Costa Rica: del “pura vida” al narcotráfico
Un informe de Expediente Abierto describe cómo Costa Rica pasó de ser un país de tránsito a convertirse en un centro de almacenamiento y reexportación de drogas. Desde 2023 es el tercer país más violento de Centroamérica.
Costa Rica ha dejado de ser lo que era hace unos años. En algunas zonas, las bandas criminales ahora extorsionan a comerciantes y transportistas, reclutan a menores de edad y obligan a los vecinos a esconder armas o vender drogas.
“Eso está pasando actualmente en Costa Rica de forma desproporcionada”, relató a Expediente Público el periodista costarricense Álvaro Sánchez, quien acumula casi 30 años de experiencia en la cobertura de sucesos y crimen organizado.
Detrás de esta escalada de violencia está la transformación del narcotráfico en el país. Durante años, Costa Rica fue utilizada principalmente como territorio de tránsito para el traslado de cocaína. Sin embargo, su papel en la cadena del tráfico internacional cambió, ahora también funciona como centro de almacenamiento y reexportación de droga.
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¿Cómo llegó Costa Rica, considerada durante años uno de los países más seguros del istmo, a convertirse en uno de los centros de operaciones del crimen organizado y la exportación de cocaína en Centroamérica?
Esa es una de las preguntas que aborda el informe De país de tránsito a plataforma criminal: la transformación del crimen organizado en Costa Rica, elaborado por Expediente Abierto.
El estudio documenta los cambios experimentados por las organizaciones criminales en el país durante los últimos años y sus consecuencias para la seguridad ciudadana.
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Metamorfosis del narcotráfico
Durante décadas, Costa Rica fue utilizada por organizaciones criminales transnacionales como territorio de tránsito para trasladar cocaína desde Sudamérica hacia EE. UU. y Europa.
En esa cadena participaban grupos costarricenses que ofrecían servicios de transporte, vigilancia y almacenamiento. Mientras las organizaciones extranjeras controlaban buena parte de las operaciones, sus colaboradores locales recibían dinero a cambio de facilitar el traslado de la droga.
Con el tiempo, esa relación evolucionó. Las redes locales acumularon experiencia, contactos y capacidades logísticas que les permitieron involucrarse en otras etapas del negocio internacional.
El informe de Expediente Abierto sitúa alrededor de 2021 una aceleración de este proceso, cuando Costa Rica comenzó a adquirir mayor relevancia como territorio de almacenamiento y reexportación de cocaína.
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“Costa Rica ahora se ha convertido de un país de tránsito a un país de embodegamiento y reexportación de droga”, explicó a Expediente Público Roberto Orozco, investigador nicaragüense especializado en seguridad ciudadana y crimen organizado y coautor del estudio.
Factores de la transformación
Uno de los factores que contribuyeron a esta transformación fue el incremento de la producción mundial de cocaína. Según explicó Orozco, el aumento de la oferta obligó a las organizaciones criminales a movilizar mayores cantidades de droga hacia sus mercados de destino.
De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la producción potencial mundial de cocaína pasó de 1.982 toneladas en 2020 a 3.708 toneladas en 2023.
“Eso explica que hay una sobreproducción y, por lo tanto, una sobreoferta”, señaló Orozco.
Otro factor que pudo favorecer el traslado de operaciones hacia Costa Rica fue el debilitamiento de rutas utilizadas por los narcotraficantes en otros territorios.
Camilo Pardo, especialista colombiano en crimen organizado e investigador de la George Mason University, planteó la hipótesis de que el cierre o la pérdida de eficacia de una ruta en República Dominicana pudo haber impulsado la búsqueda de nuevas alternativas.
«Muy seguramente lo que pudo haber pasado es que se cerró una ruta en República Dominicana y hubo la necesidad de abrirla en alguna otra parte, y la abrieron en Costa Rica», explicó Pardo a Expediente Público.
Puertos vulnerables al narcotráfico
En Costa Rica, los puertos de Moín, en el Caribe, y Caldera, en el Pacífico, representan puntos estratégicos para estas organizaciones debido al volumen de mercancías que movilizan.
A juicio de Pardo, el crecimiento del comercio internacional y el aumento de la demanda de cocaína dificultan la detección de cargamentos ilegales entre los miles de contenedores que circulan diariamente por los puertos.
Los narcotraficantes pueden aprovechar distintos momentos de la cadena logística para introducir cocaína en los contenedores, sin necesidad de controlar directamente una terminal portuaria.
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“Lo que hay allí es un sinfín de posibilidades que el delincuente —traficante internacional— puede explotar para lograr vulnerar la cadena de custodia del comercio legal”, puntualizó.
El especialista advirtió que estas vulnerabilidades no se limitan a los países de origen o tránsito, sino que también están presentes en los puertos de destino, incluidos los de EE. UU. y Europa.
“La carga ilegal sale de acá, claro, pero entra allá (…). Entonces, cuando yo hablo de incapacidad del Estado, pues es incapacidad del Estado, pero en términos generales de los Estados globales para frenar no solo el tráfico de cocaína, sino todos los tráficos ilegales”, sostuvo Pardo.
Pagos con más droga
La transformación del tráfico internacional también modificó la relación entre las organizaciones extranjeras y sus colaboradores costarricenses. El cambio más significativo fue la forma de remunerar los servicios prestados por las redes locales.
Según el informe de Expediente Abierto, a partir de 2021 los grupos que facilitaban el transporte y almacenamiento de los cargamentos comenzaron a recibir cocaína como parte del pago.
En lugar de obtener únicamente dinero, podían quedarse con una porción de la droga y comercializarla por cuenta propia. Esta modalidad les permitió desarrollar redes locales de distribución y ampliar su participación en el negocio.
El estudio identifica este mecanismo como uno de los factores que explican la mayor disponibilidad de cocaína en el mercado costarricense.
El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís (2014-2018), también se refirió a esta dinámica en una entrevista con Expediente Público. Según explicó, el cambio de los pagos en dólares a los pagos en droga se había producido incluso antes de 2021.
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«Resultaba bastante interesante a los relativamente pequeños carteles nacionales, porque son chicos comparados con los mexicanos o con los colombianos», señaló el exmandatario.
De esta manera, a medida que aumentó la cantidad de droga disponible, también crecieron las oportunidades de negocio para las organizaciones locales.
“Al incrementarse los mercados, lo que hace es que tiene un efecto multiplicador de bandas locales que comienzan a vender droga y a competir por mercado”, explicó Orozco.
Proliferación de grupos criminales
“Costa Rica ha experimentado un crecimiento explosivo de organizaciones criminales”, advierte el informe.
De acuerdo con datos del Índice Global de Crimen Organizado de 2025, el número de grupos criminales identificados en el país pasó de 35 a 340 en los últimos diez años.
Las autoridades, por su parte, registraron 1.256 bandas desarticuladas desde 2018, entre ellas 991 organizaciones nacionales y 265 integradas por extranjeros.
Entre los casos mencionados en el estudio figura Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, quien fue capturado el 24 de julio de 2026, después de permanecer prófugo durante casi una década.
Su estructura operaba principalmente en el Caribe costarricense, en zonas como Pococí y Guápiles. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) llegó a ofrecer una recompensa de hasta US$500.000 por información que condujera a su captura.
Otro caso que ilustra la capacidad adquirida por las organizaciones nacionales es el del Cartel del Caribe Sur, vinculado a los hermanos Picado Grijalva.
Según el informe, esta estructura operaba desde 2013 y desarrolló capacidades propias para transportar cocaína desde Sudamérica, almacenarla y enviarla hacia EE. UU. y Europa.
De acuerdo con las investigaciones citadas en el estudio, la organización contaba con un brazo armado, redes logísticas terrestres y marítimas, así como mecanismos para lavar dinero.
Economía de los búnkeres y los narcos invisibles
La expansión del mercado interno también se refleja en los llamados búnkeres, establecimientos utilizados como puntos de venta de drogas.
El informe recoge estimaciones difundidas por medios locales según las cuales, en 2023, existían cerca de mil de estos puntos de venta únicamente en San José. Aunque no hay un registro exacto de su cantidad, la Policía Municipal intervino 122 durante 2025.
La rentabilidad del negocio también da cuenta de su alcance. Según una estimación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un solo búnker podía generar ingresos de hasta unos US$28.000 diarios, incluso en jornadas consideradas “malas”.
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La disponibilidad de cocaína y crack ha fortalecido a las organizaciones que disputan los mercados locales. Estas recurren a amenazas y ataques armados para controlar los puntos de distribución. Sin embargo, el negocio no se limita a quienes operan directamente en esos territorios.
El informe identifica a otros actores como “narcos invisibles”. A diferencia de los grandes capos, estos operan mediante un modelo de negocio descentralizado y fragmentado. Son personas que mantienen actividades económicas aparentemente legítimas, pero que participan en segmentos específicos de la cadena de valor del narcotráfico.
Entre los negocios que, según el estudio, pueden utilizarse para encubrir ganancias ilícitas figuran barberías, autolavados y gimnasios, entre otros establecimientos ubicados en ciudades como San José, Heredia, Alajuela y Cartago.
El mapa del sicariato
La expansión de las bandas criminales y la competencia por los mercados de droga han coincidido con un incremento de los homicidios en Costa Rica.
“Al incrementarse los mercados, lo que hace es que tiene un efecto multiplicador de bandas locales que comienzan a vender droga y a competir por mercado”, sostuvo Orozco.
Según las estadísticas oficiales recopiladas por Expediente Abierto, los homicidios pasaron de 588 en 2021 a 870 en 2025. A partir de 2022, el informe ubica a Costa Rica como el tercer país con mayor violencia homicida de Centroamérica.
En 2025, el 70.6% de los homicidios fue atribuido por el estudio a ajustes de cuentas y disputas entre organizaciones criminales, una modalidad vinculada principalmente al sicariato.
El mapa elaborado por Expediente Abierto identifica una concentración de los homicidios en las provincias de San José, Puntarenas y Limón, que reunieron más del 60% de los asesinatos registrados anualmente entre 2022 y 2025.
En San José, distritos como Pavas, San Felipe y Hatillo figuran entre los territorios afectados por las disputas relacionadas con la venta de drogas.
En Puntarenas y Limón, por su parte, la violencia también está vinculada al control de las rutas utilizadas para recibir, almacenar y trasladar cargamentos de cocaína.
El informe identifica, además, 16 zonas de alta incidencia de estructuras criminales durante 2025, en las que las autoridades han detectado disputas territoriales y actividades relacionadas con el narcotráfico.
La huella de la violencia en la sociedad costarricense
Para Álvaro Sánchez, periodista especializado en sucesos y crimen organizado, las consecuencias de esta violencia trascienden los territorios donde se disputan los mercados de droga.
En su entrevista con Expediente Público, relató varios casos de ataques armados ocurridos en restaurantes, hospitales y otros espacios públicos, situaciones que han incrementado el riesgo de que personas ajenas a las organizaciones criminales resulten heridas o asesinadas.
“Estamos viendo que estas organizaciones actúan sin ningún recelo, sin ningún problema, sin ningún tipo de miramiento por las víctimas inocentes”, lamentó Sánchez.
La inseguridad también ha modificado la vida cotidiana de los costarricenses y la manera en que se relacionan con su entorno. El temor a quedar atrapados en un enfrentamiento armado se ha instalado incluso en espacios de convivencia familiar y entre amigos.
“Yo he estado en grupos de amigos donde alguien oye una moto en algún lugar y todo mundo ya está como pendiente (…) o se oyen disparos por acá, la gente está nerviosa”, contó Sánchez.
La transformación del narcotráfico ha dejado así un mercado interno más amplio, organizaciones criminales nacionales con mayores capacidades y comunidades cada vez más expuestas a las disputas por el control territorial y la distribución de drogas.
En la segunda entrega de este especial abordaremos cómo algunas decisiones estatales pudieron debilitar las capacidades institucionales para combatir el narcotráfico.
