* Un grupo de legisladores, presididos por Luis Redondo, aprobó un decreto que ordena al Consejo Electoral recontar las actas. Amenazan con responsabilidad penal contra sus consejeras.
** Abogados constitucionalistas advierten sobre la ilegalidad de esta maniobra que busca revertir la declaratoria electoral.
*** Diputados de oposición exigen a las Fuerzas Armadas la captura de Redondo.
Sharon Ardon / Expediente Público
Mientras el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) forzaba la aprobación de un recuento de votos en una sesión extraordinaria cuestionada en el Congreso Nacional de Honduras, la mayoría opositora igual sesionó para exigir la intervención de las Fuerzas Armadas y la captura de la actual directiva legislativa.
Con una convocatoria calificada como ilegal y un atentado en los bajos del Congreso Nacional, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, encabezó el jueves 8 de enero una sesión extraordinaria junto a diputados propietarios y suplentes de Libre.
En la reunión, que se extendió hasta la madrugada del 9 de enero, el Congreso aprobó, sin el quórum requerido, un decreto que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) reabrir el escrutinio de 4,774 actas que no fueron contabilizadas en primera instancia.
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En caso de que el CNE se niegue a acatar la orden, sería el propio Congreso el que dirija este reconteo, dispone el decreto.
Paralelamente, una mayoría de diputados de oposición se autoconvocó en una sesión interna para cuestionar la legalidad de las decisiones del oficialismo y exigir a las Fuerzas Armadas la captura del presidente del Congreso por el presunto delito de traición a la patria.
La oposición, integrada por el Partido Nacional, el Partido Liberal y otros de minoría, sostiene que el oficialismo intenta revertir la declaratoria electoral e impedir que la actual presidenta, Xiomara Castro, entregue el poder al presidente electo, Nasry Asfura, el próximo 27 de enero.
OEA condena intento de frenar entrega del poder
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió este 9 de enero un comunicado expresando su preocupación ante la decisión adoptada por el grupo de diputados presididos por Redondo.
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Según el organismo internacional, esa resolución está «destinada a obstaculizar la transición pacífica del poder».
Asimismo, la OEA rechazó la criminalización de las consejeras del CNE mediante el Ministerio Público.
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Convocatoria “ilegal”
La convocatoria de Redondo se amparó en el artículo 205, numeral 7, de la Constitución, que faculta al Congreso a realizar el escrutinio y declarar elecciones únicamente cuando el CNE no lo haya hecho.
Sin embargo, el CNE ya emitió declaratoria oficial en los niveles presidencial, legislativo y municipal, por lo que el proceso se encuentra actualmente en fase de impugnaciones, bajo conocimiento del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El analista político Mario Castro dijo a Expediente Público que el artículo invocado por Redondo es claro y no le faculta a hacer un nuevo escrutinio. “No hay por donde”, afirmó. Según él, el presidente del Legislativo estaría incurriendo en actos ilícitos.
“No le corresponde al Congreso Nacional hacer escrutinio. Para eso tenemos una institución que tiene el rango constitucional, que tiene independencia para hacer la declaratoria y ya la hizo”, enfatizó Castro.
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Posibles responsabilidades penales
Abogados expertos ahondaron con Expediente Público sobre las eventuales responsabilidades legales en las que podría estar incurriendo el presidente del Congreso Nacional.
El abogado Germán Leitzelar Hernández afirmó que Redondo reiteradamente ha violentado preceptos de la Constitución.
Según el jurista, insistir en desconocer la declaratoria oficial de un proceso electoral que, aunque deficiente, se realizó dentro de los márgenes básicos de legalidad, constituye una vulneración al orden constitucional.
“Usted puede hablar aquí ya de actos que son constitutivos de traición a la patria porque (Redondo) está tratando de alguna manera de actuar en contra del orden constitucional, está tratando de descarriar el proceso electoral”, advirtió.
Motivaciones políticas
Leitzelar consideró que el comportamiento del presidente del Congreso responde a rasgos de autoritarismo y a una falta de claridad sobre los límites de su cargo.
También sugirió que “es muy probable que simplemente esté siguiendo instrucciones de alguien que maneja las cosas, como el guion de una película, más allá de que sean o no viables las acciones que está ejecutando”.
Para el abogado, otra de las razones que podrían explicar las actitudes de Redondo puede ser la pretensión de continuar en el Legislativo, pese a haber perdido en las elecciones y de esa forma asegurar su protección con la inmunidad parlamentaria.
Colectivos y un atentado
La tensión aumentó en los alrededores del Congreso Nacional la tarde del jueves, pues Redondo convocó públicamente a la militancia de Libre a concentrarse en los bajos la Legislatura para “defender la voluntad popular”, pidiéndoles incluso permanecer “el tiempo que sea necesario”.
Los colectivos atendieron el llamado. Mientras las fuerzas de choque protestaban, diputados de distintas bancadas lidiaban con la seguridad del Congreso, que les impedía el ingreso al hemiciclo.
En ese momento, cuando parlamentarios del Partido Nacional brindaron declaraciones a la prensa, un mortero lanzado por los colectivos de Libre impactó a la diputada Gladys Aurora López.
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Tras el hecho, Redondo condenó el ataque, ordenó que la diputada fuera atendida de inmediato e instruyó a la seguridad del Congreso revisar las cámaras internas y los registros del 911 para identificar al responsable.
Durante la sesión, Redondo reiteró la condena mencionando que fue un atentado que se hizo contra las instalaciones del Congreso Nacional “del cual resultó afectada nuestra compañera congresista”.
Dos sesiones paralelas
Horas después del atentado, los diputados de oposición de los partidos Liberal, Nacional y Salvador de Honduras realizaron una sesión autoconvocada en los bajos del Congreso, que finalmente se llevó a cabo con la participación de más de 70 legisladores.
Durante esa sesión, los diputados de oposición aprobaron una resolución señalando como ilegal la convocatoria del presidente Redondo y le atribuyeron la responsabilidad del atentado. También advirtieron acciones judiciales contra los 12 diputados que participaron en esa sesión.
La resolución también instruyó a una Comisión Especial a solicitar a las Fuerzas Armadas la captura de Redondo y de otros posibles responsables, por el delito de traición a la patria.
Asimismo, advirtió que, si el fiscal general Johel Zelaya no actúa por su afinidad con Libre, la responsabilidad recaería en el Fiscal Adjunto y en el Director de Fiscales.
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Buscan reabrir el escrutinio electoral
De forma paralela, dentro del hemiciclo legislativo se realizó la sesión extraordinaria con el respaldo exclusivo de Libre y una diputada liberal, sin alcanzar quórum calificado.
A pesar de ello, la reunión se instaló y el diputado oficialista Ramón Barrios leyó el informe de las Elecciones Generales del 2025 realizado por la Comisión Permanente.
El documento señala que el proceso de escrutinio quedó inconcluso y que, desde una perspectiva constitucional, un escrutinio no finalizado “equivale a un escrutinio no realizado”, pues no da certeza sobre los resultados electorales.
Bajo ese argumento, el informe plantea la activación de una función constitucional supletoria y excepcional del Congreso Nacional, orientada a concluir el escrutinio pendiente y emitir una declaratoria basada en el cómputo total de las actas.
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Barrios aseguró que no se trata de sustituir al órgano electoral, sino de restablecer el orden constitucional y dotar al proceso de un cierre legítimo.
Entre los señalamientos incluidos en el documento figuran la falta de un escrutinio total de los votos, la emisión de la declaratoria del CNE de forma virtual sin un reglamento específico y una supuesta injerencia extranjera.
Con base en estos argumentos, la comisión concluyó que el Congreso Nacional estaría facultado para realizar un recuento voto por voto y emitir una nueva declaratoria electoral.
“De este modo vamos a preservar la supremacía constitucional, restituir la certeza electoral y garantizar que la voluntad popular sea respetada como fundamento último de la democracia hondureña”, afirmó Barrios al cierre de la lectura del informe.
