* El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Luis Caballero, conversa con Expediente Público sobre los retos en una región marcada por “muchos frentes abiertos”.
** Para José Luis Caballero es un amenaza para la democracia que otros países sigan el ejemplo de Nicaragua y Venezuela, para evadir los compromisos interamericanos.
Expediente Público / Washington
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, manifiesta que dentro del organismo crece la preocupación ante los intentos de algunos países con gobierno de corte autócrata para abandonar el sistema interamericano.
Estos gobiernos consideran erróneamente que esta es una forma de evadir los compromisos firmados en la Carta Democrática y la Convención Americana, añade.
Caballero conversó con Expediente Público en Washington DC para abordar la situación de derechos humanos en Centroamérica, una subregión que a su criterio tiene “muchos frentes abiertos” y donde no hay duda -a partir del seguimiento de casos- que se registran “grandes retrocesos” en dicha materia.
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“Nos preocupa mucho que los estados no cumplan con las recomendaciones, pero quizá nos preocupa más que ahora haya, o pueda haber intentos también de dejar el sistema (interamericano)”, precisa.
Quitar la adherencia al sistema o verlo como estorboso, al igual que los derechos humanos, revelan el deseo de conseguir mayores espacios de control, acusa el titular de la CIDH.
El comisionado Caballero, de origen mexicano, asumió la presidencia rotativa del organismo para este 2025, la CIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El funcionario reconoce que junto a sus colegas prepara un informe actualizado de la situación de derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe para presentarlo el 27 de junio en la Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda.
Alerta por El Salvador
Casos como el de El Salvador donde el presidente Nayib Bukele ha mostrado su corte autoritario con una escalada de represión que incluye capturas y procesos penales contra defensores de derechos humanos, juristas y opositores a su gobierno, mantiene alerta a la CIDH.
Caballero dice que hay una clara “persecución, detenciones en muchos de los casos con investigaciones criminales y eso pues tiene a la Comisión en una alerta especial”.
La noche del 1 de junio Bukele dijo -al celebrar con los suyos el primer año de su segundo mandato- que los organismos internacionales y los preceptos de defensa de derechos humanos y garantías legales son mecanismos de “sometimiento”.
“Democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de derecho, suenan bien, son grandes ideales en realidad, pero son términos que en realidad sólo se usan para mantenernos sometidos”, dijo Bukele en sesión solemne de la Asamblea Legislativa.
Destaca que el parlamento está controlado por el partido Nuevas Ideas con el que Bukele ha emprendido una serie de acciones para operar sin contrapesos.
Mientras aumentan las preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en la región, el presidente de CIDH dice que crece la necesidad de fortalecer la defensa de las garantías fundamentales para todos los ciudadanos.
“No puede la Comisión dejar de acompañar, ni a las víctimas, ni a las organizaciones de la sociedad civil, ni a las personas que están en situaciones más vulnerables, ni a la sociedad en su conjunto”, dijo.
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Persecución en Guatemala
El presidente de la CIDH explica que Centroamérica muestra muchas particularidades y cada país tiene sus propios retos en términos de derechos humanos.
En Guatemala por ejemplo persiste la persecución contra operadores de justicia con causas impulsadas por el Ministerio Público dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras.
La fiscal fue revalidada en el cargo en 2022 por el entonces presidente Alejandro Giammattei, pese a existir sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra la funcionaria.
Decenas de exjueces, exfiscales y otros funcionarios de justicia se exiliaron en Estados Unidos donde mantienen un estatus de “protección” ante la persecución judicial.
Entre los casos más conocidos está la exfiscal general Thelma Aldana y el exdirector de Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
Ambos mantienen posturas abiertas en medios de comunicación para explicar la situación que enfrentan los operadores de justicia en su país, con los casos abiertos por el Ministerio Público que sigue controlado por el que ellos denominan “pacto de corruptos”.
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En días recientes Sandoval comentó a Expediente Público en Washington que la situación en Guatemala sigue siendo crítica y que mientras la fiscal general Porras se mantenga en el cargo, será difícil revertir la cruzada de persecución.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo corrió riesgo de instaurarse en 2024, con acciones fiscales emprendidas por Porras y su equipo; la relación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público ha sido de choque en un año y medio de gobierno de Arévalo.
El presidente de la CIDH dice que está documnetado que el Ministerio Público en Guatemala, la fiscal general Porras y su equipo, han emprendido verdaderamente una «cacería de personas defensoras para sostener posiciones políticas y económicas de poder”.
En Honduras impera la impunidad
En el caso hondureño, la CIDH considera que persiste la impunidad y en un año de elecciones generales también afloran preocupaciones sobre la defensa del derecho al voto y la protección de observadores electorales.
De acuerdo con el estándar de derechos humanos quien observa elecciones es también defensora de derechos, independiente a si trabaja para una oenegé u organismo internacional, como lo reiteró la CIDH el año pasado.
Honduras se apresta a realizar elecciones generales del 30 de noviembre próximo no sin cuestionamientos del proceso, el país centroamericano elegirá en esa fecha al próximo Presidente de la República, a los 128 representantes del Congreso Nacional y 298 corporaciones municipales.
Observadores de sociedad civil y medios de comunicación en Honduras han alertado que este año electoral ha transcurrido entre una avalancha de desinformación desde la campaña para elecciones primarias, lo que pone en riesgo la frágil democracia del país.
Diarios como El Heraldo han advertido que desde su sección de Verificados han encontrado “una avalancha de contenidos falsos” que en muchos casos son creados a través de manipulación de imágenes con el uso de inteligencia artificial (IA) para “la propagación de rumores infundados, especialmente en plataformas digitales y redes sociales”, con miras a confundir a los votantes.
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Pero para el presidente de CIDH lo más crítico para Honduras es los patrones de impunidad estructural que siguen presentes y la estigmatización de grupos vulnerables que siguen sufriendo atropellos.
“Hay mucha impunidad, el informe anual lo documenta en delitos contra mujeres, contra personas defensoras, contra la población LGBT+, en la comunidad garífuna de Honduras también con mucha impunidad” y también criminalización contra los defensores de derechos de la tierra”.
Esto último hizo saltar las alarmas con el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo de 2016, caso que ha ocupado por muchos años a la CIDH exigiendo una investigación transparente con justicia y reparación.
Nicaragua en el atolladero
La crisis institucional de más de siete años en Nicaragua por las acciones represivas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante y posterior a las protestas ciudadanas en abril de 2018, dejan ver el panorama de ese país.
El presidente de la CIDH lamenta que no exista comunicación oficial con Nicaragua, luego que el gobierno sandinista decidiera abandonar la OEA y por ende las demás instancias del Sistema Interamericano en 2021.
Al régimen le disgustaron sucesivos informes e investigaciones que detallan indicios de “crímenes de lesa humanidad” por parte del gobierno en contra de la población dentro de un esquema de abusos contra la población civil.
“En Nicaragua seguimos observando el deterioro de la defensa de los derechos humanos, que ha redundado en el cierre de organizaciones, hay una cifra que a mí me parece abrumadora”, enumera el presidente de la CIDH.
Hay 5.441 organizaciones de la sociedad civil cerradas en persecución, cierre de las universidades y de los espacios de expresión crítica; y desde hace también más de un año, la expulsión de personas, condenados a la apatridia, dice Caballero.
Para la CIDH la fuerte represión en Nicaragua ha tenido una incidencia clara en el “deterioro de la democracia” y la documentación compilada durante esto siete años y puesta en cada informe anual dejan ver el rezago del país que se mantiene en el atolladero del Capitulo IV-B de la Carta Interamericana.
El organismo con mandatos no vinculantes hacia los estados tiene la potestad de enlistar en el Capitulo IV-B a aquellos países que violan consecutivamente los derechos fundamentales, por ahora siguen en la lista Cuba, Venezuela y Nicaragua; Guatemala fue agregada en 2021, pero salió de ese grupo en 2024.
No obstante, el presidente de la Comisión asegura que la observación es continúa para verificar la situación por cada país y decidir acciones; este año en la presentación ante el pleno de la OEA en Antigua y Barbuda se incluirán informes especiales sobre El Salvador, México, Brasil y Perú.
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“Nicaragua está en este capítulo IV-B, no tenemos una relación con un Estado que además pretendidamente se salió de la OEA, pero sí tenemos una relación muy fuerte con la sociedad civil”, explica.
“Lamentamos mucho lo que está pasando en Nicaragua porque también el cierre del espacio cívico ha ahogado la posibilidad de la defensa desde el territorio”, agrega el funcionario.
El Salvador agrega preocupación a la CIDH
La creciente represión del gobierno de Nayib Bukele contra críticos a la administración entre ellos defensores de derechos comienza a preocupar a los salvadoreños que apoyan todavía ampliamente al presidente.
Este domingo 15 de junio, el rotativo El Diario de Hoy, publicó una edición especial temática dedicada a los derechos humanos con un recuento de las capturas recientes de personas del quehacer social del país, para los que el gobierno ha utilizado el régimen de excepción.
Pero también con una mirada al pasado no tan lejanos del país como la guerra civil de la década de 1980, y la persecución y asesinatos de defensores de derechos humanos.
“Lo que reclaman académicos, intelectuales honestos, medios de comunicación, iglesias, organismos internacionales, algunos pocos profesionales del derecho y jueces valientes es no obviar el debido proceso”, sostuvo El Diario de Hoy.
Esto es “el conjunto de garantías y principios que aseguran un juicio justo e imparcial para toda persona, tanto en procesos judiciales como administrativos”, acotó el medio de comunicación.
El Diario de Hoy apeló a la sociedad salvadoreña a reconsiderar posturas bajo el precepto que “los derechos humanos no son un ‘mecanismo de sometimiento’ ni tampoco parte de una agenda globalista, son una garantía de respeto a la dignidad humana por el simple hecho de ser persona y al margen de cualquier condición, económica, política, cultural, ideológica o religiosa”, apuntó.
En la edición se publicó un artículo de opinión “Deshumanizar: La ‘tarea’ de la dictadura» escrito por el abogado constitucionalista Enrique Anaya, entregado a la redacción dos días antes de ser capturado el 7 de junio reciente por agentes de seguridad estatal vestidos de civil que lo sacaron de su vivienda.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con sede en Costa Rica, hizo un pronunciamiento el 13 de junio para señalar los atropellos en El Salvador en un “grave retroceso” que incluye la nueva Ley de Agentes Extranjeros, copia de legislaciones puestas en marcha en Rusia, Nicaragua y Venezuela.
“La ley ofrece a las autoridades estatales la oportunidad de controlar y sancionar a los grupos de derechos humanos y a los medios de comunicación que han denunciado la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y las prácticas autoritarias del presidente Bukele”, detalla Cejil.
El presidente de CIDH dice a Expediente Público que en estos días están dando seguimiento al caso de Enrique Anaya y de la reconocida abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, de la organización Cristosal, por quienes diferentes organizaciones en Washington exigen al gobierno de Bukele su liberación.
“Hemos estado acompañando todo el caso de la defensora Ruth López y su detención, del jurista Enrique Anaya y su detención, es decir El Salvador nos merece una atención particular”, puntualizó José Luis Caballero.
