La Prensa Nicaragua

Desaciertos del editorial de La Prensa sobre la represión política en Nicaragua

*La Prensa dice que régimen demuestra tener control social y político del país, pero Expediente Público corrobora que datos e informes de terceros contrarían esa visión limitada

**Periódico reduce a la oposición política a una de tres fuerzas en Nicaragua, igualándola con sandinistas e “indiferentes”. 


Expediente Público

Gran polémica ha causado un editorial del diario La Prensa del 21 de abril del año en curso, en el cual sugiere al régimen sandinista y a la oposición, entre otras cosas, esforzarse por regresar a la “normalización” progresiva del país de cara a las elecciones de 2026, bajo el argumento general de que el régimen controla varios aspectos de la situación económica, política y social. 

Para exponer sus criterios y dar sus sugerencias de cambios, La Prensa recurre a una serie de aspectos que a su criterio “son los que necesita el pueblo” y los que “convienen” al régimen, pero más allá de esa selección arbitraria de argumentos, el periódico se auxilia de tres indicadores para sustentar su posición política: el supuesto control social del régimen, la presunta fortaleza económica de la administración Ortega-Murillo y la sugerida división social de los nicaragüenses en tres grandes grupos. 

Expediente Público analizó esas tres razones del argumento de La Prensa en un ejercicio de verificación de datos y análisis del discurso y comprueba que ese diario magnifica las “fortalezas” del régimen y minimiza sus “debilidades” en el citado editorial.

Cabe aclarar que un editorial no es un artículo de opinión cualquiera.  

Un editorial es un artículo que expresa la opinión de un medio de comunicación -como un periódico o una revista- sobre un tema determinado, generalmente de actualidad. Al representar la opinión del medio, el editorial habitualmente va sin firma, aunque a veces está escrito por el director o la directora del medio. 

Como explica el periodista Álex Grijelmo en su libro “El estilo del periodista”, el editorial “no contiene, por tanto, posiciones personales, sino las del intelecto colectivo que se halla tras la publicación del diario o revista”. 

Según el experto, un editorial debe expresar con claridad una opinión, pero siempre acompañada de datos fiables, información de fondo que ayude a contextualizar el tema abordado y argumentos convincentes. A través del editorial, el medio toma partido por una posición concreta e intenta que sus lectores se sumen a la misma. 

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La Prensa bajo ataque y secuestro 

Primero el contexto: La Prensa es el medio de comunicación más antiguo del país y fue, hasta agosto de 2021, el último periódico de circulación nacional en Nicaragua. 

Desde 2018 viene sufriendo de manera directa y agresiva los ataques de la administración sandinista, que inició su agresión reteniendo el papel y otros insumos de producción del medio para ahogarlo financieramente. 

Si bien en 2020 hubo una pequeña concesión de la dictadura, al permitirle la importación y entrega de los insumos de producción, La Prensa pronto volvió a sufrir el bloqueo y robo de sus importaciones para imprimir el periódico. 

En agosto de 2021, tras anunciar La Prensa que cerraba la edición impresa por falta de materiales de producción, el régimen sandinista ordenó el asalto a sus instalaciones y la detención de su gerente general Juan Lorenzo Holmann Chamorro, quien fue el último de los directivos del diario en ser apresados el año pasado. 

Antes, en junio, fueron detenidos Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, ambos periodistas, directivos de La Prensa y políticos prominentes. 

Todos han sido condenados por delitos imputados por el régimen, sin garantías legales y violaciones a granel de los procesos judiciales. 

A la vez que el edificio y los bienes de la empresa han sido confiscados, los periodistas, los editores y el personal del diario trabaja desde el exilio o en condiciones de alto riesgo en Nicaragua, como bien lo indica este informe de la Sociedad Interamericana de Prensa

Un desacierto de La Prensa 

Según el editorial de La Prensa: “El país se ve dividido políticamente en tres grandes partes: una que apoya al régimen, otra que lo adversa y la tercera que es indiferente y solo se esfuerza para sobrevivir en las difíciles condiciones económicas y sociopolíticas del país”. 

La premisa del medio al señalar esa “división social” y no sugerir porcentajes de población de esos tres supuestos grupos, los divide lógicamente a un 33.3%, puede ser considerada falsa en contraposición a encuestas creíbles publicadas en el mismo diario, que evidencian que es mayor el bloque opositor a Ortega que quienes lo aplauden. 

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En octubre de 2021 se publicó la última encuesta de Cid Gallup, considerada entre los analistas políticos nicaragüenses como la más creíble, la cual señala que 7 de cada 10 nicaragüenses reprueban la gestión de Ortega.  

La mayoría de encuestadoras internacionales y estudios de opinión en los últimos meses establecen que desde cerca de la mitad de la población encuestadas (50%) hasta dos tercios de los nicaragüenses (66%) desaprueban la gestión de Ortega en sus últimos años. 

Si se consulta en línea sobre diversos tópicos (recordemos que CID Gallup no publica un informe completo de su encuesta, solo algunas preguntas relevantes a petición de su cliente), encontramos que los niveles de desaprobación de Ortega son altos a como evidencian estos dos ejemplos de publicaciones. 

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Las encuestas refutan tesis 

Esta Encuesta de Opinión Públicacon datos de septiembre de 2021, indicaba que el 69% desaprobaba la gestión de Ortega para entonces. 

“La gran mayoría de adultos nicaragüenses opina que este mandatario hace poco o nada para su pueblo. Este es un resultado de la última encuesta nacional que se llevó a cabo en septiembre de este año, entre 1,200 ciudadanos residentes en hogares particulares”, dice el informe. 

Fue la encuesta número 100 realizada desde 1990 por Cid Gallup, cuando las encuestas fueron permitidas con la llegada de la democracia a este país.  

“Los informantes también opinaron que era poco o nada probable que Ortega y su gobierno harían algo para resolver las preocupaciones que tienen a nivel de sus hogares – la principal pesadumbre es la falta de empleo del jefe o algún miembro de la familia”, cita el documento.  

Otra encuesta es referente a las votaciones que Ortega simuló en noviembre de 2021 para perpetuarse ilegalmente en el país centroamericano. 

Reducción del voto duro sandinista 

Esta preguntaba: Si las elecciones fueran hoy ¿Votaría usted por Ortega? Datos de septiembre 2021 indican que el 65% hubiese votado por un candidato de oposición si hubiera existido la oportunidad, pero no ocurrió porque Ortega-Murillo apresaron y acusaron a todos los precandidatos presidenciales posibles. 

Su apoyo social se ha visto reducido a un máximo de un tercio de los nicaragüenses, el llamado “voto duro” que históricamente ha ostentado. 

No obstante, también hay dudas sobre en qué medida se mantiene ese voto duro. De modo, que no hay evidencias de tres grandes grupos sociales como indica el editorial citado. 

Sobre el financiamiento externo de Ortega 

De acuerdo a La Prensa, el régimen se encuentra bien económicamente: “a pesar de las sanciones económicas externas, el régimen está recibiendo más financiamiento del exterior”. 

Al analizar esta aseveración, con los datos disponibles, encontramos una verdad a medias. 

Al revisar el informe de Cooperación Oficial Externa (ICOE), informe desactualizado que ha publicado el Banco Central de Nicaragua (BCN) hasta el cierre de 2020, evidencia lo que hemos venido comprobando por nuestro rastreo sobre consultas a páginas del Banco Mundial (BM), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y publicaciones en medios. 

Tanto el BM como el BID han dejado de dar nuevos préstamos a Nicaragua desde 2018, y los últimos de los que tenemos conocimientos de esas dos fuentes son créditos de emergencias para atender los efectos de los huracanes y del COVID-19.  

El régimen de Nicaragua se encuentra bajo revisión de leyes de sanciones de Estados Unidos, Nica Act y Renacer, las cuales sin embargo dejan una cláusula de apoyo reducido por motivos humanitarios de organizaciones multilaterales. 

Esta cláusula está vigente y ha permitido al régimen acceder a fondos millonarios por aspectos circunstanciales de tragedia como los dos huracanes de 2020 (Eta y Iota), más la pandemia de coronavirus.

En el caso del BM, de igual manera solo se reflejan préstamos dirigidos a atender emergencias, en línea con lo establecido por la Ley RENACER, lo cual, en cierto modo, también bota el discurso oficialista de que las sanciones golpean al país, puesto que sí le han permitido acceder a fondos como Estado, ya que las sanciones se dirigen principalmente a actores políticos.

El régimen señala que en 2021 recibió en préstamos y concesiones 1,162 millones de dólares. Es decir, 331 millones más que en 2020, cuando obtuvo 831.3 millones.  

Quien ha tomado la batuta en cuanto a financiamiento externo se refiere ha sido el BCIE, como bien lo dice La Prensa y lo confirma Expediente Público. 

Igualmente, pese a que el Informe de Cooperación Oficial Externa (ICOE) está desactualizado, lo que podemos ver es que en los últimos años el financiamiento que se estaba recibiendo del BM y BID, son principalmente de proyectos que ya estaban previamente en ejecución antes de 2018. 

Podría ser engañoso si se observa por fuentes de financiamiento y ver que estas dos instituciones en 2018 a 2020 puedan aumentar sus valores absolutos en términos anuales, pero es principalmente por ejecución de fondos de préstamos anteriormente acordados. 

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¿Control social total de los sandinistas? 

Según el editorial citado, el régimen Ortega-Murillo “el régimen demuestra tener asegurado el control político y social del país”, gracias al estado policial y el apoyo del Ejército. 

Un análisis y revisión de datos sobre monitoreo de protestas sociales, evidencias de inconformidades y otros similares, revelan que la visión de La Prensa sobre este aspecto es parcialmente errada. 

Si bien la protesta social, claramente política o partidaria ha desaparecido desde que el régimen criminalizó las marchas, las acciones de reclamos sociales siguen vigentes como bien lo indica este monitoreo de Sismología Social en Nicaragua de 2021.  

Este informe reporta más de 300 acciones de protesta en Nicaragua en 2021, a pesar de la escalada represiva de ese año. 

Ahí se refleja que las organizaciones siguen activas, sobreviviendo a pesar de la deriva autoritaria y transformándose a como pueden en los espacios disponibles. 

Un recorrido por el informe en actores y demandas, muestra que muchas de las demandas políticas fueron impulsadas por varias organizaciones, más allá de las clásicas Unidad Nacional Azul y Blanco y Alianza Cívica.  

También esa parte del gráfico muestra que en Nicaragua no solo se protesta por política, sigue habiendo demandas sociales y económicas. 

Ahí se indica que las protestas se han transformado: ya no son en la calle, por obvias razones. 

Un poco más del 60% de las protestas registradas fueron en forma de declaraciones públicas, realizadas en lugares discretos, virtuales, o mediante la divulgación de comunicados, acciones en espacios digitales, comunicaciones en grupos sociales, comentarios en redes sociales y otras modalidades de participación social interna que escapan al control del régimen. 

En el exterior, las acciones de protesta e incidencia son mayores con marchas, proclamas, denuncias, acusaciones, señalamiento, foros y acciones de incidencia ante organizaciones internacionales. 

A nivel interno, dentro del régimen también hay protestas y reclamos, como bien lo evidencia la renuncia del exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields y las denuncias del guerrillero retirado Marlon Sáenz, alias Chino Enoc.

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