Al menos un tercio de las empresas sancionadas logró seguir operando mediante la creación de nuevas sociedades a las que les transfirieron sus activos. DNP, El Goliat, Caruna, Comintsa y Zhong Fu dejaron evidencia de cómo lograron sortear las sanciones estadounidenses.
Expediente Público
Las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos durante los últimos ocho años no lograron hacer desaparecer los negocios del círculo de poder de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al menos un tercio de las empresas sancionadas cambió de nombre, trasladó activos, cedió concesiones o reapareció bajo nuevas razones sociales.
Títulos de concesiones mineras divulgados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua, revisados por Expediente Público, evidencian que, mientras Estados Unidos ampliaba su lista de sancionados, nuevas sociedades asumían actividades que antes realizaban las compañías señaladas por el Departamento del Tesoro. El patrón se observa con mayor claridad en sectores estratégicos como la minería y los combustibles.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado, desde 2018, a más de 80 funcionarios, empresas e instituciones vinculadas al régimen Ortega-Murillo por corrupción, violaciones a los derechos humanos y apoyo financiero a la dictadura, según la revisión realizada por Expediente Público de las sanciones divulgadas por la OFAC.ç
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16 empresas sancionadas en los últimos ocho años
Entre estas figuran compañías del negocio petrolero, financiero, mediático y minero. La investigación de Expediente Público encontró que al menos un tercio de estas 16 empresas sancionadas no desapareció tras las sanciones, sino que se reorganizó mediante nuevas sociedades, cambios de representantes legales o transferencias de activos.
Algunas de las empresas y entidades económicas de Nicaragua sancionadas por Estados Unidos desde 2018 hasta abril de 2026 son: Inversiones Zanzíbar S.A., Servicio de Protección y Vigilancia S.A. (El Goliat), Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), Banco Corporativo S.A. (Bancorp), Difuso Comunicaciones S.A., Mundo Digital S.A. y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional R.L. (CARUNA).
También figuran las empresas mineras Compañía Minera Internacional S.A. (COMINTSA), Capital Mining Investment S.A., Exportadora de Metales S.A., Zhong Fu Development S.A., Santa Rita Mining Co., Grupo Minero Xiloa S.A., Thomas Metal S.A., Brother Metal S.A. y Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A.
Empresas estatales vinculadas al negocio del oro en Nicaragua e instituciones que apoyan a la dictadura en su permanencia en el poder, así como en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, también han sido sancionadas. Entre ellas figuran la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral (CSE), el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Ministerio Público de Nicaragua, la Dirección General de Minas, la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) y el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua.
Dictadura Ortega-Murillo aprendió a camuflar sus empresas
El economista Enrique Sáenz, analista político y exdiputado de Nicaragua, afirmó que la dictadura Ortega-Murillo, pese a que las sanciones impuestas por Estados Unidos han golpeado puntos neurálgicos de sus intereses económicos, ha logrado sortearlas gracias al control absoluto que ejerce sobre la institucionalidad del país.
“Varias de estas sanciones han ido a puntos neurálgicos de los intereses del grupo en el poder… pero se les ha permitido recuperarse porque no ha habido una estrategia; en consecuencia, tuvieron oportunidad de trasegar esos fondos, enmascararlos o trasladarlos”, apuntó Sáenz.
Las sanciones, a juicio del economista, tienen “un impacto político; sí ocasionan perturbaciones al régimen, pero no logran el impacto que han previsto quienes decidieron imponer esas sanciones”.
El experto en cooperación internacional Steven Hendrick, excoordinador sénior de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), explicó que este tipo de sanciones, por sí solas, “rara vez producen un cambio inmediato en un régimen autoritario”.
“Una sanción, en términos concretos, puede limitar el acceso al sistema financiero internacional, dificultar transacciones en dólares, impedir relaciones con bancos corresponsales, congelar activos bajo jurisdicción extranjera y elevar el riesgo reputacional para cualquier empresa o intermediario que quiera hacer negocios con el sancionado. La adaptación (de los regímenes) para sortearlas es muy común”, explicó Hendrick.
El seguimiento de las sanciones es crucial para evitar que sean sorteadas
El analista añadió que todos los regímenes sancionados aplican una “combinación de transferencia de activos, creación de nuevas entidades, cambio de nombres, uso de intermediarios, triangulación comercial, testaferros, empresas fachada o traslado de funciones a instituciones que todavía no han sido sancionadas”.
En este contexto, resaltó que el seguimiento de las sanciones impuestas es tan importante como la designación inicial. “El reto no es solo sancionar nombres conocidos, sino identificar cómo el régimen reorganiza sus redes económicas para sobrevivir”.
Orlando Pérez, profesor cubano-estadounidense y experto en Ciencia Política, coincide con Hendrick al señalar que las sanciones individuales difícilmente lograrán un cambio de régimen.
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Apuntó que Nicaragua “ha tenido en estos años una política de adaptación calibrada que concede donde el costo es manejable, pero no concede nada que toque el poder”.
“Las sanciones casi nunca llegan a un cambio de régimen… Algunas empresas, si tienen la habilidad, como la han tenido algunas, pueden transformarse, cambiar de membrete, articular una nueva sociedad anónima y evadir la sanción por un tiempo”, afirmó Pérez.
Explicó que, regularmente, a la OFAC le toma de “uno a dos años rastrear esas nuevas sociedades anónimas para incluirlas en la lista” porque el régimen orteguista, con “cada rotación de fachadas, compra tiempo y acarrea comisiones”.
“En la práctica, la sanción termina funcionando como un impuesto sobre el negocio que el régimen debe pagar”, apuntó el experto cubano-estadounidense.
Camuflaje en el negocio del combustible
El caso de Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) ejemplifica cómo ese proceso de adaptación descrito por los expertos terminó materializándose en Nicaragua. Aunque la empresa fue sancionada por Estados Unidos, el negocio no desapareció. Por el contrario, fue reorganizado mediante una serie de decisiones estatales que permitieron mantener en funcionamiento la red de estaciones de servicio.
El 12 de diciembre de 2019, DNP fue sancionada por Estados Unidos junto a las empresas Inversiones Zanzibar y El Goliat. Dos días después, el 14 de diciembre de 2019, la Asamblea Nacional aprobó —con trámite de urgencia— la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía de Suministro de Combustibles y Productos Derivados del Petróleo.
En dicha legislación se estableció que todos los inventarios de DNP pasarían a ser “propiedad total” del Estado de Nicaragua y serían administrados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Dos años y cuatro meses después de la sanción estadounidense, en abril de 2022, las estaciones de DNP Petronic comenzaron a ser renombradas y a operar bajo el esquema de “bandera blanca”, es decir, sin la marca DNP Petronic, aunque siguieran administradas por las mismas personas o por sectores ligados al régimen Ortega-Murillo.
A inicios de 2026, Expediente Público realizó un recorrido por las nuevas estaciones de servicio que, desde abril de 2022, pasaron a operar bajo “bandera blanca” con los nombres de “La Bolívar”, “Larreynaga”, “Las Mercedes” y “Centroamérica”, ubicadas en Managua
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Las observaciones en campo y la documentación oficial revisada permiten reconstruir cómo el régimen reorganizó una de sus principales operaciones económicas tras las sanciones estadounidenses.
En el primer año de operación bajo “bandera blanca”, esas estaciones de servicio no aceptaban pagos con tarjetas de crédito, únicamente efectivo, y ofrecían descuentos especiales a taxistas.
Actualmente, Expediente Público confirmó que ya se habilitaron los pagos con tarjetas de crédito y débito. Además, mantienen junto a las bombas de despacho de combustible exhibidores de la marca Puma, que, en teoría, es una marca competidora por ser también comercializadora de combustibles en Nicaragua.
Sin cambios en el control del negocio del combustible
Orlando Pérez, profesor de la Universidad del Norte de Texas en Dallas, apunta que el caso de DNP Petronic es un claro ejemplo de que hubo un “cambio de dueño en el papel, pero no en quién controla el negocio”.
Este tipo de movimientos, apuntó, pueden funcionar muy bien para el orteguismo para “seguir operando dentro del país” porque fabricar una sociedad nueva es un trámite que puede hacerse fácilmente cuando este mismo “controla el registro mercantil y los notarios”.
Sin embargo, advirtió que, para volver al sistema financiero en dólares al orteguismo le “funciona mal porque del otro lado hay un oficial de cumplimiento que responde a la OFAC y no a un juez nicaragüense”. Es decir, en la práctica, cambiar el nombre de una empresa puede servir para seguir operando dentro de Nicaragua, pero no elimina automáticamente las restricciones para acceder al sistema financiero internacional en dólares.
“La única razón que explique que en Nicaragua se compre el combustible más caro, sin impuesto, es que el círculo de poder esté en el negocio y mantenga algún tipo de sociedad con las empresas internacionales, principalmente centroamericanas, que participan en este”, añadió Sáenz.
Traspasos exprés en el negocio del oro
Pero el caso de DNP no es el único. El mismo patrón de reorganización aparece en el sector que hoy genera la mayor cantidad de divisas para el régimen: la minería aurífera. Allí, los traspasos de concesiones y la creación de nuevas sociedades ocurrieron incluso antes y después de las sanciones estadounidenses.
Orlando Pérez reiteró que el régimen, al cambiar el nombre de las empresas, transferir concesiones y reorganizar activos, gana tiempo antes de que las autoridades estadounidenses identifiquen las nuevas estructuras.
Recordó que a la OFAC podría tomarle hasta dos años «dar con las sucesoras de COMINTSA». Precisamente, las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro en abril de 2026 reconstruyen ese proceso y muestran cómo algunas empresas recibieron concesiones o adquirieron mayor protagonismo después de las primeras designaciones.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al sancionar en abril de 2026 a cinco personas y siete empresas que operan en el sector aurífero de Nicaragua, a las que señaló de “ayudar a la dictadura Ortega-Murillo a generar dinero y mantener el control político en Nicaragua”, detalló cómo algunas de estas se hicieron más “prominentes” o recibieron transferencias de concesiones tras las primeras sanciones al sector minero, impuestas en mayo de 2024 contra la Compañía Minera Internacional S.A. (COMINTSA) y Capital Mining Investment S.A.
Las autoridades estadounidenses señalaron que uno de los cinco funcionarios sancionados en abril pasado, identificado como Nelson Francisco Sobalvarro, representante legal de COMINTSA, transfirió las concesiones mineras de esa empresa sancionada a Zhong Fu antes de las sanciones y a Thomas Metal después de la designación.
COMINTSA, un mes antes de ser sancionada por Estados Unidos, cedió su lote Tutuwaka. En abril de 2024, dicho lote, que tiene una extensión de 61,472.5 hectáreas, fue traspasado a Zhong Fu Development Sociedad Anónima.
Incluso en enero de este año, aunque COMINTSA se acercaba a cumplir dos años de haber sido sancionada, a través del Ministerio de Energía y Minas, concretó el traspaso del lote La Reyna II, que tiene una extensión de 4,131.73 hectáreas, a Thomas Metal Sociedad Anónima.
La empresa Zhong Fu Development Sociedad Anónima, en enero pasado, antes de ser sancionada en abril por Estados Unidos, ejecutó de forma exprés la cesión de todos sus derechos sobre los lotes Siuna, de 46,172.50 hectáreas; El Muelle, de 9,300 hectáreas; y Tutuwaka, este último cedido previamente por COMINTSA, a empresas chinas sin trayectoria pública en el sector aurífero.
Las empresas receptoras de estos lotes fueron Y.M. Mining Company Sociedad Anónima, que se quedó con el lote Siuna; Southern Mining Company Sociedad Anónima, que recibió la cesión del lote El Muelle; y Tutuwaka Mining Company Sociedad Anónima, que recibió el lote Tutuwaka. Todas siguen operando porque no tienen sanciones.
CARUNA siguió operando; Bancorp fue liquidado
El patrón de adaptación frente a las sanciones estadounidenses no tuvo el mismo desenlace en todas las empresas vinculadas al régimen Ortega-Murillo. Mientras algunas lograron reorganizar sus operaciones mediante nuevas sociedades, transferencias de activos o cambios de estructura, otras enfrentaron mayores dificultades por su dependencia del sistema financiero internacional.
Los casos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional R.L. (CARUNA) y Banco Corporativo S.A. (Bancorp) muestran cómo el acceso al sistema financiero en dólares marcó una diferencia clave.
Orlando Pérez apuntó que el indicador clave para que una empresa sancionada termine siendo liquidada es su acceso al dólar. Ejemplificó que, en el caso de CARUNA, esta pudo seguir operando porque “no necesita bancos corresponsales”, mientras que Bancorp tuvo que ser liquidado.
“Si necesita compensar dólares en Nueva York, muere; pero, si no, sobrevive. Esa es la prueba crucial, la prueba de ácido”, remarcó Pérez.
El Banco Corporativo S.A. fue sancionado el 17 de abril de 2019 por Estados Unidos. La entidad bancaria fue señalada de brindar apoyo financiero al orteguismo y de ser filial de Alba Nicaragua Sociedad Anónima (Albanisa), empresa financiada por el régimen venezolano que, a su vez, era propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), bloqueada tras la designación del 28 de enero de 2019.
Cinco días después de la designación de la entidad bancaria, según los registros de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), el representante legal y presidente de la Junta Directiva del Bancorp presentó la solicitud de disolución voluntaria, la cual fue autorizada el 8 de octubre de 2019.
En el caso de CARUNA, tal como lo explicó Pérez, aunque fue sancionada por Estados Unidos el 9 de octubre de 2020 por facilitar transacciones financieras de la dictadura Ortega-Murillo y por su estrecha relación con Bancorp, ha seguido operando.
Expediente Público comprobó que la sede central de CARUNA, en Managua, así como otras sucursales en el norte del país, operan con regularidad.
Colaboradores de CARUNA, entrevistados por Expediente Público, detallaron que los requisitos para optar a créditos para comercios siguen siendo casi los mismos de antes de las sanciones; sin embargo, se incorporó la presentación de recibos de remesas correspondientes a los últimos tres meses, tanto del solicitante del préstamo como del fiador.
‘El Goliat’ cambió de nombre en el INSS
El caso de “El Goliat” muestra otro mecanismo utilizado por empresas vinculadas al régimen Ortega-Murillo para mantener sus operaciones pese a las sanciones internacionales: el cambio de denominación legal y el traslado de sus actividades a nuevas sociedades.
A diferencia de otras compañías sancionadas que dejaron de operar formalmente, esta continuó funcionando bajo otra razón social, conservando incluso parte de su estructura laboral y accediendo a contratos con instituciones estatales.
Servicio de Protección y Vigilancia S.A. (El Goliat) fue sancionada en diciembre de 2019 por Estados Unidos al ser vinculada a Rafael Ortega Murillo, hijo de los dictadores y encargado de los negocios de seguridad y combustibles.
Tras la sanción a esa empresa, se comprobó que sus contratos fueron asumidos por una nueva sociedad denominada Servicios de Protección Física y Seguridad S.A. (Serprosa), que hasta el año pasado fue beneficiada con contratos millonarios para brindar seguridad privada a cuatro instituciones públicas: la Presidencia, la Alcaldía de Managua (ALMA), la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) y la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (Enatrel).
Excolaboradores de la extinta empresa El Goliat, en entrevista con Expediente Público, explicaron que, tras las sanciones de Estados Unidos, la empresa les informó que pasarían a formar parte de las planillas de Serprosa debido a los cambios que aparecerían en los comprobantes de planilla del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), donde consta el nombre del empleador.
En Managua, además, Expediente Público confirmó que los guardas de seguridad de la empresa Serprosa asumieron la seguridad, que antes estaba a cargo de El Goliat, para resguardar las estructuras de metal conocidas como “árboles de la vida”. También se les observa en parques e instituciones públicas.
Alternativa para golpear a la dictadura Ortega-Murillo
Orlando Pérez valoró que, después de ocho años de sanciones individuales impuestas por Estados Unidos, otras alternativas económicas de mayor impacto son cada vez más limitadas.
A su juicio, la medida con mayor capacidad de afectar a la dictadura orteguista sería revisar la permanencia de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), aunque advirtió que esa decisión también tendría altos costos para la región y para los propios intereses estadounidenses.
Pérez explicó que una eventual suspensión de Nicaragua del DR-CAFTA golpearía a la cadena de suministro de la industria textil en Centroamérica y afectaría principalmente a los trabajadores de las zonas francas. Luego, se tendría que asumir el riesgo de generar una mayor presión migratoria, un escenario que la administración de Donald Trump difícilmente querría incentivar.
Agregó que, para Estados Unidos, las prioridades en Nicaragua responden más a intereses de seguridad nacional, migración y combate al narcotráfico que a la democratización del país.
“Si se pudiera construir una respuesta regional que permitiera sancionar a Nicaragua sin afectar de manera significativa a los demás socios del CAFTA, podría generarse una presión económica capaz de crear incentivos para una oposición más efectiva contra el régimen”, valoró Pérez.
Sin embargo, mientras ese escenario no ocurra, los casos documentados por Expediente Público evidencian que parte de las empresas sancionadas por Estados Unidos lograron construir mecanismos para reorganizarse, cambiar de nombre o trasladar sus activos, incluso antes de que se impongan las sanciones, reduciendo significativamente el impacto que estas pretenden tener sobre la estructura de negocios del círculo de poder.
