* Nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. golpean a funcionarios, empresas y operadores de la minería en Nicaragua.
* Un informe de Expediente Abierto y la Fundación del Río expuso a mineras con capital chino que operan en Nicaragua y que ahora han sido castigadas.
* Entre los sancionados están dos hijos de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han ocupado funciones importantes en el régimen.
Expediente Público
La ofensiva económica de Estados Unidos contra Nicaragua dio un nuevo paso este 16 de abril de 2026. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció un paquete de sanciones que pone en la mira a funcionarios del régimen, empresas del sector aurífero y actores vinculados a la confiscación de propiedades con inversión estadounidense.
La medida no es menor. Se trata de un golpe directo a lo que Washington considera uno de los pilares financieros del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo: la minería de oro.
Según el comunicado oficial del Departamento del Tesoro, cinco individuos y siete empresas fueron sancionados por su participación en una red que, de acuerdo con Estados Unidos, permite generar ingresos para sostener el aparato político y represivo del régimen nicaragüense.
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El oro como eje del poder
Durante los últimos años, el oro ha pasado de ser un recurso estratégico para convertirse en una pieza central del engranaje económico del régimen. Las exportaciones mineras han crecido de manera sostenida, impulsadas por el alto precio del metal en los mercados internacionales.
Ese crecimiento, lejos de estar acompañado de transparencia, ha estado marcado por denuncias de opacidad, corrupción y uso político de los recursos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó al régimen de utilizar empresas del sector aurífero y sus “co-conspiradores” para apropiarse de inversiones extranjeras y generar fondos que le permitan mantenerse en el poder. Las sanciones apuntan precisamente a desarticular ese flujo de dinero.
Las personas sancionadas son: Maurice Facundo Ortega Murillo, hijo de los dictadores y delegado presidencial para el Deporte; Daniel Edmundo Ortega Murillo, otro hijo de los dictadores y jefe del Consejo de Comunicación y Ciudadanía; Santiago Hernán Bermúdez Tapia, viceministro de Energía y Minas; Nelson Francisco Sobalvarro, representante legal de la minera COMINTSA, involucrado en transferencias de concesiones mineras; y Lester Matus Tamariz, abogado señalado de haber facilitado permisos a empresas vinculadas al régimen.
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En el listado de empresas castigadas están: Exportadora de Metales S.A. (EMSA), Grupo Minero Xiloá, Thomas Metal, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, Brother Metal, Zhong Fu Desarrollo S.A. y Santa Rita Mining Company.
Una investigación de Expediente Abierto y la Fundación del Río, publicada en febrero pasado, reveló que cinco de las empresas sancionadas hoy por EE. UU. (Thomas Metal, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, Brother Metal, Zhong Fu Desarrollo S.A. y Santa Rita Mining Company) estarían asociadas a capitales chinos.
Amaru Ruíz, director de la Fundación del Río, destacó que estas sanciones no solo apuntan a actores individuales, sino que dejan al descubierto una estructura en la que participan familiares directos de los dictadores para controlar el sector minero tanto industrial como artesanal.
Ruiz afirmó a Expediente Público que lo más relevantes de estas sanciones es su alcance internacional. Por un lado, exponen la relación entre empresas extranjeras —incluidas compañías chinas— y el régimen nicaragüense; por otro, advierten a estas corporaciones sobre el riesgo de ser sancionadas si mantienen vínculos con un sistema señalado por prácticas autoritarias, agregó.
“Ya no se trata únicamente de personas cercanas al poder, sino de empresas que hacen negocios directamente con la familia presidencial”, subrayó.
Una red que mezcla poder, familia y negocios
Los dos hijos de la pareja presidencial sancionados han ocupado cargos públicos en áreas estratégicas como comunicación y deporte, desde donde —según Washington— han contribuido a fortalecer la estructura política del régimen.
Este señalamiento refuerza una de las críticas más recurrentes hacia la dictadura orteguista: la consolidación de un modelo de poder familiar.
Desde hace años, analistas han advertido que Nicaragua ha evolucionado hacia una especie de dinastía política, donde los hijos de la pareja presidencial ocupan posiciones clave en el Estado y en sectores económicos relevantes.
Empresas bajo sospecha
El paquete de sanciones también incluye a varias empresas del sector minero, señaladas de operar dentro de un esquema diseñado para generar ingresos, evadir controles y legitimar fondos ilícitos.
De acuerdo con el Tesoro, cinco compañías sancionadas (EMSA, Grupo Minero Xiloá, Thomas Metal, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group y Brother Metal) forman parte de una red que compra, procesa y exporta oro utilizando mecanismos que incluyen el sistema financiero estadounidense para dar apariencia de legalidad a recursos de origen dudoso.
En algunos casos, incluso, el Departamento del Tesoro señala vinculos con el financiamiento de estructuras paramilitares.
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Confiscaciones y control de activos
Otro eje clave de las sanciones es la confiscación de propiedades vinculadas a inversionistas estadounidenses por parte del régimen nicaragüense.
Uno de los casos más emblemáticos es el de BHMB Mining Nicaragua S.A., una empresa con capital extranjero cuya planta fue ocupada por actores asociados al régimen.
Según los reportes, la toma fue realizada sin compensación alguna, y posteriormente el Estado revocó la licencia de operación de la compañía.
Dos empresas sancionadas (Zhong Fu Desarrollo S.A. y Santa Rita Mining Company) han sido señaladas por el Departamento de Tesoro de participar en estas acciones, junto con individuos que habrían actuado directamente en la ocupación de las instalaciones.
Para Washington, estos hechos representan una violación directa a la propiedad privada y un mensaje preocupante para la inversión extranjera.
Implicaciones de las sanciones
Las sanciones impuestas por Estados Unidos tienen efectos inmediatos. Todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en territorio estadounidense quedan bloqueados. Además, se prohíben las transacciones con ciudadanos y empresas estadounidenses.
Las medidas también pueden extenderse a instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones con los sancionados, lo que amplía su alcance a nivel global.
En la práctica, esto dificulta el acceso a financiamiento internacional y limita la capacidad de las empresas para operar en mercados clave.
El papel de las reformas legales
Las sanciones no pueden entenderse sin observar el contexto legal que ha permitido la expansión del sector minero en Nicaragua.
La investigación de Expediente Abierto y la Fundación del Río, titulada “La influencia china en el sector minero nicaragüense”, reveló que, entre 2021 y 2025, el régimen impulsó una serie de reformas destinadas a flexibilizar controles y facilitar la operación de empresas, especialmente extranjeras.
Uno de los cambios más relevantes fue la modificación de la Ley 387, que regula la exploración y explotación minera. A través de la Ley 1128, el régimen trasladó competencias clave al Ministerio de Energía y Minas, permitiéndole autorizar alianzas y concesiones.
El objetivo, según los investigadores, era sortear las sanciones internacionales y mantener el flujo de inversiones, particularmente desde China.
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La influencia china en el sector minero
El informe de Expediente Abierto y Fundación del Río ofrece una radiografía detallada de este fenómeno.
Según el estudio, al menos 71 lotes mineros han sido otorgados a empresas de origen chino, cubriendo más de 966 mil hectáreas, lo que equivale al 8.5% del territorio nacional.
Estas concesiones no solo tienen un impacto económico, sino también social y ambiental.
Se extienden sobre 28 municipios y afectan territorios indígenas y afrodescendientes, además de áreas protegidas como la Reserva de la Biosfera Bosawás y la Reserva Biológica Indio Maíz.
Para organizaciones ambientales, esto representa un riesgo significativo.
Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, ha advertido que el avance de la minería se ha dado sin estudios adecuados de impacto ambiental y sin consultar a las comunidades afectadas.
Opacidad y discrepancias en cifras
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la falta de transparencia en las exportaciones mineras. Los investigadores detectaron discrepancias significativas entre las cifras reportadas por Nicaragua y las registradas por China.
Entre 2021 y 2024, China reportó importaciones de metales nicaragüenses por más de 49 millones de dólares, mientras que Nicaragua declaró apenas 17 millones.
La diferencia —más de 32 millones de dólares— sugiere posibles prácticas de subfacturación y evasión fiscal.
Además, se identificó el uso de clasificaciones aduaneras ambiguas, como “cenizas y residuos”, que permiten ocultar el verdadero valor y volumen de los minerales exportados.
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Un modelo extractivo cuestionado
El crecimiento del sector minero ha sido presentado por el régimen como un motor de desarrollo.
Sin embargo, para críticos y organizaciones independientes, se trata de un modelo extractivo que prioriza la generación de divisas sobre la protección ambiental y los derechos de las comunidades.
Las cifras muestran un aumento significativo en los ingresos por exportaciones mineras, que pasaron de más de US$ 750 millones en 2020 a más de US$8700 millones en 2025.
El oro encabeza esta expansión, consolidándose como el principal producto de exportación.
Sin embargo, ese crecimiento tiene costos. Comunidades indígenas han denunciado desplazamientos, contaminación y pérdida de territorios, mientras que ambientalistas alertan sobre daños irreversibles en ecosistemas clave.
