Gobierno de Nasry Asfura copia el modelo Bukele para combatir el crimen
Honduras intenta combatir el crimen organizado con un sistema carcelario similar al salvadoreño y declarando terroristas a pandilleros y narcotraficantes. Expertos consultados alertan que estas medidas serán efectivas si el país primero supera la corrupción y depura a los cuerpos de seguridad.
Tomás Guevara / Expediente Público / Washington
Honduras declaró organizaciones terroristas a pandillas como la MS-13, la Barrio 18 y el Cártel del Diablo. Desde esta semana, el Estado puede combatirlas bajo este enfoque y no como criminalidad común, un modelo que replica el de Nayib Bukele en El Salvador.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras (CNDS) sesionó hasta la medianoche del pasado viernes para aprobar esta disposición.
El Consejo está conformado por el presidente de la República, Nasry Asfura; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; el fiscal general, Pablo Emilio Reyes, así como por el secretario de Seguridad y el secretario de Defensa Nacional.
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El CNDS tomó la decisión, pero el Congreso Nacional debía aprobar parte de las reformas necesarias para ponerlo en marcha, sobre todo por cambios necesarios el régimen penitenciario y en los procedimientos sobre detenciones de los supuestos acusados de terrorismo.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, adelantó el lunes que las medidas adoptadas por el CNDS recibirían el respaldo de los diputados. El oficialista del Partido Nacional cuenta con 49 de las 128 curules.
Zambrano dejó ver hacia dónde apuntaba la respuesta para combatir la inseguridad y el crimen organizado. Entre las medidas se propone que los militares salgan a las calles para arrestar delincuentes y, además, resguarden las cárceles.
“En el Poder Legislativo se respaldarán las reformas y herramientas jurídicas acordadas por el CNDS, comprometiéndose a dotar a los operadores de justicia de recursos”, señaló el funcionario.
El martes 22 de septiembre, en una votación unánime de todas las fuerzas legislativas —considerada como histórica—, el pleno del Congreso aprobó la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras, Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, para avalar la decisión del CNDS de la que el presidente del legislativo forma parte.
Con este aval legislativo, la decisión del CNDS tiene luz verde para ser aplicada por las fuerzas del orden con el nuevo enfoque en materia de seguridad pública.
Al aprobar la legislación, Zambrano dijo: “Este tema no es un juego; es para darle seguridad al pueblo hondureño; es para darle herramientas legales a Defensa y Seguridad”.
Medidas establecidas
Una nota del Congreso detalla cuáles serán las principales medidas que entran en vigor contra los detenidos por presunto terrorismo. “Toda persona capturada como miembro de grupo terrorista irá a cárceles de máxima seguridad en áreas de aislamiento, aunque no hayan sido juzgados todavía”, dice el comunicado.
Agrega que no se permitirán visitas a los reos para evitar que estos tengan contacto con familiares, quienes podrían servir de puente de comunicación con criminales prófugos. Tampoco se permitirá la visita de abogados sin supervisión de las autoridades penitenciarias.
“Se incrementarán las interferencias de comunicaciones, no solo entre celulares sino de uso de teléfonos satelitales, con equipo tecnológico de punta”, añade la nota del Congreso.
El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, dijo ante el pleno que es un momento crítico para el país en cuanto a seguridad debido al accionar coordinado de las bandas criminales.
El Consejo no reveló qué estructuras entraban en la primera lista de terroristas. Sin embargo, desde las Secretarías de Seguridad y Defensa se filtraron a los medios de comunicación hondureños los nombres de las pandillas MS-13 y Barrio 18, y del Cártel del Diablo.
El CNDS también introdujo la tipología de “crimen en flagrancia”. De esta manera, los pandilleros detenidos serán sometidos a tribunales especiales como si, al momento de la detención, se les hubiera encontrado cometiendo el delito.
Informes de InSight Crime, que han seguido los pasos la MS-13, estiman que, al menos desde 2016, esta estructura ha operado en el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el tráfico humano.
De acuerdo con esas publicaciones, la categorización de pandilla callejera se queda corta. Los informes agregan que dicha estructura actúa como benefactora en comunidades donde la presencia del Estado es nula para ganar apoyo de los pobladores.
Medios de comunicación hondureños, cruzando datos oficiales de las secretarias de Seguridad y Defensa, han estimado que los miembros activos de las pandillas en Honduras podría rondar entre los 25,000 y los 36,000.
Receta salvadoreña no aplicaría en realidad de Honduras
José Miguel Cruz, experto en criminalidad y justicia de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), afirmó a Expediente Público que, a diferencia de su par salvadoreña, la MS-13 de Honduras cambió desde hace muchos años sus medios de subsistencia.
De acuerdo con el especialista, esta pandilla dejó de extorsionar y empezó a controlar territorios, incluso con “apadrinamiento de comunidades”. A través de este mecanismo, los narcotraficantes ofrecen dádivas a los pobladores para que los dejen operar en sus territorios.
“La MS-13 en Honduras transitó más efectivamente hasta convertirse en un grupo criminal cuya fuente de recursos estaba más vinculada al tráfico transnacional de drogas, que en el caso salvadoreño”, señaló Cruz.
Para él, la administración de Asfura busca aplicar la receta salvadoreña, pero alerta que los contextos son diferentes. En el caso de El Salvador, el Gobierno de Nayib Bukele se enfrentaba a dos pandillas —la MS-13 y la Barrio 18— que tenían altísimos niveles de rechazo ciudadano por las extorsiones y asesinatos.
En Honduras, en cambio, esas dos pandillas son parte de un conjunto mayor de agrupaciones delictivas y, además, han logrado compenetrarse de mejor forma con la población, señaló Cruz.
Por otro lado, el gobierno de Bukele —subrayó el especialista— primero negoció con las pandillas y luego, bajo el régimen de excepción, les quitó el control del país, que tiene 21,000 kilómetros cuadrados y es densamente poblado.
Esto no ocurre en Honduras. Sus 112,777 kilómetros cuadrados dificultan el despliegue de instituciones y de fuerza pública que permita controlar a los grupos criminales, añadió Cruz.
“El problema que enfrenta la región ahora es que está comprando el discurso del modelo Bukele o del modelo salvadoreño, cuando El Salvador es un muy mal ejemplo para seguir, no solo por el tipo de medidas, sino porque El Salvador es el país más pequeño y más densamente poblado del continente”, enfatizó.
Repitiendo medidas poco efectivas
Cruz, que ha realizado investigaciones de campo en Honduras sobre pandillas, sostiene que el Gobierno está intentando aplicar medidas que el país ya probó sin éxito en el pasado. Señaló que esas recetas fracasaron porque las instituciones de seguridad están infiltradas por el crimen organizado.
El aislamiento de líderes pandilleros, incluso bajo cercos militares, no funcionó, recalcó. En 2023, por ejemplo, se desplegó a las fuerzas de seguridad para tomar el control de penales de máxima seguridad y neutralizar las comunicaciones de los pandilleros. Este fue uno de los intentos más recientes que no tuvo éxito.
Lea: El mapa criminal de Honduras: 22 bandas se reparten el territorio
Desde esta perspectiva, Cruz mira la nueva medida de nombrar a las pandillas como organizaciones terroristas más como “una motivación política” que busca “acumular recursos para combatir a estos grupos con más fuerza”.
Sin embargo, el experto alerta sobre las limitaciones. “En nuestros países se ha nombrado como terroristas a organizaciones criminales, pero eso no necesariamente se ha traducido en la eliminación de estos problemas”, afirmó.
Para ganar el favor de Donald Trump
Douglas Farah, experto en Seguridad de IBI Consultants, comentó a Expediente Público que Honduras, como muchos otros países latinoamericanos, está intentando quedar bien a los ojos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según Farah, Asfura está imitando la iniciativa estadounidense de nombrar terroristas a los grupos criminales y adoptando el modelo Bukele. Para él, estas medidas responden al “populismo radical”.
Los resultados a corto plazo —reconoce Farah— pueden ser tentadores, pero a largo plazo “fracasan porque terminan en un autoritarismo sin ley”.
Farah apunta que la MS-13 es, de lejos, la que ha logrado controlar más territorio, pues se ha volcado al negocio del narcotráfico.
“La MS-13 en Honduras es el grupo más avanzado de la región en términos de sus capacidades de narcotráfico y control territorial, en muchos casos con más legitimidad y poder de gobernanza que el mismo Estado”, advierte.
Para este analista, la declaración de organizaciones terroristas sin acoplar otras medidas clave en la seguridad pública no llevaría a nada, si el Estado no logra recuperar legitimidad.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), comentó a Expediente Público que el gobierno de Asfura enfrenta mucha presión ciudadana para afrontar el problema de inseguridad, más que problemas técnicos.
Este experto sostiene que las extorsiones castigan a la población, sobre todo en el entorno comercial. Para él, “la etiqueta de terrorista comunica dureza y, además, viene con un modelo regional que es muy popular”.
Agregó que Honduras ha creado leyes para enfrentar a las pandillas y otros grupos criminales. “Desde hace años los códigos ya castigaban actividades terroristas de las maras”, recalcó.
Sin embargo, —añadió— “lo que ha fallado es la investigación, la inteligencia financiera, el control de las cárceles y la coordinación entre Policía, Fiscalía y jueces. Eso no se resuelve con un nombre nuevo”.
Castañeda también criticó algunos contenidos de la nueva ley, sobre todo la supervisión de las reuniones de los presos con sus abogados y la eliminación de las medidas sustitutivas para los acusados de terrorismo. “Eso toca directamente el derecho de defensa y la presunción de inocencia”, apuntó.
De su parte, el legislador Zambrano ha señalado que existe voluntad política en la administración de Asfura, en el Congreso Nacional y en las instancias de seguridad del Estado para montar un frente común de lucha contra la criminalidad.
