*El desmantelamiento sistemático de los espacios cívicos en Centroamérica eleva las alertas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
** El Comité Jurídico Interamericano de la OEA aprobó en marzo pasado la Declaración de Principios para salvaguardar el derecho de asociación y la libertad de las organizaciones de la sociedad civil.
*** La región atraviesa un progresivo deterioro de los espacios ciudadanos al tiempo que se consolida el autoritarismo político.
Eric Lemus / Expediente Público
La búsqueda de una respuesta regional ante el cierre de los espacios cívicos fue planteada en el marco de un foro internacional llevado a cabo este 21 de junio como evento paralelo al desarrollo de la 53° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El encuentro estudió los casos que atraviesan Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Venezuela donde la deriva autoritaria pasa por encima de la libre participación democrática y los espacios cívicos son sistemáticamente ahogados.
El encuentro contó con la participación de reconocidos expositores que intercambiaron información a partir de sus vivencias y donde el régimen de Daniel Ortega sigue siendo el factor paradigmático: Un exguerrillero transformado en lo que combatió y que acaba sembrando las bases de una nueva dinastía en suelo nicaragüense.
El panel foro titulado «Principios interamericanos sobre entidades civiles sin fines de lucro: una respuesta regional al cierre de espacio cívico«, fue convocado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Race & Equality y The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
Susbríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
Horizonte desolador
El politólogo y catedrático universitario, José Antonio Peraza, que sufrió como preso de conciencia en las ergástulas del Chipote, cárcel en Managua, estuvo a cargo de disertar sobre el panorama nicaragüense.
Peraza no dudó en detallar que todas las medidas coercitivas contra la organización de la sociedad civil empezaron en su patria natal.
Además: Brasil choca en OEA con países que rechazan resolución «suave» contra represión de Daniel Ortega
“¿Ley de agentes extranjeros? Ya está. ¿Eliminar candidatos? Ya está. ¿Destrucción física de los espacios? Ya está. Es que en Nicaragua tenemos todo y elevado a la N potencia”, exclamó.
“Han liquidado más de tres mil organizaciones de la sociedad civil (…) ahora ya no sabemos qué más van a sobrepasar. Estamos en una total indefensión”, reconoce Peraza mientras el público escucha la conclusión lapidaria de este sobreviviente de la dictadura Ortega-Murillo.
“Si El Salvador y Guatemala van por ese camino, pues el panorama para Centroamérica es desolador. Ortega quiere constituir un Estado dinástico”, anuncia.
“Lo que pasa en Nicaragua es concomitante (a Centroamérica) y la única salida es acabar con eso. Si a (Daniel) Ortega no se le para, se va a ir replicando ese modelo a México y Suramérica, donde ya vemos signos”, opina.
Una fórmula de seis pasos
La abogada Leonor Arteaga, en representación de la Fundación para el Debido Proceso (FPDL), relató que debe estudiarse la popularidad del presidente salvadoreño Nayib Bukele a partir de la eliminación de todos los contrapesos.
“Este cierre de espacios cívicos deliberado a distintos actores de la sociedad civil fue siguiendo seis acciones”, disertó Arteaga.
“La primera fue llevar una campaña en Twitter para desacreditar a las organizaciones defensoras de derechos humanos y al periodismo independiente de distintas maneras, sembrando dudas acerca de su financiamiento y cuestionando cuál era el objetivo real de estos dos sectores”, detalló.
Arteaga, que trabaja en el programa de Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, dijo que esa etapa le sirvió para descalificar a personas específicas y sembrar dudas entre la población que “las organizaciones son enemigas de la sociedad y por lo tanto no son necesarias”.
Los siguientes pasos
La segunda acción, conforme el análisis de Arteaga, recurrió al Congreso a través de una comisión legislativa que fue creada para investigar cualquier organización de la sociedad que no se alinea con el Gobierno.
Después vino “la vigilancia selectiva ilegal utilizando el software Pegassus contra 35 líderes de organizaciones y periodistas”.
“La cuarta acción fue el intento por aprobar una ley de ONGs (organizaciones no gubernamentales) llamada Ley de Agentes Extranjeros que incorporó elementos de la legislación en Venezuela y Nicaragua”, recordó.
Contra esta ley hubo una importante reacción internacional y eso hizo retroceder al Gobierno, pero el espíritu sigue latente.
Las dos últimas herramientas abarcan la neutralización de la ONGs enredándolas en procesos burocráticos y el uso del régimen tributario para investigar a quien desee por presunto lavado de dinero.
“El Gobierno abrió una investigación criminal contra el medio digital con una auditoría del Ministerio de Hacienda justo cuando investigaba su participación en negociaciones con pandillas”, dice.
Le puede interesar: Precaria relación entre EE.UU. y Centroamérica se expone en Naciones Unidas
Guatemala: la fusión del crimen
El politólogo guatemalteco Manfredo Marroquín, referente de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión, aclaró al público en la sede de la OEA que el caso de este país centroamericano es distinto porque “siempre ha tenido un estado corporativo cada vez más mafioso o penetrado por mafias políticas, económicas o del crimen organizado”.
El elemento característico es el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo trabajo “en poco tiempo puso los trapitos al sol de todas las elites e hizo caer presidentes, militares, empresarios, en fin…”.
“Hasta entonces todos estos grupos de poder no estaban unificados y por eso es que, a pesar de todo, la democracia iba pasito a pasito en Guatemala”, explica Marroquín.
“Esto es una élite económica, política, militar y de crimen organizado donde cada quien estaba en su agenda, pero la experiencia de la CICIG los fusionó, los amalgamó”, añade.
Además: Muerte civil: la venganza del régimen Ortega Murillo contra opositores
Morir de éxito
Para el académico guatemalteco ese antecedente explica la virulencia contra todas las voces críticas.
“Eso se volvió una agenda de venganza de todas las élites, pero especialmente de la económica, la más influyente y empezaron a copar todas las instancias para asestar golpes a sus enemigos”, dice Marroquín.
Guatemala hasta el momento tiene 35 exfiscales exiliados, un periodista condenado a prisión, y una causa abierta contra otros reporteros y columnistas de opinión. “La autocensura es más evidente porque todos tienen miedo”, reconoce.
El activista social recuerda que la expulsión de la CICIG coincidió con el ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pues eso les permitió hacer lobby con republicanos.
“Así la CICIG murió de éxito pues por hacer bien su trabajo la decapitaron”, observa.
