* La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) publicó una resolución que sugiere cuatro sanciones contra el régimen Ortega-Murillo, entre ellas, suspender a Nicaragua del DR-Cafta.
** Expediente Abierto participó en las audiencias convocadas por la USTR, en enero de 2025, presentando evidencia de violación de derechos humanos en Nicaragua.
*** Tras la publicación del informe de la USTR, se abrió un nuevo período de consulta pública.
Natalia López / Expediente Público
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) concluyó que las políticas y acciones del régimen Ortega-Murillo constituyen violaciones graves a los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho, generando además cargas y restricciones significativas para el comercio estadounidense.
La resolución, publicada este20 de octubre de 2025, marca un avance concreto en la investigación iniciada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta decisión sigue a las audiencias celebradas en enero en Washington D.C., donde organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y representantes empresariales presentaron evidencia sobre represión sindical, confiscación de propiedades y abuso de poder estatal que afecta la inversión y las operaciones comerciales de empresas estadounidenses en Nicaragua.
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Conclusiones contundentes
El documento oficial, titulado Nicaragua Section 301 Report, detalla que el régimen nicaragüense incurrió en represión sindical, confiscación de propiedades, persecución a organizaciones religiosas y empresariales, y uso de prácticas laborales abusivas, incluyendo trabajo forzado e infantil.
Entre los principales hallazgos se destacan tres áreas críticas:
Derechos laborales: represión de la libertad sindical y la negociación colectiva, interferencia en organizaciones de trabajadores y empleadores, y denuncias de trabajo forzado, trabajo infantil, y abusos en el lugar de trabajo.
Derechos humanos y libertades fundamentales: confiscación de propiedades, cierre de universidades y organizaciones religiosas con vínculos en EE. UU., y hostigamiento a personas asociadas a entidades estadounidenses.
Desmantelamiento del estado de derecho: manipulación del sistema judicial, revocación del estatus legal de cámaras empresariales, incluida la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, y aplicación arbitraria de impuestos y sanciones.
Determinación bajo la Sección 301
La USTR concluyó que las prácticas del régimen son irrazonables y contrarias a las normas básicas de comercio justo, lo que justifica acciones de respuesta por parte de Estados Unidos.
Según el informe, las políticas del gobierno nicaragüense “restringen o gravan injustamente el comercio estadounidense” y generan un entorno de riesgo e inseguridad jurídica para las empresas de EE. UU. con operaciones o inversiones en el país.
También: Plazo crucial en investigación comercial contra Nicaragua
“El informe de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) sobre Nicaragua es la confirmación oficial que los nicaragüenses que estuvimos en la presentación de testimonios en enero 2025 estábamos esperando: que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido a Nicaragua en un Estado paria, no solo político, sino también comercial, donde la tiranía es una política de Estado que destruye el mercado”, señaló Javier Meléndez, director ejecutivo de Expediente Abierto.
Posibles sanciones
Entre las medidas propuestas por la USTR se incluyen cuatro opciones de sanción, que podrían aplicarse de inmediato o de manera gradual durante un plazo de 12 meses, entre ellas:
Suspender todos los beneficios del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos) a Nicaragua, incluyendo la eliminación de las preferencias arancelarias.
Suspender parcialmente los beneficios del tratado, afectando sectores específicos como el textil o el agroexportador.
Aplicar aranceles de hasta el 100 % a todas las importaciones nicaragüenses.
Imponer aranceles punitivos sólo a determinados productos, con posibilidad de ampliarse progresivamente a otros sectores.
Estas medidas, de concretarse, representarían el mayor golpe comercial contra Nicaragua en las últimas dos décadas.
Posibles consecuencias económicas para Nicaragua
La pérdida de beneficios del CAFTA-DR tendría efectos inmediatos sobre las exportaciones, el empleo y la inversión extranjera, dado que Estados Unidos concentra cerca del 60 % de las exportaciones nicaragüenses, principalmente textiles, azúcar, café, tabaco, carne y oro.
La suspensión de estos beneficios o la imposición de aranceles encarecería los productos nicaragüenses, reduciendo su competitividad frente a otros países del tratado. El sector textil y de maquila, que emplea a más de 120.000 personas, sería el más afectado, enfrentando riesgo de cierres de plantas y despidos masivos.
Además: Las voces que denunciaron al régimen de Nicaragua ante Oficina Comercial de EE. UU.
La caída en exportaciones provocaría además una reducción en el ingreso de divisas y menor inversión extranjera, presionando las reservas del Banco Central y el tipo de cambio. Adicionalmente, el informe advierte que las sanciones podrían aislar aún más a Nicaragua del sistema financiero internacional, dificultando su acceso a créditos y a la cooperación con organismos multilaterales.
Nuevo plazo para comentarios públicos
Tras la publicación del informe de la USTR, se abrió un nuevo período de consulta pública que permite a organizaciones, empresas, sindicatos, académicos y ciudadanos enviar comentarios sobre las medidas que podrían aplicarse contra Nicaragua.
El registro público se abrió el 20 de octubre de 2025 y la fecha límite para enviar observaciones es el 19 de noviembre de 2025. Todos los interesados pueden consultar el expediente público o subir sus comentarios a través del portal oficial de la USTR.
Este mecanismo busca incorporar diversas perspectivas antes de que la administración estadounidense tome una decisión final sobre las posibles sanciones.
De las audiencias a las sanciones
La decisión de octubre surge tras las audiencias celebradas en enero de 2025, en las que múltiples organizaciones denunciaron ante la USTR violaciones sistemáticas de derechos humanos y laborales por parte del régimen Ortega-Murillo.
Expediente Abierto participó en estas audiencias, presentando evidencia y análisis en el informe “Violaciones de derechos humanos en Nicaragua y su impacto en el comercio internacional”.
Expediente Público cubrió las sesiones y habló con los principales denunciantes, reflejando sus testimonios en las notas “Plazo crucial en la investigación comercial contra Nicaragua” y “Las voces que denunciaron al régimen de Nicaragua ante la Oficina Comercial de EE. UU.”.
El informe de Expediente Abierto documentó cómo las políticas del régimen Ortega-Murillo afectan gravemente los derechos humanos, laborales y el estado de derecho, generando distorsiones en el comercio internacional.
Señaló prácticas como la represión de sindicatos, la cancelación de miles de organizaciones de la sociedad civil, la ilegalización de manifestaciones públicas y la imposición de concesiones en comunidades indígenas y afrodescendientes sin consulta previa.
Además, el informe de Expediente Abierto evidenció el impacto ambiental en reservas naturales como Bosawás e Indio Maíz, donde la minería ilegal y la ganadería extensiva han provocado deforestación y destrucción de ecosistemas clave.
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Estas acciones no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también afectan la inversión, la reputación internacional de Nicaragua y la sostenibilidad de sus cadenas de comercio, subrayando la necesidad de una respuesta internacional coherente, de acuerdo con el estudio.
Ahora, con la publicación de la resolución de la USTR, Estados Unidos pasa de la fase de evaluación a la fase de acción. Las medidas que finalmente adopte la USTR podrían redefinir las relaciones económicas entre Managua y Washington, marcando un precedente en la región centroamericana.
La administración estadounidense determinó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo viola derechos fundamentales y erosiona el estado de derecho, afectando además el comercio con Estados Unidos.
Con la publicación de este nuevo informe y la apertura del registro público, Nicaragua enfrenta ahora una etapa crítica en la que se definirán posibles sanciones comerciales que podrían afectar profundamente su comercio con Estados Unidos y su posición económica en la región.
