Pesca ilegal y no regulada en el Caribe de Honduras 

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Expediente Público monitoreó información satelital y comprobó en Islas de la Bahía una crisis silenciosa en el arrecife de coral.

Embarcaciones comerciales apagan deliberadamente sus sistemas de identificación automática (AIS) para operar como “buques fantasmas” y evadir la fiscalización. Esta vulnerabilidad se incrementa con las limitaciones tecnológicas del Gobierno central, cuya plataforma de rastreo carece de datos históricos y solo vigila a la flota nacional, dejando las fronteras marítimas desprotegidas. 

Este ocultamiento en altamar forma parte de un entramado corporativo mayor, donde empresas extranjeras operan mediante banderas de conveniencia registradas en Panamá o paraísos fiscales como Bahamas.  

Estas estructuras opacas, camuflan sus actividades bajo regulaciones laxas y dificultan las investigaciones judiciales transfronterizas. Además, este flujo descontrolado de naves sin rastro satelital podría estar facilitando la convergencia de economías ilícitas. 

Dicha opacidad financiera y comercial también se extiende a la exportación de recursos marinos, evidenciada en la triangulación de más de 570 toneladas de langosta desde Roatán y Guanaja hacia Islas Caimán entre 2022 y 2026.  

A través de registros de inteligencia comercial, se identificó que la empresa Bodden y Bodden Mariscos Guanaja opera en Caimán como una pantalla de refacturación, ya que la plataforma UN Comtrade de la ONU reporta cero dólares en importaciones pesqueras procedentes de Honduras. 

Este mecanismo permite ocultar las utilidades reales de los armadores y despojar al Estado hondureño de la trazabilidad de sus riquezas.  

Expertos como Henry Ziemer del CSIS advierten que este modelo de empresas en paraísos fiscales genera franjas ciegas que no solo promueven la evasión de impuestos, sino que facilitan el reabastecimiento de drogas y el crimen organizado transnacional. 

En el centro de esta problemática se encuentra una severa crisis social, donde los pescadores artesanales enfrentan sanciones monetarias, mientras los verdaderos culpables internacionales, no son investigados.