* Expediente Público habló con parientes de detenidos bajo el régimen de excepción en El Salvador.
** Los familiares deben pagar por visitas, por traslados a hospitales y hasta por recibir correspondencia.
*** También son obligados a compra indumentaria, alimentación e insumos higiénicos en locales específicos, en los alrededores de las prisiones.
Eric Lemus / Expediente Público
Nohemí no alcanza a reunir la mensualidad para comprar los alimentos y los artículos de primera necesidad que le exigen en la cárcel donde permanece su hija, detenida durante el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele. Necesita alrededor de US$180, pero ella solo logra conseguir entre US$50 y US$60.
Y no puede elegir alguna tienda que le dé alguna rebaja, contó a Expediente Público. Los funcionarios penitenciarios le exigen que las compras se hagan en locales específicos, ubicados en los alrededores de la prisión. Esto, pese a que el gobierno hace propaganda con los insumos dados a los prisioneros.
Sin dinero para lo básico, a Nohemí mucho menos le alcanza para conseguir el derecho a una visita. “Cuando veo que alguien puede pagar para ver a sus hijos o esposos, me da una tristeza porque ¿de dónde voy a sacar más dinero?”, se lamenta.
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Relató que su hija fue capturada de forma arbitraria. La Policía la acusó de tener el nombre de un pandillero en la lista de contactos de su teléfono, pero ese día había olvidado el dispositivo en casa.
“¿Entonces, de dónde sacan que ella tenía amistad con esa gente? A ella se la llevaron porque su delito es ser pobre y las autoridades saben que no podemos defendernos”, dice con frustración.
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Testimonios de la extorsión en cárceles de El Salvador
Familiares de tres detenidos durante el régimen de excepción de El Salvador describieron a Expediente Público la compleja red de corrupción y prácticas extorsivas en las cárceles.
Los casos abarcan pagos para visitas, para traslados a hospitales, para intercambio correspondencia, para víveres y para indumentaria blanca, que es de uso obligatorio de los reos.
Las sumas oscilan entre US$900 y US$1,500, según el testimonio de los afectados. Los montos varían dependiendo de la cárcel y del “servicio”.
La Dirección General de Centros Penales (DGCP) no respondió a las consultas que remitió Expediente Público para conocer su posición oficial al respecto.
Otra institución encargada de atender esas denuncias es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), única instancia oficial a la que pueden acudir los ciudadanos que buscan algún tipo de respaldo ante esta situación.
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Sin embargo, la procuradora Raquel Caballero negó que existan denuncias por abusos en las prisiones. Lo hizo el 6 de octubre de 2025 ante la comisión política del Congreso, que debe evaluar si Caballero seguirá al frente de la PDDH o si escoge a uno de los otros cuatro candidatos para el cargo.
“En este período no he recibido ni un solo caso de tortura denunciado en la institución que presido”, dijo a los diputados de Nuevas Ideas, el partido oficialista que controla el poder legislativo.
Una cadena de sobornos
Los familiares de los reos que accedieron a relatar sus casos a Expediente Público pidieron confidencialidad porque temen que eso acarree represalias contra sus parientes. Estos llevan poco más de tres años detenidos, sin cargos.
Una de las víctimas, una sexagenaria, dijo que supo que su esposo desarrolló insuficiencia renal gracias a que un abogado particular la contactó proponiéndole gestionarle una visita a cambio de US$900.
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“Tuve que hacer un préstamo para tener ese dinero porque a eso hay que sumarle todo lo que me toca para comprar el paquete”, afirmó. El paquete es lo que deben adquirir obligatoriamente todas las personas que tienen a familiares detenidos.
Cada cárcel publica un listado donde divide las necesidades entre insumos como medicamentos, productos higiénicos y de limpieza, alimentación y ropa, que implica un gasto de alrededor de US$180 al mes.
La lista incluye 400 gramos de suplemento nutricional, 300 gramos de avena, 600 gramos de cereal, galletas multigrano, leche, harina y azúcar; sumado a productos del kit higiénico que abarcan jabón, champú, desodorante, papel higiénico, detergente en polvo y trapeadores, entre muchas cosas más.
El paquete está normalizado entre las personas, a margen de que las cárceles sí tienen fondos para su funcionamiento. “¿Dónde queda el presupuesto que el Estado asigna a la Dirección de Centros Penales para la alimentación?”, se cuestionó un miembro del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), que pidió la reserva de su nombre por seguridad, en una entrevista con Expediente Público.
Pagos por traslado a hospitales
Una segunda víctima dijo que mientras compraba ropa, conforme lo que pide en el Centro Penitenciario de Izalco, que está ubicado 86 kilómetros al oeste de la capital, alguien se le acercó para ofrecerle ayuda si necesitaba información acerca del estado de salud de su detenido.
“Esa persona me dijo que, a cambio de cierta cantidad, él podía mover los hilos para pasarlo de la cárcel a un hospital porque la mayoría de los que fueron capturados al inicio del régimen tenían enfermedades crónicas”, contó a Expediente Público.
Copia obtenida por Expediente Público de un caso de detención arbitraria el cual fue presentado el 14 de agosto de 2025 ante la Procuraduría de Derechos Humanos.
Aunque no quiso especificar la cantidad exacta que pagó, sí dijo que le pidieron más de mil dólares para ayudar a su familiar, quien efectivamente estaba muy enfermo porque sufría diabetes, hipertensión y estaba desnutrido.
El detenido era un conductor independiente que vivía de hacer viajes de carga pesada cuando una patrulla de la policía lo detuvo en un retén y le acusó de “agrupaciones ilícitas”.
“Mi esposo nunca estuvo metido en problemas. Es un buen hombre que hizo un préstamo para comprar ese pick up con el que se ganaba la vida y ahora con mis hijos vivimos en el desamparo”, lamentó.
Organizaciones denuncian abusos en cárceles
Organizaciones defensoras de derechos humanos, tales como Socorro Jurídico Humanitario y Cristosal, también han denunciado las prácticas extorsivas en las cárceles.
Ivania Cruz, abogada de la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), afirmó a Expediente Público que “en El Salvador no hay presos, sino personas secuestradas por un régimen corrupto, que permite una hora de visita a cambio de mil dólares”.
La defensora está exiliada actualmente en España y pidió al Estado salvadoreño que respete la integridad del defensor de derechos humanos, Fidel Zavala, quien fue recapturado, luego de que denunció torturas en el Centro Penitenciario “La Esperanza”, conocido como Mariona.
Cruz fustigó que la Fiscalía General presentó a Zavala descalzo en una rueda de detenidos luego que fue remitido precisamente a Mariona, donde opera el funcionario que él identificó públicamente como un torturador.
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La directora para las Américas de la organización internacional Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer, emitió un comunicado oficial el 8 de abril donde alertó por los riesgos que sufre Zavala.
“Al enviarlo a una prisión controlada por los mismos custodios que él denunció por tortura, las autoridades están poniendo en riesgo inminente su vida e integridad personal”, reza el texto.
Pagos por cartas
El miembro del MOVIR que habló con Expediente Público afirmó que su organización ha registrado las modalidades que se utilizan en las cárceles de Mariona, Izalco y Apanteos, pero que es imposible determinar a los responsables o quiénes están detrás de todo.
“Nadie ayuda por más que busquen a la Procuraduría de Derechos Humanos o busquen (una solución) con los (recursos) hábeas corpus. Así que han tenido que pagar entre 900 dólares y 1,500 dólares. Solo que la gente no quiere que se maneje esa información, pues viven con miedo, pero eso sí es cierto”, dijo.
El miembro del MOVIR añadió que “hay un mecanismo que funciona así: sacan cartas de los privados de libertad y luego les dicen: ‘vaya, si quiere contestar, ahí sí va a tener que pagar’. Hay gente que así ha establecido comunicación”.
Las novedades actualizadas acerca de los internos siempre provienen de adentro de las prisiones y llegan a través de terceros, que pueden ser los abogados defensores, o un custodio de las cárceles al cambiar de turno. “Los datos traen el nombre completo del reo, la ubicación o el estado de salud y lo comparten si reciben dinero a cambio”, explicó el delegado de MOVIR.
Los taxis, otro foco
En torno a la cárcel de Apanteos, que está ubicada en el departamento de Santa Ana, 68 kilómetros al oeste de la capital, el MOVIR tiene información que una mujer ofrece inicialmente cobijo a los liberados, pero en realidad les pide información para telefonear a sus familias y ofrecerle transporte a casa.
“El precio del viaje cambia según el destino. Si los parientes le dicen: ‘no queremos el transporte, nosotros lo iremos a traer’, pues les avisan que dejarán en la calle al liberado. O sea, que aceptan o aceptan sin importar la cantidad”, fustigó el miembro del MOVIR.
El Salvador vive bajo un régimen de excepción que eliminó todas las garantías constitucionales, de tal forma que los detenidos no tienen ningún derecho desde marzo de 2022.
“Es que esto de los detenidos es un negocio redondo porque la gente tiene que pagar paquete, tiene que depositar dinero, tiene que dar dinero para que le compren comida”, inquirió el miembro del MOVIR.
Mientras tanto, Nohemí lleva casi tres años sin ver a su hija. Cada vez que entrega la bolsa al personal de la cárcel se hace la misma pregunta: “¿Y si nada de esto le llega a mi niña?”. Pero, entonces, trata de apartar esos pensamientos y se aferra a la esperanza de que algún día termine toda la pesadilla que vive.
