Empresas offshore controlan comercio de langosta en Islas de la Bahía
Registros oficiales y datos de inteligencia marítima revelan una la triangulación en las exportaciones de langosta desde Islas de la Bahía hacia paraísos fiscales.

Henry Ziemer, investigador del CSIS, advierte que estos modelos de barcos y empresas en jurisdicciones offshore abren campo a todo tipo de actividades ilícitas.
Yarely Madrid / Expediente Público
Más de 570 toneladas de langosta (1.25 millones de libras) salieron de Roatán y Guanaja hacia Islas Caimán, en los últimos cuatro años. Detrás de estas exportaciones se encuentra una empresa registrada en el paraíso fiscal que terciariza los productos hondureños hacia México y Estados Unidos.
Se trata de Bodden y Bodden Mariscos Guanaja, registrada en Honduras, que opera a su vez bajo Bodden & Bodden Mariscos Importados (Bodden & Bodden Seafood Imports Ltd.), en Gran Caimán, según los registros marítimos y de inteligencia comercial de ImportGenius e ImportYeti.
En Honduras, esta empresa se encuentra en la isla de Guanaja, donde mantiene instalaciones de acopio, embarcaciones y fichaje como distribuidor mayorista de mariscos.
Al revisar la documentación del Departamento de Comercio e Inversión del gobierno de Islas Caimán aparece aprobada o ratificada formalmente la licencia comercial de esa firma el 30 de agosto de 2016. Sin embargo, la compañía no posee ninguna oficina comercial, infraestructura administrativa, bodega ni planta procesadora en el territorio caimanes, figurando únicamente con un apartado postal para notificaciones legales.
Expediente Público intentó comunicarse con la empresa, pero no contestaron, hasta la publicación de esta nota.
¿Cómo opera esta empresa?
La documentación adquirida por una solicitud de información pública (SOL-SENASA-279-2026) ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) revela que más de 1.25 millones de libras de mariscos salieron legalmente de los puertos de Islas de la Bahía entre 2022 y 2026.
El problema surge cuando se revisan los registros de importaciones de Islas Caimán a través de UN Comtrade para confirmar esa misma operación desde el país receptor.
En la plataforma oficial de las Naciones Unidas, el reporte del comercio exterior entre Honduras e Islas Caimán registra apenas $133 dólares en valor comercial en ese periodo, y únicamente en el 2023, marcando cero kilos neto y cero en cantidad de producto.

Sin embargo, en ese mismo 2023, las planillas de SENASA confirman la salida legal de 666,108 libras de langosta (más de 302,000 kilos) consignadas hacia la ruta de Gran Caimán.
En la plataforma UN Comtrade, las exportaciones de mariscos de Honduras hacia Islas Caimán quedaron literalmente en el aire, registrando una cifra nula de cero dólares a partir del año 2024.
Los registros nacionales hondureños, sin embargo, establecen que tan solo entre 2024 y los meses monitoreados de 2026, las planillas sanitarias hondureñas autorizaron el despacho de más de 456,000 libras adicionales de langosta consignadas bajo la misma fórmula de destino hacia el territorio caimanés.
En 2025, las autoridades sanitarias autorizaron el despacho de 180,726 libras de langosta desde Islas de la Bahía hacia la ruta de Gran Caimán.
Para el año 2026, los registros oficiales contabilizaron la salida de 67,553 libras adicionales de langosta, sumando casi 248,300 libras de este crustáceo movilizadas bajo el mismo esquema en este último bienio.
Una vez que la empresa de Gran Caimán “posee” el camarón en el papel, no lo envía a su propia jurisdicción. Sino que, desde esa misma posición de intermediaria, coloca el producto en sus destinos reales: México y Estados Unidos, mercados donde sí existe demanda real del marisco, esto es lo que revelan los datos de ImportYeti donde se evidencia que los principales compradores de esta firma son estos dos destinos.
Henry Ziemer, investigador asociado del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), dijo a Expediente Público que la creación de empresas en paraísos fiscales son la oportunidad perfecta no solo para la evasión de impuestos, sino, “para crear franjas ciegas en la fiscalización marítima donde el crimen organizado se mueve con total comodidad”.
¿Qué es Bodden & Bodden?
Los registros de ImportGenius e ImportYeti detallan que la empresa Bodden & Bodden & Bodden Seafood Imports Ltd) opera como una comercializadora en Gran Caimán.
La compañía es encargada de canalizar las exportaciones hacia puertos de la costa estadounidense a través de intermediarios y agencias de carga como Janel Group, Ntl Naigai Trans Line Usa, Locher Evers International, y distribuidores finales como Blue International Seafood, Star Food Products, Mical Seafood y Gulf King Shrimp Exchange; y hacia México como distribuidoras de alimentos como Vima Mexicana S.A. de C.V.
Según los registros, sus principales suministros los recibe desde territorio hondureño a través de proveedores como su filial Bodden y Bodden Mariscos Guanaja y la exportadora Azul Interexport S.A. de C.V.
Modelos Offshore
Henry Ziemer, investigador asociado del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), advierte sobre los peligros estructurales de este modelo offshore.
“Las estructuras corporativas opacas no solo se diseñan para evadir impuestos, sino para crear franjas ciegas en la fiscalización marítima donde el crimen organizado se mueve con total comodidad”, señala Ziemer.
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Narcotráfico y rutas opacas en el Caribe
La evación fiscal en el mar Caribe no opera de forma aislada; es la cubierta ideal para el tráfico de sustancias ilícitas.
Las embarcaciones involucradas en estas redes criminales aprovechan la falta de vigilancia continua para apagar sus sistemas de rastreo. Al respecto, el experto en inteligencia marítima Gregg Casad señaló a Expediente Público que el problema central radica en los barcos que deciden navegar en la oscuridad y apagan sus transmisores para no ser rastreados por medios tradicionales.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y las fuerzas antinarcóticos han documentado cómo barcos pesqueros industriales y pequeñas lanchas de apoyo son adaptados con caletas ocultas en sus bodegas de hielo para mover toneladas de cocaína entre las zonas de pesca de Gracias a Dios y las Islas de la Bahía.

El 25 de agosto de 2019, la ATIC asestó uno de los primeros golpes al interceptar el buque pesquero “Flamingo III” con 576 kilos de cocaína en sus bodegas. El caso más grande ocurrió años después, el 1 de septiembre de 2024, cuando los agentes abordaron la embarcación pesquera “Rosalinda” y descubrieron 3,993 kilos de cocaína enterrados bajo los compartimentos de la nave.
La operación más reciente fue ejecutada el 7 de septiembre de 2026 en Gracias a Dios, donde encontraron otros 899 kilos de droga y 11 tripulantes a bordo de una nave de transporte pesquero.
Ziemer enfatiza esta peligrosa relación: “Las embarcaciones pesqueras que operan en la informalidad son utilizadas como plataformas logísticas para el reabastecimiento y transporte de droga en alta mar”.
El investigador del CSIS subraya la urgencia de abordar el problema desde una perspectiva de seguridad regional integral. “Si las instituciones estatales no fiscalizan la trazabilidad del marisco, están permitiendo que el crimen organizado controle el espacio marítimo”, advierte Ziemer.
Casad concuerda en que, las instituciones deben analizar las tendencias de movimiento en alta mar y generar inteligencia que permita a las autoridades intervenir los buques sospechosos antes de que descarguen la mercancía ilícita.
También, advierte en la necesidad de tener personas que entiendan cómo funciona el monitoreo satelital pues “sin esa capacidad técnica ni la voluntad para convertir los datos satelitales en operativos de campo, los vacíos de vigilancia seguirán siendo explotados por las redes de evasión fiscal y narcotráfico en el Caribe”.
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Trata de personas y trabajo forzado
Detrás de las millonarias ganancias en dólares y las cuentas offshore, la peor parte de este modelo la pagan los trabajadores del mar.
En esta ilegalidad Ziemer explica que está muy ligada la explotación laboral y la trata de personas y usualmente los pescadores artesanales son reclutados en condiciones de extrema vulnerabilidad sin contratos formales.
“La trata de personas y el trabajo forzado son la columna vertebral que mantiene bajos los costos de la pesca no reglamentada. Los marineros sufren abusos severos, largas jornadas sin descanso y la privación de sus derechos fundamentales”, asevera.
Reformas integrales
Henry Ziemer concluye con un llamado a la acción conjunta entre los países de la región para frenar estas redes delictivas: “Honduras debe fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de inteligencia marítima. Solo mediante una fiscalización transparente se podrá desarticular el nexo entre la opacidad financiera, la pesca ilegal y la delincuencia organizada”.
El futuro de Islas de la Bahía depende de la capacidad del Estado para recuperar el control de sus mares y recursos. Transparentar las cifras de exportación, sancionar las triangulaciones offshore y proteger los derechos de los pescadores artesanales son pasos urgentes.



