* El Gobierno de Guatemala presentó una estrategia de seguridad que endurece penas, crea una cárcel para mareros y busca frenar el crimen sin recurrir a medidas autoritarias.
Marysabel Aldana / Expediente Público
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes, 6 de octubre de 2025, un ambicioso plan nacional contra las pandillas y el crimen organizado, considerado una de las principales apuestas de su administración en materia de seguridad.
La estrategia contempla la construcción de una cárcel de máxima seguridad exclusiva para pandilleros, reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para endurecer las penas, y la eliminación de beneficios legales para quienes integren o colaboren con estructuras criminales.
Durante un mensaje transmitido desde Casa Presidencial, Arévalo destacó que el plan busca atender una de las mayores demandas ciudadanas: la seguridad pública.
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“Estamos avanzando para construir un país que sea más seguro para las familias que habitan en todas las esquinas de nuestro territorio”, dijo Arévalo. “Para lograr este gran proceso de cambios, debemos dar golpes claros a uno de los principales enemigos del pueblo de Guatemala, y este es el crimen organizado. Esta es una de nuestras prioridades y estamos teniendo avances concretos para demostrarlo”, agregó.
El mandatario recordó que la semana pasada se graduó la promoción más grande en la historia de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitirá reforzar la presencia policial en las calles. “Le estamos dando a la Policía las herramientas y el respaldo necesario para seguir golpeando al crimen organizado y al narco donde más les duele, y para volver nuestras calles más seguras”, añadió.
Una nueva cárcel de máxima seguridad
Arévalo confirmó que su gobierno presentará ante el Congreso dos iniciativas de ley con el propósito de establecer una ley antipandillas y fortalecer la persecución penal de los delitos asociados a estas estructuras.
“Estos dos proyectos contemplan novedades como la creación de una cárcel de máxima seguridad específicamente para pandilleros, con mecanismos de vigilancia extrema que, dentro de los parámetros constitucionales, graben todo el contacto personal de los reclusos”, explicó el presidente.
También adelantó que se permitirá al director del Sistema Penitenciario aplicar aislamiento por hasta 30 días prorrogables a los internos, como medida disciplinaria y de control.
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Mayores penas para la extorsión y la usura
Entre las reformas al Código Penal, el mandatario destacó el aumento de las penas por extorsión y usura de 8 a 15 años de prisión, y la expulsión inmediata de extranjeros que practiquen la usura en el país. Asimismo, todos los condenados por extorsión verán inhabilitadas sus cuentas bancarias y servicios financieros.
En cuanto al Código Procesal Penal, se propone eliminar la posibilidad de medidas sustitutivas o arresto domiciliario para los delitos de extorsión, obstrucción extorsiva del tránsito y exacciones intimidatorias.
“Las penas tienen que ser cumplidas en su cabalidad”, enfatizó Arévalo. “A pesar de los desafíos que encontramos constantemente en el sistema de justicia y en el Ministerio Público, que muchas veces garantiza la impunidad en vez de hacer justicia, nuestra agenda de seguridad avanza mientras ellos siguen liberando a presuntos delincuentes”, añadió.
El Presidente señaló que la impunidad ha sido uno de los mayores obstáculos para garantizar la seguridad ciudadana. “Nosotros proponemos soluciones concretas para atender la necesidad de los guatemaltecos y las guatemaltecas que quieren poder vivir en paz y tranquilidad”, concluyó.
Control facial, monitoreo y prohibiciones
La viceministra de Gobernación, Claudia Palencia, brindó detalles sobre el proyecto de ley de fortalecimiento penitenciario y tratamiento ante grupos delictivos organizados, que será presentado junto a la propuesta presidencial.
“Es el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre distintas instituciones del Gobierno. Esta ley contempla la creación de una cárcel específicamente para las personas que estén ligadas o relacionadas con maras o pandillas”, afirmó la funcionaria.
Según Palencia, este centro penitenciario prohibirá el ingreso de encomiendas y contará con celdas individuales o para un máximo de dos reclusos, con un estricto control de las visitas y un sistema de identificación facial y de voz para cada interno.
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“Vamos a tener una base de datos de voz e imagen de todos los privados de libertad ingresados a estos centros carcelarios. Esto permitirá identificar, incluso en denuncias posteriores, si alguno de ellos participa en delitos como extorsión o usura desde prisión”, explicó.
Audiencias por videoconferencia
La viceministra añadió que las audiencias judiciales se realizarán por videoconferencia dentro del penal, para evitar traslados y reducir el riesgo de fugas. Además, el penal contará con un centro asistencial médico para atender emergencias dentro del recinto, con el fin de prohibir las salidas de los reclusos.
El control será reforzado mediante un sistema de monitoreo externo que funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que también observará la conducta del personal penitenciario.
“Este centro contará con tecnología avanzada y cámaras de vigilancia monitoreadas desde un centro externo. Queremos garantizar que no exista comunicación ilícita ni privilegios dentro de este espacio”, dijo Palencia.
Sanciones para empresas de telefonía e internet
Otra de las propuestas destacadas del plan es la reforma a la ley de terminales móviles, que busca sancionar a las empresas que no bloqueen las señales dentro de los penales.
“Estamos solicitando que también se lleve a cabo un registro de las empresas que distribuyen redes de internet, porque tenemos investigaciones que demuestran que algunas han brindado servicio a estructuras criminales, incluso dentro de cárceles”, señaló Palencia.
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Según el Ministerio de Gobernación, se pedirá a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) mantener una base de datos negativa de aparatos telefónicos utilizados en delitos de extorsión, de manera similar al registro de celulares robados.
Propuesta es lenta a criterio de analistas
Analistas en seguridad y economía advierten que la implementación de la propuesta del Ejecutivo podría enfrentar obstáculos prácticos y financieros.
El analista en seguridad Eduardo Montenegro considera que el plan presidencial podría no ser suficiente si no se aplican medidas inmediatas y efectivas.
“La propuesta del presidente es un paso en la dirección correcta, pero puede no ser la solución definitiva”, dijo Montenegro a Expediente Público. “Las pandillas en Guatemala operan con gran rapidez, adaptándose a los cambios. Por eso, el Gobierno necesita hacer cambios más rápidos y contundentes para que las estructuras criminales no sigan evolucionando mientras se discuten las reformas”, explicó.
El Congreso de Guatemala aprobó una resolución que declara a las pandillas como grupos terroristas, argumentando que sus acciones representan una amenaza directa a la seguridad nacional y al orden público.
¿Un nuevo Bukele en la región?
Por su parte, el especialista en temas de seguridad Alejandro Quinteros resaltó a Expediente Público que las iniciativas “suena bien en papel”, pero que la ejecución será el verdadero desafío.
“Hay que tener claro que aprobar la ley es solo el primer paso. Implementarla es otra situación completamente distinta”, indicó. “Además, esta propuesta podría generar debate en Guatemala porque, aunque es firme, no tiene las mismas características de la política de Nayib Bukele en El Salvador. Arévalo está planteando un proceso más institucional, más despacio, sin un régimen de excepción”, añadió.
Para Quinteros, el reto principal será mantener un equilibrio entre el fortalecimiento de la seguridad y el respeto a los derechos humanos, además de garantizar que el sistema judicial y penitenciario pueda sostener las reformas propuestas.
Aún no hay presupuesto para el plan
En el plano financiero, el analista económico Benjamín Tobías advirtió a Expediente Público que el plan no figura dentro del presupuesto general del Estado y requerirá una readecuación presupuestaria significativa.
“Dentro del presupuesto actual no existe una asignación específica para la construcción de una cárcel de máxima seguridad ni para las nuevas herramientas tecnológicas que se mencionan”, explicó Tobías.
Y agregó: “Si el Gobierno quiere avanzar con este proyecto, deberá realizar una readecuación presupuestaria o presentar una ampliación ante el Congreso”.
