* El procurador general Dagoberto Aspra, abogado del presidente Nasry Asfura en un caso de supuesta malversación, conducirá la nueva política anticorrupción.
* Un expolicía condenado por narcotráfico en EE. UU. mencionó a Aspra en 2019 por presuntos vínculos con redes criminales.
* Honduras está entre los 23 países más corruptos del mundo, según el último índice global.
Ariel Torres Funes / Especial para Expediente Público
Honduras inició el año entre los 23 países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional (TI). Días después de la publicación del informe, el presidente Nasry Asfura eliminó la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), una decisión que marca el tono de su política en la materia.
El IPC 2025 evaluó a 182 países en una escala de 0 a 100, donde los puntajes bajos representan los niveles más altos de corrupción percibida. Honduras alcanzó apenas 22 puntos.
Ese resultado puso en cuestionamiento al último año del gobierno de Xiomara Castro, pues con este el país se convirtió en el segundo más corrupto de Centroamérica, solo por detrás de Nicaragua, confirmando el rezago estructural en materia de transparencia.
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Para el analista político Manuel Torres Calderón, ambos hechos —la mala calificación internacional y la eliminación de la STLCC— condensan el momento que atraviesa Honduras. «Por un lado reflejan el fracaso del gobierno anterior en la lucha contra la corrupción; por otro, anticipan lo que podría marcar el rumbo de la nueva gestión», señaló a Expediente Público.
La PGR como nuevo eje del combate anticorrupción
Pese a la magnitud del problema, Asfura no llegó a la Presidencia con una bandera anticorrupción. Por el contrario, asumió el poder bajo señalamientos por presuntas irregularidades durante su gestión como alcalde del Distrito Central.
«El presidente tendrá que demostrar con hechos de que realmente desea combatir la corrupción, precisamente por los señalamientos que pesan sobre él y otros miembros de su partido», afirmó a Expediente Público la exdiputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, una de las voces más firmes en la agenda anticorrupción durante los anteriores congresos.
Desde el inicio de su mandato, Asfura también ha dejado claro que no está entre sus prioridades solicitar a la Organización de Naciones Unidas (ONU) la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH), aunque tampoco lo ha descartado públicamente.
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El gobierno ha decidido concentrar su política anticorrupción en la Procuraduría General de la República (PGR). El oficialismo trasladó a esa institución todas las funciones de la STLCC, creada por la administración anterior como su principal apuesta anticorrupción.
El gobierno propone que la política anticorrupción sea gestionada y supervisada directamente por la PGR, en coordinación con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Al frente de esta estrategia queda el procurador general Dagoberto Aspra como el principal referente estatal en la lucha contra la corrupción, respaldado por su paso como jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA entre 2014 y 2016.
Sin embargo, el protagonismo que adquiere Aspra en el nuevo esquema no se explica únicamente por su experiencia en el CNA, sino por su condición de abogado privado del mandatario y de otras figuras cuestionadas del partido gobernante, a quienes ha defendido frente a acusaciones de corrupción.
Su nombre, además, apareció en un juicio de narcotráfico celebrado en Nueva York.
Los casos de corrupción defendidos por Aspra
A inicios de febrero, tras una negociación entre los partidos tradicionales, el Congreso Nacional eligió a Aspra, candidato del Partido Nacional, como procurador general para el periodo 2026-2030. Como subprocurador fue designado Francisco Quiroz, propuesto por los liberales. Ambos perfiles son controversiales.
En 2002, Aspra fue separado de la Corte de Apelaciones por su presunta vinculación a una supuesta trama de sobornos. «Ellos (los jueces) actuaron en forma inapropiada y afectaron los intereses de la sociedad y el estado», declaró en su momento Vilma Morales ante los medios, entonces presidenta de la Corte Suprema.
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Dieciséis años después de su separación del Poder Judicial, Aspra reapareció como defensor de cinco implicados en el caso Arca Abierta, una denuncia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que involucró a 21 diputados acusados de desviar fondos públicos.
Desde 2024, Aspra ha sido además el abogado del presidente Asfura en la acusación por integrar una presunta red que habría desviado 28 millones de lempiras (US$1.1 millones) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
A la par, también ejerció como representante legal de la exmagistrada nacionalista del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, ante los señalamientos del Partido Libertad y Refundación (Libre) por su presunta colaboración en un supuesto fraude electoral en los pasados comicios.
Por su parte, el subprocurador liberal Francisco Quiroz fue imputado en 2018 por 93 delitos de malversación de caudales públicos tras su paso por el extinto Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial. Tres años más tarde fue sobreseído.
Vínculo con ‘Los Cachiros’
El nombre del procurador general también apareció en los juicios celebrados en Nueva York contra narcotraficantes y funcionarios hondureños vinculados al tráfico de drogas, procesos que revelaron detalles sobre las redes criminales que operan en el país.
En 2019, durante su declaración ante un juez federal, el expolicía Juan Ávila Meza, condenado a 12 años de cárcel por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, mencionó a Dagoberto Aspra y a otro abogado por su presunta colaboración con estructuras del narcotráfico.
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Según su testimonio, ambos profesionales habrían sido contratados en 2013 para intentar evadir las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro contra los cabecillas del clan de «Los Cachiros», una de las bandas criminales más poderosas en Honduras.
Tras las declaraciones, Aspra aceptó haberse relacionado con un intermediario que trabajaba con Los Cachiros, pero afirmó en redes sociales que devolvió US$30 mil que le habrían pagado por adelantado —otros US$20 mil se los habría dado a Ávila como comisión— y que renunció al encargo al incorporarse al CNA.
«El señor Juan Manuel Ávila está obligado a decir la verdad y omite decir que devolví el dinero que se me pagó y renuncié, porque me fui a trabajar al CNA, nunca ejercí ninguna acción a favor de los acusados y lo puedo probar», escribió el ahora procurador en su cuenta de X.
La CICIH, fuera del radar oficial
Aspra anunció un paquete de reformas legales orientadas a modificar el marco de compras y contrataciones públicas, así como la elaboración de un manual de procedimientos para regular los despidos de funcionarios públicos, con el objetivo de reducir demandas judiciales contra el Estado.
El nuevo portavoz anticorrupción también dejó entender que la CICIH no es prioridad para el gobierno. «Honduras tiene que ser capaz de poder anticipar delitos de corrupción y no esperar a que venga una comisión contra la impunidad», afirmó ante los medios.
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Para el analista Manuel Torres Calderón, esa declaración no fue acertada. «El nuevo gobierno no puede decir abiertamente que se niega a negociar la venida de la CICIH, pero su partido, dirigido por figuras señaladas por corrupción, ha dejado claro en los últimos años que no tienen ningún interés en hacerlo», señaló el experto.
En sintonía con el procurador, la diputada nacionalista Johanna Bermúdez sintetizó la postura del oficialismo frente a la misión internacional. «Fue una promesa de campaña de Xiomara Castro. Antes de traerla (a la CICIH), primero debemos fortalecer nuestras instituciones de investigación y justicia», afirmó a Expediente Público.
A juicio de la socióloga Julieta Castellanos, la resistencia a instalar la CICIH no es exclusiva del Partido Nacional. «Ninguno de los tres partidos mayoritarios tiene interés real. Libertad y Refundación (Libre) la impulsó cuando no había gobernado, pero ahora implicaría revisar su propia administración. Una misión así no conviene a quienes ya estuvieron en el poder», comentó a este medio.
Para la excongresista Fátima Mena, la llegada de la misión dependerá de la presión ciudadana. «La lucha contra la impunidad no viene de arriba para abajo, sino de abajo para arriba», afirmó.
Y agregó que el reto inmediato es que la sociedad civil logre recomponerse y recuperar fuerza, tras lo que ella describe como un proceso de desarticulación durante el gobierno de Castro.
Más preguntas que certezas
En un país que se mantiene entre los peor evaluados del mundo en materia de corrupción, el rediseño institucional del combate a la impunidad deja más preguntas que respuestas. La posible desaparición de la STLCC y la exclusión de la CICIH del horizonte inmediato parecen trasladar el peso de la estrategia a una sola institución.
La apuesta del gobierno de Asfura descansa ahora en la PGR y en un procurador general cuya trayectoria combina experiencia técnica, cercanía con el poder y menciones en procesos judiciales de alto perfil. Los señalamientos surgidos en tribunales de Nueva York y su rol como abogado privado del mandatario alimentan el debate sobre la independencia del nuevo modelo anticorrupción.
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En ese contexto, la credibilidad del discurso oficial no dependerá del anuncio de un nuevo modelo anticorrupción, sino de resultados concretos a corto plazo, coinciden expertos.
Bajo una desconfianza general, la verdadera prueba para el gobierno de Asfura será demostrar que la lucha contra la corrupción debe ejercerse sin conflictos de interés y sin que el poder político siga fiscalizándose a sí mismo.
