* La Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, elaborada por la International Budget Partnership, ubicó a Nicaragua por décima ocasión entre los países con transparencia “insuficiente”.
* En el estudio, Nicaragua obtuvo un puntaje de 50 sobre 100 en materia de transparencia presupuestaria.
* La participación ciudadana en Nicaragua continuó sin mejoría: el país sigue sin superar el umbral de 7 sobre 100, puntuación que ha recibido desde 2019.
Expediente Público
El desempeño del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en materia de transparencia presupuestaria nuevamente fue reprobado. Los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés) 2025 confirman que el país sigue atrapado en un nivel “insuficiente”.
Esta es la décima edición de la OBS, elaborada desde 2006 por la organización International Budget Partnership (IBP) con el apoyo de organizaciones aliadas. La evaluación analiza tres pilares de rendición de cuentas de los estados en materia presupuestaria: transparencia, vigilancia y participación ciudadana, mediante la aplicación de más de 140 preguntas para verificar el cumplimiento.
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Nicaragua, según los resultados de la OBS 2025, obtuvo una puntuación de 50 sobre 100 en materia de transparencia presupuestaria, permaneciendo en la categoría de niveles “insuficientes” de transparencia.
Aunque en esta edición de 2025 el país aparece con seis puntos más que en el ciclo de evaluación de 2023, suma hasta ahora diez evaluaciones consecutivas sin superar esa categoría de “insuficiente” transparencia presupuestaria, condición que solo puede abandonar si alcanza o supera los 61 puntos sobre 100.
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En la evaluación de la OBS, una puntuación de 61 o superior indica que un país publica “un volumen suficiente de información presupuestaria y que esta información ofrece una cobertura significativa de los datos fiscales esenciales, lo que permite al público comprender las decisiones presupuestarias del gobierno y fomenta un debate público informado sobre la política fiscal”.
¿Por qué subió seis puntos la calificación de Nicaragua?
La leve mejoría en la puntuación de transparencia presupuestaria, según la OBS 2025, ocurrió porque Nicaragua aumentó “la disponibilidad de información presupuestaria” mediante la publicación en línea de informes de auditoría, declaraciones presupuestarias previas y un incremento de la información proporcionada en el presupuesto aprobado, ampliando datos sobre gastos e ingresos.
El economista nicaragüense Leonardo Labarca, investigador de Expediente Abierto, explicó que el Índice de Presupuesto Abierto de esta medición está basado en la publicación de ocho documentos presupuestarios que se divulgan a lo largo del ciclo presupuestario.
“Desde que se produce y se propone, a través del Poder Ejecutivo —en Nicaragua, en el caso del Ministerio de Hacienda— hasta que se aprueba por la Asamblea Nacional, luego se ejecuta y, por último, se evalúa. En esas etapas se publican esos ocho documentos y la encuesta lo que hace es verificar los niveles de información que contienen esos documentos”, detalló Labarca.
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En el caso del régimen Ortega-Murillo, agregó Labarca, sí ha publicado “cierta información”; sin embargo, el país permanece estancado “porque no se implementan mayores medidas ni más información dentro de estos documentos presupuestarios”.
“El país tiene altibajos debido a que no mantiene una política constante de publicación de los documentos; es decir, a veces publican los documentos, luego los dejan de publicar, los publican dos años después, un año después, e igual pasa con la información dentro de cada uno de los documentos”, sostuvo.
“Eso quiere decir que el esfuerzo en cuanto a la transparencia fiscal no es constante y evidencia que no lo ven como una política de gran importancia para mantener en el tiempo”, señaló Labarca.
A juicio del economista, en Nicaragua lo que existe es una suerte de “transparencia pasiva”, en la que el orteguismo publica información, pero sin garantizar acceso real a la población.
“Es como: publiquemos los documentos que por ley deben publicarse, los ponemos en la página del Ministerio de Hacienda y hasta ahí”, sostuvo.
El incremento de seis puntos en la calificación de Nicaragua, apuntó Labarca, también se debió a que “se pudo detectar que se publicó una política presupuestaria”, un documento que se debe divulgar previo al proyecto de presupuesto.
“Mejora un poco la puntuación debido a la publicación de ese documento, pero si ya buscamos ese documento en 2026, probablemente ya no lo vuelvan a publicar. Son medidas que un año se toman y en otros las quitan, y como esta evaluación no es anual, hay momentos en los que dejan de publicar información”, explicó.
Añadió que otros elementos que ayudaron a sumar esos seis puntos tienen que ver con que, en años anteriores, “el libro del Presupuesto General de la República, el presupuesto aprobado —que es otro documento— no se publicaba a tiempo; pero en esta edición 2025 de la encuesta sí se publicó a tiempo y, por lo tanto, mejoró la puntuación en ese aspecto”.
“Pero no son incrementos significativos en la transparencia; se necesitan mayores esfuerzos y el nivel de información no es todo”, advirtió el economista nicaragüense.
Labarca además destacó que, en Centroamérica, casi todos los países cuentan con plataformas en las que los presupuestos y documentos presupuestarios se presentan en formatos de datos abiertos, contrario a Nicaragua, que sigue publicando la información en formato PDF.
“Eso merma en la puntuación del país y en la transparencia, por la dificultad con la que se publican estos datos para analizarlos”, resaltó.
En la OBS 2025, en materia de transparencia presupuestaria, Nicaragua perdió puntos en ítems vinculados a la propuesta del presupuesto y al presupuesto aprobado, donde se aplicaron preguntas como: “¿Cuándo se pone a disposición del público la Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo?” y “¿Cuándo se pone a disposición del público el Presupuesto aprobado?”.
La OBS 2025 también consultó si la Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo o algún documento presupuestario de respaldo presentaba información, al menos para el año presupuestario, sobre cómo las nuevas propuestas de políticas —a diferencia de las políticas existentes— afectan el gasto público.
OBS evalúa disponibilidad de información, no apertura política
Alexandre Ciconello, oficial superior de programas de la IBP, afirmó a Expediente Público que la OBS mide exclusivamente la disponibilidad de información presupuestaria verificable, no la calidad democrática integral ni las libertades públicas.
“En términos de derechos humanos y otras áreas, la represión contra las organizaciones y la ciudadanía sí es terrible en Nicaragua. Por otro lado, en términos de transparencia fiscal —solo en este aspecto— yo diría que no está tan mal en relación con otras situaciones que atraviesa el país actualmente”, afirmó Ciconello.
Además, reiteró que la IBP evalúa “la calidad de los documentos, todos los documentos accesibles”.
“Lo que consideramos como accesibilidad es que sean publicados en páginas en línea, que cualquier persona pueda ingresar a la página, descargar el documento y acceder a la información, y eso sí ocurre con la mayoría de los documentos”, explicó.
Ciconello —en coherencia con lo señalado por Labarca— apuntó que lo ocurrido en este ciclo 2025 en Nicaragua, respecto a la puntuación en transparencia presupuestaria, responde a que el país agregó algunos detalles en la información que comparte, especialmente “un documento que se publicó de manera puntual, que son los lineamientos de la política fiscal”.
No obstante, remarcó que esto no necesariamente refleja una mayor apertura democrática. “Una cosa es la información disponible y otra es si las personas pueden usarla para debatir públicamente”, recalcó.
“En Nicaragua no hay debate público y, cuando vemos la parte del pilar de participación, el país tiene solamente 7 puntos sobre 100. Entonces, prácticamente no existe debate”, señaló.
Nicaragua, sin participación ciudadana
En la categoría participación ciudadana, Nicaragua recibió 7 puntos sobre 100 en el ciclo de la OBS 2025, la misma calificación obtenida en las últimas tres evaluaciones del IBP: 2019, 2021 y 2023.
El estudio también se señala que, pese a algunos avances en apertura fiscal, Nicaragua “ha reducido la disponibilidad de información presupuestaria” en ciertos documentos y no elaboró un Presupuesto Ciudadano, es decir, una versión simplificada, clara y visual del presupuesto nacional que permita a la población comprender cómo el Estado obtiene y gasta los recursos públicos.
De hecho, en la evaluación de la OBS 2025, Nicaragua perdió puntos especialmente en preguntas vinculadas al presupuesto ciudadano, entre ellas: “¿Qué información se proporciona en el Presupuesto Ciudadano?”, “¿Cómo se difunde al público el Presupuesto Ciudadano?” y “¿Se publican versiones ‘ciudadanas’ de los documentos presupuestarios a lo largo de todo el proceso presupuestario?”.
Labarca precisó que el régimen Ortega-Murillo únicamente ha publicado el Presupuesto Ciudadano en dos ocasiones: en 2023 y en 2026.
Sin embargo, durante el período evaluado por la OBS 2025 no divulgó ese documento, lo que, a juicio del economista, vuelve a evidenciar que la transparencia fiscal —y la participación ciudadana— no constituye una política sostenida del régimen.
Sin verdadera apertura fiscal
Otros economistas y analistas políticos nicaragüenses consultados por Expediente Público consideran que la publicación de documentos presupuestarios no necesariamente refleja, en contextos autoritarios como el de Nicaragua, una verdadera apertura fiscal, sobre todo en escenarios marcados por la concentración de poder, la falta de contrapesos institucionales y la ausencia de debate público.
El economista nicaragüense Enrique Sáenz, opositor y exdiputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua, afirmó a Expediente Público que, en países con contextos marcados por “un régimen dictatorial, un régimen autoritario y un régimen corrupto”, aplicar estándares sin considerar esas condiciones “termina siendo una aberración”.
“En Nicaragua, todo lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, pero también con el proceso de aprobación del presupuesto, está controlado y monopolizado por un grupo político vinculado a la dictadura”, denunció Sáenz.
En ese contexto, el especialista valoró que “instrumentos internacionales de medición, y no de evaluación, son inútiles si no se considera el contexto, en particular en países de características autoritarias”.
A juicio de Sáenz, este tipo de calificaciones, para tener un mayor grado de validez frente a los contextos que viven países bajo prácticas dictatoriales, deberían incorporar elementos cualitativos relacionados con la realidad política e institucional.
“La Contraloría y la Asamblea Nacional, que en un país democrático —o donde al menos funcionen más o menos las instituciones— son mecanismos de escrutinio del gasto público, en el caso de Nicaragua ambas instituciones están capturadas por el grupo en el poder. Ni la Contraloría vela por la transparencia en la aplicación de los recursos ni la Asamblea fiscaliza el uso de los fondos aprobados en el marco del presupuesto”, apuntó Sáenz.
“Y, por otro lado, las contrataciones públicas tampoco son transparentes, de tal forma que el gasto público termina siendo un callejón oscuro”, agregó.
En materia de fiscalización, según los resultados de la OBS 2025, Nicaragua obtuvo una puntuación de 54 sobre 100, la misma que arrastra desde la evaluación del ciclo 2023.
La IBP apunta que el país necesita “mejorar la exhaustividad del Informe de Auditoría, reforzando la divulgación de información sobre fondos extrapresupuestarios y las medidas adoptadas por el Ejecutivo para abordar las recomendaciones de la auditoría”.
Sáenz valoró que Nicaragua, tomando en cuenta cómo ha sido evaluada en otros informes internacionales —como los de Transparencia Internacional, el Índice de Basilea y otros esfuerzos con participación de la Unión Europea o el Departamento de Estado de Estados Unidos—, “debería estar entre los últimos lugares del mundo” en materia de transparencia.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 (CPI, por sus siglas en inglés), elaborado por Transparencia Internacional, Nicaragua obtuvo solo 14 puntos sobre 100, ubicándose como un país “altamente corrupto”.
Con esa puntuación, Nicaragua se ubicó en el puesto 175 de 182 países evaluados. Es decir, entre los diez países percibidos como más corruptos del mundo, debido a altos niveles de concentración de poder, debilitamiento de los controles democráticos, falta de independencia judicial, impunidad y ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Asimismo, el Índice Antilavado de Dinero de Basilea 2025 mantuvo a Nicaragua dentro del grupo de países con alto riesgo, nuevamente por debilidades en transparencia pública, riesgos políticos y legales, fragilidad institucional y deficiencias en los controles contra el lavado de dinero.
Organizaciones fiscalizadoras fueron aniquiladas
El economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro señaló que los análisis internacionales que intentan colocar a todos los países bajo una misma línea de evaluación —en este caso, centrada en cuándo y qué se publica sobre el presupuesto— “adolecen del mismo problema” al no comprender el contexto en el que esa información es divulgada.
“El hecho de que se publique en internet puede darle puntaje, pero en el contexto de lo que se vive en Nicaragua eso no significa gran cosa”, afirmó Chamorro.
“Así que el informe queda bastante desubicado, aunque no es culpa de ellos. Ellos tienen el mandato de analizar todos los países y hacen un análisis muy somero de lo que ven en los presupuestos y en internet”, agregó.
El también opositor del régimen Ortega-Murillo recordó que en Nicaragua ya no existen organizaciones independientes sin fines de lucro que supervisen la transparencia fiscal, debido a que fueron cerradas por el orteguismo.
Desde 2018, el régimen ha desmantelado distintas organizaciones civiles que fiscalizaban el poder y aportaban a diversos sectores del país.
Desde entonces, más de 5000 fundaciones han sido canceladas por órdenes del Ministerio del Interior y la Asamblea Nacional, según registros de organizaciones nicaragüenses como Fundación del Río, que continúa ejerciendo su labor incluso después de haber sido cancelada y de que sus directivos fueran obligados al exilio por la persecución orteguista.
Chamorro resaltó que los mecanismos de evaluación de transparencia presupuestaria “tienen que estar en los territorios, en el país; debe existir participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos, incluso en los presupuestos municipales. Tiene que haber deliberación en los concejos municipales, y sabemos que eso no está ocurriendo”.
“La misma liquidación del presupuesto y la elaboración de planes de inversión pública, que antes contaban con algún nivel de participación ciudadana, hoy ya no existen, en medio de una Contraloría inexistente e inoperante”, apuntó.
Nicaragua, aunque mejoró levemente su puntuación en transparencia presupuestaria en la evaluación de la OBS 2025, gracias a la publicación de ciertos documentos fiscales, sigue sin superar el nivel de “insuficiencia” en apertura fiscal.
Sáenz y Chamorro concluyen que la publicación de información presupuestaria pierde relevancia —o resulta insuficiente— en un contexto marcado por el cierre de espacios cívicos, la concentración de poder y la ausencia de controles independientes, mecanismos reales de fiscalización, participación ciudadana y debate público sobre el uso de los recursos del Estado.
