¿Por qué tiene blindados la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras?
La Secretaría de Derechos Humanos gasta millones de lempiras entre rentas de vehículos blindados y guardaespaldas, mientras al menos 296 expedientes de personas en riesgo están en vilo y 135 siguen en mora.
Yarely Madrid / Expediente Público
Un análisis de los contratos y registros públicos de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) revela que los recursos destinados formalmente al Mecanismo de Protección, terminan en una flota de lujo y blindaje de élite para un grupo reducido de personas.
Documentos financieros de esa institución revelan que se pagaron más de 11.4 millones de lempiras (USD 423 mil) a una empresa proveedora de vehículos blindados en junio y se destinaron 732 mil lempiras (USD 27 mil) a salarios de guardaespaldas en los últimos cuatro meses. Es un total de 12 millones de lempiras (USD 444 mil).
A través de la solicitud de información pública, SEDH-UTAIP-zr8-zoz6, para conocer los gastos de la Secretaría de Derechos Humanos, se confirmó que del total de presupuesto del mecanismo 35.4 millones de lempiras (1.2 millones de dólares), 37% se destinó a pagar seis vehículos blindados.
La documentación de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Secretaría de Finanzas muestra una mejora parcial, puesto que, mientras que en el 2025 todo el presupuesto de 20 millones de lempiras se destinó a vehículos blindados, la situación actual refleja una reducción en este gasto.
Sin embargo, para los defensores de derechos humanos las falencias institucionales continúan intactas, evidenciadas en cientos de expedientes activos en vilo, demoras críticas y una mora alarmante que deja a decenas de personas en riesgo sin medidas efectivas.
¿Quién usa los blindados?
Los registros sobre quiénes se beneficia con automóviles blindados son reservados, según explicó a Expediente Público la Secretaría de Seguridad, quien se encarga en ocasiones de servir como intermediario para el alquiler de los vehículos.
Tres fuentes anónimas del Mecanismo de Protección denunciaron a este medio que incluso funcionarios de la administración pasada de esa institución todavía tienen la posibilidad de contar con vehículos blindados.
Este medio consultó al director del Mecanismo, Cristóbal Martínez, sobre los gastos en la renta de autos blindados, la denuncia de beneficios a funcionarios de la administración pasada y el presupuesto, pero hasta la publicación de esta nota no hubo ninguna respuesta.
Poca transparencia
El análisis de la ejecución presupuestaria demuestra que el dinero nunca llega de forma eficiente hacia las personas que el mecanismo debería proteger, como periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios judiciales.
Procesos anteriores, como la Contratación Directa CD-SEDH-01-2025, formalizaron por 20 millones de lempiras (769 mil dólares) el alquiler de vehículos blindados (incluyendo camionetas y pick-ups) con el mismo proveedor, Latin American Armored Rentals S.A. (LAARSA) por un período de 296 días (del 10 de marzo al 31 de diciembre del año 2025).
El especialista en políticas públicas Ismael Zepeda ha advertido sobre los vacíos en la rendición de cuentas de estos fondos públicos.
“Es un negocio en el que el Estado privilegia a algunas agencias, algunas empresas… (Los recursos) se diluyen en la transparencia y rendición de cuentas”, manifestó Zepeda a Expediente Público.
La empresa LAARSA se constituyó en 2013 y es parte del grupo Aurun, vigente desde hace 10 años en Honduras.
Expediente Público consultó al conglomerado sobre la renta de vehículos blindados por parte de la SEDH, pero no obtuvo ninguna respuesta al momento de la publicación de este artículo.
Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU) y reconocida periodista de investigación, advierte sobre el costo del mantenimiento de los vehículos blindados.
“El mantenimiento de esos carros es caro. Además, se pagan el chofer, el combustible, el mantenimiento, por lo menos, a 300 dólares diarios”, apuntó Meza.
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Lentitud y mora
Para Meza, el problema de fondo radica en que la institución se administra bajo una visión errada y deshumanizada.
La activista señala que los funcionarios manejan el sistema de protección bajo una lógica administrativa absurda, operando “como si estuvieran administrando una pulpería” y restándole la urgencia que demanda la protección de vidas humanas.
Esto se ve reflejado en los datos de C-Libre, que señalan que hasta mayo del 2026 había 135 casos sin recibir medidas y 80 pendientes de ser revisados.
En su totalidad, el Mecanismo ha amparado a 1,591 personas desde su funcionamiento en 2015. Entre ellos, 1,383 defensores y defensoras de derechos humanos; 87 comunicadores sociales; 43 periodistas y 78 operadores de justicia.
Además, el Mecanismo solo cubre cuatro de las seis regiones del país, entre ellas, el Centro Oriente, Centro Occidente, Noroccidente y Norte.
“Eso quiere decir que no solamente es la falta del recurso en efectivo, sino que hay una cuestión sumamente lenta”, afirmó la directora de C-Libre, Amada Ponce, a Expediente Público.
El costo real de la inacción
Ponce ha denunciado que el sistema ha fallado en su propósito, pues no ha evitado homicidios de personas que ya se encontraban bajo su tutela.
“De 600 casos que ha habido en los últimos 10 años, 13 personas beneficiarias han sido asesinadas”, reveló Ponce.
Tal es el caso del defensor ambiental y social Juan López que fue asesinado la noche del 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, departamento de Colón, Honduras. El crimen ocurrió cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon a quemarropa desde su vehículo mientras salía de participar en una actividad religiosa en una iglesia local.
El asesinato estuvo directamente vinculado a su labor como líder social, regidor municipal y miembro del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).
López lideraba la defensa de ríos, así como del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, oponiéndose firmemente a proyectos mineros e hidroeléctricos.
Anteriormente, denunció repetidamente la falta de garantías para ejercer su labor y cuestionó la lentitud e ineficacia del Estado y de su Mecanismo de Protección para implementar medidas reales que salvaguardaran su vida frente a las intimidaciones de grupos opuestos a su lucha territorial.
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Sombras en la dirección
Por otra parte, el proceso de designación del director del mecanismo, Cristóbal Martínez, fue cuestionado por la falta de participación de la sociedad civil en la elección.
“En la elección del director no participó la sociedad civil cuando es un proceso colectivo… y prácticamente la Secretaría misma fue quien decidió”, apuntó Ponce.
Al respecto, Meza señaló que el Mecanismo incurre en prácticas de carácter político-partidarias, donde ingresan al mecanismo activistas que muchas veces carecen del conocimiento especializado necesario para abordar temas tan sensibles.
Persecución contradictoria
Para Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), existe una contradicción entre el discurso oficial de resguardo a los defensores de derechos humanos y las acciones de hostigamiento judicial que se toleran o impulsan desde el propio aparato estatal.
“Una cuestión es declarar y otra es realmente tener compromiso para la protección de defensores. O sea, no puedo alardear de estar comprometido con la protección de los defensores y al mismo tiempo estoy haciendo que el Ministerio Público, que los tribunales de la República los estén persiguiendo y juzgando”, manifestó.
Acevedo plantea esa crítica sobre la contradicción del Estado de brindar medidas de protección a defensores, ambientalistas y líderes comunitarios que se han opuesto a megaproyectos extractivos, pero el mismo tiempo el Ministerio Público y los tribunales locales les abren procesos penales por delitos como usurpación, coacción o daños.
