* El centro de estudios Atlantic Council presentó un análisis sobre el sistema de vigilancia masiva venezolano, el cual sigue activo bajo la administración de Delcy Rodríguez.
* Este abarca circuitos cerrados de televisión mejorados con inteligencia artificial, interceptación masiva de telecomunicaciones y vigilancia con drones, entre otros instrumentos, según el estudio.
* El gobierno venezolano cuenta con una infraestructura multimillonaria respaldada en parte por asociaciones tecnológicas chinas, destaca el Atlantic Council.
Eric Lemus / Expediente Público
La iniciativa Democracia + Tecnología del Atlantic Council y la organización civil Conexión Segura y Libre presentaron este jueves, 26 de marzo, un análisis sobre el sistema de vigilancia masiva que sigue activo en Venezuela, tras la caída del régimen del dictador Nicolás Maduro.
Las implicaciones de este método de control político para la transición democrática fueron analizadas en el marco de un evento organizado por el centro de análisis, con sede en Washington, titulado “Watch the Watchers: Surveillance technologies for political control in Venezuela”.
El informe, que examina la arquitectura y el despliegue del sistema de vigilancia estatal venezolano, contó con la participación de Iris Puyosa, investigadora de la Iniciativa Democracia + Tecnología del Atlantic Council; Andrés Azpurúa, director ejecutivo de Conexión Segura; Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, y Bill Marczak, investigador de Citizen Lab.
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El informe del Atlantic Council documenta el alcance del control estatal que sigue operando en Venezuela. Este abarca redes de circuito cerrado de televisión mejoradas con inteligencia artificial, interceptación masiva de telecomunicaciones, vigilancia con drones, aplicaciones patrocinadas por el Estado, incautación de dispositivos y ciberataques selectivos.
Pese a la caída del régimen presidido por Nicolás Maduro, el gobierno de Delcy Rodríguez —cuyo mandato fue reconocido por la administración del presidente Donald Trump— utiliza “una infraestructura multimillonaria respaldada en parte por asociaciones tecnológicas chinas”, destaca el Atlantic Council.
Aparato de vigilancia perfeccionado
El director ejecutivo de Conexión Segura, Andrés Azpurúa, resumió en su presentación que el aparato de vigilancia en Venezuela está cada vez más interconectado y funciona como un sistema integrado que permite la intercepción de telecomunicaciones a gran escala.
Conexión Segura y Libre es una iniciativa ciudadana que promueve la seguridad digital, la privacidad y la lucha contra la censura en internet en Venezuela.
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“Una parte muy significativa de este panorama es la vigilancia —y las complicaciones que esta conlleva—, la cual se lleva a cabo mediante una cantidad absoluta y tremendamente elevada de interceptaciones de telecomunicaciones”, dijo Azpurúa.
“Estimamos que entre el 20 y el 25% de todas las líneas han sido objeto de solicitudes de datos o de intercepción por parte de las autoridades, lo que incluye la geolocalización”, añadió el especialista, que explicó que la información fue obtenida del informe de transparencia publicado por la empresa Telefónica, que es la más grande de Venezuela.
Sistema de emergencia como recolector de datos
Por su parte, la investigadora Iria Puyosa, del Atlantic Council, añadió que uno de los pilares fundamentales del aparato de vigilancia venezolano es el sistema 911.
“Este constituye la estructura para el despliegue de cámaras de videovigilancia (CCTV) en todo el país; se trata de un despliegue a escala nacional. Si bien existe una alta concentración de cámaras en la capital, Caracas, también hay despliegues a nivel regional y local que se encuentran articulados e integrados con el sistema 911”, detalló la especialista.
Agregó que el segundo pilar es un sistema de bases de datos que contiene información detallada sobre la población, tanto a nivel individual como familiar, que abarca todos los aspectos relativos a la identidad de las personas.
“El tercer pilar de esta estructura es el ámbito de las telecomunicaciones: por un lado, la empresa estatal de telecomunicaciones y, por otro, todos los proveedores privados del país, los cuales se ven obligados por la fuerza a suministrar dicha información al Estado”, añadió Puyosa.
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La investigadora, que integra la Iniciativa Democracia + Tecnología del Atlantic Council, detalló que a partir de estas tres fuentes que operan de forma paralela es que el aparato estatal recolecta información para acceder a la totalidad de los datos.
“Las soluciones tecnológicas que ofrecen los proveedores chinos a los gobiernos permiten, en efecto, la integración de datos provenientes de diversas fuentes estatales. Sin embargo, no tenemos certeza absoluta de si las autoridades aprovechan realmente ese nivel de integración en su operativa diaria”, dijo.
La especialista recordó que el Centro Estratégico para la Protección de la Seguridad Nacional, que fue suprimido el 9 de febrero de este 2026 por el gobierno de Rodríguez, fue una estructura que recopiló información desde 2013 y que estuvo a disposición de los análisis de seguridad e inteligencia del régimen.
Vigilancia contra la disidencia
La relatora especial de las Naciones Unidas Gina Romero dijo que el próximo año presentará un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Los sistemas de vigilancia que actualmente existen en diversos países han sido adoptados bajo narrativas de seguridad nacional y, en muchos casos, han sido instrumentalizados como armas contra la disidencia y el ejercicio de los derechos, incluso en contextos democráticos”, alertó.
Agregó que, en el caso venezolano, “estos sistemas son frecuentemente explotados para promover políticas de represión estatal” y disuadir cualquier manifestación que vaya en contra de la narrativa oficial.
“Nuestra investigación revela un patrón sistemático y recurrente que demuestra que el miedo a la vigilancia —ya sea esta real o meramente percibida—, así como el temor a ser identificado por participar en protestas (…) genera un efecto disuasorio generalizado y duradero sobre los derechos de reunión y asociación”, observó Romero.
Para la relatora especial, este tipo de mecanismos consigue que las personas teman participar en asambleas pacíficas.
“Existen recomendaciones —recogidas en los documentos e informes elaborados en el marco de mi mandato— que establecen que las asambleas pacíficas no deben ser utilizadas como una oportunidad para ejercer la vigilancia. Esta norma está siendo vulnerada en la mayoría de los países”, adelantó.
Y remarcó que “el uso de la tecnología en el contexto de protestas pacíficas —incluyendo mítines políticos o cualquier otro tipo de asamblea— debe ajustarse a los requisitos de legalidad, necesidad, adecuación a una sociedad democrática”.
El riesgo del software espía
Bill Marczak, investigador de The Citizen Lab de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, comentó que no han podido verificar si el régimen venezolano utilizó software espía. Sin embargo, hizo hincapié que eso no significa que se descarte esta posibilidad.
“Considero que existen varias razones por las cuales no hemos presenciado —o, mejor dicho, no hemos logrado documentar— el mismo grado de uso de software espía en Venezuela que el que hemos observado en otros países de carácter represivo”, explicó Marczak.
“Si bien es cierto que siempre habrá empresas de software espía dispuestas a hacer negocios con cualquiera, también hay otras compañías del sector que mantienen, o al menos pretenden mantener, ciertos estándares éticos o criterios selectivos respecto de con quiénes establecen relaciones comerciales”, argumentó.
“Si el gobierno deseara espiarlos, no necesitaría salir al mercado en busca de la tecnología de punta. Podría bastarle con recurrir a técnicas o programas espía ligeramente más antiguos, que, en algunos casos, pueden incluso descargarse de forma gratuita o adquirirse a un costo muy reducido”, alertó Marczak.
