* Durante la gestión de Consuelo Porras, organismos internacionales señalaron al Ministerio Público (MP) de debilitar las investigaciones contra la corrupción.
* Datos oficiales reflejan que 571 trabajadores, entre ellos 343 investigadores y litigantes, fueron despedidos entre 2018 y 2025.
* El MP pagó US$4.62 millones en multas, durante la administración de Porras, por procesos laborales donde se encontraron destituciones infundadas.
Expediente Público
Tras ocho años al frente del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Consuelo Porras concluyó su gestión el pasado 16 de mayo y entregó el cargo a Gabriel García Luna, en medio de críticas nacionales e internacionales por haber debilitado la lucha contra la corrupción.
Durante su administración, el MP acumuló cientos de despidos —en su mayoría investigadores y litigantes—, así como millonarias sanciones económicas por casos laborales y constantes señalamientos de persecución contra fiscales, jueces, periodistas y operadores de justicia independientes. La Organización Defensores de la Justicia cuenta al menos 80 personas perseguidas.
Analistas consultados por Expediente Público consideran que la salida de Porras representa el cierre de una de las etapas más polémicas del sistema de justicia guatemalteco y advierten que el nuevo fiscal general enfrentará el reto de recuperar la confianza institucional.
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Los 571 despidos del Ministerio Público
Datos recopilados por el Movimiento Pro Justicia y el propio MP reflejan que, entre enero de 2018 y junio de 2025, la institución despidió a 571 trabajadores. Los años con mayor número de destituciones fueron 2023, con 135, y 2025, con 110.
El área más afectada fue la de investigación y litigación, con 343 despidos, es decir, el 61 % del total.
Le siguen contabilidad y tesorería, con 64 destituciones; el área de sistema integrado de gestión, con 50; la sección de evaluación, con 43; oficina de información, con 31; desarrollo de personal, con 28; y eventos de cotización y licitación, con 12.
El número de fiscales no varió de forma considerable. Actualmente, el MP cuenta 777 fiscales (437 nacionales y 340 municipales), que laboran en 29 de unidades especializadas y 68 agencias. Al inicio de la gestión de Porras, había 780 fiscales.
El debilitamiento de las investigaciones
La directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, considera que los despidos durante la administración de Porras impactaron directamente el funcionamiento institucional y provocaron temor entre trabajadores del sistema de justicia.
“Hubo una desarticulación de equipos completos de trabajo. Muchas personas con experiencia fueron separadas de sus cargos y eso tuvo consecuencias no solo administrativas, sino también en la continuidad de investigaciones”, explicó a Expediente Público.
Según la analista, uno de los aspectos más delicados fue la salida de personal vinculado a áreas técnicas y de litigación, ya que son dependencias clave para el avance de procesos penales complejos.
Por ejemplo, Porras removió al fiscal Juan Francisco Sandoval, quien expuso la corrupción del expresidente Otto Pérez Molina. De hecho, Sandoval se encuentra en el exilio debido a que el MP solicitó una orden de captura en su contra.
Otros casos fueron los de Hilda Pineda García, Wendy Patricia Ordóñez, Sara Elizabeth Romero y Dilma Samayoa Tenaz, todas fiscales de sección y subsecretarias removidas desde 2022. Otro destituido fue Erick de León, fiscal con investigaciones clave de derechos humanos.
“Cuando se remueve constantemente a fiscales, investigadores o personal especializado, se pierde memoria institucional y capacidad técnica. Eso afecta directamente la calidad de las investigaciones”, añadió Ibarra.
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Multas laborales por US$4.62 millones
Decenas de destituciones tuvieron consecuencias económicas por procesos laborales. Información del MP y del Movimiento Pro Justicia señala que la institución pagó aproximadamente Q35.5 millones (US$4.62 millones) en multas y pagos relacionados con despidos considerados infundados.
Los pagos se dirigieron a 56 trabajadores despedidos durante la administración de Porras.
A más de estos casos, el Ministerio de Trabajo recibió al menos otras 74 denuncias contra el MP entre enero de 2018 y junio de 2025. Las principales quejas fueron por despidos injustificados, malos tratos y represalias laborales.
Para Efraín Pérez, analista en seguridad y justicia, estas cifras reflejan un deterioro institucional que ahora deberá enfrentar la nueva administración.
“El Ministerio Público no solo termina una etapa con cuestionamientos políticos, sino también con problemas administrativos y laborales serios. Las demandas y sanciones económicas muestran que hubo decisiones internas que terminaron afectando recursos públicos”, afirmó a Expediente Público.
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Una gestión marcada por la polémica
La administración de Consuelo Porras estuvo rodeada de controversias desde sus primeros años, especialmente después de la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019.
Diversos sectores nacionales e internacionales acusaron al MP de impulsar investigaciones selectivas, como las abiertas contra el presidente Bernardo Arévalo, quien ha acumulado 13 procesos, mientras que las investigaciones contra los expresidentes Alejandro Giammattei y Jimmy Morales permanecieron congeladas.
Organismos internacionales también han señalado al MP por actuar contra fiscales anticorrupción, jueces independientes, periodistas y defensores de derechos humanos.
El MP abrió procesos contra exintegrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), operadores de justicia que posteriormente abandonaron el país y periodistas que destaparon la corrupción estatal.
Un caso que llamó la atención internacional fue el del periodista José Rubén Zamora, quien pasó en prisión más de dos años y aún está siendo investigado por las publicaciones que hacía en ElPeriódico. Luego, el MP lo señaló por presunto lavado de dinero, supuestamente ligado al medio de comunicación.
Las críticas también alcanzaron a la comunidad internacional. Estados Unidos y organismos internacionales cuestionaron en reiteradas ocasiones el rumbo del sistema de justicia guatemalteco y señalaron retrocesos en materia de lucha contra la corrupción.
La crítica de Estados Unidos hacia la gestión de Porras fue sostenida y se materializó a través de acciones diplomáticas y sanciones severas, calificando su administración como antidemocrática y corrupta.
La administración de Joe Biden y el Departamento de Estado de EE. UU. señalaron en 2023 que Porras obstruyó sistemáticamente las investigaciones contra la corrupción para proteger a sus aliados políticos, entre ellos los expresidentes Giammattei y Morales.
En febrero de 2026, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vincularon a Porras con una red de adopciones irregulares de niños durante el conflicto armado interno, entre los años 1980 y 1990, pues ella dirigió un lugar de acogida en esa época.
Frente a ello, Porras defendió constantemente su gestión y aseguró en varias ocasiones que el MP actuó conforme a la ley y sin presiones políticas.
“Mi trabajo no ha sido político, ha sido de investigación para mantener la credibilidad del Ministerio Público”, afirmó Porras durante una conferencia de prensa, presentando el caso en el que se señalaba al partido Movimiento Semilla de supuestas firmas falsas, en enero 2024.
En este año, la fiscal ha tratado de mantener su inmunidad judicial participando en los procesos para la selección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de contralor general de Cuentas. También buscó reelegirse como fiscal general, pero no lo logró.
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El reto de Gabriel García Luna
Con la llegada de Gabriel García Luna al MP, diversos sectores observan con expectativa cuál será el rumbo de la institución. El nuevo fiscal general asume una entidad golpeada por cuestionamientos políticos, divisiones internas y una crisis de confianza pública.
Carmen Aída Ibarra considera que uno de los primeros retos será revisar la política interna de recursos humanos y fortalecer la carrera fiscal.
A su criterio, lo que se debería hacer es reformar la carrera fiscal dentro del MP para que un fiscal que lleve años en investigaciones no sea desplazado por decisiones políticas, sino que sea evaluado por Recursos Humanos.
Por su parte, Efraín Pérez considera que el principal desafío será recuperar legitimidad ante la ciudadanía.
“El Ministerio Público necesita demostrar que puede actuar con autonomía y objetividad. La confianza pública se perdió en gran medida y reconstruirla tomará tiempo”, afirmó.
El analista añadió que otro punto clave será mejorar las condiciones internas de trabajo y evitar conflictos laborales que puedan seguir generando costos económicos para el Estado.
El analista considera que el próximo fiscal general tendrá el desafío de reconstruir relaciones internas y devolver estabilidad a la institución.
“Hay una percepción de temor y desgaste dentro del MP. El nuevo liderazgo tendrá que enviar señales claras de independencia, profesionalización y respeto a la carrera fiscal”, añadió.
