* La Encuesta de Presupuesto Abierto 2025 se aplicó a cuatro países centroamericanos para medir la transparencia presupuestaria, la participación ciudadana y la fiscalización.
* Honduras y Guatemala aprobaron en transparencia presupuestaria, mientras que El Salvador y Nicaragua quedaron rezagados.
* Los cuatro países reprobaron en participación ciudadana y fiscalización del presupuesto.
Expediente Público
El avance en materia de transparencia presupuestaria es desigual en la región centroamericana, según lo evidencia la décima edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés) 2025, publicada este 23 de junio por la organización International Budget Partnership (IBP).
Mientras Guatemala y Honduras lograron avances significativos que los ubican con puntuaciones superiores a 61 —lo que implica que aprueban el Índice de Presupuesto Abierto con estándares considerados “suficientes”—, Nicaragua y El Salvador continúan rezagados, no solo en apertura fiscal, sino también, de forma muy preocupante, en materia de participación ciudadana y fiscalización de la ejecución de los presupuestos.
El brasileño Alexandre Ciconello, oficial superior de programas de la IBP, explicó a Expediente Público que, en este ciclo 2025, la encuesta —que consta de más de 140 preguntas— se aplicó únicamente a 83 de los 125 países evaluados en 2023 debido a la “disminución de los recursos” de la cooperación internacional.
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Costa Rica fue uno de los países que quedó fuera. “No hablamos de que no vamos a hacer más en Costa Rica, pero en esta ronda sí fue esa la razón. En el caso de Panamá, nunca lo habíamos incluido en las rondas anteriores”, indicó el oficial superior de programas de la IBP.
Voluntad política impulsó avances en Guatemala
Uno de los mayores avances en Centroamérica en materia de transparencia presupuestaria lo protagonizó Guatemala, que alcanzó un puntaje de 71 sobre 100. Ciconello explicó que la voluntad política del Gobierno de Bernardo Arévalo, quien asumió en 2024, fue uno de los principales motores de este importante avance.
El Gobierno de Guatemala, según Ciconello, realizó cambios de autoridades en el Ministerio de Hacienda y, gracias al diálogo con organizaciones civiles, logró un cambio sostenido en la transparencia presupuestaria del país.
“Hubo un interés por parte del Ministerio de Hacienda de Guatemala de tener reuniones con las organizaciones de la sociedad civil (…) y el Gobierno decidió (…) incluir muchas de las cosas que fueron planteadas por las organizaciones”, afirmó Ciconello.
El guatemalteco José Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, explicó a Expediente Público que el presidente Bernardo Arévalo, durante su campaña electoral, prometió “transparencia y lucha contra la corrupción”, en un contexto de hartazgo de la población por los escándalos del antecesor, el expresidente Alejandro Giammattei.
“El presidente Arévalo actualmente enfrenta algunas dificultades: altos niveles de insatisfacción ciudadana en cuanto a la generación de resultados y la capacidad de ejecutar los presupuestos, pero me parece que una de las áreas donde el presidente Arévalo ha logrado cumplir sus promesas electorales ha sido en el tema de transparencia y especialmente en el tema de transparencia presupuestaria”, reconoció Barrientos.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales es reconocido por ser crítico de la gestión gubernamental en Guatemala. Barrientos mencionó que, desde 2024 y sobre todo en 2025, Guatemala implementó “una serie de herramientas que facilitan el acceso libre y público, cumpliendo los estándares internacionales en formatos de datos abiertos sobre la ejecución presupuestaria”.
Agregó que “crearon nuevos espacios de acceso a información de ejecución presupuestaria y procesos de adquisiciones públicas específicos para el sistema de consejos de desarrollo”, que fueron posibles justamente gracias a la voluntad política.
“Hoy en día cualquier ciudadano puede acceder de manera libre, pública y en datos abiertos a la ejecución, y hay detalles por región, por departamentos, cuánto es lo que se ha transferido, cuánto se ha ejecutado y cuál es el inventario de proyectos y obras, lo que claramente mejora las puntuaciones”, destacó Barrientos.
Guatemala reprobada en participación ciudadana
Sin embargo, pese a los avances en transparencia presupuestaria, Guatemala continúa rezagada en materia de participación ciudadana, con un puntaje de 41 sobre 100, que mejora respecto a los 19 puntos que recibió en esa materia en el ciclo 2023.
Barrientos señaló que el Congreso de Guatemala no ha avanzado en transparentar el proceso de discusión del proyecto de presupuesto, por lo que, valoró, varios indicadores vinculados a participación ciudadana “en 2025 no registraron avances sustanciales”.
Añadió que siguen pendientes mejoras en la divulgación del llamado presupuesto ciudadano, especialmente por la diversidad lingüística de Guatemala, donde se hablan 23 idiomas.
“No es solo publicar información, sino que el problema es que cuando hay tantos idiomas en una sociedad todavía hay cuentas pendientes para ponerla a disposición”, explicó Barrientos, quien consideró que las autoridades “quizás no han tenido el tiempo o los recursos” suficientes para avanzar en esa dirección.
Contraloría de Guatemala publica documentos “poco accesibles”
El experto también cuestionó el nivel de transparencia de la Contraloría General de Cuentas, encargada de fiscalizar la ejecución del presupuesto, señalando que los informes de auditoría y supervisión presupuestaria continúan siendo “documentos muy densos” y poco accesibles para públicos no especializados.
“El problema de los informes de la Contraloría no es si tienen o no la información; la información la tienen y la publican. El problema es que termina siendo opaco porque es poco accesible, el formato no facilita encontrar la información”, sostuvo Barrientos.
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Asimismo, advirtió que los avances impulsados desde el Gobierno central no necesariamente se reflejan en los gobiernos locales ni en el sistema de consejos de desarrollo, considerado el principal mecanismo formal de participación ciudadana en Guatemala.
“Este sistema de consejos de desarrollo se ve muy lindo en la ley, pero en la realidad no está funcionando bien. Ahí hay corrupción, procesos de captura, manipulación y malversación con fines político-partidarios”, alertó Barrientos.
Y concluyó: “La Constitución también contempla la figura del cabildo abierto para la expresión ciudadana. Entonces, sí, ciertamente, aunque el presidente es muy democrático y muy comprometido con la transparencia, los estamentos del poder local y, en general, el resto del sector público guatemalteco están muy lejos de considerarse un modelo de transparencia, democracia y participación ciudadana”.
Honduras redujo su puntuación, pero sigue aprobada
En el caso de Honduras, el segundo país de Centroamérica que logró ser lo suficientemente transparente en materia presupuestaria, según los datos de la OBS 2025, desmejoró tres puntos en su calificación, ubicándose con 62 puntos sobre 100.
La economista hondureña Alejandra Salgado, investigadora del Foro Social y la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, quien se encargó de completar la OBS 2025 sobre ese país, reconoció en entrevista con Expediente Público el avance que ha tenido Honduras al divulgar “información suficiente para crear un debate en torno al presupuesto”, pero apuntó que esto no significa que los datos estén siendo realmente accesibles o comprendidos por la población.
“Esos datos se vuelven incomprensibles, irrelevantes incluso para algunas personas si no tenemos esa participación pública”, indicó Salgado.
Honduras, en materia de participación ciudadana, sólo consiguió 17 puntos sobre 100, quedando aplazada en esa categoría, aunque sí divulgó información presupuestaria.
“Una de las limitaciones a considerar de la encuesta es que podemos ver el dato, podemos decir que sí lo están haciendo público, pero que sea público no significa que eso se esté utilizando bien. (…) Que el documento esté en una página web no significa que sea accesible para todos”, resaltó la economista hondureña.
Explicó, además, Honduras perdió tres puntos porque uno de los ocho documentos que evalúa la OBS no fue publicado en tiempo y forma.
“Ese documento, que en Honduras conocemos como los lineamientos de políticas presupuestarias, fue publicado 19 días antes de que se aprobara el presupuesto por el Poder Ejecutivo. Entonces no fue tomado en cuenta porque en 19 días nadie formula un presupuesto y tampoco en 19 días se puede hacer esa discusión”, precisó.
“Todas estas cosas dificultan y hacen que tenga una mala puntuación en cuanto a transparencia: que no sea publicado a tiempo, que no sea aprobado a tiempo”, añadió.
Salgado reconoció que, aunque Honduras aparece en el nivel de “suficiente” transparencia presupuestaria, en la gestión todavía se observan malas prácticas.
Entre estas señaló que “se aprobó el presupuesto en abril y para este ejercicio fiscal ya solo tienen ocho meses para ejecutarlo” y que en la “etapa de formulación, que es la más crucial porque ahí se estima qué es lo que se va a dar a las personas y cómo se van a asignar los recursos, no hay participación ciudadana en absoluto”.
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Agregó que tampoco hay participación en la ejecución de los recursos. “Hay una limitante que tiene Honduras y es que a esa participación sólo se invita a personas que manejan el tema… Pero el presupuesto no es solo para los que saben de economía o hacen análisis, sino también para el sector de mujeres, personas con discapacidad, niñez y adolescencia”, apuntó.
También cuestionó las limitaciones del Congreso hondureño en la supervisión de la ejecución presupuestaria, señalando que el control legislativo continúa siendo débil y poco efectivo. “En la práctica, el Congreso Nacional tiene una participación muy limitada en cuanto a supervisión del presupuesto”, afirmó.
“En ese tema de vigilancia, se presenta un documento, se entrega, se presenta al Congreso Nacional, pero no es que pase a acciones, no es que atienda recomendaciones. No vemos esa auditoría profunda”, cuestionó Salgado.
Asimismo, insistió que uno de los principales obstáculos para mejorar la transparencia presupuestaria sigue siendo la falta de participación ciudadana real en las distintas etapas del proceso presupuestario. “Va a ser muy difícil que avancemos en transparencia si no vamos trabajando de la mano con la participación ciudadana”, concluyó.
Honduras, además de ser reprobada en materia de participación ciudadana en la OBS 2025, también salió mal evaluada en materia de supervisión, manteniendo su mismo desempeño de 50 puntos sobre 100.
El Salvador y Nicaragua continúan rezagados en transparencia
Aunque Guatemala y Honduras lograron ubicarse con niveles “suficientes”, aun con sus dificultades en materia de participación ciudadana y fiscalización, El Salvador y Nicaragua quedaron como los más rezagados en apertura fiscal, participación ciudadana y supervisión del gasto público de la región centroamericana.
Ciconello explicó que El Salvador, aunque registró una leve mejora, con un puntaje de 34 sobre 100, es decir, 10 puntos más que en el ciclo 2023, esto no necesariamente representó un cambio estructural en materia de transparencia.
“En El Salvador tuvimos también un aumento de puntaje porque en la ronda pasada no se publicó la propuesta de presupuesto del Gobierno y eso entonces cayó un poco en ese entonces y ahora retornó un poco a los niveles de transparencia históricos”, señaló el experto.
El Salvador consiguió su puntuación más alta en materia de transparencia presupuestaria en 2015, con 53 puntos sobre 100. Este país, al igual que Nicaragua, según el histórico de las diez evaluaciones realizadas por la OBS desde 2006, nunca ha conseguido la puntuación de 61 o más que lo ubique como un país con suficiente transparencia presupuestaria.
Ciconello señaló que el país continúa mostrando importantes debilidades en materia de participación ciudadana y apertura democrática alrededor del presupuesto público. En la OBS 2025, El Salvador consiguió en materia de participación ciudadana solo 7 puntos sobre 100 y en vigilancia o fiscalización presupuestaria 59 puntos sobre 100.
“El Salvador tiene pocas oportunidades para que la ciudadanía participe, para ser parte del presupuesto. Aunque aún se mantiene el espacio cívico, hay muchas medidas que van cerrando un poco el espacio cívico para las organizaciones”, sostuvo el experto.
El economista nicaragüense Leonardo Labarca, investigador de Expediente Abierto, consideró que el caso salvadoreño llama la atención porque, aunque existe una plataforma con datos abiertos y mayor publicación de información que Nicaragua, los documentos presupuestarios continúan divulgándose fuera de tiempo, lo cual le sigue bajando puntos y lo ubica incluso por debajo de Nicaragua.
“Creo que se está publicando a destiempo la información, pese a que tienen una plataforma en la que publican los datos de forma abierta para facilitar los análisis. Y eso hace que los análisis sean a destiempo y no se conozca la información presupuestaria”, explicó Labarca.
El especialista sostuvo que, pese a las limitaciones del sistema nicaragüense, el hecho de que el régimen publique ciertos documentos presupuestarios básicos evita que el país aparezca en el último lugar de Centroamérica.
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Nicaragua, en materia de transparencia presupuestaria, consiguió subir seis puntos respecto a la encuesta de 2023. En este ciclo 2025, al igual que en las diez evaluaciones de la IBP, se mantuvo en un nivel insuficiente de transparencia, con 50 puntos sobre 100.
Además, con una casi nula participación ciudadana consiguió solo 7 puntos sobre 100 y en vigilancia, aun con todas las instituciones del Estado controladas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, consiguió 54 puntos.
“Eso es lo que está produciendo que Nicaragua no esté en el último lugar en Centroamérica (…) Si Nicaragua implementara, por ejemplo, un sistema como lo tienen El Salvador, Honduras y Guatemala, la puntuación en cuanto a los niveles de participación presupuestaria sería mejor”, señaló el economista.
Labarca también consideró que la falta de transparencia suele estar vinculada al interés de los gobiernos por limitar el escrutinio público sobre el manejo de los recursos estatales.
“No sabemos si el Gobierno lo va a hacer porque mayor transparencia implica mayor fiscalización, mejor fiscalización, hablar con base, y siempre los gobiernos que no tienen la suficiente transparencia es porque quieren esconder algo”, cuestionó.
El investigador señaló que Nicaragua, pese a ser considerado un régimen autoritario y altamente centralizado, todavía divulga ciertos documentos presupuestarios mínimos que pueden verificarse públicamente.
“Es información limitada, poco transparente, pero cumple con estándares básicos de transparencia (…). En Nicaragua lo que tenemos es transparencia pasiva”, concluyó Labarca.
El desempeño de la región centroamericana, según evidencian los resultados de la OBS 2025, todavía mantiene importantes deudas en materia de transparencia presupuestaria. Pese a que Honduras y Guatemala muestran avances importantes y aparecen como aprobados en sus calificaciones, la falta de voluntad política en otros países sigue dejando mal parada a Centroamérica.
Los cuatro países evaluados de la región reprobaron precisamente en participación ciudadana y en vigilancia o fiscalización del presupuesto, componentes que la metodología de la IBP considera fundamentales para garantizar que la población no solo tenga acceso a documentos presupuestarios divulgados en un sitio web o en formatos amigables, sino también capacidad de incidir, supervisar y exigir rendición de cuentas sobre el manejo del dinero público que también sale de los impuestos de cada ciudadano.
