* La mara Barrio 18 vigilaba a los pobladores de la zona 18, de Ciudad de Guatemala, a través de cámaras clandestinas.
** La pandilla impone normas de convivencia en el sector y los castigos pueden terminar en muerte.
*** La Policía destruyó esa red de vigilancia con un operativo dentro del estado de sitio decretado por el gobierno.
Expediente Público
En la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, una red clandestina de cámaras de videovigilancia era, hasta hace pocos días, una herramienta más del control territorial que la pandilla Barrio 18 ha construido durante años en ese sector urbano.
Un operativo liderado por el Ministerio de Gobernación (Mingob) permitió desmantelar ese sistema de vigilancia, el 24 de enero pasado, dentro del estado de sitio decretado por el gobierno después de una serie de ataques coordinados que provocaron el asesinato de diez policías y la fuga de cabecillas desde la cárcel de Fraijanes II.
Las cámaras estaban ubicadas en cinco puntos estratégicos de la zona 18, donde el Municipio calcula más de 200,000 habitantes.
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Un vecino de la zona afirmó a Expediente Público que, en su barrio, no conocían a quién pertenecían esas cámaras. “Daban la sensación de que nada pasaba desapercibido aquí”, pero también generaban desconfianza porque no se sabía si eran de los pandilleros o de las autoridades, manifestó.
El control territorial del Barrio 18
La Policía Nacional Civil (PNC) determinó que el principal propósito de las cámaras era reforzar el control territorial del Barrio 18. Las pandillas no son solo grupos que cometen actos delictivos, sino que ejercen formas de gobernanza criminal: imponen normas, vigilan accesos, establecen extorsiones y distribuyen espacios de protección y castigo entre los vecinos.
Expediente Público conversó con habitantes de la zona para conocer las reglas de comportamiento dictadas por Barrio 18. Por ejemplo, están prohibidas las peleas entre vecinos y no puede haber música fuerte después de las 22:00.
Asimismo, si una familia quiere mudarse de lugar, primero debe pedir autorización a la pandilla, y, si hay un restaurante de barrio abierto y llegan a comer integrantes de la mara, todos los demás clientes deben salir del lugar.
El doctor Esteban Morales, especialista en seguridad urbana, explicó a Expediente Público que “la instalación de cámaras por parte de un grupo criminal no es una estrategia improvisada, sino una herramienta de consolidación territorial”.
Los castigos de la mara
Los vecinos de la zona también contaron a Expediente Público las consecuencias de no obedecer las normas. Los castigados pueden enfrentar saqueos dentro de sus viviendas, amenazas de extorsión, un pago adicional por cuidar sus casas y, en el peor de los casos, la muerte.
La imposición de las penas está en manos de los cabecillas de área, quienes tienen el control total. Estos usaban las cámaras para identificar a los desobedientes, señalaron los habitantes del sector.
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“Aquí uno nunca sabe quién vigila a quién. A veces sentimos que hay ojos en todas partes, y no necesariamente del Estado”, comentó uno de los residentes a Expediente Público, quien pidió no ser identificado por seguridad.
Las cámaras también servían para monitorear los movimientos de la Mara Salvatrucha (MS-13), la principal pandilla rival que disputa territorio con el Barrio 18. Las cámaras les daba una ventaja táctica para anticipar incursiones o presencia de miembros de la MS-13.
Asimismo, la red de vigilancia permitía alertar a los pandilleros cuando policías o militares ingresaban al área, facilitando su fuga o la coordinación de emboscadas y ataques.
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¿Por qué estaban ahí?
Los puntos destinados para las cámaras estaban en el Bulevar San Rafael, a un costado de la estación de Bomberos Voluntarios; en el Bulevar Alamedas III y en la Colonia El Limón, un sector identificado como bastión del Barrio 18.
Las autoridades retiraron algunas cámaras físicamente, mientras que otras fueron inhabilitadas por seguridad, debido a su cercanía con cables de alta tensión.
La zona 18 —particularmente colonias como El Limón, Juana de Arco, Alamedas y otros sectores colindantes— es conocida por tener alta incidencia delictiva y por ser uno de los territorios tradicionales de la pandilla Barrio 18, incluso después de décadas de esfuerzos estatales por desarticular sus estructuras.
El agente investigador de la PNC Fernando Paz explicó a Expediente Público que, tras la fuga de veinte cabecillas del Barrio 18 desde la cárcel de Fraijanes II en octubre de 2025, la pandilla consolidó el control de estos sectores como base de operaciones, reforzando su presencia con armamento, redes de comunicación y vigilancia.
“Las cámaras estaban ubicadas en puntos estratégicos desde donde los pandilleros podían vigilar a la pandilla rival, la Mara Salvatrucha, y también detectar la presencia de patrullas policiales en el sector”, indicó Paz.
Los videos en manos de criminales
Según la PNC, el sistema de videovigilancia operaba como una red privada de monitoreo en tiempo real, enlazada por internet hacia varios puntos de control. Para ello, la pandilla adaptó dos casas y un local comercial como centros de monitoreo.
Este sistema, agregó la PNC, grababa los registros en discos duros o en servidores, lo cual les permitía a los mareros revisar eventos y hacer seguimiento de movimientos posteriormente.
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La investigadora en criminalidad y sociedad Ana Castillo afirmó a Expediente Público que, cuando una red de vigilancia es controlada por una estructura criminal, el material grabado podría quedar bajo su control.
Esto puede tener consecuencias como identificación de vecinos, comerciantes, informantes o presencia policial, facilitando vigilancia ilegal, intimidación o selección de objetivos, comentó la especialista.
Con estas grabaciones se puede vulnerar la privacidad de residentes que fueron grabados sin consentimiento. Por eso, cuando las autoridades desmantelaron estos sistemas, buscaron incautar los equipos de almacenamiento como evidencia, pero solo se encontraron dos computadoras que aún están siendo procesadas por las autoridades.
El costo del sistema de vigilancia
El ingeniero Carlos Xol, experto en tecnología aplicada a la seguridad, aseguró a Expediente Público que el sistema no era de baja calidad o improvisado.
“Desde el punto de vista técnico, instalar y mantener una red de cámaras requiere planificación, recursos y conocimientos básicos de redes eléctricas y telecomunicaciones”, afirmó.
Un sistema de videovigilancia de ese tamaño —con cámaras IP, cableado, repetidores de señal, almacenamiento y monitores— puede representar una inversión aproximada US$ 5,000, dependiendo de la calidad de equipos, capacidad de grabación, tipo de lentes, visión nocturna y servidores, afirmó el experto.
Sin embargo, si el sistema incluye analítica de video o reconocimiento facial, el costo sube por licencias y software, agregó Xol.
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Las autoridades celebran el golpe
El vocero de la PNC, Jorge Aguilar, afirmó a Expediente Público que la red de cámaras fue localizada gracias a información obtenida dentro del marco del estado de sitio.
De su parte, el vocero del Ministerio de Gobernación, Pablo Castillo, indicó a Expediente Público que la presencia de estas cámaras clandestinas era una señal de la sofisticación con que ciertas clicas del Barrio 18 habían organizado su vigilancia territorial.
En una conferencia de prensa, el 26 de enero pasado, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, subrayó que la desactivación de estos dispositivos forma parte de los esfuerzos del gobierno por debilitar la capacidad operativa de las pandillas y recuperar el control de espacios públicos que habían sido cooptados por grupos criminales.
