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Dictan máximas sentencias contra opositores en Nicaragua mientras se extienden juicios

*La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, confirmó a Expediente Público que en los juicios contra los líderes opositores siguen declarando policías enviados por el Ministerio Público.

**La quinta jornada contra siete opositores se realizó con la variante de que dos de los acusados, Arturo Cruz y José Pallais están bajo arresto domiciliar.

***El exguerrillero Víctor Hugo Tinoco y el universitario Max Jerez fueron los recién condenados a 13 años de prisión.


Expediente Público  

Siete presos políticos, entre ellos tres precandidatos presidenciales, llevan ya cinco días de juicio mientras el régimen de Nicaragua sigue imponiendo máximas condenas que oscilan entre ocho y 13 años de prisión en contra de opositores que ya fueron declarados culpables, entre ellos el líder estudiantil Max Jerez y el exguerrillero sandinista Víctor Hugo Tinoco quienes fueron notificados este lunes 21 de febrero. 

Max Jerez es el segundo líder estudiantil y miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) condenado a una pena privativa de libertad de 13 años por el delito de menoscabo a la integridad nacional. El joven universitario, también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos, según decisión de la juez Nadia Camila Tardencilla Rodríguez. El también líder universitario Lesther Alemán recibió igual condena por los mismos cargos.

A Jerez, quien fue llevado a juicio el 11 de febrero de 2022, se le impidió su derecho a la defensa, tal y como ocurre con todos los juicios a opositores que están plagados de irregularidades, según han denunciado organismos de derechos humanos.  

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“Todos los testigos fueron policías y las evidencias fueron entrevistas de Max en los medios de comunicación y sus publicaciones en las redes sociales. Max no ha cometido ningún delito, se le condenó por ser opositor y expresar públicamente sus críticas a las violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Ortega y Murillo”, denunció la AUN en un comunicado.  

El juicio en contra de Jerez se realizó en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El nuevo Chipote”, ubicada al sur de Managua, donde el joven miembro de AUN permanece detenido arbitrariamente desde el 5 de julio de 2021.  

Misma jueza, misma sentencia 

La jueza Tardencilla Rodríguez, juramentada el 3 de febrero de 2021 como jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio en sustitución de Adela Cardoza, es la misma judicial que condenó también a 13 años de prisión a Lesther Alemán, el joven que en 2018 encaró al mandatario Daniel Ortega durante el primer diálogo nacional celebrado el 16 de mayo.  

Tardencilla Rodríguez de igual forma condenó a 13 años de pena privativa de libertad al periodista Miguel Mora, el quinto aspirante presidencial detenido el año pasado y el primero en ser declarado culpable desde la reactivación de los juicios.  

Ambos opositores, según acusación presentada por el Ministerio Público, cometieron delitos contra la seguridad del Estado que sanciona el Código Penal con pena de diez a quince años de prisión más “inhabilitación absoluta” por el mismo periodo para el desempeño de función, empleo o cargo público.  

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La juez en funciones es hija del exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Orlando José Tardencilla, un exguerrillero y aliado político del partido FSLN.  

Penas excesivas para juicios ilegales 

El exguerrillero Víctor Hugo Tinoco, llevado a juicio el 11 de febrero de 2022, fue notificado de una sentencia de 13 años de prisión por el delito de menoscabo a la integridad nacional. 

“Los juicios son ilegales y al margen de la ley, esa gente no ha cometido delito, son delitos que los ha sacado de la manga de la camisa la Fiscalía (…) Lo que yo no sé bajo qué criterio a todos les ponen inhabilitación para cargo público, pero además con qué criterio a unos les quitan los bienes que le decomisaron y a otros no”, cuestionó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).  

El histórico combatiente fue funcionario del Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la década de los ochenta y fungió como embajador de Nicaragua en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y como viceministro de Relaciones Exteriores. 

Para el abogado, Juan Diego Barberena, del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) la aplicación de la Ley 1055, “Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, es una de las leyes utilizadas para sentenciar a presos políticos, pero todo depende de la consideración de la autoridad judicial.  

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“Es decir que, si la autoridad considera que la persona acusada conspiró, las penas oscilan entre los 5 y 10 años. Mientras que, si la autoridad judicial considera que el acusado cometió el delito de menoscabo a la integridad nacional, es decir de que lo consumo, lo ejecutó y no solamente conspiró, entonces la pena oscila entre los 10 y 15 años de prisión”, explicó Barberena. 

En ese mismo orden el opositor Yasser Vado es el otro reo de conciencia que fue condenado a una pena de 13 años, tras ser declarado culpable en el juicio que se realizó el 1 de febrero pasado.  

Suspenden juicio de los siete opositores

El juicio de los siete que por quinto día se suspendió este lunes tuvo la variante de que a dos de los procesados se les cambió la medida cautelar de prisión preventiva por “detención domiciliar con custodia policial”, según informó el Ministerio Público.  

La “tortura judicial”, como lo ha llamado el Cenidh continuará este martes 22 de febrero, debido a que el Ministerio Público tiene pendiente llamar a otros policías que declaran como testigos. De los 27 testigos propuestos en el intercambio de pruebas, 25 han declarado, confirmó a Expediente Público la presidenta del organismo de derechos humanos.  

El juicio en contra de Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz Sequeira, tres de los siete prencandidatos presidenciales detenidos en 2021, es el más extenso hasta ahora, desde que el Ministerio Público reactivó el 1 de febrero los juicios contra los opositores que fueron detenidos entre mayo y noviembre pasado. 

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Las opositoras Tamara Dávila y Violeta Granera, integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), quienes siguen sometidas a aislamiento permanente y confinadas en celdas de castigo, también fueron llevadas por quinto día a la “farsa judicial” que oficialmente inició el 15 de febrero.  

En esta misma tanda de juicio es procesado el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y el exdiplomático, José Pallais.  

Para Barberena los juicios están cargados de irregularidades y arbitrariedades, pues los testigos que se presentan son miembros de la Policía Nacional.  

“Llegan a declarar que ellos ejecutaron los distintos actos de investigación, allanamientos, detención, ocupación de bienes. También llega un perito informático que llega a defender un dictamen pericias alrededor de la investigación que realizaron en las redes sociales y entrevistas que de los acusados y demuestran los hallazgos de esto”, señaló Barberena.  

En cada proceso no se ha explicado cómo con esos medios de prueba, que los jueces hacen referencia en su sentencia, se comete el delito de conspiración o el delito de menoscabo a la integridad nacional.  

“¿Cuál es el nexo causal entre hechos verdad y los efectos del delito que supuestamente se cometió? ¿A dónde está el daño al bien jurídico tutelado?”, son algunas de las dudas que Barberena y los familiares de presos políticos. 

Humillación a presos con detención domiciliar  

La presidenta del Cenidh confirmó a Expediente Público que el catedrático Arturo Cruz Sequeira y el exdiplomático José Pallais fueron llevados a “El nuevo Chipote” para estar presentes en la audiencia, pero fueron sometidos a un trato humillante. 

“La Policía los llevó escoltados en una patrulla policial y cuando llegaron los encierran en una celda y les pusieron el uniforme azul para que fueran a la audiencia en uniforme azul, qué barbaridad, eso es una humillación, incluso una forma de violar ellos mismos su decisión de tenerlos en arresto domiciliar, una persona con arresto domiciliar no está en su casa con uniforme”, criticó la defensora de derechos humanos.  

Cruz Sequeira y Pallais, detenidos por la Policía el 9 de junio de 2021 y el 5 de junio de ese año, respectivamente continuarán su proceso judicial bajo «detención domiciliaria con custodia policial». La medida también benefició al excanciller Francisco Aguirre Sacasa.  

El abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, explicó a Expediente Público que para cambiar la medida cautelar el juez tuvo que realizar una audiencia especial teniendo a los acusados a la vista.  

“El cambio de la medida cautelar se hace en audiencia no a través de un comunicado, incluso yo estoy seguro que el juez se enteró a través del mismo comunicado que hizo la Fiscalía, eso lo hicieron entre la Policía y la Fiscalía. ¿En qué momento presentaron ese escrito de cambio de medidas cautelares que dice el Ministerio Público?”, cuestionó Morazán.  

El exfuncionario del Poder Judicial denunció que los procesos en contra de los opositores los están haciendo de forma “clandestina y ocultando los expedientes”. 

Régimen debe rendir cuentas 

Una coalición conformada por 21 organizaciones defensoras de derechos humanos denominada Colectivo 46/2, sigue uniendo esfuerzos para pedir al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la creación de un mecanismo de “investigación y rendición de cuentas” para Nicaragua.  

El Colectivo 46/2 consideró que desde abril de 2018 en el país centroamericano «toda forma de disenso ha sido violentamente reprimida”. El régimen de Nicaragua se ha concentrado en «detener, torturar y criminalizar a todas aquellas personas que manifiesten desacuerdo con su gestión”, añadieron.  

A través de ese mecanismo se podría lograr que la ONU nombre a un grupo de expertos internacionales e independientes para que “investiguen las graves violaciones de derechos humanos que se han producido desde abril de 2018, así como sus causas profundas, con el fin de que los autores rindan cuentas en el futuro”. 

En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió la resolución 46/2 en la que recomienda una serie de medidas urgentes.  

“Ortega ha dejado claro que no tiene intención de revertir el rumbo. Sin embargo, los autores de graves violaciones de derechos humanos no pueden esconderse para siempre: la ONU debe sembrar las semillas para la futura rendición de cuentas”, mencionó Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más. 

La resolución 46/2 era una de las últimas oportunidades para que el Gobierno de Ortega demostrara su voluntad de cooperar de buena fe con la comunidad internacional para encontrar una solución a la crisis de derechos humanos en Nicaragua.  

“Las autoridades no solo han suprimido las libertades fundamentales y desmantelado el Estado de Derecho. También han seguido desmantelando los derechos socioeconómicos, intensificando el riesgo de personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres», dijo Claudia Paz y Paz, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en el comunicado.

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