* El régimen sandinista restringe el ingreso a Nicaragua a través de un sistema coordinado por Migración, Policía Nacional y el Ejército bajo órdenes directas de los dictadores Ortega-Murillo.
** Particularmente, se prohíbe entrar a Nicaragua a familiares de víctimas de la represión sandinista, miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones y periodistas.
Expediente Público
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A las 3 de la mañana del 28 de enero de 2023, el periodista Armando Amaya —director de La Cutacha Noticiosa— arribó al Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, para volver a Managua, sin imaginar que ese día el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había sellado su destierro.
El comunicador, de 40 años, con más de dos décadas de trayectoria periodística en radio, prensa y televisión, había llegado para graduarse de un diplomado en línea sobre redacción de noticias inclusivas, enfocadas en derechos humanos.
Dos días antes de conocer su destierro, el 26 de enero de 2023, Amaya llegó a Guatemala solo con tres cambios de ropa, luego de ser invitado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) por aprobar el curso virtual de tres meses.
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Pero en el mostrador de la aerolínea en Guatemala le informaron, sin mayor explicación, que no podría volver a Nicaragua.
¿Cómo rechazan a los mismos nicaragüenses?
“Al entregarle mi boleto y mi pasaporte a alguien de la línea aérea, me notifica que no puedo retornar, que debo presentarme al consulado de Nicaragua en Guatemala. En ese instante, mi vida cambió para siempre”, dijo a Expediente Público.
“Fue como que me echaran un balde de agua caliente; me impactó demasiado. Nunca pensé que me pasaría eso, que no iba a volver a ver a mi familia. Fue duro porque me tenía que reinventar: no tenía nada en Guatemala, no conocía a nadie”, relató Amaya.
El comunicador, dos semanas después de enterarse de que no podía regresar a su natal Nicaragua, recibió asesoría legal que le facilitaron organizaciones sin fines de lucro, que lo ayudaron a decidir que debía gestionar su solicitud de refugio en Guatemala para regularizar su estatus migratorio.
“A través de organizaciones, incluso de la misma gente que organizó el diplomado, tuve la oportunidad de tener un abogado que me asesoró en relación con que, si llegaba al consulado, me podían meter preso o quitarme el pasaporte. No me presenté al consulado, porque no tenía ninguna cuenta pendiente con las autoridades”, explicó.
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Mecanismo de restricciones de ingreso
Desde 2021, en un contexto de creciente represión en Nicaragua tras las protestas sociales de 2018, el régimen sandinista comenzó a implementar las restricciones de ingreso y salida del país.
Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN), la dictadura de Ortega y Murillo utiliza una “modalidad de acción de represión transfronteriza”, que “busca amedrentar a las personas y dejarlas en condiciones de vulnerabilidad extrema”.
El periodista Amaya fue afectado por las amenazas de personas ligadas al Frente Sandinista e incluso lesiones perpetradas por la Policía Nacional durante coberturas periodísticas que realizó a las protestas sociales desde 2018.
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Ahora en el destierro valoró que el impedimento de ingreso en su contra, y contra otros comunicadores nicaragüenses, es “un castigo que nos imponen por alzar la voz en defensa de los derechos humanos, de las personas vulnerables”.
Este patrón de restricciones de ingreso a Nicaragua se consolidó en la cuarta fase de represión aplicada por el régimen sandinista, en particular después de la expulsión masiva de 222 personas excarceladas políticas, en febrero de 2023.
Las restricciones de ingreso y salida son instrumentos de represión, según la actualización del informe “Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018”, presentada en abril pasado por el GHREN ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La restricción migratoria “ha sido utilizado tanto en contra de personas que residían en Nicaragua y habían salido del país por razones personales o laborales con la intención de regresar, como contra personas que residían fuera de Nicaragua, pero mantenían una relación especial con el país, incluso por la permanencia de familiares cercanos”, resalta el documento del Grupo.
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Filtro desde listas de pasajeros
El régimen Ortega-Murillo, en esta serie de restricciones de ingreso, comprobó el GHREN, siguió un patrón sistemático tanto por vía aérea como terrestre, utilizando como método común las listas de pasajeros que solicita con antelación la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua a aerolíneas y empresas de transporte internacional terrestre.
Las autoridades de Migración y Extranjería se encargan de verificar que cada uno de estos pasajeros de las listas pase el filtro de una base de datos alimentada por la red inteligencia nacional del régimen sandinista conformada, según el GHREN, por la Subdirección General de Investigación Policial, Dirección de Información para Defensa del Ejército de Nicaragua y Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua.
Por lo tanto, si una persona aparece como “circulada” o es identificada como una “amenaza” para la dictadura Ortega-Murillo, proceden a enviarle una notificación sobre su negativa de ingreso a Nicaragua, vía correo, llamada, mensaje o incluso en persona, al llegar a las ventanillas de las aerolíneas o de las empresas de transporte terrestre.
El Grupo de Expertos documentó casos en los que pasajeros nicaragüenses fueron bajados de los buses que los transportarían a Nicaragua, estaban listos para embarcar sus vuelos o incluso fueron regresados al llegar al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua.
Centenares nicaragüenses no pudieron regresar
La decisión de Ortega y Murillo de prohibir la entrada a Nicaragua a quienes consideran una amenaza, según el informe de GHREN, ha afectado no solo a las personas expulsadas sino a sus familiares, particularmente a adultos mayores y niños que dependían económicamente de estos.
Como consecuencia directa de este patrón represivo, entre 2021 y marzo de este año, el Grupo de Expertos documentó 259 casos de nicaragüenses; 128 hombres y 131 mujeres, a quienes le prohibieron el ingreso a su país.
Los expertos aclararon que el número de víctimas de ese mecanismo represivo puede ser mayor, ya que aún “no se cuenta con el universo total de las personas a las que se les ha prohibido el ingreso a Nicaragua, debido a que temen denunciar sus casos por temor a represalias contra las familias que quedaron en el país o sus bienes”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), en la presentación de su informe anual 2024, divulgado a inicios de este mes de mayo, indicó que entre junio de 2023 y junio de 2024, documentaron 62 casos de nicaragüenses a los que se les negó el ingreso a su propio país.
Dicha medida represiva, según los defensores, habrían afectado no solo a personas opositoras y sus familias, sino también a “simpatizantes del Gobierno, personas funcionarias y a la población en general, imponiendo un clima de control total”.
“Legalización” del destierro
El 28 de noviembre de 2024 se aprobó la Ley 1228, “Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, y de Adición a la Ley 641, Código Penal de la República de Nicaragua”, la dictadura Ortega-Murillo estableció la base jurídica para restringir la entrada al país tanto de nicaragüenses como de extranjeros que, a su criterio, representen una amenaza.
En el artículo 10, inciso 12, de la Ley 1228, se establece que es función de la Dirección General de Migración y Extranjería “denegar el ingreso al país de personas que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social”.
Previo a dicha reforma, entre julio de 2023 y agosto de 2024 se denunciaron públicamente varios casos en los que el régimen sandinista prohibió el ingreso a Nicaragua de periodistas, creadores de contenido y empresarios.
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Uno de los primeros en denunciar el del periodista Marcos Medina, director de Fuentes Confiables y exdirector de prensa de Radio Corporación. En julio de 2023 afirmó haber sido “desterrado” de su patria, luego de que se le impidiera retornar junto a su familia desde Miami, Estados Unidos.
Más adelante, en octubre de ese mismo año, el presentador de televisión Osman Flores también fue impedido de regresar al país, pese a que incluso abogó, porque se revocara la orden ante uno de los hijos de la pareja presidencial.
En noviembre de 2023, la empresaria Karen Celebertti, entonces propietaria de la franquicia Miss Universo en Nicaragua, se sumó a la lista de afectados, al intentar volver al país junto a su hija Luciana Argüello.
Una Miss Universo y más
En ese momento ocurría la histórica victoria de Sheynnis Palacios, quien tampoco volvió al país ni siquiera para celebrar su título de Miss Universo 2023, aunque ha reiterado públicamente que no se encuentra exiliada.
El creador de contenido Francisco Reyes Rosas, mejor conocido como “Chico Reyes Rosas”, en agosto del año pasado, también denunció públicamente que fue impedido de volver a Nicaragua cuando regresaba de Irlanda e hizo escala en Estados Unidos, donde le indicaron que no podría abordar su vuelo con destino a Nicaragua.
La abogada uruguaya Ariela Peralta, especialista en Derecho Internacional Humanitario e integrante del GHREN, explicó que esta modalidad de represión del régimen Ortega-Murillo, que califica como “represión transfronteriza”, “busca amedrentar a las personas, dejarlas en condición de vulnerabilidad extrema”.
No poder volver y estar en otro país en condiciones de extrema vulnerabilidad es una violación a la familia extendida, porque muchas de esas personas tienen lazos fuertes en Nicaragua.
Cadena de mando detrás de prohibiciones
Esta política sistemática de restricciones de ingreso a Nicaragua no se ejecuta de forma aleatoria.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) constató que estas ocurren gracias a la coordinación entre el Ministerio del Interior, el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Policía Nacional y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), que responden directamente a las órdenes de la vicepresidenta, Rosario Murillo.
Los expertos señalaron que “la prohibición de ingreso de nicaragüenses a su propio país ha sido una de las estrategias criminales realizadas por el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo para eliminar sistemáticamente del panorama político y cívico nicaragüense”.
La cadena de mando que responde directamente a Murillo en relación con las restricciones inicia con el viceministro de Interior, Luis Roberto Cañas, quien se encarga de firmar la orden luego de recibir un perfil de las víctimas de la prohibición de entrada facilitado por Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, quien lo extiende gracias a su equipo de trabajo y al apoyo de la Dirección de Inteligencia de la Policía y de TELCOR.
La información facilitada por Moreno, comprobó el GHREN, alimenta un sistema de la Dirección General de Migración y Extranjería, donde “se consolida la información de cada persona considerada una amenaza potencial para el Gobierno”.
Sistema etiqueta a nicaragüenses como “amenaza”
En el sistema de Migración y Extranjería se recogen datos de las potenciales víctimas de restricciones, que incluyen: foto de la persona, nombres y apellidos, número de identificación, fecha de nacimiento, género, lugar de nacimiento, estado migratorio, lugar de trabajo, dirección y tipo de registro.
También, incluye otras pestañas en las que se destaca información relacionada a “datos del trámite”, en las que se incluye datos como: “Identificador”, que es un código; “Tipo de control”, en el que aparece la descripción de “Persona Circulada”; “Entidad que ordenó su registro”: en la que se ubica a la Dirección General de Migración y Extranjería”; “Acción a realizar”, en la que se establece “Persona Circulada”; y “Estado: Activo”.
Principales víctimas
Las principales víctimas de este mecanismo de represión transfronteriza, detalla el Grupo de Expertos, “son en su mayoría familiares de personas expulsadas o privadas arbitrariamente de su nacionalidad, periodistas y comunicadores, sacerdotes, académicos, abogados, personas defensoras de los derechos humanos y miembros del sector empresarial y privado, entre otros”.
Los expertos identificaron entre las víctimas de prohibiciones de retorno a Nicaragua a familiares de víctimas excarcelados políticos y apátridas (81), miembros de la Iglesia Católica y de otras denominaciones cristianas (29), y periodistas o comunicadores sociales (22).
El periodista Amaya, tras conocer que se le prohibía regresar a su país y saberse en una suerte de desprotección consular, tuvo que vivir en casas refugio, solicitar protección en Guatemala e iniciar su vida “desde cero” fuera de su Nicaragua.
Para sobrevivir, relató Amaya, tuvo que desempeñar trabajos que no estaban vinculados a su profesión, entre esos lavar carros o vender en una tienda de ropas, pero pese a todo su esfuerzo y el apoyo que recibió de algunas organizaciones tuvo que dormir en el suelo y aguantar hambre en algunos momentos.
“La vida de las personas que vivimos estas restricciones de ingreso a nuestro país de la noche a la mañana no es fácil”, lamentó el comunicador.
El comunicador nicaragüense culminó remarcando que, aunque le fue negado su derecho a volver a la patria que lo vio nacer, está claro que “no he cometido ningún delito y no tenían por qué expulsarme de mi país”.
