desde 2018”. Algunas publicaciones, citadas por Expediente Abieto, “señalan la llegada de unos 200 asesores provenientes de la Dirección de la Seguridad del Estado cubano”.
Según el reporte, “el modelo de contrainteligencia y de seguridad pública en Nicaragua refleja la estructura y el funcionamiento del modelo cubano”, un esquema que “mantiene grandes similitudes con el nicaragüense”.
Vigilancia cubana para controlar a ciudadanos
Meléndez agregó que antes la inteligencia cubana estaba enfocada en prevenir y contener amenazas externas, a través del espionaje a los enemigos del régimen. Ahora, “ha evolucionado para convertirse en un aparato mucho más enfocado en la vigilancia casa por casa, en la vigilancia local, para monitorear y prevenir cualquier situación de protesta social potencial”, modelo que es replicado por regímenes como los de Nicaragua y Venezuela.
En términos operativos, compara la investigación, “los secretarios políticos del FSLN se convirtieron en coordinadores territoriales de los informantes vecinales que recolectaban información mediante la vigilancia y el espionaje en los barrios”, reproduciendo “una réplica clara del sistema cubano”, apunta el informe.
Meléndez agregó que “actores de inteligencia del régimen cubano, sin duda, están trabajando codo a codo con políticos de los regímenes de Nicaragua y Venezuela. Entonces, hay más colaboración, es más enfocada, algo más sofisticada”.
Este esquema, añadió, permite al régimen Ortega-Murillo “tener presencia permanente en la vida cotidiana de la gente, incluso cuando no hay protestas”.
Persecución transnacional de la dictadura Ortega-Murillo
La investigación advierte que esta arquitectura represiva no se limita al territorio nicaragüense, sino que trasciende las fronteras, pues afecta a centenares de nicaragüenses que han buscado protección en países como Costa Rica y Honduras.
“Esta superestructura tiene presencia principalmente en Costa Rica”, donde “opera con cobertura legal e ilegal para obtener información sobre organizaciones y líderes opositores”, señala.
Dentro de esa maquinaria, detalla, “actúan equipos de vigilancia encargados del seguimiento de líderes objetivos, así como un grupo operativo de sicarios”.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en su informe “Represión Transnacional”, presentado en noviembre de 2025, documentó que la persecución de la dictadura Ortega-Murillo ha incluido 13 órdenes de ejecución contra nicaragüenses que buscaron protección en el extranjero.
Los atentados se registraron en Costa Rica (8) y Honduras (5). Dos de las personas atacadas en Costa Rica lograron sobrevivir y fueron enviadas a un tercer país para resguardo de su integridad.
Desafíos para EE. UU. y riesgos hemisféricos
En sus conclusiones, Expdiente Abierto apunta que “Nicaragua ha transitado de un modelo democrático de seguridad (…) hacia un sistema de seguridad de naturaleza totalitaria”.
El desafío, sostiene, es retomar el camino democrático, reconstruyendo de manera gradual y sostenida “un sistema de seguridad que responda al Estado de derecho y no a intereses partidarios”. Sin embargo, advierte que “este proceso hoy parece improbable a corto y mediano plazo, debido a que la dictadura no muestra señales sólidas de quiebre”.
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Meléndez considera que la presión internacional es clave. “Y la única forma de hacer esa grieta es con presión externa, presión fuerte. (…) Lamentablemente no se ha logrado valorar, visibilizar y entender —sobre todo entre los tomadores de decisiones de otros países, como Estados Unidos— que en realidad el régimen es una plataforma vital para la coordinación, la subsistencia operativa y la explotación de mercados ilícitos de Venezuela y de Cuba”.
El experto subraya que la denuncia internacional sobre la represión en Nicaragua sí ha tenido impacto, pero que el margen de maniobra en los últimos años se ha vuelto cada vez más reducido. No ve otra salida que no sea una estrategia basada en sanciones económicas y financieras, congelamiento de activos, sanciones sectoriales, investigaciones ante la Corte Penal Internacional, aislamiento internacional y el no reconocimiento de procesos electorales considerados fraudulentos.
