* El crimen organizado en la región pasó de estructuras cerradas y homogéneas a tejer alianzas con múltiples actores y dinámicas.
* Expertos advirtieron en la Conferencia de Seguridad Hemisférica que la crisis de seguridad en la región significa pérdidas para los Estados que van desde los 3.4 puntos porcentuales del PIB.
* Concluyeron que el crimen organizado es un problema estructural que se alimenta de la debilidad institucional, la desigualdad económica y la ausencia del Estado.
Natalia López / Expediente Público / Miami
El narcotráfico ya no es el único motor del crimen organizado en América Latina. Ni siquiera es el más preocupante. Esa fue una de las conclusiones más contundentes del panel sobre el negocio del crimen que se realizó durante la undécima Conferencia de Seguridad Hemisférica, este jueves, en Miami.
En este evento, organizado por Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), especialistas con mirada regional —y una perspectiva particularmente cercana a Centroamérica— plantearon preguntas incómodas sobre la efectividad real de las estrategias de seguridad que se siguen aplicando en la región.
En un panel moderado por José Miguel Cruz, investigador del Centro Latinoamericano y del Caribe de la FIU, compartieron sus impresiones Steven Dudley, cofundador y codirector de InSight Crime; Eduardo Vergara, representante del Banco Interamericano de Desarrollo; y Ana Glenda Tager, especialista guatemalteca en seguridad y Estado de derecho.
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De los cárteles a las redes
Steven Dudley planteó desde el inicio una distinción conceptual que, según argumentó, tiene consecuencias prácticas sobre las políticas de seguridad: lo que comúnmente se llama cártel es en realidad una red. Y esa diferencia cambia la manera en que debe enfrentarse.
Durante años de investigación en InSight Crime, Dudley y su equipo documentaron cómo funcionan realmente estas estructuras. El ejemplo que eligió fue revelador: productores de fentanilo que operaban en territorio controlado por Los Chapitos, en México, pero que nunca reportaban al jefe cuánto fabricaban.
“Eran autosustentables. Conseguían su propio equipo a través de sus contactos, sus propios precursores, todo el material básico para poder producir fentanilo. Su relación con el cártel se basaba básicamente en dos cosas: la protección de las fuerzas del Estado y otros grupos rivales, y tener un cliente al que vender el fentanilo que estaban produciendo. Pero no eran miembros del cártel”, explicó Dudley.
Y esa distinción importa porque define el fracaso de las estrategias tradicionales. “Si desmantelas una parte de la organización, es fácil reemplazar esa parte. Si un nodo desaparece, aparece otro nodo. Ese es el gran desafío que tienen los Estados, especialmente cuando estamos hablando de cadenas de suministro que funcionan básicamente como la economía global”, advirtió.
“Estos grupos y los integrantes de estos grupos no son miembros. No se levantan por la mañana y no usan uniformes. Así no es cómo funciona”, resumió.
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Los nuevos mercados
Dudley identificó también tres motores económicos que están redefiniendo el crimen organizado en la región. El primero es el desplazamiento de las drogas orgánicas hacia las sintéticas.
“La realidad es que Estados Unidos es un país consumidor de metanfetamina. Por algunas estimaciones, el doble del número de usuarios de metanfetamina que de cocaína”, señaló.
Y más allá del fentanilo, se está configurando un mercado con barreras de entrada tan bajas que cualquier grupo con acceso a la industria química global puede producirlas.
“No estamos hablando de pequeños agricultores en tres países diferentes sujetos a las épocas del año y los patrones climáticos. Estamos hablando de la industria química global como fuente de materias primas”, explicó.
El segundo motor es la minería ilegal. “La minería ilegal, el oro en particular, en algunos espacios ya ha superado los ingresos del narcotráfico”, agregó Dudley. Los grupos criminales no solo cobran impuestos a los mineros informales. “Ahora están entrando en la comercialización o la distribución y venta reales de estas materias primas que provienen de allí”.
El tercer motor es la proliferación de economías de baja barrera de entrada, como la extorsión y el menudeo de drogas, directamente vinculadas a la atomización de bandas. “Cuando el Estado desmantela las capas superiores y tal vez algunas de las capas inferiores, estos grupos se atomizan. Y lo que les queda son estas economías criminales de baja barrera de entrada: extorsión, menudeo de drogas. Por eso estás viendo una proliferación de la extorsión en toda la región”, explicó Dudley.
Para Centroamérica, este análisis es especialmente pertinente. Honduras, Guatemala y El Salvador llevan años experimentando olas de extorsión que arrasaron con el tejido económico de comunidades enteras. Las estrategias de mano dura capturaron líderes, pero las redes siguieron funcionando.
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El costo que nadie calcula bien
Eduardo Vergara aportó la dimensión económica que habitualmente queda fuera del debate de seguridad. “El crimen y la inseguridad en nuestra región, América Latina y el Caribe, cuesta 3.4 puntos del PIB”, señaló.
Los números cuentan otra historia, menos de un punto corresponde al impacto directo en capital humano, un punto es lo que los Estados gastan en seguridad pública, y más de un punto es el costo privado.
“El promedio de guardias de seguridad privada por cada policía en la calle es aproximadamente cuatro, y en algunas regiones de países llega a siete”, dijo Vergara. Es decir, la sociedad está financiando un aparato de seguridad privado que duplica o triplica al Estado.
Su diagnóstico fue claro: “No hay seguridad al menos sostenible sin desarrollo y no hay desarrollo que pueda ser sostenible sin seguridad. El sistema de justicia penal es el corazón de la credibilidad del Estado. Y es ahí donde está en juego gran parte de la legitimidad que los Estados tienen y deben construir para poder gobernar”.
Vergara advirtió que, cuando la legitimidad del Estado se erosiona, el propio Estado se vuelve vulnerable frente al crimen organizado.
Guatemala: el caso extremo de un problema regional
El caso guatemalteco fue el más detallado de la tarde. Ana Glenda Tager, con años de trabajo sobre seguridad y Estado de derecho en ese país, ofreció un diagnóstico sin atenuantes.
“En el caso de Guatemala, el PIB tiene flujos económicos comparables con el tráfico ilícito, especialmente en el caso de las extorsiones. Eso es impresionante, si lo ves de esa manera, porque el nivel de impacto que puede tener es diferente”, señaló.
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Pero más inquietante que la magnitud del problema es cómo funciona el sistema que lo sostiene. “Lo que hemos encontrado es una serie de gobiernos que durante muchos años fueron estructurando un sistema con altos niveles de corrupción y mucha permeabilidad de varios grupos interesados vinculados a la política”, argumentó la académica.
“No solo a través de los alcaldes sino también a veces a través de los diputados, de jueces en el propio Ministerio Público”, explicó Tager.
El resultado es un círculo vicioso que bloquea cualquier intento de reforma. «Si voy a atrapar a esa persona y la voy a llevar a los tribunales y en los tribunales existe la capacidad de pagar suficiente y dejarla ir libre, entonces lógicamente ya perdemos. Porque luego, cuando la persona está libre, lo que va a venir es contra la policía que pudo haber hecho bien su trabajo”, describió.
La consecuencia sobre el propio aparato de seguridad es inevitable. “Llegamos a tener personas que dicen: ¿por qué me voy a exponer al crimen?, prefiero pasar tranquilamente, desapercibido”, señaló Tager.
Y describió el punto al que llega un sistema cuando la corrupción y la impunidad se normalizan: “No es que voy a ir contra los malos y aquí están los buenos, y voy a defender a los buenos de los malos. Es que ya hay una etapa de crisis en la que ya no sabemos quién es el malo y quién es el bueno, y dónde todo se entrelaza”.
Tager también mencionó el mecanismo de captura más difícil de combatir: “Hay una presión para la construcción de carreteras o contratos estatales que se hacen a través de empresas que pertenecen a políticos o a este tipo de grupos que no están interesados en hacer el trabajo. Lo que importa sobre todo es el lavado de dinero”.
Cuando el crimen organiza la vida comunitaria
Tager describió algo que no suele aparecer en los informes de seguridad: el momento en que los grupos criminales dejan de ser una amenaza externa y se convierten en el orden interno de una comunidad.
“En áreas completamente controladas por grupos, esos grupos tenían la regulación de qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Una mujer tenía problemas porque su marido la estaba golpeando. Fue a quejarse al líder del barrio y con el líder todo se solucionó. Lógicamente, estos grupos comienzan a constituirse por los encargados de definir la vida normal de la población”, agregó.
Cuando eso ocurre, la solución no puede ser solo policial. “Lo primero que necesitas es la presencia del Estado, pero no la presencia del Estado de la fuerza, sino la presencia del Estado en todos los sentidos: desde el sistema de justicia hasta el acceso a trabajos que puedan ser legales porque casi siempre eso es lo que facilita el trabajo ilícito”, argumentó.
Comunidad, desarrollo y crimen
Tager cerró su intervención con una observación que proviene de las estadísticas criminales del país. “Las áreas donde hay una mayor población indígena son las áreas que aparecen con menores niveles de homicidios”.
La ponente explicó este resultado “por el tema de esa integridad comunitaria que hace que los indígenas trabajen de manera coordinada, que tengan sus propias autoridades, aunque no son formalmente aceptadas en el Estado, pero que les permiten coordinarse de tal manera que les dan diferentes capacidades resilientes del resto de la población”.
El dato se suma a las conclusiones de los otros dos panelistas. Dudley mostró que las redes criminales crecen donde hay vacíos institucionales y mercados sin regular. Vergara demostró que la inseguridad tiene un costo económico concreto que se distribuye entre el Estado, las empresas y las familias, y que sin desarrollo no hay seguridad sostenible.
Tager aportó la evidencia de que las comunidades con estructuras propias de cohesión social muestran mayor capacidad de resistencia frente al crimen organizado.
Los tres, desde ángulos distintos, llegaron al mismo punto: el crimen organizado no es un problema que pueda resolverse solo con más fuerza. Es un problema estructural que se alimenta de la debilidad institucional, la desigualdad económica y la ausencia del Estado en los territorios más vulnerables. Para Centroamérica, donde esas tres condiciones se combinan con frecuencia, el diagnóstico es tan claro como el desafío que representa.
