Gobierno hondureño gasta más de un millón de lempiras al día en viáticos
Una revisión exhaustiva de Expediente Público, basada en el análisis de registros de gasto de 37 instituciones estatales, identificó que entre enero y agosto de 2026 estas dependencias gastaron US$10 millones en viáticos, un promedio de US$41 mil diarios.
L272.3 millones (US$10 millones) destinó el Estado hondureño al pago de viáticos en 37 instituciones públicas entre enero y agosto de 2026, durante los primeros ocho meses de la administración del presidente Nasry Asfura.
En promedio, las 37 instituciones gastaron L1.12 millones (US$41.000) diarios en viáticos entre enero y agosto de 2026. Para dimensionarlo, en esos ocho meses, los desembolsos superaron en 36% el presupuesto anual asignado a la Secretaría de Derechos Humanos.
Para establecer esta cifra, Expediente Público recopiló y procesó los registros de gastos, facturas y liquidaciones correspondientes a cada una de 37 instituciones públicas durante los primeros ocho meses de 2026.
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Con el propósito de comparar el comportamiento del gasto entre administraciones, se replicó el procedimiento con los registros del mismo período de 2022, durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro.
La comparación institucional revela diferencias importantes. Mientras algunas dependencias mantuvieron niveles de gasto relativamente estables, otras multiplicaron sus desembolsos en viáticos, con incrementos que superan las diez veces respecto a los registrados cuatro años antes.
ENEE y Salud encabezan el gasto
Al examinar la distribución de los recursos en 2026, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) aparece como la institución con mayor gasto en viáticos.
La estatal eléctrica pasó de registrar L5.5 millones (US$223 mil) en 2022 a desembolsar L41.2 millones (US$1.5 millones) durante enero-agosto de 2026. Esto representa un incremento aproximado del 649%, es decir, sus erogaciones se multiplicaron por 7.5.
Al consultar sobre este comportamiento, el economista e investigador Ismael Zepeda señaló a Expediente Público que algunas instituciones parecen priorizar los gastos de sus altos funcionarios pese a enfrentar dificultades financieras.
“Algunas instituciones, a pesar de estar sobregiradas, con déficit, endeudadas, parece que el tema fundamental es que a los altos funcionarios no les interesa la problemática de cada institución”, señaló.
En segundo lugar, se ubica la Secretaría de Salud (Sesal), que también registró un incremento considerable en sus gastos de viáticos.
La institución pasó de ejecutar L17.7 millones (US$779 mil) en 2022 a más de L37.3 millones (US$1.3 millones) durante los primeros ocho meses de 2026. La diferencia representa un aumento aproximado del 111%, por lo que el gasto se multiplicó por 2.1.
Este incremento merece especial atención por tratarse de una institución responsable de administrar recursos destinados a la atención sanitaria de la población; a diferencia de este año, el contexto de 2022 estuvo marcado por la pandemia de COVID-19.
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Instituciones multiplicaron sus gastos en viáticos
Más allá de las dependencias que concentran los mayores montos, los registros muestran incrementos porcentuales especialmente elevados en otras instituciones estatales.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF) registraron aumentos que multiplicaron sus gastos de viáticos por más de doce veces respecto a 2022.
Conatel pasó de ejecutar L539.000 (US$21 mil) en 2022 a más de L6.6 millones (US$245 mil) en 2026. Esto equivale a un incremento aproximado del 1,124%, es decir, el gasto se multiplicó por 12.2.
Por su parte, la SIT pasó de registrar L752.000 (US$27.8 mil) en 2022 a ejecutar más de L9 millones (US$333 mil) durante los primeros ocho meses de 2026. El aumento equivale a cerca de doce veces el monto registrado en el período de comparación.
El ICF también experimentó un incremento significativo, pasó de L1.2 millones (US$44 mil) a L15.3 millones (US$566 mil), lo que representa un aumento aproximado del 1,175% y una multiplicación del gasto por 12.8.
Otro caso es el del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos desembolsos pasaron de L2.4 (US$88 mil) millones en 2022 a L15.2 millones (US$562 mil) en 2026. La diferencia representa un incremento aproximado del 533%, equivalente a multiplicar el gasto por 6.3.
La Administración Aduanera de Honduras pasó de ejecutar L6.9 (US$255 mil) millones a L12 millones (US$ 444 mil). La variación fue de aproximadamente 74%.
El universo de las 37 instituciones analizadas también incluye dependencias con variaciones más moderadas o niveles de gasto relativamente estables, entre ellas las secretarías de Defensa y Finanzas, o el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Para este análisis, Expediente Público examinó especialmente las instituciones con mayores incrementos absolutos y porcentuales.
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¿Qué justifica estos incrementos?
Los aumentos registrados en algunas instituciones no necesariamente responden a las mismas necesidades operativas. Mientras determinadas dependencias requieren desplazamientos constantes para cumplir sus funciones, otras deben justificar sus desembolsos a partir de actividades específicas.
Para Ismael Zepeda, el incremento del INE puede explicarse por las actividades de campo relacionadas con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2026, un proceso que busca actualizar la información demográfica del país, cuyo último levantamiento se realizó en 2013.
En el caso de instituciones como la SIT y la Administración Aduanera, el economista considera que sus funciones implican desplazamientos frecuentes dentro del territorio nacional.
No obstante, advirtió que esa necesidad operativa no justifica automáticamente cualquier nivel de gasto ni la asignación de viáticos para actividades que forman parte de las obligaciones ordinarias de los funcionarios.
“Esa movilización de los funcionarios […] yo diría que no tendrían que ser tan excesivos porque es su día de trabajo”, apuntó.
La discusión, entonces, no se limita a cuánto dinero desembolsa cada institución, sino a determinar si los viajes responden a necesidades reales del servicio público, si sus costos son razonables y si existen mecanismos suficientes para comprobar el uso de los recursos.
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El debate sobre la austeridad
La discusión sobre el gasto corriente en viáticos adquiere mayor relevancia en un contexto de presión sobre las finanzas públicas, especialmente por las medidas estatales para contener el precio de los combustibles.
Durante un programa televisivo, emitido el domingo 4 de octubre de 2026, Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), planteó que antes de asumir nuevos costos por subsidios el Gobierno debía identificar en qué áreas podía generar ahorros.
“El Gobierno debe de identificar dónde va a hacer ahorros”, señaló Urtecho, quien mencionó entre los posibles recortes los gastos en viáticos, vehículos de lujo y automóviles utilizados como escolta de funcionarios.
En la misma emisión, Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y de Transparencia Internacional Honduras, cuestionó que el Estado adopte medidas que implican sacrificios fiscales sin definir previamente qué gastos reducirá para compensarlos.
“El gran problema es que tomamos decisiones en base a la presión, pero la pregunta es eso que va a dejar de recibir, ¿se van a reducir los salarios, se van a eliminar los viáticos, menos viajes?”, cuestionó.
Hernández planteó que el debate debe incluir las decisiones presupuestarias necesarias para financiar los subsidios sin comprometer otros servicios públicos.
Expediente Público solicitó entrevistas a Urtecho y Hernández para conocer sus valoraciones sobre los resultados de este análisis y la evolución del gasto en viáticos, pero ninguno había respondido al cierre de esta publicación.
Para Zepeda, uno de los principales problemas en el manejo de estos recursos es la falta de controles efectivos y la discrecionalidad con la que pueden asignarse y liquidarse los viáticos.
A su juicio, la ausencia de una fiscalización rigurosa ha permitido que estos desembolsos se mantengan como un beneficio para determinados funcionarios, en lugar de responder exclusivamente a necesidades del servicio público.
“Los viáticos se han convertido durante años en un privilegio, pero también en una corrupción legalizada”, aseveró.
