* Un informe del centro de pensamiento Expediente Abierto analiza el mecanismo que sostiene la arquitectura económica del régimen nicaragüense.
* La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cambió el modelo estatista del viejo sandinismo por uno más pragmático en alianza con el sector privado.
* El régimen mantiene un sistema político autoritario con el que premia y castiga a empresarios al tiempo que los Ortega-Murillo aumentan su riqueza en total opacidad.
Eric Lemus / Expediente Público
En Nicaragua no existe competencia empresarial ni regulación pública. Hay subordinación política del empresariado. Para entender el modelo económico del régimen, los datos macroeconómicos no aportan. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha optado por alterar las cifras oficiales y así tapar la crisis del país centroamericano. Estas son las conclusiones de un estudio elaborado por el centro de pensamiento Expediente Abierto.
El informe titulado “Poder sin mercado: la economía política del régimen Ortega-Murillo” disecciona la arquitectura económica que sostiene a la dictadura.
Después de 17 años continuos en el poder, el régimen de Ortega-Murillo ha mantenido un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 3.8%, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de esto, no hay mejoras significativas en indicadores de desigualdad o de desarrollo humano, enfatiza el estudio de Expediente Abierto.
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“Pese a cierta mejoría en el Índice de Desarrollo Humano entre 2007 y 2021, al pasar de 0.599 a 0.667 en la evaluación, Nicaragua apenas avanzó en este periodo del puesto 128 al puesto 126 a nivel global”, recalca el informe.

Empresarios aliados de Daniel Ortega
A diferencia de los años ochenta, cuando el sandinismo impuso un modelo estatista y de planificación centralizada, el régimen Ortega-Murillo apostó desde 2007 a la subordinación política al empresariado.
Uno de los aliados más importantes de los Ortega-Murillo fue el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que participó en la mesa opositora en el primer diálogo tras la sublevación de abril de 2018.
Pero son las familias Ortiz Gurdián, Zamora-Terán, Pellas, Coen, Chamorro, Baltodano y Sacasa, las que tienen participación en sectores tales como la agroindustria, los proyectos inmobiliarios, la energía, los medios de comunicación, el turístico, el industrial y el sistema financiero.
“En el contexto represivo actual, el sector empresarial local e internacional dentro de Nicaragua se ha adaptado, o al menos resignado, a las nuevas reglas de juego político en el país, a pesar de la presión fiscal, la desaparición de gremios y fundaciones, las multas y el destierro de sus líderes, esto también ha llevado a la despolitización del empresariado”, sostiene Expediente Abierto.
La investigación reconoce que, si bien el régimen solamente actúa como regulador sobre el sistema financiero, la gestión está a cargo de los “tres grupos más poderosos —Banpro, Lafise y BAC— que en conjunto tienen una participación de 77.19% del total de activos”.
“El control del acceso al crédito, el ahorro formal y el comercio exterior quedan severamente limitados a la banca privada, incluyendo todas las transacciones entre personas, empresas, Estado y la economía global (remesas, comercio y corresponsalías)”, reporta Expediente Abierto.
Un mercado con reglas políticas
Expediente Abierto advierte, además, que la dictadura también ha aprovechado que las multinacionales y los inversionistas extranjeros tienen poca o ninguna preocupación en torno al modelo político del orteguismo, siempre y cuando este no atente contra sus intereses.
El resultado es un capitalismo sin reglas mercado, donde las reglas no son públicas ni estables, sino negociadas en privado, según la conveniencia del régimen, observa los autores del estudio.
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“El régimen, de momento, está demostrando que es posible una estabilidad macroeconómica bajo autoritarismo, guiándose con su propia experiencia catastrófica en el pasado, durante la guerra civil de los 80, pero también valorando el descalabro económico de aliados como Cuba y Venezuela y las enormes tensiones sociales que esto significa”, resalta el informe.
Otra muestra de que el régimen no usa criterios técnicos, sino políticos para sus decisiones económicas es la relación comercial con China. Expediente Abierto divulgó en febrero pasado los hallazgos de otra investigación sobre la asimetría en ese intercambio.
La dictadura vende esa relación como un éxito a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Pekín en diciembre de 2023; sin embargo, la investigación muestra el déficit creciente en la balanza comercial donde las exportaciones nicaragüenses no alcanzan los US$100 millones anuales y las chinas ya bordean los US$1900 millones.
Capitalismo de “amiguetes”
Para el economista nicaragüense Óscar René Vargas, uno de los principales efectos del régimen es que el país centroamericano tenga menos inversión privada productiva mientras aumenta la fuga del capital humano.
Vargas es uno de los intelectuales que sobrevivió a la cárcel del régimen y formó parte de los 222 presos políticos desterrados el 9 de febrero de 2023 hacia Estados Unidos.
Afirmó a Expediente Público que Nicaragua está marcada por “la ineficiencia gubernamental, el enriquecimiento inexplicable de la nueva ‘clase orteguista’ que concibe al Estado como un botín”.
“La corrupción se ejecuta mediante el manejo arbitrario y discrecional de los recursos del Estado sin ningún rendimiento de cuentas”, añadió. En su opinión, predomina el modelo del “capitalismo de amiguetes”.
Una investigación de Expediente Público mostró la falta de acceso a la información pública y la violación a las leyes de contrataciones en las obras del régimen, las cuales otorgan con el favoritismo del oficialismo y sin fiscalización ciudadana.
Por ejemplo, los Planes Anuales de Contrataciones (PAC) del periodo 2017-2019 indican que el 100% de las obras se realizaron con donaciones y préstamos internacionales, a pesar de que originalmente estuvo previsto en el Presupuesto General de la República (PGR).
Un régimen sin transformación económica
Expediente Abierto destaca que las políticas del régimen Ortega-Murillo no evidencian cambios profundos en la matriz económica del país, profundamente primaria y extractivista, a pesar de que el discurso oficial abandera todo lo contrario.
A pesar de eso, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Nicaragua (BCN) sostiene que promedió un crecimiento interanual del 6,3 % en febrero de 2026 con relación al mismo periodo de hace un año.
Asimismo, el BCN informó que las perspectivas económicas al primer trimestre de 2026 se mantienen “en una senda de expansión robusta, con una baja tasa de desempleo e inflación”.
Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, discrepa de la información oficial porque deja por fuera que el país “tiene una economía informal que emplea a tres cuartas partes de la fuerza laboral, pero aporta solo el 20 % del PIB”.
El politólogo recuerda que Nicaragua tiene una economía de US$21.000 millones de los cuales US$6.000 millones provienen de las remesas. En su opinión, esta estabilidad es aparente porque “es vulnerable a factores externos como una disminución de las remesas o una desaceleración del comercio, puede provocar una contracción a corto plazo”.
Además, la investigación de Expediente Abierto remarca que actualmente “hay mayor desaceleración del crecimiento macroeconómico, pues entre 2007 y 2017 el crecimiento anual promediaba 4.5%”.
En la elaboración del reporte, los autores conversaron con el empresario y opositor político Juan Sebastián Chamorro, quien destaca la cautela de los inversionistas extranjeros, además de que exhorta a hacer un análisis a los “números positivos” que exalta la dictadura.
“Si tenés que reemplazar un parque industrial o maquinaria que se daña, eso cuenta como inversión extranjera, pero no significa que son inversiones nuevas, simplemente reposiciones y recapitalizaciones normales de toda industria”, dice Chamorro.
Aumento del costo de vida
En estas condiciones, —apunta el estudio— el desarrollo de la banca, la construcción, la exportación de oro, la ganadería es sostenido, pero sin que esto contribuya a disminuir la desigualdad social de una población que sigue mirando la emigración como tabla de salvación en un país sin crecimiento económico.
Hasta diciembre de 2025, al menos 800.000 nicaragüenses, que equivale a un 11,6 % de la población total, abandonaron el país sucesivamente desde abril de 2018, según el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua.
“Esta migración empobrece a Nicaragua (…) arruina el futuro del país porque cada persona que emigra es una menos que a través de su intelecto y trabajo, podría contribuir al desarrollo de la nación”, denunció el Colectivo.
Marco Aurelio Peña, que preside la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (IPEN), sostiene que, en lo que va de 2026, la vida se ha encarecido.
“El costo total de la canasta básica mensual en 2026 ya está en 21.000 córdobas, o sea es mayor al equivalente a 575 dólares. Ni el salario promedio, ni el salario mínimo alcanzan para cubrirlo. Estamos hablando de una evaporación de los ingresos reales”, puntualizó.
El salario mínimo promedio se fijó en 9237.86 córdobas (aproximadamente US$252, menos de la mitad de la canasta básica), en marzo pasado. Este monto varía significativamente según el sector económico, situándose entre 6,188 y 13,848 córdobas.
Peña afirmó que el modelo del régimen sigue sustentado en lo que él conceptualiza como “la economía del malestar”, a raíz del encarecimiento de la vida, el deterioro institucional y la erosión del poder adquisitivo.
“Partimos de un malestar polivalente, un malestar político, malestar social y de eso se deriva un malestar económico, que está explicado por una insatisfacción o la infelicidad de las personas, ya que el supuesto crecimiento no genera condiciones adecuadas ni para el desarrollo ni para que la gente tenga bienestar”, dijo a Expediente Público.
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Peña, cuyos hallazgos son publicados en el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), agregó que “la propaganda del régimen pinta Nicaragua como que fuera el Uruguay o Chile de América Latina, o como que fuera Finlandia o Suiza, cuando está lejísimo de ser un país del primer mundo”.
El fin: hacer dinero
Una de las principales conclusiones de Expediente Abierto es que, a partir de la fractura política y social que vivió Nicaragua en el año 2018, cuando sucedió la sublevación de abril, las políticas no evidencian cambios profundos en la matriz económica.
El documento dice que, “a pesar de la presión fiscal y el clima de control absoluto que existe en Nicaragua, con amplios márgenes de autoritarismo y corrupción, los diferentes grupos económicos parecen resignados a la situación de control familiar y partidario, pero esta resignación viene con grandes beneficios tangibles en sus operaciones”.
El centro de pensamiento sostiene que el régimen Ortega-Murillo consiguió politizar la economía y al sector privado, a cambio de generar cierta estabilidad macroeconómica mientras se beneficia de los capitales extranjeros y las remesas.
Expediente Abierto añade que la familia Ortega Murillo comprendió “el rol de esta aristocracia criolla y moldeó su sistema económico para que participaran del proyecto autoritario”.
En ese sentido, sintetiza que la doctrina orteguista está basada en la cooptación de los sindicatos de trabajadores, la gestión económica bajo los intereses del gran capital y la funcionalidad del Estado a los negocios depredadores de recursos naturales.
Los investigadores de Expediente Abierto reflexionan que, por un lado, la población paga el costo con represión, mientras que, “a pesar del deterioro del clima de negocios y de inversiones (…) debemos entender que el interés de los empresarios es simple: se trata de hacer dinero”.