Camilo Rodríguez, un crimen que reabre heridas en Costa Rica
El asesinato de Camilo Rodríguez recuerda el de Parmenio Medina, ocurrido hace 25 años. Desde entonces, Costa Rica se transformó en una plataforma del narcotráfico. ¿Qué riesgos enfrentan hoy los periodistas que investigan estas redes?

“Algunas personas me dicen Carmenio”. Así contó el periodista Camilo Rodríguez que lo llamaban, combinando su nombre con el de Parmenio Medina Pérez, el comunicador costarricense asesinado el 7 de julio de 2001.
En uno de sus videos, Rodríguez hizo referencia a esa comparación, aunque aclaró que no pretendía ponerse a la altura de Medina. Este último, director del programa radiofónico La Patada, se había convertido en una figura reconocida en Costa Rica por sus denuncias sobre corrupción.
El asesinato de Medina lo convirtió en el primer periodista de la historia reciente del país en ser ultimado por razones vinculadas con su labor informativa.
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Años después, Camilo utilizaba las redes sociales -inexistentes en tiempos de Parmenio- para denunciar presuntos vínculos entre el narcotráfico y políticos, funcionarios y empresarios. Había denunciado amenazas contra su vida y, en algunas apariciones públicas, incluso utilizaba un chaleco antibalas.
En otro video explicó que, ante las intimidaciones, había enviado cinco discos duros con información de sus denuncias a medios de comunicación de Argentina, Uruguay y Estados Unidos.
“De manera que, si me pasara algo, si me matan por mis denuncias contra el narco, esté toda la información en buen resguardo fuera del país”, advirtió.
El lunes 16 de noviembre de 2026, aquella advertencia adquirió una dimensión trágica. Con el asesinato de Rodríguez, Costa Rica sumó un tercer periodista asesinado en lo que va del siglo XXI.
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Dos crímenes, el mismo escenario
El 16 de octubre, Rodríguez, de 51 años, conducía una camioneta roja por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, cuando dos sicarios en motocicleta se acercaron y uno de ellos abrió fuego. Murió en el asiento del conductor.
El asesinato ocurrió a menos de 50 metros del lugar donde Parmenio Medina fue atacado a balazos cuando regresaba a su vivienda en 2001.

La coincidencia geográfica, las amenazas previas y el perfil de denuncia de ambos periodistas vuelven inevitable una pregunta: ¿qué ha pasado en Costa Rica durante estos 25 años para que otro comunicador que denunciaba posibles vínculos entre el narcotráfico y actores de poder haya sido asesinado?
La investigación sobre el asesinato de Rodríguez apenas comienza. Pero el contexto en el que ocurrieron los hechos permite examinar las transformaciones del país en estos 25 años, como la expansión del narcotráfico, el aumento de la violencia y los riesgos que enfrentan quienes investigan las redes criminales.
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Dos periodistas frente a las redes de poder
Parmenio Medina dirigía La Patada, un programa radiofónico conocido por sus denuncias sobre corrupción. Antes de su asesinato había recibido amenazas y contaba con protección policial, que solicitó retirar semanas antes del ataque.
Su crimen conmocionó a Costa Rica. En 2007, la justicia condenó al empresario Omar Chaves como autor intelectual y a Luis Alberto Aguirre Jaime como responsable material.
Camilo Rodríguez desarrolló buena parte de su actividad periodística en los últimos años a través de las redes sociales. Desde esas plataformas difundía señalamientos sobre presuntas actividades de narcotráfico y posibles vínculos con políticos, funcionarios y empresarios costarricenses.
«Era una voz que se hacía sentir. Él usaba su derecho a la libertad de expresión para publicar lo que consideraba importante, principalmente en materia de narcotráfico y sus presuntas relaciones con políticos o grupos empresariales. Lo hacía de forma directa», describió Paul Ulloa, vicepresidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper), a Expediente Público.
En una de sus publicaciones, Rodríguez cuestionó directamente a la actual presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y acusó a funcionarios policiales y personas cercanas al Gobierno de mantener presuntos vínculos con el narcotráfico.
“Si la presidenta quiere combatir el narco, que eche a esos 300 policías ligados con el narco (…) que eche a toda la gente cercana ligada al narco que tiene allí», reclamó el periodista, quien también pidió que “dejaran en paz” al Poder Judicial.
Esos señalamientos forman parte del contexto que las autoridades deberán examinar para esclarecer el asesinato. La Fiscalía investiga posibles móviles relacionados con el narcotráfico.
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El fiscal general, Carlo Díaz, advirtió que la investigación será compleja por la cantidad de personas señaladas públicamente por Rodríguez. Como parte de las diligencias, dispuso integrar un grupo de fiscales experimentados para trabajar con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y confirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ofreció colaborar en la investigación.
Las autoridades decomisaron cuatro teléfonos, un disco duro y otros documentos y dispositivos electrónicos de su vivienda. También deberán analizar las denuncias que el periodista había presentado por amenazas y determinar si alguna guarda relación con el homicidio.

Un país transformado por el narcotráfico
La Costa Rica de 2026 enfrenta un escenario de criminalidad distinto al de comienzos de siglo, cuando asesinaron a Parmenio. En las últimas décadas, el país dejó de ser principalmente un territorio de tránsito de drogas para convertirse también en un espacio de almacenamiento, redistribución y venta interna.
Así lo describe el informe De país de tránsito a plataforma criminal: la transformación del crimen organizado en Costa Rica, de Expediente Abierto, que documenta la expansión de las organizaciones criminales y el cambio en el papel del país dentro de las redes del narcotráfico.
Según el documento, Costa Rica registró 870 homicidios en 2025, de los cuales el 70,6% se atribuyó al sicariato. La violencia asociada a las disputas entre organizaciones criminales por rutas, territorios y mercados se ha convertido en uno de los principales desafíos de seguridad.
El cambio también se refleja en las condiciones para ejercer el periodismo.
“Es más peligroso actualmente para un periodista que se dedica a cubrir notas de crimen organizado”, aseguró a Expediente Público Álvaro Sánchez, periodista costarricense especializado en temas de violencia y criminalidad.
Sánchez recuerda que, hace algunos años, durante visitas a Honduras y El Salvador, sentía temor al trabajar en determinadas zonas. Ahora reconoce esa misma sensación en Costa Rica.
“Siento ese tipo de temor de cubrir una noticia, de que es mejor llegar a un lugar, hacer las imágenes, las fotografías (…) y mejor salir corriendo porque uno no sabe a lo que se puede enfrentar”, explicó.
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En Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) contabilizó 104 muertes violentas de periodistas y otras personas vinculadas a medios de comunicación entre 2001 y 2025. En Guatemala se han documentado 25 periodistas asesinados entre 2015 y 2024.
Pero la transformación del narcotráfico en Costa Rica no solo ha incrementado los riesgos para quienes investigan sus operaciones. También plantea preguntas sobre la capacidad del Estado para enfrentar organizaciones con mayor presencia territorial, recursos y posibles conexiones con actores económicos e institucionales.
El asesinato de Rodríguez obliga a examinar ese escenario, aunque todavía no se haya establecido que el crimen esté relacionado con sus publicaciones.
Amenazas sin registro y protección insuficiente
El caso de Camilo Rodríguez también expone las limitaciones de los mecanismos de prevención y protección para periodistas amenazados.
El Colper reconoce a Expediente Público que no cuenta con un registro específico de las intimidaciones que reciben los comunicadores. Su vicepresidente, Paul Ulloa, asegura que conoce casos de periodistas que han necesitado escoltas policiales y chalecos antibalas para continuar trabajando.
Algunos han recurrido a programas de protección, mientras otros prefieren mantener las amenazas en reserva por razones de seguridad.
“No tenemos un registro particular de las amenazas”, admitió Ulloa.
La ausencia de datos dificulta conocer cuántos periodistas han sido intimidados, identificar patrones y evaluar cómo han cambiado los riesgos para el gremio. También impide medir con precisión la respuesta de las instituciones.
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En el caso de Rodríguez, según la información divulgada por las autoridades, presentó al menos diez denuncias por amenazas antes de su asesinato. La Fiscalía confirmó que recibió atención institucional, pero no aceptó incorporarse al programa de protección de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD), cuya participación es voluntaria.
Ulloa advierte que las presiones también pueden llevar a algunos comunicadores a reconsiderar qué investigan y publican. El temor no siempre se traduce en una denuncia formal, en ocasiones, termina modificando el trabajo periodístico o imponiendo límites a la cobertura.
Se necesitan nuevas estrategias
A las deficiencias de los mecanismos de protección se suma el problema regional de la expansión del crimen organizado y su penetración en las instituciones.
Para Luis Botello, presidente de la Media for Democracy Foundation (MFD), organización que promueve la libertad de prensa e impulsa políticas para proteger a los medios y periodistas, la violencia contra la prensa en América Latina está vinculada a la expansión del crimen organizado y “su penetración en ciertos estamentos de seguridad y de gobierno de varios de estos países”.
Esta situación, a su juicio, también ha favorecido niveles elevados de impunidad, en los que la mayoría de las agresiones contra periodistas quedan sin castigo.
“El costo de amenazar a un periodista es muy barato, no ocurre nada”, lamentó Botello a Expediente Público.
El presidente de la MFD también señaló deficiencias en los mecanismos de protección, particularmente en los países de la región. Una de las principales, explicó, es la ausencia de estándares comunes para monitorear las agresiones contra comunicadores, lo que dificulta dimensionar el problema y evaluar las respuestas institucionales.
Ante este escenario, Botello considera necesario “volver a revisar las estrategias que ya se tienen para la protección del periodismo”.
Entre sus recomendaciones plantea fortalecer el periodismo de investigación, incrementar la colaboración internacional en las coberturas periodísticas y promover nuevas políticas públicas que garanticen condiciones de seguridad para los comunicadores.

Recursos para proteger e investigar
La capacidad del Estado de Costa Rica para responder a las amenazas también está relacionada con los recursos disponibles para las instituciones encargadas de investigar delitos y proteger a víctimas y testigos.
El Poder Judicial advirtió que una propuesta del Ministerio de Hacienda para reducir su presupuesto de 2026 en unos US$52,8 millones afectaría distintas áreas institucionales.
De ese monto, unos US$21,2 millones corresponden al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y US$747.500 al área de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, según datos del Poder Judicial.
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Ulloa teme que una disminución de los recursos destinados a protección desaliente a las personas amenazadas a denunciar.
“Mucha gente lo que va a hacer es que no va a denunciar. Y entre ellos los periodistas”, advirtió a Expediente Público.
La discusión presupuestaria adquiere relevancia en un escenario en el que las organizaciones criminales han ampliado su presencia y capacidad de operación. Investigar sus redes exige recursos, equipos especializados y protección para quienes aportan información o denuncian sus actividades.
La pregunta es si las instituciones cuentan con las herramientas necesarias para responder a esa transformación y evitar que las amenazas contra periodistas terminen en ataques como el que acabó con la vida de Rodríguez.
Parmenio, Ivannia y Camilo: tres asesinatos, distintas respuestas judiciales
Entre el asesinato de Parmenio Medina y el de Camilo Rodríguez ocurrió otro crimen contra una periodista. El 23 de diciembre de 2003, Ivannia Mora Rodríguez fue asesinada mientras conducía por Curridabat, en la provincia de San José.
Los acusados fueron absueltos cinco años después y el crimen quedó impune. La resolución judicial dejó otro antecedente de violencia contra el periodismo sin responsables condenados.
Los tres casos tienen circunstancias diferentes. Medina fue asesinado después de denunciar presuntas irregularidades en una emisora; Mora, en un crimen que terminó sin condenas; y Rodríguez, después de difundir señalamientos sobre posibles vínculos entre el narcotráfico y actores de poder.
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La diferencia entre los desenlaces judiciales también importa. En el caso Medina hubo condenas; en el de Mora, impunidad. El caso de Rodríguez todavía está en investigación.
Por eso, el desafío no consiste únicamente en identificar a quienes dispararon. Las autoridades deberán establecer quién ordenó el asesinato, si hubo una motivación relacionada con su actividad periodística y si detrás del ataque existió una estructura criminal.
El vicepresidente del Colegio de Periodistas exige que se esclarezca el crimen y que la investigación alcance tanto a los responsables materiales como a quienes pudieron haberlo ordenado.
«Estamos exigiendo una investigación clara, transparente y ojalá rápida y muy eficaz», señaló Ulloa.
El Comité para la Protección de los Periodistas también pidió identificar a todos los responsables y evitar que el asesinato quede impune. A nivel internacional, también lo ha hecho la Unión Europea y la organización Reporteros sin Fronteras.
Un reto nacional
El asesinato de Camilo Rodríguez devuelve a Costa Rica a un escenario que parecía distante, el de un periodista asesinado en circunstancias que recuerdan el crimen de Parmenio Medina. Pero el país en el que ocurrió este nuevo ataque es distinto al de 2001.
El narcotráfico amplió su presencia y sus operaciones; la violencia homicida aumentó; y los periodistas que investigan el crimen organizado describen condiciones de trabajo más peligrosas.
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Al mismo tiempo, persisten las preguntas sobre la capacidad de las instituciones para proteger a quienes denuncian amenazas y para investigar las redes que operan detrás de la violencia.
Veinticinco años después, Costa Rica vuelve a tener que responder por el asesinato de un periodista. Un caso que pone a prueba la democracia de Costa Rica.



